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Opinión
El estudio de Igualdad sobre trata alienta el control y el estigma hacia las trabajadoras sexuales
Este artículo es una propuesta de debate, una conversación en torno al uso de mecanismos de control social contra las trabajadoras sexuales por parte de organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y una parte de la sociedad vinculada a las anteriores de manera estructural. Entiéndase dentro de dicha estructura lo material, lo simbólico, lo intelectual; un mapa de pertenencia socioeconómico que articula el discurso de quienes apuestan por la abolición de la ‘prostitución’. Del otro lado, históricamente desligadas de esas estructuras de poder político, económico, simbólico, estructural, están las trabajadoras sexuales y esa otra parte de la sociedad que defiende una postura proderechos en aras de las garantías laborales mínimas que tanto los feminismos como la lucha de clases nos haría exigir para cualquier trabajadora o trabajador.
Trabajo sexual
Encuesta Denuncian la falta de rigurosidad del estudio sobre trata del Ministerio de Igualdad
En el contexto del 25N, es necesario reflexionar públicamente sobre estos mecanismos de control social de corte patriarcal y racista que oprimen a las trabajadoras sexuales. Consultada al respecto, la activista Kenia García, portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y Regularización Ya, critica un sistema de persecución ejecutado mediante ordenanzas municipales, la aplicación de la Ley Mordaza, redadas en clubes por parte de las Brigadas Provinciales de Extranjería y dificultad de acceso a los procesos de denuncia policial derivada de la estigmatización de las trabajadoras sexuales por parte del Estado a través de sus propias campañas de “sensibilización” y sus políticas punitivas.
En el capítulo titulado “Misericordia, higienismo, urbanismo y civismo”, de su libro Matar al Chino, un magnífico análisis en clave urbanística en torno a la destrucción planificada del barrio del Raval en Barcelona, Miquel Fernández González propone la siguiente reflexión: “Por culturas de control (Garland, 2005) se entienden las prácticas y los mecanismos institucionales destinados a la fiscalización de la población. (…) Estas culturas de control y fiscalización de los habitantes del Raval se han llevado a cabo buscando su bienestar, aunque esto haya comportado la represión, encierro y expulsión de parte de sus habitantes, así como la destrucción de calles, viviendas y plazas. Esta destrucción creadora (Sánchez de Juan, 2000) ha comportado, además, la desaparición de la memoria colectiva del barrio, así como su cultura, sus formas de pensar y actuar, y las diferentes estrategias para enfrentarse a la contingencia, procurarse la subsistencia, el asueto o el ocio”. La tesis que Fernández desarrolla en los capítulos siguientes, convenientemente resumida en la contraportada del libro, es que las formas de vida que proliferaron, y proliferan, en barrios como el Raval, “población obrera, pobreza estructural, trabajadoras sexuales, pobres, putas, anarquistas y mariconas” suponen una afrenta para los pánicos sociales y morales de la burguesía barcelonesa.
La referencia resulta pertinente, ya que el trabajo de Fernández trae a colación la importancia de los colectivos de trabajadoras sexuales que, entre otros, han mantenido el barrio, en tanto que analogía de la sociedad y lo común, como bastión frente al avance homogeneizador de las políticas de control social del capitalismo, tanto conservador como pretendidamente socialista. Como declaraban las integrantes de Afemtras en un evento reciente sobre las políticas y programas en torno a la prostitución y la trata: “Las trabajadoras sexuales siempre somos cuidadoras de sí mismas. Basta ya de tantos programas higienistas a nuestro colectivo porque repercute negativamente a nuestra salud mental”. La estrategia que subyace tras esa voluntad de imponer una idea única del bien, desde el higienismo hasta la moralidad sexual, contiene trazos de la cultura patriarcal y católica que no ha abandonado las esferas sociales de ejercicio de poder en Europa, pero se hace más peligrosa allí donde opera en virtud de una serie de intereses económicos y simbólicos, tal como abordaremos en las conclusiones.
El ‘informe’ sobre la trata que el Ministerio de Igualdad anunció el pasado mes de septiembre bajo el título Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres forma parte de estos mecanismos de control que mencionaba al principio. El anuncio en las redes sociales del citado organismo venía acompañado por el siguiente titular: “Hay 114.576 mujeres que están en situación de prostitución en España, un 0,56% del número de mujeres mayores de Edad en España”. De ellas, 92.496 mujeres podrían estar en riesgo de trata”. La cifra equivale, o equivaldría, a un 80%, un número demasiado elevado para mencionarlo junto a una forma del verbo condicional, lo que en lingüística se llama condicional de conjetura y en periodismo condicional del rumor, desaconsejado por motivos no gramaticales sino deontológicos, ya que un dato no contrastado jamás debe ser presentado como noticia. Por tanto, en el anuncio del Ministerio de Igualdad, la palabra podría, más allá del innecesario prefijo de macro y del incomprensible concepto situación de prostitución, debería captar nuestra atención y nuestra alarma. Desnuda una intención que se reafirma en la precipitada publicación de un ‘informe’ incompleto y no contrastado.
