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Migración
Ser nadie en un no-lugar: la situación del asentamiento chabolista de Lucena del Puerto
En 1992, Marc Augé acuñó el término no-lugar para describir espacios transitorios, deslocalizados, contrarios a los antropológicos, que gozan de una historia o vitalidad bien definida. Son lugares sin identidad, constituidos bajo una premisa muy particular.
La problemática surge cuando los no-lugares se convierten en la residencia habitual de personas. De forma paralela a los campos de refugiados, conceptualmente lugares de paso, surgen los asentamientos chabolistas en los que los temporeros hacen su vida en condiciones infrahumanas debido a su situación laboral irregular. Se extienden por el sur de Europa, no solo por ser el lugar de entrada al Viejo Continente, también son sus países los que acogen los campos de cultivo y explotaciones donde trabajarán los migrantes.
Dentro del Estado español, la mayor concentración de campamentos chabolistas se encuentra en Andalucía. Según Cáritas y APDHA, solo en la provincia de Huelva puede llegar a haber 2.000 personas viviendo en estas condiciones de forma permanente, repartidas en más de 30 campamentos, ubicados principalmente en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Moguer y Mazagón. La cifra varía en función de la época del año, raramente inferior al millar, y multiplicándose exponencialmente durante la recogida de la fresa, cuando se reciben a más de 7.000 temporeras marroquíes.
Estos no-lugares comenzaron a establecerse a finales del siglo pasado con el auge de las migraciones desde el continente africano. Dos décadas después, la situación de sus habitantes no se ha regulado ni ha habido un esfuerzo por integrar a estos trabajadores en los pueblos en los que realizan sus labores, y de cuyas economías forman un pilar fundamental. Cuando ocurre un desastre en uno de ellos, nadie quiere tomar responsabilidades.
Las llamas que les convirtieron en nadie
La madrugada del 12 de julio, a eso de las 2:43, Mohammed estaba tumbado en la cama de su chabola. Incapaz de dormir, jugaba con el móvil mientras escuchaba música. Miró por la ventana y descubrió un cielo naranja, más propio de un atardecer. Salió corriendo de la infravivienda para encontrarse con llamas de varios metros que alcanzaban las copas de los árboles más altos. En cuestión de minutos, medio centenar de chabolas quedaron calcinadas en el asentamiento ubicado en la zona del camino de Santa Catalina, en Lucena del Puerto.
Los operarios municipales visitan el asentamiento cada cierto tiempo y comprueban que las viviendas están deshabitadas; si las ausencias son prolongadas, dan la orden de derruir el lugar
Compuesto por casi 300 chabolas en su momento más poblado, algunos de los números pintados de blanco en las fachadas han desaparecido. A la vasta extensión de escombros y cenizas generados por el incendio que interrumpe el paisaje de madera, cartón, chapa y toldo, hay que añadir los numerosos derribos perpetrados por el Ayuntamiento bajo el marco de su política de abandono de chabolas. Los operarios del Consistorio visitan el asentamiento cada cierto tiempo y comprueban que las viviendas están deshabitadas; si las ausencias son prolongadas, dan la orden de derruir el lugar. Esta actividad, denunciada en reiteradas ocasiones por la plataforma Solución Asentamientos, se ha visto intensificada en los últimos tiempos. El incendio, por su parte, hizo ese trabajo sin necesidad de ningún permiso institucional.
“Si no tienes papeles, no eres nadie. No existes”, denuncia Nazish, una de las afectadas por el incendio. Aunque no hubo que lamentar víctimas mortales, el fuego arrasó con documentación y enseres personales, cualquier signo de humanidad frente a las instituciones. Días después, algunos aún vuelven al lugar donde se erigían sus viviendas con la falsa esperanza de encontrar algo que poder rescatar. Para Idriss es inevitable. La suya fue la primera chabola en arder, y debe pasar por delante de donde estaba varias veces al día para recoger agua de un embalse a más de medio kilómetro de distancia. Es el punto de abastecimiento más cercano al asentamiento.
El empadronamiento
Algunos afectados conservaban fotografías de la documentación perdida en sus teléfonos móviles y pudieron interponer denuncias, convirtiéndose estas en los únicos registros de su existencia en España. La negativa del Ayuntamiento a empadronar a las personas del asentamiento ha complicado las labores de identificación. Siempre ha alegado a la irregularidad de las viviendas: su situación en monte público, falta de direcciones a las que poder enviar correspondencia y, de forma consecuente, el temor a un “efecto llamada” que incremente las dimensiones del campamento.
Temporeros
“Queremos un campamento, no un gueto aislado”
Esa decisión del Consistorio se enfrenta al punto 3.3 de la reciente Resolución de 29 de abril de 2020, en la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión de los padrones municipales, que contempla como caso especial el empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio. Pueden y deben figurar como domicilios válidos independientemente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda y sus circunstancias físicas o higiénico-sanitarias, exceptuando casos extremos. El único requisito imprescindible es la posibilidad de hacer llegar una comunicación al domicilio del empadronado. Esta Resolución es la más reciente de varias referidas a la gestión del Padrón Municipal, apareciendo por primera vez el caso de las infraviviendas en la Resolución de 21 de julio de 1997. Según el Ayuntamiento, seguir estas instrucciones escudaría la legalización de la ocupación de ese monte público, además de perpetuar un supuesto mercado de chabolas fabricadas y alquiladas entre las personas del asentamiento.
