Libertad de expresión
SLAPP: la presión vía judicial a periodistas y activistas puede tener los días contados

Cuando Iñaki Rivera, director del Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, acudió en 2018 al programa de TV3 Tot es mou para hablar sobre el suicidio de Katherine Gómez en la prisión Brians I, no se imaginaba que sus declaraciones le iban a suponer pasar tres años en los juzgados, pero ya llevaba años sufriendo presiones e incluso amenazas por su denuncia de las violencias que tienen lugar en los centros penitenciarios. 

Jaime Palomera, del Sindicat de Llogaters, cuenta que desde la misma creación de este colectivo de vivienda vienen sufriendo la presión por parte de los grandes propietarios, pero fue la querella que los Mas-Beya Fradera interpusieron contra él y dos miembros del sindicato que vivían en una vivienda de su propiedad, Alpha y Fran, lo que marcó un antes y un después. A sus casos se suman los de Diego Herchhoren —investigado por revelación de secretos por publicar imágenes de un desahucio—, el de Pamela Palenciano —denunciada por la la Asociación de Hombres Maltratados por su monólogo No solo duelen los golpes, caso que la Audiencia Provincial ha sentenciado que nunca debió admitirse a trámite— o el de El Confidencial, a cuya editora Iberdrola pide 17 millones de euros por los daños causados por las publicaciones de este medio sobre el caso Villarejo.

La presión a movimientos sociales y medios de comunicación por parte de grupos de poder por vía judicial no es nueva, pero tiene un nombre que, aunque data de los años 80, ahora está comenzando a sonar más en el Estado español y en la Unión Europea. Son los SLAPP, acrónimo de Strategic lawsuit against public participation, litigios estratégicos contra la participación pública, y si es un palabro que ahora se escucha más es porque la Comisión Europea lo ha identificado como un problema que “amenaza a los valores democráticos y derechos fundamentales” y ha comenzado a trabajar en una iniciativa enfocada a dictar a los países miembros soluciones con las que afrontarlo.

¿Qué son exactamente los slapps? Según la definición adoptada por la Comisión Europea, son “demandas infundadas o exageradas y otras formas legales de intimidación iniciadas por órganos estatales, corporaciones comerciales y personas en el poder contra partes más débiles —periodistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y otros— que expresan críticas o transmiten mensajes incómodos a los poderosos, sobre un asunto público”. Una puntualización más sobre este tipo de litigios: su objetivo no es ganar el caso, sino intimidar, cansar y consumir los recursos financieros y psicológicos de los denunciados para así silenciarlos.

“Creo que hay una percepción que es bastante real de que está habiendo un aumento de los recursos que están destinando determinados grupos de poder para impulsar demandas contra periodistas, defensores de derechos humanos o activistas”, afirma Andrés García Berrio. Además de ser miembro de Irídia, García Berrio es miembro de la junta de Lafede.cat, federación que desde 2013 agrupa a 125 organizaciones civiles catalanas entre las que se cuentan el Observatori DESC y Enginyeria Sense Fronteres. Estas dos organizaciones también recibieron, junto a la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca de Barcelona y l'Aliança contra la Pobresa Energètica, una querella, que identifican como una slapp, impulsada desde la Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica, una entidad sin prácticamente actividad más allá de la que hace en los juzgados y que desde diversos colectivos relacionan con la empresa de aguas Agbar, que mantiene desde 2013 una tensión continua con el ayuntamiento de la ciudad por la gestión del agua.

“Creo que hay una percepción que es bastante real de que está habiendo un aumento de los recursos que están destinando determinados grupos de poder para impulsar demandas contra periodistas, defensores de derechos humanos o activistas”, afirma Andrés García Berrio

“Con esta denuncia lo que se busca no es que el procedimiento vaya a término porque realmente haya un cuestión detrás irregular, sino intentar crear una cierta sensación de que hay connivencia entre administración e identidades como forma de atacarlas”, continúa García Berrio. “Es una estrategia que ya se ha venido utilizando desde la extrema derecha”, señala en relación a Vox, que ha presentado querellas tan extravagantes como la que lanzó contra 52 personas migrantes que llegaron en mayo de 2019 a la valla de Melilla, o Abogados Cristianos, que han impulsado decenas de querellas contra colectivos feministas y LGTB.

Porque las torturas existen

Como abogado, García Berrio destaca el caso de Rivera como uno de los más representativos de slapp. Rivera, catedrático de derecho penal, lleva años analizando y denunciando casos de violencia institucional. Cuando Katherine Gómez se quitó la vida, justo estaba preparando el informe de los dos primeros años de trabajo de Sirecovi, un proyecto de monitoreo y apoyo a víctimas de violencias institucionales, y aprovechó su intervención en el programa de TV3 para relatar las conclusiones. “En el informe recogíamos casos de denuncias de condiciones carcelarias abusivas, de malos tratos, varios casos de suicidio, sobre todo de mujeres presas”, explica Rivera. “Los tertulianos me preguntaron si hay torturas en las cárceles de Catalunya y claro que las hay, aunque a la gente le cuesta aceptar que eso suceda aquí, España es un país muy negacionista del tema torturas y violencia institucional, se acepta que pasa en sitios lejanos, pero no aquí”, continúa. 