El entrecomillado de la palabra responde a lo señalado por colectivos con amplia experiencia en la materia, legitimadas por trayectorias reales que, apelando otra vez a los preceptos feministas, deberíamos reconocer como las voces autorizadas. En primer lugar, los análisis que ha ido ofreciendo el Colectivo de Prostitutas de Sevilla en sus redes sociales, donde apuntan múltiples carencias sobre el citado estudio. Entre ellas, la ausencia de rigor científico en el manejo de Big Data extraída de páginas web; la nula participación de instituciones, víctimas de trata o trabajadoras sexuales para la elaboración de las guías metodológicas que permitieran un abordaje multifactorial de los datos analizados, y que llevó al establecimiento de criterios como “novedad”, “disponibilidad”, “rasgos de personalidad”, “exotismo”, “servicios” y “fotos” que han sido malinterpretados en función del profundo desconocimiento sectorial que padecen quienes trabajaron en el análisis de datos y elaboración de conclusiones.
Por citar solo dos de ellos, aunque recomiendo la lectura de todo el hilo con el que el Colectivo de Prostitutas de Sevilla reaccionaba en el mes de septiembre, “novedad” es una estrategia que utilizan las mujeres para anunciarse recién llegadas a una ciudad como reclamo para que las visiten, muchas regresan una y otra vez a la misma ciudad y se siguen anunciando como “novedad” ¿qué variable es esta para determinar que está en riesgo? Por otro lado, usan “exotismo”, esto es, una mujer que no sea blanca europea y tenga otros rasgos étnico raciales es incapaz de tomar sus propias decisiones, se encuentra en riesgo o es una víctima a la que las feministas blancas institucionales deben salvar, lo único que hay aquí es racismo y discriminación.
Más adelante, en octubre, cuando el informe terminó de salir a la luz tras un inexplicable periodo de espera, ratificaron las limitaciones observadas remarcando la inviabilidad de confiar en anuncios de internet como fuente de información veraz, la exclusión de datos sobre menores de edad y la desatención al factor de la movilidad y los desplazamientos, con alta incidencia en el colectivo.
El Macroestudio del @IgualdadGob sobre trata y prostitución ha sido una vez más un despropósito con el único objetivo de la propaganda política y han despilfarrado cerca de cien mil euros para ello.
— Colectivo Prostitutas de Sevilla#RegularizacionYa (@CPSproderechos) October 30, 2024
"No existen las garantías de la veracidad de la información contenida" Fin https://t.co/6Q3b66Sea7 pic.twitter.com/7I9k3Letnj
Por su parte, la Red de Voces Feministas por los Derechos, integrada por trabajadoras sexuales e investigadoras de la trata y la prostitución de todo el territorio español, publicaba sus reflexiones y demandas en Pikara Magazine: “Existen procesos de identificación de víctimas de trata establecidos con base en indicadores de las Naciones Unidas que tienen que ver con su posibilidad de movilidad o comunicación, sin embargo, en el avance del Macroestudio no se mencionan. Por ello, pensamos que es necesaria una especificación en mayor profundidad, entre otras cuestiones, sobre qué criterios se han seguido para estimar que el “80% de mujeres que se dedican a la prostitución se encuentran en riesgo de trata”. Estudios realizados en contextos específicos por investigadoras de la propia red, como Carmen Meneses, y de las Naciones Unidas se distancian de este porcentaje y estiman cifras mucho menores, en torno al 10 y 30%. (…) Se especifica también la procedencia mayoritaria de estas mujeres, que según el estudio son de Latinoamérica. De nuevo, llama la atención que se mencione la nacionalidad de las mujeres para vincularla con la prostitución como una “vulneración flagrante de derechos” y desde el Ministerio no se haya señalado todavía a la ley de extranjería como una de las principales causas de la trata en el territorio español”.
