Migración
Entre la legalidad y la utilidad: la política migratoria según el gobierno

“Tenemos que afrontar mucho mejor las necesidades que tendremos en los próximos años, cuando se produzca el envejecimiento de la población en España”, dijo ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social, y Migraciones Jose Luis Escrivá Belmonte en su comparecencia en el marco de la comisión parlamentaria del mismo nombre. La inmigración, para el ministro, sería un recurso para hacer frente a la crisis demográfica. 

Las organizaciones y colectivos a favor de los derechos de las personas migrantes estaban alerta, muy reciente en la memoria, la intervención del pasado 17 de febrero de su compañero en el Consejo de Ministros, Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, y su énfasis en la defensa de las fronteras. Solo cuatro días antes, el 13 de febrero, llegaría la sentencia del Tribunal  Europeo de Derechos Humanos, que avala, finalmente, las devoluciones automáticas.  

Así, junto al enfoque del ministro, la inesperada sentencia del TEDH —que en contra de su doctrina anterior, absolvía al Estado español por la expulsión en frontera de los ciudadanos NT. y DT el 1 de agosto de 2014 al considerar que estos habrían entrado “ilegalmente” en el territorio español— revocando un fallo previo que condenaba a la guardia civil por haber practicado la devolución de ambos ciudadanos en la frontera con Marruecos, abundaba, advirtieron muchos, en un paradigma donde los derechos fundamentales se supeditan a la legalidad fronteriza.  

Esta incidencia en la legalidad se adueña del discurso migratorio en esta legislatura. Para preservar “la legalidad” en los flujos migratorios, ya en su comparecencia del 17 de febrero, Grande-Marlaska incidía en la necesidad de detener la migración ilegal reforzando, modernizando y volviendo más eficaces las fronteras, e invirtiendo en políticas de seguridad.

Así, enarbolaba como éxito que las llegadas a territorio español se hubiesen reducido en un 50%, independientemente de las razones y vilaciones de los derechos humanos detrás de ese porcentaje. Por su parte, el ministro Escrivá, incidía en la necesidad de un consenso nacional sobre migración: “que genere suficiente acuerdo por encauzar e integrar la migración legal y que esta inmigración legal sea ordenada y segura”. 

“Todos terminan justificando lo injustificable —resume Paula Guerra de SOS Racismo Madrid.  Devolver a una persona sin que se le respete el derecho a pedir un abogado, a pedir un intérprete a que se le pregunte si quiere o no pedir asilo es una vulneración del derecho de esa persona y tenemos un ministro que está justificando legalmente esa denegación del derecho, amparado por lo que dice el TEDH”. “Se agarran de argumentos legalistas para acabar vulnerando derechos que son básicos y que son mínimos”, concluye la activista.   

“Actualmente los flujos migratorios se caracterizan por la enorme pérdida de vidas humanas, y la sistemática vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes”, insisten desde la Red Acoge, una agrupación de colectivos que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos de las personas migrantes. Lo que plantea su directora, Lucía Maquieira, es que “se promuevan vías de acceso seguras y una política migratoria justa y solidaria que respete y no limite el ejercicio de los derechos fundamentales”. Maqueira incide en solicitar coherencia al gobierno entre sus propuestas originales y las políticas que finalmente se ejecutan.

Desde los programas electorales  los partidos en el gobierno han ido perfilando sus propuestas en el ámbito migratorio: Mientras IU y Podemos apostaban por un programa ambicioso que apuntaba al fin de los CIE y de las devoluciones en caliente, la creación de vías seguras, reivindicando un enfoque desde los derechos humanos, el partido socialista, abogaba por una hoja de ruta más continuista pero que al mismo tiempo se distanciaba del discurso de las derechas. En el pacto de gobierno que ambas formaciones rubricaron a finales de año, desaparecía la cuestión de los CIE, para incidir en las vías seguras y legales, el apoyo a la implementación del Pacto de Marrakech y la promulgación de una nueva ley de asilo.

Nada decían de elevar la altura de las vallas de la frontera Sur, una de las medidas que adelantaba Marlaska en el marco de su proyecto de Fronteras del siglo XXI, que abunda en la doctrina de la migración como problema de seguridad nacional. Con el fin de detener a toda costa a las personas migrantes en la frontera, volviéndolas infranqueables, con videovigilancia y elementos disuasorios “menos cruentos” que las concertinas. En el apartado de externalización de las fronteras, el ministro de interior insistía el 17 de febrero en su estrategia de prevención y cooperación con terceros países de origen y tránsito. 

