Migración
El personal sanitario al que no podemos aplaudir

Aplausos. Agradecimientos. La población ha aprendido a reconocer a las personas del sector de la salud que, desde el pasado mes de marzo, salvan miles de vidas de personas afectadas por el coronavirus y contienen el contagio de la pandemia del covid-19. El reconocimiento al esfuerzo, dedicación y exposición al virus que estos profesionales reciben ahora contrasta con la atención de la que carecían cuando alertaban de la falta de recursos del sistema de salud público.

Bajo los equipos de protección individual se ocultan unos rostros preparados para sostener la salud de la población en un contexto de pandemia. Detrás de esos trajes que convierten al colectivo sanitario en una especie de masa salvadora homogénea, hay caras diferentes: hombres, mujeres, de menor o mayor edad, con más o menos experiencia, de piel blanca o negra, con rasgos orientales... Sin embargo, hay centenares de personas que han quedado fuera de ese grupo, que no pueden trabajar en un centro, hospital, residencia u otro servicio de salud del país para hacer frente a la pandemia a pesar de tener formación sanitaria. La razón: son personas migrantes y refugiadas.

Sin permiso pese a la urgencia

A pesar del contexto de emergencia sanitaria, existen leyes y procedimientos burocráticos que continúan excluyendo a estas personas de la sociedad de acogida, incluso cuando cerca del 17,5% del total de la población contagiada en España es personal sanitario que llevan semanas reclamando un refuerzo de las plantillas. Estas personas migrantes tienen a menudo años de formación y experiencia sanitaria en sus países de origen, pero no pueden ejercer su profesión en España por encontrarse en algún proceso de regularización administrativa u homologación profesional. Solo entre los movilizados en grupos de denuncia, se contabilizan casi un millar de sanitarios migrantes sin papeles. La mayoría recurren a trabajos no profesionalizados e informales mientras siguen intentando ejercer como personal sanitario.

Maksym es un médico de 25 años titulado en Ucrania y trabaja informalmente en la construcción. Santiago Nasar —apodo literario elegido por este médico para preservar su intimidad— es un hombre que acumula 15 años de experiencia como auxiliar de enfermería en Colombia y también trabaja sin contrato como albañil. Fer —también nombre ficticio— es una mujer con 10 años de experiencia como médico en Honduras y trabajaba, hasta que se decretó el estado de alarma, sin contrato como cuidadora de una persona mayor. Los tres se han encontrado en el grupo de Sanitarios Inmigrantes Solidarios de Barcelona, un colectivo que suma a más de 200 personas sanitarias migrantes que se encuentran en la misma situación: quieren trabajar, pero no pueden. Han llegado a la ciudad condal desde países y contextos distintos, pero comparten la voluntad de ser parte de la solución a la crisis sanitaria por covid-19.

Maksym es joven, habla un español excelente y mantiene viva la ilusión por conseguir trabajo en el campo de la medicina. No tiene permiso de trabajo ni el título homologado. No le ha dado tiempo. Llegó hace un año a Barcelona y ahora no entiende cómo no se agilizan los permisos de trabajo en el sector sanitario: “Me da mucha pena que los sanitarios no podamos trabajar por no tener los papeles en regla. No queremos ser unos mantenidos, queremos trabajar en nuestra red sanitaria y ayudar en la región en la que residimos”. Sigue trabajando como albañil, aunque ahora con más temor a ser interceptado por la policía.

50% SIN PERMISO DE RESIDENCIA O TRABAJO

Maksym, junto a decenas de personas voluntarias sanitarias del grupo, reparte de forma semanal mascarillas y alimentos a las personas sin hogar de las calles de Barcelona. “Hacemos voluntariados sin pedir dinero a cambio porque queremos ayudar en lo que podamos durante la pandemia”, precisa. El Ayuntamiento de Barcelona ha registrado a 369 personas migrantes del ámbito sanitario o sociosanitario dispuestas a trabajar en esta pandemia, de las que más de un 50% están en situación irregular y más de un 40% son regulares sin homologación del título. La mayoría proceden de América Latina, y sobre todo de Colombia. Marc Serra, regidor de Derechos de Ciudadanía y Participación en el consistorio, lamenta que la Secretaría de Estado de Migraciones no agilice sus permisos de trabajo: “Todo momento de crisis abre oportunidades. Ahora tenemos la oportunidad de poner en valor a nuestros vecinos y vecinas, y cambiar leyes como la de Extranjería. No tiene sentido que haya profesionales con mucha experiencia que no puedan trabajar en este contexto y que se dé prioridad a nacionales por delante de extranjeros muy cualificados”.

DE perseguido por EL ELn A ALBAÑIL SIN PAPELES

Santiago Nasar llegó hace solo tres meses, poco antes del estado de alarma. Tuvo que huir de la persecución del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, guerrilla que aún sigue activa en el país y que se ha convertido en el principal grupo rebelde después del cese de la lucha armada de las FARC en 2016. Ha solicitado asilo político en España, dejando a su mujer e hija en su país, después de que una facción del ELN quisiera reclutarlo como sanitario en sus filas en la frontera de Arauca. Santiago Nasar trabajaba en una clínica de salud en la unidad de cuidados intensivos en el departamento de Tolima, donde residía junto a su familia, y hacía brigadas de salud en zonas más vulnerables, como en la región de Arauca donde lo capturaron. De Tolima a Arauca hay 900 kilómetros de distancia. No pudo acudir a la justicia cuando quisieron retenerlo.

