Migración
Amenazada con la deportación por denunciar una agresión en Xirivella

Ana María (nombre ficticio) tiene miedo por su integridad y la de su familia, por eso no quiere que trascienda su verdadero nombre. Es hondureña, de 33 años, pero vive de manera irregular en la localidad Xirivella, a pocos kilómetros de Valencia, desde hace tres meses. El pasado 3 de mayo acudió a la comisaría junto a un amigo para denunciar una agresión. Minutos antes, el casero de él les había amenazado con un cuchillo, insultado, golpeado y expulsado de la vivienda, según la denuncia que pretendían cursar. Sin embargo, la policía no dio prioridad a su seguridad sino que inició un expediente de deportación tras comprobar que el pasaporte de Ana María no le permitía vivir en España. Si las autoridades no dan marcha atrás, esta joven volverá a Honduras, de donde huyó por la violencia de las maras. Varios días después, la joven presentó en un juzgado de guardia la denuncia que no pudo formalizar en Xirivella: la agresión del casero dejó en ella las huellas de hematomas en brazos y piernas.

El pasado 20 de mayo se hizo pública la denuncia de la joven hondureña a través de la asociación Valencia Acoge para defender los derechos fundamentales de la acusada. Paco Simón, responsable de Atención de Víctimas del Racismo de Valencia Acoge, explica en una conversación mantenida con este medio que “las leyes deben garantizar que cualquier persona en situación administrativa irregular pueda acudir a la justicia sin miedo a ser deportada”. Un ejemplo didáctico que ofrece Simón es comparar este caso con el de alguien que comete una infracción de tráfico, una falta administrativa, y después sufre un atraco a mano armada. “Lo lógico es que las fuerzas de seguridad actúen en ese caso para protegerle”, asegura Simón.

La organización ha presentado una queja al Defensor del Pueblo para intentar dar marcha atrás la sanción, mientras que junto a Cies No, Red Hondureñas Migradas y Poder Migrante lanzan una campaña para frenar su deportación ordenada el pasado día 17 de mayo. Han recibido apoyo de algunos grupos políticos y representantes públicos que ha convocado concentraciones en el municipio valenciano. Esta es una versión que dista de la ofrecida por la Policía Nacional porque explican a este medio que “les sorprendería mucho esa manera de proceder de los agentes de extranjería y que una estancia irregular no quita que se atienda a una denuncia por agresión”.

Aseguran a este medio que fue el amigo de Ana María quién presentó la denuncia en comisaría, mientras que ella constaba como parte implicada, sin llegar a denunciar directamente, y el presunto agresor se encuentra en prisión preventiva hasta que tenga lugar el juicio oral.

Este próximo miércoles Ricard Barberá, alcalde de Compromís de la localidad valenciana de Xirivella, presentará junto su grupo parlamentario una moción en el pleno del Ayuntamiento en contra de la orden de expulsión de la ciudadana hondureña tras sufrir supuesta agresión. Se trata de un mecanismo de presión municipal no vinculante contra el órgano de la Delegación del Gobierno, del que depende esta decisión.

Barberá explica a este medio que esta decisión “no quiere que se vea como un acto partidista en el último tramo de campaña, sino que es una cuestión de respetar los derechos fundamentales de una persona”. En los días posteriores a que se hiciera pública la denuncia, el alcalde de Xirivella mantuvo una conversación telefónica con el delegado del Gobierno en Valencia, Juan Carlos Fulgencio, para pedir explicaciones de la manera de actuar de la Policía Nacional al no atender la denuncia de la mujer centroamericana y sí, en cambio, revisar su estancia regular. “Esta mujer había venido a España huyendo de la violencia de su país, y aquí se encuentra con que inician un expediente de expulsión cuando presentaba una denuncia por agresión”, ha lamentado el primer edil, para defender que “es inadmisible la situación de indefensión de las personas inmigrantes, especialmente las mujeres”.

