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Memoria histórica
El rechazo a la Ley de la Concordia se hace visible en las calles de València y Alicante
De “memoria democrática” a “concordia”. El País Valencià ha pasado de ser un referente durante las últimas décadas en la defensa de la memoria de las víctimas del franquismo a incluir entre las conocidas como “cinco leyes de la vergüenza” la Ley de la Concordia. La nueva política impulsada por el Consell —similar a la propuesta por otros gobiernos autonómicos como el de Castilla y León, Aragón y Baleares— pretende derogar la Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana (Ley 14/2017). Una propuesta legislativa que amenaza el reconocimiento memorialista y la reparación hacia las víctimas de la represión durante la dictadura franquista.
Pese a ello, la ofensiva legislativa —lanzada como una estrategia política— parece haberse relegado a un segundo plano con vistas a las elecciones europeas de este 9 de junio. Por ello, la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valencià (CAMDE-PV) ha realizado una jornada de movilizaciones para visibilizar el “retroceso legislativo” que podría suponer la aplicación de la nueva normativa. “El 9 de junio podemos tener un monstruo, el del fascismo; o un ángel, que nos ayude a combatirlo desde casa”, advertían durante la manifestación de este martes 28 de mayo en la que han participado hasta 52 organizaciones sociales, culturales y políticas.
La rebautizada por el movimiento memorialista como “ley de la desmemoria” ha sido calificada como “revisionista” y “negacionista” por parte de colectivos e historiadores
La rebautizada por el movimiento memorialista como “ley de la desmemoria” ha sido calificada como “revisionista” y “negacionista” por parte de colectivos e historiadores. “Somos muchas personas y hemos creado una fuerza unitaria de todo el contexto cultural y jurídico internacional”, asegura el presidente de CAMDE-PV Ángel González, quien también añade: “Por mucho que intenten blanquear la dictadura, el testimonio de las víctimas está vivo aquí y por todas partes”.
A la concentración de València en la Plaça de la Mare de Déu, le ha acompañado la de Alicante en la Plaça de Gabriel Miró. Asociaciones memorialistas, asociaciones de familiares de víctimas del franquismo, partidos políticos, agentes sociales y organizaciones de Alicante y provincia han salido a también a las calles alicantinas para mostrar la preocupación por la ley presentada por los grupos parlamentarios del PP y Vox, que “niega los principios y valores de verdad, justicia y reparación” para las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.
Los colectivos memorialistas han denunciado que la Ley de Concordia supone un blanqueamiento de “un régimen que practicó el terrorismo de Estado desde su implantación hasta su muerte” y una negación del sufrimiento de las víctimas. La propuesta equipara a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista con las de otros periodos históricos, ignorando la represión sistemática y las miles de muertes causadas por el régimen franquista. “Lo que hace 100 años era un asesinato, hoy lo sigue siendo”, declara contundente Isabel, presidenta de la Fosa 95 de la Plataforma de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo de las Fosas Comunes de Paterna.
Sin memoria no hay democracia
La movilización se ha llevado a cabo días después de que se celebrara el VI Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Democrática y Víctimas del Franquismo el pasado sábado 25 de mayo. Bajo el lema: “Sin Memoria no hay democracia”, el encuentro reunió a asociaciones memorialistas de toda España que pusieron de manifiesto la fuerza, pujanza y organización de este movimiento en defensa de la memoria histórica.
Un cónclave en la que los colectivos han exigido al Estado español el cumplimiento de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, la Nulidad de la Ley de Amnistía de 1977 —una ley que consideran un obstáculo para la justicia y la reparación—, la ratificación del Convenio Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, así como la investigación y persecución judicial de los crímenes franquistas.
Desde el impulso a una Ley de Bebés Robados hasta reconocimiento del trabajo forzado durante la dictadura, las entidades memorialistas han reclamado la reparación integral a las víctimas, incluyendo indemnizaciones justas
Desde el impulso a una Ley de Bebés Robados hasta reconocimiento del trabajo forzado durante la dictadura, las entidades memorialistas han reclamado la reparación integral a las víctimas, incluyendo indemnizaciones justas por el sufrimiento padecido. Junto a ello, un paso que consideran fundamental: la condena del franquismo por parte del Estado y la ilegalización de organizaciones que hagan apología del franquismo para combatir el negacionismo y la exaltación de la dictadura.
Las voces de los colectivos memorialistas han hecho resonar en un mensaje claro: el fin de la impunidad y el blanqueamiento de los crímenes fascistas, que ha imperado durante décadas. Voces que seguirán luchando por la democracia que defendieron aquellas que ya no pueden sonar. Porque, tal y como Bernabé Cerdà concluye, “nos faltan muchos compañeros, han cortado muchas flores, pero no conseguirán parar la primavera”.