“Estoy capacitado para trabajar en una UCI. En el hospital manejaba la protección de enfermedades respiratorias”, explica. Como es solicitante de asilo, no tiene permiso de trabajo hasta que pase seis meses en territorio. Pero sí inició la homologación de su título, un trámite que en España suele demorarse hasta tres años. Los servicios jurídicos de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), la comisión de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Catalunya, aseguran que la homologación es el principal impedimento para que estas personas trabajen. Además, afirman que se está denegando de forma sistemática el asilo a las personas que huyen de Colombia porque se considera que no hay motivo de persecución. Según sus datos, 29.363 personas de Colombia solicitaron protección internacional en el año 2019 y solo se le concedió a 10.

“No estamos aquí para generar conflicto, solo queremos trabajar”, insiste Santiago Nasar, aún incrédulo ante los años que tiene que esperar para ejercer su profesión. “Uno como inmigrante no tiene ni voz ni voto en España. Están dejando de lado a personal sanitario que está capacitado para ayudar en esta crisis, aunque siguen necesitando que cuidemos de sus hogares y su gente mayor”, lamenta.

La Ley de Extranjería, en el artículo 127, prevé la regularización extraordinaria en función del interés público, un mecanismo que parecía que iba a implementar el Gobierno español al principio del estado de alarma para reclutar a personas migrantes sanitarias sin regularizar. Pero esos planes no se han materializado ni se llegaron a comunicar con transparencia a la opinión pública. La única medida excepcional impulsada en estado de alarma por el Gobierno español ha sido acelerar los permisos de trabajo de más de 300 personas migrantes sanitarias en situación regular —que ya tenían solicitud de residencia y trabajo— y la homologación de más de 600 títulos a personal sanitario extranjero regular.

Las regularizaciones extraordinarias han sido un mecanismo aplicado con anterioridad por los gobiernos del PP y el PSOE para regularizar a miles de personas migrantes que España necesitaba en el sector agrícola o de la construcción. El abogado Andrés García Berrio, del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, insiste en que “se ha de recurrir a regularizaciones extraordinarias porque la propia normativa de extranjería deja fuera a la gente del marco de derechos”. Sostiene que ahora se abre un ciclo de movilización social, en el que todo avance en derechos de colectivos migrantes es un paso adelante para el conjunto de la población migrante, para que se entienda que “la actual legislación genera una bolsa de personas irregulares, con una vulnerabilidad que se agrava en un contexto como el actual”.

LA EXPERIENCIA DE LA “MEDICINA DE GUERRA” EN HONDURAS

De Honduras también llegan a España muchas personas que huyen de la violencia de las maras. En 2019 pidieron asilo político cerca de 6.800 personas hondureñas, pero se denegaron o se aplazaron casi la totalidad de las peticiones. Fer, que llegó embarazada de 7 meses en septiembre de 2018 a Barcelona, regentaba una clínica de salud en su país, que tuvo que cerrar cuando empezó a ser extorsionada por la mara18. La extorsión es la principal fuente de ingresos de este grupo criminal y quien no cumple con los pagos es asesinado o se expone a que castiguen a sus familias. Según el censo oficial, hay unos 40.000 mareros en Honduras.

“Me decían que si no pagaba nos iban a matar a todos. Decidí mudarme a España para salvaguardar mi vida y la de mi bebé”, recuerda. Se juntó con su madre en Barcelona, quien vive desde hace 18 años en Catalunya, y su marido llegó tres meses después, cuando también fue amenazado por la Mara 18. Los dos llevan más de seis meses en solicitud de asilo sin permiso de trabajo y sin poder trabajar desde el estado de alarma. Su título de medicina sigue en proceso de homologación. “Todo esto me afecta de manera personal. Me pregunto: ¿Para qué estamos aquí si en una pandemia abrimos nuestras manos para ayudar y nos dan la espalda? Es como si no existiéramos”.

“Venimos de países con formación en medicina de guerra. Estamos acostumbrados al día a día de las epidemias como en mi país el dengue, zika o la fiebre chikungunya. Trabajamos con lo mínimo y cada día es un milagro. Las salas siempre están colapsadas y nunca hay suficiente material sanitario”, relata. “Pero nos forman con la humanidad de ayudar a las personas con los pocos medios que tenemos. Es lo que queríamos darle a la sociedad española. Quiero salvar vidas como hice durante 10 años en Honduras”.

