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Perú
Los movimientos peruanos no ven clara la reposición de Pedro Castillo
La entrevista de Pedro Castillo a El Salto generó diversas reacciones: los diarios volvieron a azotarlo públicamente, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció que le abrió un proceso disciplinario por comunicarse con la prensa (además internacional), una comisión del Congreso en modo flash anunció que se resolvería un informe con una de las denuncias en su contra y otra lo citó para interrogarlo por supuestos casos de corrupción. Pero su entrevista a este medio español también abrió algunas interrogantes en una coyuntura convulsionada.
Castillo expresaba que aún se considera presidente del Perú, que un complot de la derecha política no lo dejó gobernar; que grupos económicos de poder no quieren que se renegocien los contratos, y en la entrevista se revelan sus condiciones carcelarias sin tener condena en una celda sin ventanas y con solo unas horas para salir a un jardín, ha causado revuelo en diversos medios de comunicación en el Perú y otros países de la región.
En esta coyuntura que se vive bajo el régimen de Dina Boluarte, vale preguntarse qué respaldo tiene entre quienes demandan el fin de ese Gobierno y el llamado a nuevas elecciones que Castillo aún se sienta jefe de Estado y si hay voces que piden su reposición.
Periodismo
Impacto de la exclusiva de El Salto Las instituciones penitenciarias de Perú se contradicen respecto a la entrevista a Castillo
Las demandas urgentes en la plataforma de lucha nacional se centran en la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Pero en los últimos días se ha ampliado a una exigencia de dignidad y justicia esperando que se vayan este gobierno y este Congreso, y se garanticen las sanciones correspondientes para Boluarte y todos los que han sido responsables de los asesinatos. En tanto, la reposición de Castillo no es una demanda que logre todos los consensos.
Yuly Quispe es una antropóloga aymara, feminista por el buen vivir y presidenta de Awqa Warmi en la región Puno, donde el 9 de enero pasado las fuerzas militares y policiales desataron una masacre que resultó en 19 personas muertas y decenas de heridos. Para Quispe: “En las demandas urgentes que se han ampliado queremos que Dina Boluarte sea procesada por delitos de lesa humanidad porque han masacrado a ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta y su derecho a insurgencia. Nos han querido hacer ver a los aymaras como vándalos, delincuentes. Hay un terrorismo de Estado porque acá quien genera el terror es este gobierno que a punta de balas y bombas quiere seguir gobernando el país“.
Quispe aborda el tema con franqueza: “No podemos negar que hay un sector del pueblo que pide la reposición de Pedro Castillo, pero también hay un sector que tomó lo que el Congreso y la prensa dijeron: que era un golpe de Estado”, explica, en referencia a los hechos del 7 de diciembre. ”Al inicio hubo una polarización, ahora siento que se ha ido estudiando la situación y se ha abierto otra mirada porque los juristas que están tomando su caso que son unos argentinos especialistas“, dice en referencia a Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Guido Croxatto, director de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de Argentina. “Ellos han ampliado la información respecto a que no hubo documento firmado del golpe de Estado que Castillo se fue [del Congreso] y su proceso de detención fue un show o circo”.
Preguntamos si hay algún consenso en que la reposición de Castillo sea tomada como un bastión de lucha nacional. Quispe detalla que aún es un tema que no se ha analizado tanto en las asambleas de quienes participan en las protestas, al menos en Puno. “Si dentro de la jurisprudencia hay cosas que no estaban correctas en su proceso es posible su reposición, pero ahí también habrá otro análisis: si gana un proceso judicial que le otorgue ese derecho debe analizar qué tan prudente es, porque las fuerzas del golpe van a seguir y el tendrá que tomar una decisión salomónica para el país".
“Mi opinión personal porque aún no se ha debatido más allá de los cuatro puntos fundamentales de la plataforma de lucha”, puntualiza esta líder aymara, “es que si gana su proceso de reposición lo más loable y más digno sería renunciar, convocar a un referéndum y que se dé paso a que el pueblo se sienta respaldado en la demanda que venía desde hace tiempo de cambiar el Parlamento”.
Demanda de elecciones
En el sur del Perú, José Luis Chapa, secretario general de la Federación de Trabajadores de Arequipa, es crítico con las declaraciones de Pedro Castillo respecto a aún llamarse presidente del Perú y con algunas voces que piden su reposición. Considera que, si bien hay un cuestionamiento a la forma en la que Pedro Castillo ha sido detenido, “no decimos que sea restituido”.
“Nosotros creemos que deben convocarse a nuevas elecciones generales y debe haber un gobierno por cinco años. Castillo fue víctima de un complot de la derecha, pero él no confió en el pueblo que le dio el voto popular, se separó de las organizaciones sociales que le dieron respaldo y cuando se dio cuenta y era tarde, porque tenía un Congreso preparándole la vacancia, organizando movilizaciones“. Chapa se refiere al momento cuando Castillo dio el mensaje a la Nación: ”Él tendrá que asumir la responsabilidad porque le dio legalidad a un Congreso y a un Poder Judicial de decir que lo que hizo fue un golpe de Estado aunque no se concretó, aunque eso ya lo tendrá que ver la justicia que tenemos”.
