Opinión
Yo tan de Caracas, tú tan de Riad, y todos de Bruselas

ETA asesinó a 864 personas entre 1968 y 2011. La Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MKO) asesinó a 17.000 personas entre 1965 y 2011. ETA, hoy por hoy, guía los pasos del Gobierno de Coalición, según Vox. El MKO es el germen del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), la organización que, según ha publicado hoy El País, pagó los sueldos de Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros en 2014. Las donaciones del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán ascendieron, según la información que firman José María Irujo y Joaquín Gil, a 65.000 euros. Un año antes, en 2013, el CNRI había aportado un millón de euros del ala para la fundación de Vox, que en 2019 obtuvo 52 diputados en el Congreso.

La información adelantada por El País no modifica el rumbo del partido de Santiago Abascal, que sigue marcando la agenda política con una estrategia que copia los pasos dados por los movimientos reaccionarios internacionales en el campo cultural. La polémica del “pin parental” es el último ejemplo del éxito de la aplicación doméstica de esa agenda reaccionaria. La doble batalla sobre Venezuela —el paso de la vicepresidenta por Barajas y el “bañito” de masas de Juan Guaidó— se apunta en el contador de polémicas sobre política internacional que define la geopolítica española, con mucho de española y poco de geo.

El extravío de Pablo Casado se ha plasmado en el último año con Venezuela, que de nuevo ha funcionado como Mcguffin, como pretexto, tras unos meses en los que volvió a importarle un pimiento. En su temporada moderada, Casado trascendió el espantajo en que se había convertido Venezuela; en la sesión de investidura fallida de junio de 2019, España no estaba a punto del colapso por apoyar al régimen bolivariano y este tema no fue enarbolado por Casado. El Partido Popular, que según un testimonio en sede judicial estuvo implicado en la creación de noticias falsas sobre la financiación venezolana de Podemos, se ha visto obligado a regresar sobre sus pasos y echar sal gruesa caraqueña sobre la actualidad política. Eso sí, al PP le sobra capacidad para hacer del esperpento un espectáculo de luz y sonido. Nada menos que las llaves de la ciudad de Madrid para Juan Guaidó, un actor secundario convertido en héroe accidental por el nacionalismo español.

La máquina funciona con la misma gasolina que sirvió para justificar el golpe fallido de enero de 2019. Venezuela sigue siendo un régimen criminal, Nicolás Maduro un dictador, y —junto a ETA— controla la democracia española, o algo así. Como esas impresoras que siguen sacando papeles aunque se haya cancelado la orden, la cantinela continúa funcionando independientemente de si el golpe de Guaidó fracasa estrepitosamente porque no lo ve claro ni la “oposición venezolana”, de si se está quemando Ecuador o Chile o si, como ha sucedido este domingo, un líder comunal —se llamaba Fernando Quintero Mena— es asesinado en Colombia, a pocas horas de viaje de la frontera con Venezuela.

Pero la noticia es que el gobierno español —y ahí es donde PP y Vox ven el filón— ha cambiado el chip. Más bien, el PSOE ha cambiado el chip: un enfoque humanitario frente al enfoque mal disimuladamente neocolonial y a favor de los intereses de la Marca España. Más Zapatero y menos Felipe González.

El estrés venezolano, que sirvió para sangrar a Podemos entre 2015 y 2019, se ha transferido al PSOE. Como en ese periodo —parece evidente pero hay que decirlo— el pueblo de Venezuela no es la prioridad de quien enarbola la campaña por el pueblo de Venezuela. El discurso oficial, no obstante, es que “aquí no hay nada que ver”. Es decir, que las relaciones internacionales se tienen que ceñir al campo de las relaciones políticas internacionales y hay que evitar su transferencia al campo de la política doméstica.

Soberanos e intervenidos

Hay un ejemplo en el que la doctrina de “aquí no hay nada que ver” funciona disciplinadamente bajo la lógica viscosa de la “razón de Estado”. Las relaciones con Arabia Saudí son, desde hace décadas, un acompañante discreto de la acción gubernamental. Así se vio cuando Sánchez y la ministra de Defensa, Margarita Robles, pagaron la novatada de intentar un cambio de guión en las relaciones con Riad.

El episodio de la no autorización para la venta de 400 bombas de precisión a Arabia Saudí —un país en guerra con Yemen desde 2015—, y la posterior rectificación que autorizó esa operación, supuso el primer gran traspiés en clave internacional del PSOE de Sánchez. Y señaló la dependencia de los petrodólares que desde los tiempos de la fundación de la UCD —con intermediación de Juan Carlos I— recorre subterráneamente el sistema democrático español.

Como “amigo”, el régimen saudí sabe ser generoso; como enemigo, puede amenazar con el cierre virtual de los astilleros de Puerto Real. El Estado, en ese caso a través del Gobierno del PSOE, rectificó inmediatamente y retiró de la mesa la “ofensa” de considerar que esas 400 bombas posiblemente terminarían explotando en Yemen.

La crisis con la casa Saud, por cierto, se cerró este año con la celebración de la Supercopa de fútbol en el estadio Rey Abdullah de Yeda. El resumen es sencillo: los saudíes tienen capacidad de pagar 120 millones de euros para organizar un torneo de tercera categoría. Como al PP le sobra tiempo para hacer del esperpento un espectáculo de luz y sonido, por el mismo precio (es un decir), la presidenta de la Comunidad de Madrid entregó el trofeo y —según dijo el siempre ocurrente alcalde de Madrid— con ese gesto hizo “más por los derechos y libertades de las mujeres que el feminismo de las bonitas y de los bonitos” y suponemos que, de rebote, hizo algo también por la población yemení.

Obviamente, tanto el CNRI como la casa Saud tienen el apoyo estratégico de Estados Unidos. Nicolás Maduro no lo tiene. La capacidad de Vox, PP y Ciudadanos para hacer de ventrílocuo de los intereses estratégicos de Estados Unidos es inversamente proporcional a su silencio respecto al cumplimiento de los derechos humanos en los países bajo la órbita americana.

La cuestión fundamental, sin embargo, no es tanto saber si la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición es un síntoma de un cambio en la política exterior, sino si se puede producir una revisión de la “política interior” contando como interior la política europea, definida por las obligaciones de cumplimiento de déficit y por las mismas fallas estructurales que dieron lugar a la crisis de 2008. El reciente frenazo a la regulación del alquiler que aparece en el documento del pacto de coalición por parte de Nadie Calviño, la titular de Economía, muestra que la tecnocracia tiene su propia geografía dentro del Gobierno.