Cuando le preguntaron quiénes son los que ejercen la tortura, Rivera les explicó lo que la misma definición de tortura contempla: al ser un daño físico o psicológico ejercido por una autoridad pública, solo puede ser cometida por funcionarios públicos. “A nosotros, que visitamos presos cada semana y hablamos de manera muy íntima con ellos, nos explican muchas cosas que a la gente le parece increíble que sucedan, pero pasan, y esto además lo respaldan informes del Síndic de Greuges y de organismos internacionales”, continúa. Cuando salió del programa vio cómo las redes sociales ardían con insultos y amenazas por “ensuciar el honor de los cuerpos de funcionarios”.

Nada a lo que no estuviera ya acostumbrado desde que en 2004 comenzaran a investigarse las torturas infringidas tras un motín en la prisión de Quatre Camins, proceso que acabó con la condena de seis funcionarios. “Pensé que sería una más, llevan años insultándome por redes, los sindicatos de funcionarios de prisiones me han dicho de todo”, comenta. Pero con su intervención en prisión dieron un paso más. Pocos meses después recibió una primera citación judicial por una denuncia interpuesta por CC OO Prisiones por injurias y calumnias. Terminó con un auto de archivo al que se adhirió la Fiscalía. Y le llegó una segunda denuncia, ahora por parte de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIPS). También terminó en archivo. El sindicato llegó hasta el Tribunal Supremo, y el Supremo volvió a dar la razón al defensor de derechos humanos y condenó al pago de las costas al sindicato de funcionarios de prisiones. “No reclamé nada, ni las costas, solo quería que esto terminara de una vez”. Pero no terminó. Cuando aún no había llegado la resolución del Supremo, a Rivera le llegó una tercera denuncia. Ahora era el sindicato CSIF Prisiones. Y cuando la Audiencia Provincial de Barcelona archivó esta tercera causa, aún le llegó una cuarta, por parte de Marea Blava. “Esta fueron 200 denuncias de 200 funcionarios de prisiones, y tuve que pasar una por una por el juzgado a declarar. Me pedían indemnizaciones de 500.000 euros y me acusaban de delitos gravísimos”, recuerda Rivera. Aquí la estrategia de lluvia de querellas a nivel personal les salió mal porque los funcionarios de prisiones solo se quisieron identificar con su número profesional y, cuando el juez les dio un plazo para identificarse con nombre y apellidos, no lo hicieron y se archivó la causa. Recurrieron, y la Audiencia Provincial de Barcelona volvió a archivar. “En su web me llamaban de todo, uno de ellos tiene una cuenta en Twitter en la que usaba mi cara de imagen con un montaje como el monstruo de Frankenstein; aún hoy me siguen insultando”. 

Iñaki Rivera se enfrentó a tres querellas por parte de sindicatos de funcionarios de prisiones por afirmar en TVE que en las cárceles del Estado español se dan casos de tortura 

Rivera no ha estado solo. Ha contado con la ayuda de organizaciones civiles como Front Line Defenders, que ha ayudado a financiar su defensa judicial y se pusieron en contacto de la Organización Mundial contra la Tortura que hizo un llamamiento a los gobiernos de España y Catalunya para alertar del hostigamiento del que estaba siendo víctima Rivera. Aun así, según explica a El Salto, el desgaste personal y económico que ha supuesto la cadena de causas judiciales le ha llevado a que ahora mantenga “un perfil bajo”. 

'Slapps' en la lucha por la vivienda: el caso de Jaime, Alpha y Fran

En el caso de Jaime Palomera, Alpha Mikeliunas y Fran Ortega, miembros del Sindicat de Llogaters, su hostigador fue una de las familias más acaudaladas de Catalunya, los Mas-Beya Fradera. En 2018, el sindicato había iniciado la campaña Ens Quedem, que, a través de la desobediencia civil, denunciaba la Ley de Arrendamientos Urbanos que aún hoy permite, a nivel estatal, las subidas de precio sin límite a final de contrato y las finalizaciones de contrato unilaterales. “Lo que llamamos ‘desahucio invisible’”, señala Palomera.

