Migración
CATE, CIE y miedo a la deportación: el trance de las personas migrantes que logran llegar a Canarias

“En estos momentos ciento sesenta y nueve personas se juegan la vida en su intento de llegar a Canarias. El drama de las personas expulsadas de sus territorios se siente cada día en las fronteras españolas”. El tweet lo escribía la activista Helena Maleno el pasado 31 de mayo. La cara más visible del colectivo Caminando Fronteras reporta cotidianamente lo que sucede en las necrofronteras, el viaje desesperado de miles de personas para llegar a costas europeas, en este caso por la ruta más peligrosa. En respuesta al tweet, entre algunos mensajes de preocupación y solidaridad, se multiplican aquellos que cuestionan que las personas migrantes sean expulsadas —“vienen a vivir del cuento”, afirma un tuitero—, acusan a Maleno de ser “otra mafiosa traficante de personas” o replican con afirmaciones como: “Los españoles nos hemos hartado, queremos un referéndum sobre inmigración. No más inmigración ilegal, ni ONGs que viven de la inmigración”.

La narrativa anti-inmigración, el relato que acusa a colectivos y ONG de ser mafias, y la deshumanización que niega los factores de expulsión que hacen que miles de personas arriesguen su vida, y lo reduzcan a un viaje para “paguita, comida y casa gratis”, circula desbocado por las redes alimentado por el racismo de siempre y espoleado por la extrema derecha que copa la agenda mediática y penetra sin obstáculos en las instituciones. Mientras, las políticas migratorias prolongan este relato en la práctica: se repiten las denuncias por las vulneraciones de derechos humanos de las personas migrantes. Más de 4.000 de personas murieron en la travesía en 2021 según denuncia Caminando Fronteras. A quienes consiguen llegar, no les espera ese “vivir del cuento”, en el que insiste la narrativa xenófoba.

A principios de 2020 las organizaciones de derechos humanos ya daban la alarma: las políticas de Marlaska consistían en dificultar la llegada de migrantes a la península a toda costa, cundía el temor de que las islas se convirtieran en un espacio de retención de personas

El tránsito desde la ruta canaria aumentó desde verano de 2019, como resultado de la dificultad de atravesar otros itinerarios. En algo menos de tres años, habrían llegado casi 56.000 personas al archipiélago. A principios de 2020 las organizaciones de derechos humanos ya daban la alarma: las políticas de Marlaska consistían en dificultar la llegada de migrantes a la península a toda costa, cundía el temor de que las islas se convirtieran en un espacio de retención de personas como ya había sucedido con parte de las islas griegas. La irrupción de la pandemia y el confinamiento detuvo temporalmente el flujo pero para el verano de 2020 las llegadas remontaron y el Ministerio de Interior parecía determinado a no dejar proseguir viaje a las personas migrantes.

La acumulación de estas personas en el muelle de Arguineguín, o el uso de los hoteles vacíos para dar una respuesta temporal, alimentó la narrativa racista durante meses, mientras, cuando ya los viajes estaban permitidos, se impedía a las personas proseguir viaje hacia la península. El anuncio del Plan Canarias a finales del 2020 suponía la creación de instalaciones temporales de acogida que incluían campamentos como el de Las Raíces, o Canarias 50. A la inmobilización de la población en las islas, se sumaban grandes espacios con carpas donde se llegaron a alojar a miles de personas.

Las organizaciones Iridia y Novact hicieron un primer informe de la situación en la frontera en 2021, en los inicios del Plan Canarias, al que han dado seguimiento más de un año después, con un segundo informe en base a un trabajo de dos meses de investigación y diálogo de las organizaciones y colectivos basados en el archipiélago. Mientras en su primer viaje reportaban la “posible intencionalidad de convertir Canarias en un espacio cárcel, de contención de las personas migrantes, como en otros momentos ha podido serlo Ceuta y Melilla”, según explica Andrés García Berrio de Iridia, en el último informe han podido constatar que “el tiempo de espera para que las personas sean trasladadas a Península una vez están en centros y dispositivos de emergencia dependientes del Ministerio de Inclusión concedidos a ONG del Plan Canarias están en el mes, mes y medio, dos meses o incluso tres, lo cual entendemos que son periodos de tiempo relativamente aceptables”, frente los hasta nueve meses que podían estar esperando las personas en estos recursos. Hasta aquí las buenas noticias.

La reactivación de las deportaciones mantiene a las personas migrantes atemorizadas con la posibilidad de ser devueltas a sus países en cualquier momento. Mientras, en los CATE se siguen dando ambigüedades jurídicas y falencias en la atención de las personas y en los CIE persisten las vulneraciones de derechos humanos como recogen Iridia y NovAct en este segundo informe llamado Vulneraciones de derechos en la respuesta institucional a las llegadas de personas migrantes en Canarias, respaldado por 16 organizaciones que incluyen a Oxfam Intermón, Médicos del Mundo Canarias, Asamblea de Apoyo a Migrantes, el Secretariado Diocesano de Migraciones, la Red de Acción e Investigación Social o la red Aquí Estamos Migrando.