Desde los colectivos y voces éticamente autorizadas para aportar datos sobre la materia, se viene señalando que todas las estrategias de criminalización confluyen en el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales
En suma, desde los colectivos y voces éticamente autorizadas para aportar datos sobre la materia, se viene señalando que todas las estrategias de criminalización confluyen en el empeoramiento de las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales sin abordar las cuestiones que perviven tras las distintas formas de violencia que condicionan sus vidas; entre ellas, la irregularidad administrativa y las trabas burocráticas para la homologación de títulos. La persecución moral y social contra las trabajadoras sexuales traslada de manera permanente su espacio vital más allá de los márgenes, a una subalternidad impuesta por un feminismo que opera con todas las trazas de lo patriarcal desde una institución como el Ministerio de Igualdad que, como bien señalan desde CPS, tendría que estar al servicio de todas las mujeres.
Como conclusión, apunto dos factores de índole estructural que vinculan esta postura a intereses económicos. Resulta significativo que el Ministerio de Igualdad publique este informe sobre la trata cuando desde el Gobierno y la patronal se están promoviendo acuerdos de migración circular para garantizar mano de obra migrante y femenina, extremadamente barata y sometida, en el sector agrícola. Este nexo que intentan mantener oculto refleja la contradicción ética intrínseca entre la voluntad salvacionista hacia unas mujeres en contraste con la voluntad de explotación legalizada de otras. Jornaleras de Huelva en Lucha lleva años denunciando las continuas vejaciones de derechos laborales y humanos, no solo sexuales, que se cometen contra las temporeras bajo los acuerdos de migración circular. Casos que, paradójicamente, no generan interés entre las defensoras de la abolición de la prostitución.
De las 14.954 mujeres en “situación de prostitución” atendidas por el Médicos del Mundo, 390 presentaban indicios de trata, un 2,61% muy alejado de los datos del nuevo Macroestudio del Ministerio de Igualdad
En segundo lugar, la bien llamada industria del rescate, liderada por ONG que ejercen una intermediación innecesaria entre el Estado y las trabajadoras sexuales. El Plan Camino, que debía aportar alternativas socioeconómicas tangibles y de calidad para abandonar la prostitución, así como soluciones habitacionales mediante la dotación millonaria de fondos a organizaciones con una supuesta especialización, ha fracasado en su propósito. En septiembre de 2023, ante la publicación de la memoria de actividades de Médicos del Mundo, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla desgranaba los datos de forma reveladora. De las 12.911 mujeres con las que declaraban haber realizado intervenciones, apenas 1,62% se había sumado al mercado laboral. Un mercado laboral precarizado, en labores que tradicionalmente son descritas dentro del feminismo como fuentes de feminización de la pobreza. Por otra parte, de las 14.954 mujeres en “situación de prostitución” atendidas, 390 presentaban indicios de trata, un 2,61% muy alejado de los datos del nuevo Macroestudio del Ministerio de Igualdad.
Sin embargo, a pesar del evidente fracaso del Plan Camino, en noviembre de 2024 el Ministerio de Igualdad repetía la aportación de fondos de 12,9 millones de euros en subvenciones a ONG entre las que figuran la Obra Social de las Adoratrices en España o APRAMP, y donde Médicos del Mundo se lleva, otra vez, el lugar protagonista con 7,8 millones de euros. En años anteriores, el grueso de dichos fondos fue destinado a inversiones materiales internas y sostenimiento propio de la ONG.
Una mirada a los intereses económicos larvados en las estructuras racistas del Estado español, de las que participan ministerios y oenegés a los que suponemos una perspectiva feminista y de justicia social, nos permitirá comprender que, en materia de trabajo sexual, es imposible excluir la voz de las mujeres que lo ejercen como factores determinantes de los estudios, de las leyes y las políticas que regirán su vida presente y futura.
“Las grandes perdedoras, como siempre, son las verdaderas víctimas de trata que quedan sepultadas bajo el pánico moral y el humo que impiden diseñar y avanzar en políticas serias”
La abolición de la Ley de Extranjería, la regularización administrativa, la derogación de la Ley Mordaza y de cualquier forma de castigo, son las únicas vías posibles para la igualdad de todas las mujeres dentro de un paradigma feminista. En el entorno del 25N, un feminismo plural, de todas, debería sentirse interpelado a reconocer el nefasto impacto de estudios faltos de rigor que alimentan estigmas, violencias y discriminación, que sostienen sistemas de explotación material radicalmente machistas y racistas. De lo contrario, seremos cómplices de perpetuar una apuesta donde, como reivindican desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla: “Las grandes perdedoras, como siempre, son las verdaderas víctimas de trata que quedan sepultadas bajo el pánico moral y el humo que impiden diseñar y avanzar en políticas serias y efectivas que les garanticen la protección y la reparación de todos sus derechos”.