Chapa también se refiere al descontento que ya había surgido sobre el gobierno de Castillo. “Yo soy sindicalista, sabíamos que Castillo no era de izquierda ni de derecha. Yo tenía mi propia posición de que iba a ser una decepción, como Alejandro Toledo y Ollanta Humala, pero esperamos que esto cambie con las luchas que hemos emprendido para que se llame a una Asamblea Constituyente y se pregunte al pueblo”.
Análisis
Represión en Perú Dina Boluarte: un régimen contra el pueblo peruano
Sobre la actual coyuntura alerta que el régimen de Dina Boluarte, quien antes fue vicepresidenta de Pedro Castillo, ha rebasado todo el respeto por los derechos de la ciudadanía y trabajadores y que empeora el conflicto al llamar terroristas, azuzadores y minorías a las personas del pueblo que piden su renuncia.
Nelly Mejía es tesorera de la Federación de Mujeres Indígenas de Ayacucho y de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). En la región Ayacucho, el 15 de diciembre las fuerzas armadas y policiales reprimieron las protestas ocasionando la muerte de 10 personas. Eran los primeros días del régimen sangriento.
Maquera, quien también es coordinador de las organizaciones sociales y populares del Cusco, precisa que el pedido de justicia abarca el adelanto de elecciones para este año, lo que llevaría a aliviar el conflicto
“Estos asesinatos para nosotras son un gran dolor, además nos sentimos discriminados, nos han cortado derechos con este estado de emergencia implantado en el que policías y militares entran a nuestras casas y nos dicen terroristas, nos acusan y la prensa nacional no dice nada”, sostiene Mejía.
Ella coincide en que las demandas urgentes del país se centran en la renuncia de Boluarte y el pedido de nuevas elecciones generales, pero “con nuevas reglas de juego”, es decir, “normas de emergencia porque nosotros como pueblos indígenas queremos proteger nuestras riquezas naturales y las transnacionales se lo llevan todo; y la salud está privatizada, como la educación, y ya solo falta la alimentación porque con los transgénicos no se puede sembrar”.
“Si buscáramos la reposición de Castillo sería lo mismo que estamos pasando, nosotros queremos nuevas elecciones. La verdad, yo creo que sería imposible una reposición. Además, él ha tenido fallas”, sostiene Nelly Mejía. En lo que si coincide con Castillo es en el racismo y el clasismo de la derecha. “Cuando él se presentó a postular como campesino, decían indio, cholo, no sabe hablar, es ignorante, lo discriminaban. A él no le han dejado gobernar”.
Antonio Maquera, presidente de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, destaca que el apoyo a una reposición de Pedro Castillo en la presidencia del Perú es “minoritario”.
Y aclara que en cierta prensa se dice a menudo que la insurgencia y la protesta tienen esa motivación, pero que el pueblo ha entendido que hay una demanda de “que se vayan todos” y que haya una reestructuración de las instituciones del país. Además, “estas manifestaciones en Cusco no son de ideologías partidarizadas sino un pedido de la democracia de que la justicia sirva para todos, no ancho para unos y angosto para otros”. En ese sentido, Maquera, quien también es coordinador de las organizaciones sociales y populares del Cusco, precisa que el pedido de justicia abarca el adelanto de elecciones para este año, lo que llevaría a aliviar el conflicto. Se suma también el cambio de todo el capítulo económico de la Constitución “porque desaparece la autoridad del Estado sobre las empresas y que la voluntad y necesidades de ‘todas las sangres’ estén representadas en ese nuevo contrato social que debe ser redactado por todos los sectores sociales y no solo grupos ideológicos y económicos”.
Las protestas no cesan
En los últimos días, nuevas protestas se hacen sentir en diversas regiones. Piura es una de ellas. Pese a que en las últimas elecciones el fujimorismo tuvo buenos resultados allí, ahora la población vuelve a las calles uniéndose así a las luchas contra el actual régimen.
Hermelinda Castro, presidenta de la Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (Adimta), sostiene que como defensoras comunitarias y directas afectadas por las concesiones mineras venían exigiendo una nueva Constitución desde hace por lo menos diez años, en una plataforma que incluía a otras ciudades como Lambayeque y Cajamarca. Hoy tienen claro que es un momento importante en esa lucha.
Reconoce que en las elecciones de 2021 apoyaron a Pedro Castillo, sobre todo, y como muchos en otros casos, ante la posibilidad de que ganara Keiko Fujimori. Y si bien Hermelinda como mujer del campo vio una voluntad en el gobierno de Castillo de proveer financiamiento la pequeña agricultura, admite que la reposición no es aún una demanda de la plataforma de lucha nacional. Últimamente vienen asesorándose con juristas sobre los caminos de esa decisión y comprender bien lo que sucede en las acciones políticas.
“Particularmente, no estamos bien convencidas de la reposición de Castillo. Aún no hay un acuerdo. Escuchamos que cuando dio el mensaje de la Nación en el Congreso no se dio el debido proceso; consideramos también que él ha tenido errores y sabemos también que hay grupos o rondas que piden su reposición, pero personalmente lo veo difícil además con toda la fuerza de la derecha que nos mata”, explica en un momento en el país en el que sienten —afirma— temor por quienes se manifiestan contra un régimen que criminaliza a luchadores sociales.