Derechos humanos en suspenso

Arriesgar la vida en el mar, ver cómo mueren algunos de los compañeros de viaje, sufrir un naufragio, ser rescatado en medio del hambre, la deshidratación y el trauma y llegar a un CATE. Este es el proceso que atraviesan muchos de quienes arriban Canarias. En estos Centros de Acogida Temporal a Extranjeros “se genera una situación en la que se produce un marco de detención donde efectivamente hay un puesto de le Cruz Roja, pero el resto de actuaciones son las propias de la detención: abogado o abogada de oficio y declaración”. De Arguineguín al CATE de Barranco Seco en Gran Canaria, la conocida —y clausurada el pasado febrero— como Nave de la Vergüenza de Lanzarote, al CATE de Arrecife, habilitado también el febrero en la misma isla, se perpetúan espacios de ambigüedad jurídica, consideran las organizaciones.

En estos CATE “se genera una situación en la que se produce un marco de detención donde efectivamente hay un puesto de le Cruz Roja, pero el resto de actuaciones son las propias de la detención: abogado o abogada de oficio y declaración”

Para García Berrio, desde Arguineguín, “cuando estábamos en un marco delictivo de manera continuada, a pesar de que se haya archivado la causa” algunas cosas han cambiado: el hecho de que ya no se superen las 72 horas máximas de detención, o que en espacios como el CATE de Barranco Seco se hayan sustituido las tiendas por estructuras más estables. Sin embargo, aunque no se superen las 72 horas de detención, las estancias se alargan con la promesa de ser derivados a un recurso de emergencia. “El problema es que estos ‘centros de atención’ son en realidad espacios de privación de libertad. Un centro de atención real, por propia definición, nunca podrá ser de privación de libertad”. Así se mantiene estos espacios en una “indefinición jurídica”, pues no son comisarías u otros centros de detención que están sujetos a un regulación específica. Para las organizaciones, esta indefinición jurídica de los CATES es intencional pues permite considerar como CATE cualquier instalación con unos toldos o unos servicios precarios, sin necesidad de cumplir con unos mínimos respecto al trato de las personas detenidas.

Esto no se entendería “si no fuera por la propia excepcionalidad jurídica que se pretende utilizar en un marco de frontera, en un contexto de racismo institucional y racismo social cada vez más fuerte”. Un contexto que normaliza situaciones como la que se denuncia en el informe: en lugar de poder acceder a un abogado de manera individualizada, se pase a un abogado por cada cuatro o cinco personas con lo que esto implica para las víctimas de trata, o quienes solicitan asilo, que pueden tener dificultades o riesgos para exponer su historia en público. 

“El problema es que estos ‘centros de atención’ son en realidad espacios de privación de libertad. Un centro de atención real, por propia definición, nunca podrá ser de privación de libertad”

También preocupa a las organizaciones la falta de transparencia en cuanto a los recursos destinados a las personas menores. “El sistema de protección de Menores de Canarias no daba abasto y se han ido abriendo centros. En los que han entrado fundaciones, entidades, empresas de manera rápida, sin tener un sistema de control adecuado”, apunta García Berrio, un descontrol que se ha posibilitado incidentes muy graves que incluyen denuncias por malos tratos o incluso abusos sexuales. El activista de Iridia señala cómo desde el gobierno se ha priorizado establecer mecanismos para controlar que mayores de edad no se hicieran pasar por menores frente a garantizar los derechos de las niñas y niños que viajan solos. Externalizar estos servicios, advierte García Berrio, tiene sus costes cuando se hace de manera de emergencia. 

Por otro lado, los dispositivos puesto en marcha en el Plan Canarias, que apenas comenzaban a funcionar en la primera visita de estas organizaciones, siguen en gran medida abiertos. Se trata de un “modelo híbrido” que, a diferencia de estructuras de acogida temporal estables como los CETI de Ceuta o Melilla, “se le llama dispositivo de emergencia pero se les da carácter de permanencia”. Las organizaciones han podido visitar dos de estos recursos un año después: Canarias 50 y la nave de Bankia. “En Canarias 50 los módulos son una especie de lona muy grande, donde entran 99 personas en literas con un colchón muy precario, en los que duermen muchos días”. Respecto a la nave Bankia, que sirve como recurso a menores y mujeres, García Berrio denuncia que ni siquiera hay colchones si no una “especie de camillas”, careciendo el espacio de cualquier tipo de intimidad. 

Uno de los casos más paradigmáticos del Plan Canarias fue el del Campamento de Las Raíces en Tenerife, cuyo cierre ha sido anunciado varias veces, y que sin embargo sigue con unos pocos internos. “Al tener menos personas están funcionando mejor. Por lo menos hay comunicación entre los campamentos y los abogados”, explica Dácil de la asamblea de poyo a migrantes de Tenerife, el movimiento de solidaridad que surgió para acompañar las denuncias de las personas migrantes residentes en este campamento, que desde el principio se rebelaron ante las condiciones precarias, el hacinamiento, el frío, la mala calidad de la comida, los abusos de la seguridad privada y los excesos de la policía dentro del centro.