Escapar de la violencia en Honduras

Otro de los argumentos para revisar la decisión de Interior es el peligro latente en Honduras para la integridad de la joven, donde perdió a un hermano y varios amigos por parte de las bandas de delincuentes de las maras. El país centroamericano es uno de los más violentos del mundo sin que exista un conflicto armado propiamente dicho debido a la muerte violenta de 42 hondureños por cada 100.000 habitantes en el pasado año, tal como muestra el informe de Naciones Unidas. Por la violencia que no cesa el INE ha registrado un aumento de la inmigración hondureña en nuestro país, con más de 75.000 personas residiendo frente a las apenas 44.000 de 2015. Karem Rodríguez, de la Red de Hondureñas Migradas, señala como causa del viaje que cada vez más “paisanas suyas” sufren en especial la violencia callejera, la de las fuerzas de seguridad del país centroamericano y otras violencias estructurales como el desempleo.

Este es el motivo principal para que Ana María decida mantener su anonimato frente a la posibilidad de ser deportada a su país y que existan represalias en contra de ella o su familia, según relata a este medio Barberá por la información que traslada la abogada de oficio. A pesar de ello, las autoridades españolas, en términos generales, no conceden el derecho al refugiado debido a que consideran que el Gobierno de Honduras puede hacer frente a las maras. Mientras que los asilados políticos, en cambio, deben acreditar una persecución por parte de las autoridades públicas por motivos políticos, religiosos, étnicos o en contra de su libertad sexual, y los asesinatos en Honduras son considerados como “violencia común”.

En cambio, Juan Carlos Fulgencio, el delegado del Gobierno en Valencia declaró que, “aunque el Ejecutivo sea sensible y solidario a la situación de los migrantes a todos los niveles”, que esta mujer se encontraba en situación “irregular” en España y, por lo tanto, al ser identificada se inició un procedimiento de expulsión, “porque así lo marca la ley”. Por el momento, fuentes de la Delegación del Gobierno mantienen que la investigación se está llevando para corroborar las versiones de la agredida frente a la del agresor y ver si han respetado todas las garantías en el proceso, que puede durar hasta 30 días.

Derechos vulnerados por ser migrante

El artículo 24 de la Constitución española es preciso al recoger que todas las personas tienen el derecho a una tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses. Por ello, Valencia Acoge recogió las pruebas médicas de los hematomas que sufrió la joven y las presentó al Defensor del Pueblo en la mañana del 21 de mayo para reflejar el riesgo que corren las personas migrantes que sufren abusos. También apoya esta visión Karem Rodríguez, representante de la Red Hondureña de Migradas en Madrid, cuando observa que “es uno de los muchos casos que suceden con una paisana suya por una Ley de Extranjería que les revictimiza y que impide que puedan denunciar, sin temor a una deportación, la violencia de género que sufren”.

A finales de mayo, la Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción para conocer si las víctimas de violencia de género se encuentran en situación irregular en España. El objetivo es incoar un expediente administrativo sancionador, aunque concluyen que la detección de víctimas de malos tratos debe implementarse antes del 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, Karem Rodríguez advierte que “la ley no ampara a las víctimas de una violencia machista que sufran una agresión con alguien con quien no mantienen ningún vínculo sentimental. Como es el caso del casero del amigo de la joven, aunque ella sea la única agredida físicamente”.

En opinión de Mercedes Hernández, defensora de derechos humanos y experta en feminicidios, se observa en la agresión un insulto basado en que es mujer la víctima ya que el casero se refiere a ella en la versión de los medios como “puta vagabunda”. Hernández profundiza en las dificultades de los migrantes al describir el término racismo institucional como “toda acción contraria a los derechos humanos, así como cualquier interpretación restrictiva de los mismos a través de prácticas institucionales o leyes contrarias a las obligaciones internacionales del Estado español, cuyo resultado final sea la discriminación basada en el origen étnico o nacional de las personas”.

“¿Si hubiera muerto también se habrían fijado primero en que soy una inmigrante?”, se pregunta con contundencia la joven hondureña en una nota de prensa difundida por Valencia Acoge después de conocer que la Policía Nacional de Xirivella mantiene su decisión de expulsarla del país. En los próximos días Ana María podría pasar página, empezar una vida en España, o podría volver en un avión al mismo lugar donde perdió a su hermano.