“Me molesta que se beneficien de mostrar la cara del migrante vulnerable que pide ayudas, pero cuando pedimos trabajar con una profesión cualificada nos excluyen”

Con la voz entrecortada, quiere que se la escuche: “Tengo un nudo en la garganta porque somos invisibles. No puedo ni dar mi verdadero nombre. No somos refugiadas que solo pedimos ayuda, también queremos dar esa ayuda con nuestro trabajo y sin depender del Estado. Me molesta que se beneficien de mostrar la cara del migrante vulnerable que pide ayudas, pero cuando pedimos trabajar con una profesión cualificada nos excluyen”.    

SANITARIA VOLUNTARIA EN CRUZ ROJA DESDE HACE 3 AÑOS

Karen, dentro de la misma situación de irregularidad, puede seguir ligada a su profesión de auxiliar de enfermería en Colombia ejerciendo de voluntaria en Cruz Roja de L’Hospitalet. Llegó hace cuatro años a Barcelona huyendo de la violencia y la precariedad laboral en el sistema de salud de la ciudad de Cali por insistencia de su madre, quien reside desde hace dos décadas en la ciudad barcelonesa. De Colombia recuerda: “Cada vez que llegaba a la clínica no faltaba el tiroteo. Las pandillas se pelean mucho por las fronteras invisibles. Mi madre me decía que en cualquier momento me tocaría una bala perdida y estaba intranquila”. Pese al motivo de la migración, sigue sin papeles, con la homologación de su título en proceso y trabajando como cuidadora de personas mayores.

También tiene titulaciones en ambulancia y cuidados intensivos, por lo que ha conseguido que Cruz Roja la aceptara hace tres años como voluntaria. “Pese a no estar regularizada, necesitaba estar cerca de mi profesión y actualizarme sobre el manejo de la salud en España”, argumenta. Ahora, en crisis covid-19, no entiende cómo prevalece la burocracia ante la disposición de personal sanitario cualificado. “Entiendo que cada país tiene sus leyes, pero en casos extraordinarios como una pandemia nos dicen que no podemos ayudar porque no tenemos papeles. Nos sentimos apartados, cuando hemos estudiado y tenemos los mismos conocimientos que cualquier persona sanitaria”. Y, enfundada en el chaleco de Cruz Roja, requiere: “Queremos trabajar para salir adelante de esta crisis todos y todas juntas”.

CON TÍTULO DE MEDICINA HOMOLOGADO, PERO SIN TRABAJO

Javier es de Guinea Ecuatorial, antigua colonia española en África, y es médico general desde hace 12 años. Es el doctor Owono Ncogo en su país. Hace casi una década le diagnosticaron problemas de riñón y, como en Guinea no se realizaban trasplantes, migró a España para realizarse la operación. En 2016 consiguió la residencia temporal por razones humanitarias, que contempla el sufrir una enfermedad grave que requiera asistencia sanitaria especializada, y al año siguiente le realizaron el trasplante.

La autorización de la residencia se la han ido prorrogando año tras año, pero no puede trabajar porque esta licencia no conlleva la concesión de permiso de trabajo. Pese a ello, y después de tres años de espera, ya tiene su título homologado. “El título homologado es un requisito esencial para trabajar, pero no me ha ayudado nunca a encontrar trabajo como sanitario. Siempre me piden el permiso de trabajo”. Ni tampoco en una crisis sanitaria como la actual: “Encuentro injusto no poder trabajar porque no tienes permiso de trabajo. En mi país no me faltaría trabajo, pero tengo que quedarme aquí por mi enfermedad. Tengo que seguir con mi vida aquí. Pero me molesta que me excluyan antes de saber lo que soy capaz de hacer”. En países europeos como Alemania, por ejemplo, se realizan pruebas para trabajar como personal sanitario sin la exigencia de tener la licencia en regla y con el único requisito de saber alemán. En un contexto de pandemia, el gobierno alemán ha agilizado este trámite para reclutar a sanitarios migrantes sin papeles, en su mayoría de Siria.

A pesar de todo, Javier no deja de formarse. Este año está estudiando un curso de higiene bucodental. Mientras realizaba prácticas en una farmacia de Badalona, se contagió de covid-19. Y, aun así, sostiene: “Tengo esperanzas en trabajar como sanitario porque me sigo formando desde que llegué. El médico, cuando deja de ejercer, se vuelve obsoleto. Tengo ese miedo, y por eso no dejo de formarme”. Este sanitario tiene 12 hijos en Guinea Ecuatorial —“un equipo de fútbol”, dice riendo, de seis mujeres contra seis hombres— y, pensando en su familia y en su país de origen, reflexiona: “Les costaría mucho entender que para trabajar tenga que pedir permiso. Mis hijos saben que para trabajar tienes que estar formado o tener un documento que lo acredite, pero en mi cultura no es entendible que tengas que pedir permiso para hacerlo”.

Ninguna de las personas de estas historias pide ayuda, ni tampoco que se les trate como héroes o heroínas. Quieren seguir ejerciendo su profesión en el país en el que residen, uno de las más golpeados por el covid-19. Dando a conocer sus experiencias, participando en voluntariados y reclamando sus derechos, resultan un colectivo clave en la petición de regularizar a las personas migrantes en todo el Estado español: parece que un nuevo frente de lucha social se está gestando para implosionar en la fase post pandemia.