El problema del empadronamiento afecta de forma grave a las personas migrantes, muchos de los cuales llevan varios años en España, dificultando el arrendamiento de viviendas en el municipio. Sin contrato, no hay papeles. Sin papeles, no hay alquiler. Sin alquiler, no hay empadronamiento. Todo se vuelve un círculo vicioso que lleva a la perpetuación de la irregular situación de estas personas, que viven en un anonimato aún mayor tras el incendio.
Abdul: “Te retienen el dinero para poder darte de alta con tu salario”
Una cifra muy pequeña de los temporeros tiene acceso a viviendas reguladas. Abdul es uno de ellos. Llegó hace cinco años a España y ahora vive en una de las casas próximas al asentamiento. Su odisea para conseguir el denominado arraigo social, los papeles que regularían su situación tras tres años en el país, se veía agravada por el hecho de tener antecedentes penales en su país de origen. Con mucho esfuerzo y el asesoramiento legal de una abogada de la próxima localidad de Almonte, por fin ha conseguido establecerse. “Muchas veces tienes que pagar tu propio contrato. Te retienen el dinero para darte de alta con tu salario. Poder hacer las cosas bien cuesta mucho trabajo cuando solo se te ponen problemas por delante”, asegura Abdul. Consciente de las dificultades por las que están pasando sus compañeros, les facilita la red eléctrica de su vivienda para cargar los móviles.
Solidaridad en el asentamiento
La mayoría de personas afectadas han pasado a habitar las chabolas de otros temporeros ausentes en estos momentos, migrantes que se encuentran en algunas de las muchas campañas de recogida activas durante el verano: Lleida, Granada, Almería, Lorca…
Pero otros, como Kamal y Hasna, ahora duermen a la intemperie en un colchón colocado a la entrada de la chabola de un amigo, en una especie de terraza donde ha plantado unas tomateras. Las altas temperaturas del día contrastan con el frío de la noche y la ausencia de techo y paredes donde cobijarse. “Por la noche hace frío y hay muchos mosquitos. Aquí nunca han fumigado”, asegura Kamal. Nazish y su pareja han corrido mejor suerte y han podido quedarse en el domicilio de otro temporero que se encuentra en Lorca en estos momentos.
Idriss y Hanan llevan varios años aquí, queriendo traer a sus hijos desde Marruecos, pero no han conseguido un contrato de trabajo que les permita asegurar su estancia
El caso de Idriss y Hanan no es distinto, también están en la vivienda de una pareja ausente. Llevan varios años aquí, queriendo traer a sus hijos desde Marruecos, pero no han conseguido un contrato de trabajo que les permita asegurar su estancia. “Hasta que no estemos empadronados no podrán vivir con nosotros. Para que puedan ir a la escuela, debemos estar en el padrón municipal”, afirma Idriss. Cuando llegue septiembre y vuelvan los temporeros que han facilitado sus chabolas de forma desinteresada, el problema de abastecimiento de viviendas se verá agravado.
Otra de las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar el campamento tras el trágico suceso es la segmentación de sus habitantes. Por un lado, se encuentran agrupados los migrantes de origen magrebí, en su mayoría marroquíes. Por otro lado, los que ellos denominan “sudafricanos”, para referirse a los procedentes de países subsaharianos, mayoritariamente de Guinea, Nigeria y Senegal. El primer grupo fue el más afectado por las llamas, de entre ellos seis parejas y matrimonios que, por la invisibilidad ante las instituciones de la problemática actual, prefieren cuidarse mutuamente en lugar de actuar como grupo coordinado.
Cuando volvamos a encontrarnos
“Si regularizas, en Huelva no queda ni un temporero”
La necesidad de supervivencia, la incertidumbre en el plano laboral y la falta de ayuda institucional no facilitan el desarrollo de un sistema comunitario de reparto de bienes de primera necesidad donados al asentamiento, tampoco la formación de algún órgano interno de lucha activa y representación frente a las instituciones por sus derechos.
Encontrar una solución definitiva
El deseo de los temporeros es poder habitar en el pueblo, formar parte de la vida activa del mismo, pero ante esta difícil situación de irregularidad y oposición se conformarían con poder acceder al tendido eléctrico, agua potable y una red de saneamiento básica, de especial importancia en el contexto originado por la covid. “Lo habitual es trabajar un par de semanas en un campo, y después no te vuelven a llamar. No quieren que la misma persona esté mucho tiempo trabajando, no quieren que se regule. Es casi imposible conseguir un contrato, así que muy poca gente pasa de una chabola a una casa de alquiler. Si no quieren que estemos en el pueblo, que nos pongan lo mínimo para vivir en las chabolas. Aquí la gente va a pagar la luz y el agua. ¡Si hasta hay un transformador en mitad del asentamiento!” declara Abdul.
La Junta de Andalucía destinó ayudas de casi 430.000 euros al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, que no ha iniciado ninguna acción al respecto por el momento
El 15 de abril de 2020, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayudas por valor de 2,3 millones de euros para poner fin a esta situación, teniendo en cuenta la extrema vulnerabilidad de los asentamientos chabolistas frente a la crisis del covid, siendo las provincias de Huelva y Almería las más beneficiadas. Casi 430.000 euros han sido destinados al Ayuntamiento de Lucena del Puerto, que no ha iniciado ninguna acción al respecto por el momento. La Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, recoge en su artículo 14 que, independientemente de su situación administrativa, los extranjeros tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas. El alojamiento en albergues o pisos de emergencia social se contempla como una de las soluciones ante esta situación, pudiendo ser el camino a tomar por el Consistorio lucenero para poner fin a una crisis que se ha prolongado durante demasiado tiempo.
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