“No teníamos tantas expectativas de cambios reales, pero sí esperábamos que no se endurecieran las que existen, y lo que estamos viendo es que sí se endurecen”, afirma Paula Guerra. La activista manifiesta su frustración como consecuencia de lo que considera una claudicación por parte de UP en lo referente a las migraciones. “Hay decepción, y nosotros en SOS Racismo Madrid nos preguntamos dónde está el partido que hasta hace poco pedía el cierre de los CIE, dónde está el partido que se presentaba ante los medios de comunicación como máximos defensores de los derechos de los migrantes”.  

Escrivá y el paradigma de la utilidad

En su intervención del 27 de febrero, Escrivá retomó las tesis que ya anunciara más de un mes antes ante la Unión Europea: las personas migrantes son necesarias para mantener el Estado de Bienestar y garantizar el pago de las pensiones.

“Yo realmente me pregunto si no se dan cuenta de lo racistas que pueden llegar a ser”, ironiza Guerra, “una de las características del racismo es la deshumanización que hace de la persona, y en ese sentido la frase de Escrivá está cosificándonos: nosotros somos una cosa que va a servir para que los seres humanos de verdad que son las personas españolas puedan asegurarse sus pensiones”.

Escrivá ha abogado también, partiendo de la intersección entre la legalidad y la utilidad, por ser conscientes de las necesidades del mercado laboral y en ese sentido, privilegiar los contratos en origen —regímenes laborales como los de las temporeras de las fresas que han sido denunciados precisamente por suspender temporalmente los derechos laborales—. La búsqueda de migrantes cualificados, un enfoque que ya agitaron en Ciudadanos recurriendo al ejemplo canadiense y su “migración a la carta, entraría en esta agenda de orientar la migración al mercado laboral. 

Lejos de supeditar los derechos de las personas migrantes a las necesidades laborales y el mundo del trabajo, la Red Acoge propone sacar partido a las leyes ya existentes desde la flexibilidad. “La gobernanza migratoria ha de ser más flexible en todas sus etapas migratorias: desde la entrada, hasta la obtención de un permiso o salida del país con posibilidad de retorno. En este sentido, cabe señalar que ya existen mecanismos en la ley de extranjería que no se están utilizando. En una política de migración bien gestionada será necesario que se facilite la reagrupación familiar, así como reformar la gestión de los centros de internamiento (CIE). Será necesario cerrarlos y poner en marcha soluciones”, apunta su directora.

Red Acoge forma parte de las organizaciones que el pasado 25 de febrero trasladaron al Ministerio una serie de medidas dirigidas a orientar al gobierno en términos de migración más allá de los planteamientos securitarios entonados por Marlaska. Las organizaciones insisten en profundizar en una perspectiva de derechos humanos, apuntando contra la externalización de las fronteras, por la necesidad de garantizar vías seguras, el cierre de los CIE, o el combate contra los discursos de odio, entre otras medidas. 

Escrivá también apuntó ayer a concretar la nueva Ley de Asilo que figuraba ya en el Pacto de gobierno. Ante la propuesta, Lucía Maquieira recuerda que el problema inaplazable es que la existente, la Ley 12/2009, lleva 10 años en espera de reglamentación, déficit que afecta tanto a “la solicitud de asilo como en la formalización del procedimiento, la instrucción del mismo e incluso en la fase de acogida. Se genera una grave situación de inseguridad jurídica a las personas solicitantes de asilo ya que da lugar a la arbitrariedad y dispersión de criterios y procedimientos”.  De hecho, desde esta organización sugieren que ante de legislar,  el gobierno debería tener un mayor conocimiento de “la realidad migratoria y del asilo”.

Para SOS Racismo lo que hay en los planteamientos de este gobierno es la ausencia total de una mirada antirracista. “Podemos sobretodo está bastante deconstruido desde el femenismo o desde la lucha lgtb, pero les falta deconstrucción antirracista”. Relaciona esta carencia con la falta de perfiles racializados en  sus equipos. “Es algo que se vio con total claridad en el nombramiento de la directora de Igualdad de trato y Diversidad Étnico Racial: ponen mujeres para temas feministas, personas LGTBI para temas LGTBI y luego para un ministerio de igualdad racial te ponen una blanca”.

De fondo las organizaciones señalan una cuestión base, mientras se insiste en el discurso legalitario, en la necesidad que la inmigración sea legal, etc, el estado no respeta sus propias normativas. Así se da “el incumplimiento de los plazos legales establecidos tanto en la formalización de las solicitudes de asilo como en la fase de instrucción; la falta de garantías en las entrevistas para la formalización de las solicitudes; la falta de garantías procesales del sistema de petición de citas; la existencia de criterios de resolución dispares y discriminatorios”, enumera Lucía Maquieira.