País Vasco
Amistades peligrosas unidas por la evasión fiscal: de la Casa del Rey al PNV

Los libros de historia todavía no han explicado cómo un vizcaíno terminó siendo el último alcalde franquista de Madrid. Tampoco las vueltas que ha dado la vida para que su hijo, Joaquín Arespacochaga Llópiz, acabara como cabecilla de una red de blanqueo de capitales en el llamado “caso Bahía” de Cádiz, un fraude donde se produjo un desvío de 14 millones de ayudas públicas. Ocurrió mediante sofisticados mecanismos de ingeniería fiscal y por medio de testaferros. Con una estructura societaria laberíntica —Panamá, Gibraltar y Samoa— establecieron la sede en Luxemburgo. Por “colaborador necesario” en una operación para simular la residencia en este mismo paraíso fiscal, ahora Joaquín, una década después, ha sido acusado de fraude fiscal junto al Grande de España: José María Cotoner Martos, hijo de Nicolás Cotoner y Cotoner, quien fuera primer jefe de la Casa del Rey, a su vez casado con una descendiente de la aristocracia vasca, María Trinidad Martos Zabalburu. 

El culmen de esta historia es que Arespacochaga ha desempeñado el papel de asesor de Cotoner, quien el martes aceptó un año y medio de prisión  —la Fiscalía pedía 7— por delitos contra la Hacienda Pública derivados del impago de 2.954.012 euros al fisco entre 2010 y 2013. Para el hijo del último alcalde predemocrático de Madrid, también investigado en su momento por el “caso Bahía”, se piden 12 años de cárcel como “cooperador necesario” sin atenuantes de los que sí gozaría Cotoner.

Arespacochaga ha desempeñado el papel de asesor de Cotoner, quien el martes aceptó un año y medio de prisión  —la Fiscalía pedía 7— por delitos contra la Hacienda Pública

Sea como fuere, el apellido Arespacochaga resuena en las portadas de algunos medios digitales desde el pasado 15 de noviembre, fecha en que el marqués de Belgida, José Luis Cotoner Martos, acudió a la Audiencia Provincial de Madrid decidido a cerrar un trato con la Justicia por evitar el pago del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en España simulando residir en Luxemburgo. No entrará en prisión por ese motivo. Por otro lado, su asesor y amigo, Joaquín Arespacochaga, negó la mayor y no ha negociado su condena con la Fiscalía. Aseguró que “nunca” ha asesorado a una persona física. De hecho, afirmó no saber hacer su propia declaración de la renta. El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid ha avanzado que ambas condenas aparecerán en una única sentencia.

Falsea Inc. Nunca un nombre de sociedad 'offshore' ha sido más pertinente para alguien al que la fiscalía acusa de falsear su residencia en el extranjero para no pagar impuestos en España. #PanamaPapers https://t.co/2AFrPt7RSM

— Jesús Escudero (@jescuderoma) June 22, 2018

A Joaquín Arespacochaga se le ha llegado a vincular incluso con el excomisario José Manuel Villarejo y el narco José María Clemente Marcet debido a negocios en Arabia Saudí. Participó con Villarejo, Adrián de la Joya y el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, según Público, “en una fallida operación comercial internacional con la que intentaron burlar el embargo de alta tecnología de EEUU contra Irán”. Con el propio Cotoner también tiene su recorrido: salió a la luz con los Papeles de Panamá que movía offshores para diversos clientes, entre ellos, el hijo del exjefe de la Casa del Rey.

Los Retolaza y Arespacochaga en el “caso Bahía”

El plan Bahía Competitiva se basaba en inyectar dinero público por un tubo para revitalizar la industria de Cádiz. Era la promesa estrella del PSOE en las elecciones andaluzas de 2008, momento en que estalló la crisis financiera global. Pero el plan no resultó porque el tubo tenía goteras. Goteras que hicieron desaparecer 14 millones de euros. El “caso Bahía”, entonces un terremoto político, tuvo su propio epicentro en IDEA, la agencia creada y utilizada, también, por el expresidente Manuel Chaves para pagar los falsos ERE de Andalucía.  De hecho, José Antonio Griñán podría entrar en prisión en los próximos días por el caso que pasa por esta agencia que untaba a la trama clientelar.

En efecto, este plan no gozaba de mucha planificación industrial, pero contaba con dosis elevadas de endogamia. Reunía a tres grandes familias de los negocios, las tres con conocidos apellidos: los Retolaza —en la órbita del PNV—, los Arespacochaga y las empresas que conforman la red tejida por Dávila Ouviña. Respecto a esta última, el gerente del Plan, Antonio Perales, declaró en sede judicial que el empresario gallego era una especie de testaferro de los inversores Arespacochaga y Retolaza, quienes aseguraban disponer de fondos de inversión internacionales.