Un área en el que, desde la Asamblea, están notando mejoría es en la identificación de menores para su acceso al sistema de protección, tras haber denunciado en un pasado que había menores en estos campamentos. Esta activista explica que mientras van a cerrar Las Canteras, un centro con instalaciones estables que está en La Laguna, pretenden mantener abierto Las Raíces, pese a que las condiciones metereológicas, la ubicación (alejada de la ciudad), y los espacios (grandes carpas), “son mucho peores”.  Aunque son pocas las personas que quedan en Las Raíces, simpatizantes de la Asamblea “siguen subiendo por las tardes a llevarles chocolate y algo así calentito, un sándwich, y poder compartir un ratito con ellos”. 

Muchos han salido de los campamentos por miedo a ser deportados. “Hay pibes que tienen un montón de necesidades, algunos están acogidos por familias, otros a quienes no se está acogiendo pero se están cubriendo sus gastos por grupos de personas”, explica Ana, también de la Asamblea. Ella acompaña sobre todo en la asistencia jurídica para todo el papeleo y documentación que precisan, para ello cuentan con el apoyo de abogados voluntarios, también se les acompaña en la búsqueda de trabajo.

Mientras, según denuncia el informe de Iridia y NovAct, “los CIE también son espacios donde se ha detectado una vulneración constante en el acceso a derechos”. Entre estas vulneraciones, personas internadas en los CIE para su deportación a partir de órdenes de devolución caducadas, frente al criterio de los dictado por la Audiencia de Las Palmas y la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife que en abril y marzo de 2021, respectivamente, fallaron que “la validez de un expediente de devolución vence si no se ejecuta en un plazo de 72 horas de la detención tras la llegada o tras los 60 días internamiento en CIE, siempre que se produzcan de manera consecutiva a la dicha detención de 72 horas inicial”.

Las organizaciones sin embargo detectaron dos casos en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde las personas habían sido retenidas para su deportación con órdenes de devolución no vigentes

Las organizaciones sin embargo detectaron dos casos en el CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria, donde las personas habían sido retenidas para su deportación con órdenes de devolución no vigentes. “También se han detectado casos en los que se están produciendo detenciones en materia de extranjería e interposición de órdenes de expulsión, internamiento en CIE y deportación de personas que acudían a comisaría para obtener información acerca de su solicitud de protección internacional, lo cual supone una grave vulneración del derecho al asilo”, se denuncia en el informe que refiere también a redadas por perfilamiento racial en puertos y aeropuertos.

Volviendo a la situación de los CIE y en particular al CIE de Barranco Seco, que volvió a abrir tras el fin de la pandemia, desde Somos Red, otro colectivo surgido en Gran Canaria en los últimos años, advertían a principios de mayo sobre la situación de las personas internas en este CIE. En aquellos días, un grupo de internos se fugaron del centro  en protesta por el trato que estaban recibiendo. Las personas internas convocaron además una huelga de hambre para denunciar las condiciones de su detención. “La situación era muy complicada para ellos, porque estaban los que tenían miedo de seguir adelante con la huelga y los más decididos, que no soportaban más la situación, el hambre, las personas enfermas sin la medicación... Tengamos en cuenta que eran ya los últimos días del Ramadán, y los retrasos con la ruptura del ayuno fue uno de los detonantes de la huelga de hambre”, explica Marifé de Somos Red a El Salto.

Con las personas dentro del CIE la comunicación se hace muy complicada pues solo pueden usar el teléfono “una hora por la mañana y una hora por la tarde. Y luego es difícil hacerte entender. Las personas que estuvieron en contacto hablaban en español, pero todavía no lo hablan perfecto”, explica esta activista, quien aclara que más allá de las últimas denuncias la problemática del CIE es estructural: “Es una antigua prisión que no reúne condiciones que han de reunir las prisiones modernas, y sin embargo se les deriva ahí”. Denuncian también la falta de transparencia en la resolución de la huelga de hambre, cuando medios locales anunciaron que habría mejoras en los CIE sin que mediara comunicación oficial ninguna, en base solo a lo que había anunciado a las personas migrantes.

Fuera de los CIE y los CATE la situación tampoco es fácil. “Ahora la gente anda escondida en los barrios, donde pueden, en casas ocupadas o en los barrancos. Pero se da el caso de personas que ya habían conseguido cierta normalidad en su vida con el apoyo de las personas que estamos en Somos Red, y que de repente han sido abordadas y detenidas para su deportación”, explica Marifé.

Campamentos que no cumplen estándares, CATE donde se acumulan personas sin que existe una regulación clara a la que atenerse, CIE donde se vulneran los derechos de las personas migrantes, atajos ilegales para agilizar las expulsiones: “Yo creo que el todo vale está instalado en la frontera respecto al tratamiento de las personas migrantes no regularizadas”, resume García Berrio.