Los Arespacochaga y los Retolaza pudieron enriquecerse con el Plan Bahía Competitiva, luego vinculado a los ERE a través de la agencia IDEA

Sucedió que estas familias captaron fondos europeos gestionados por el Ministerio de Industria encabezado por el ministro socialista Miguel Sebastián. Al frente del plan Bahía Competitiva se encontraba Antonio Perales Pizarro, hombre de la confianza de Manuel Chaves, presidente de la Junta de Andalucía hasta 2009 y más tarde vicepresidente del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Antonio Perales era hermano del socialista Alfonso Perales, fallecido, en cuyo currículum destaca haber presidido la Diputación de Cádiz y ser consejero en la Junta, así como haber formado parte de la Ejecutiva de José Luis Rodríguez Zapatero. Era, además, un hombre generoso con sus familiares: una de las sociedades beneficiadas por el desvío de las ayudas del plan Bahía Competitiva tenía en nómina a la hija de Alfonso Perales.

En las listas electorales del PNV

Respecto a los Retolaza, esta ilustre familia cercana al Partido Nacionalista Vasco engordó sus arcas con tres millones de euros públicos procedentes del citado Plan Bahía. Aunque ellos estaban disgustados, pedían unos 5,4 millones en adjudicaciones. Rosa Mellado, gerente de la agencia IDEA en Cádiz, declaró en los juzgados que el Gobierno de José Antonio Griñán dio luz verde a las ayudas millonarias a la empresa de los Retolaza pese a tener informes desfavorables de algunos técnicos. Los Retolaza Villachica y Retolaza Gaviña, sobrinos del exburukide ya fallecido Roke Retolaza, eran los administradores de la empresa beneficiada en la trama, Sostenibilidad Ecología y Agua S.L. En 2012, técnicos encargados del seguimiento del plan desvelaron “un incumplimiento total de las condiciones exigidas” para recibir esa ayuda en 2010, ya con Griñán en la presidencia de la Junta de Andalucía. 

Juan Vicente Retolaza Villachica tenía relaciones si cabe más estrechas con el PNV. En 2015, fue reclutado por Sabin Etxea para integrar la lista electoral de Bakio tras el abandono de la alcaldía por parte de Txomin Renteria, finalmente condenado por corrupción en 2017 tras haber favorecido los intereses del ya fallecido empresario y tesorero del PNV, Mikel Mendizabal. Tal era la confianza del partido en Juan Vicente que en 2008 lo nombraron presidente de una empresa privada participada con fondos públicos, Progenika, poco después relacionada con la trama de corrupción en Osakidetza que destapó el “caso Margüello”. 

El PNV podría haber recibido financiación ilegal a través de licencias de máquinas de juego gracias a una empresa asociada a un testaferro de Silvio Berlusconi

Otra rama familiar de los Retolaza estuvo al mando de Gráficos Zure en compañía del hermano de un extesorero del PNV, Mikel Mendizabal. Según desvelaron los Papeles de Panamá, el PNV podría haber recibido financiación ilegal a través de licencias de máquinas de juego gracias a una empresa asociada a un testaferro de Silvio Berlusconi, que figuraba en el mismo lugar que la de Mendizabal. Gráficos Zure, en su momento una importante adjudicataria del Gobierno Vasco, figura en un informe del Tribunal de Cuentas por su actividad como proveedora del PNV. Citada por el mismo tribunal, Montai, que ha estado bajo la lupa de la justicia, fue creada por el entonces burukide Aitor Elorza, excoordinador de campañas de publicidad de Gráficos Zure.

Del “caso Bahía” al “caso Charisma”

Joaquín Arespacochaga Llópiz, experto en la creación de entramados offshore e inspector de Hacienda en excedencia, montó junto a uno de sus tíos y unos de sus hijos el entramado societario para desviar las ayudas del “caso Bahía” a paraísos fiscales. Al investigar, la Justicia incorporó la documentación al “caso Charisma”, las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional en 2016 para investigar a un grupo de gestores fiscales que ayudaban a evadir impuestos a 500 fortunas españolas: políticos, empresarios, narcotraficantes, famosos.

Este grupo, apoyado en el banco HSBC de Ginebra y otras entidades financieras de Suiza y Andorra, urdió una compleja red para que grandes fortunas y corporaciones privadas pudieran evadir impuestos sin ser detectadas por la Agencia Tributaria. En el medio centenar de firmas, ubicadas en Luxemburgo, Suiza y Panamá, se encontraban sociedades dirigidas por Arespacochaga desde un despacho por el que también pasaban los hermanos Cotoner, Grandes de España e hijos del exjefe de la Casa del Rey y mentor del Emérito, Nicolás Cotoner y Cotoner. De hecho, tras el fallecimiento de éste, la viuda y sus hijos siguieron manteniendo una estrecha relación con Juan Carlos I. Los Cotoner manejan y han manejado grandes espacios de tierra en toda la península. Algunas parcelas de su propiedad han sido expropiadas forzosamente. En Euskadi, entre 2007 y 2017 perdieron posesiones en favor de carreteras y conducción del abastecimiento de aguas.

Atasco judicial

Después de nueve años de investigaciones, el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz puso fin a la instrucción del “caso Bahía” a finales de octubre del 2020 y desde entonces sigue atascado en los juzgados. La sentencia de septiembre pasado del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE incluye una mención al Plan Bahía Competitiva, donde pudieron enriquecerse tanto Arespacochaga como los Retolaza.

Juan Arespacochaga, último alcalde predremocrático de Madrid, cuenta con un nieto en las filas de Vox, un hijo en los tribunales y una hija retratista Real