En sus primeros años, más de 2.000 personas se sumaron a esta campaña. “Consistía en, cuando recibes un burofax de la inmobiliaria que te dice que te van a subir 300 euros o te vas, plantarse, seguir en casa pagando lo mismo hasta que accedan negociar un acuerdo”, explica el activista de vivienda. A través de esta campaña, bloques enteros de vivienda consiguieron negociar su alquiler en Catalunya y en todo el Estado, como las 84 familias que se enfrentaban a subidas del alquiler de entre el 60 y el 100% en un edificio que Blackstone le había comprado a la Comunidad de Madrid en Torrejón de Ardoz. En el marco de la campaña, una de las acciones que aún siguen organizando desde el sindicato es la visibilización de los casos a través de concentraciones en las sedes de las empresas propietarias. Y una de estas protestas fue el origen de la denuncia. 

“Cuando intentaron desahuciar a Alpha y Fran, estos se quedaron. Les acosaron y los mantuvieron en condiciones infrahumanas”, afirma Palomera, que señala cómo, cuando fue a conocerlos, se quedó impactado por el estado en el que la familia Mas-Beya Fradera mantenía el piso que les tenía alquilado. “De las cañerías salía agua que la Agencia de Salud Pública consideró no apta para consumo humano, tenían una plaga de termitas y las ventanas estaban siempre cerradas porque las cañerías escupían excrementos”, recuerda el activista. Pero resistieron durante dos años. 

“A mí ya me habían dicho que, si no me desentendía de esto, irían a por mí”, recuerda Palomera

El 17 de octubre de 2018 convocaron una concentración en la sede del Instituto de Belleza Francis, local propiedad de la familia que ocupa todo un edificio en la plaza Catalunya. Varias decenas de personas acudieron a la cita para apoyar a Alpha y Fran. Repartieron panfletos y lanzaron proclamas con un megáfono mientras las clientas seguían entrando y saliendo del edificio para recibir sus tratamientos de belleza. Todo pacífico. En junio de 2021, Alpha, Fran, y también Palomera recibían la notificación de que estaban imputados por un delito de coacciones y otro de allanamiento de morada de persona jurídica. “A mí ya me habían dicho que, si no me desentendía de esto, irían a por mí”, recuerda Palomera, que detalla que, en su denuncia, la familia convirtió lo que había sido una protesta pacífica y amable, típica del movimiento de vivienda, en un acto de acción y violencia ambiental, haciendo referencia incluso al juicio de los Jordis por el referéndum de Catalunya. 

La querella llegó meses después de la protesta y poco después de que desde el sindicato interpusieran la que se convirtió en la primera denuncia por acoso inmobiliario, una herramienta de protección a los inquilinos aún sin estrenar incluida en la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya aprobada en 2007. La administración catalana comprobó las condiciones insalubres en las que los Mas-Beya Fradera mantenían la vivienda que tenían alquilada a Alpha y Fran y les impuso una multa de 90.000 euros por acoso inmobiliario. Y lo mismo para el caso de otros seis vecinos alojados en otras de las viviendas de la misma familia. “Ellos hicieron un slapp y nosotros un litigio estratégico, nosotros también queríamos crear un precedente porque mucha gente vive en una vivienda que no está en condiciones y no sabe que están sufriendo acoso”, explica Palomera.

Organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional se volcaron con el caso de Palomera, Alpha y Fran cuando la Fiscalía solicitó tres años de cárcel para cada uno de los activistas frente a los dos con los que se conformaba la propiedad. Hasta la ex relatora de la ONU sobre vivienda, Leilani Farha, se pronunció sobre el caso. En la misma semana, el Consejo de Ministros había acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de vivienda catalana que establecía límites sobre los precios del alquiler. “Intentaban también sentar un precedente con nosotros”, señala Palomera.

Pero el Sindicat de Llogaters ganó. A finales de julio de 2021, la titular del Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona absolvió a los tres miembros del sindicato. Ahora el objetivo que se han marcado es que la propiedad le devuelva a Alpha y Fran los años de alquiler que consideran nulos por el mal estado de la vivienda.

Límites a los slapp desde Europa

El 21 de febrero de 2018, el periodista de investigación eslovaco Jan Kuciak y su compañera, Martina Kušnírová, fueron asesinados a tiros en su casa. Su trabajo poco antes de su muerte consistió en investigar las conexiones de empresarios con políticos de alto nivel para facilitarles el fraude fiscal. Su muerte provocó que, en abril de ese año, el Parlamento Europeo aprobara una resolución para la Protección de periodistas de investigación en Europa. Esta resolución contemplaba ya entonces que se presentaran propuestas legislativas para la protección de periodistas que enfrentan querellas con las que intentan censurar su trabajo. Fue la primera vez que desde las instituciones europeas planteaban la necesidad de una regulación anti slapp, como ya la hay en varios estados de Estados Unidos. Aunque entonces solo se contemplaba la protección de periodistas, cuando, en diciembre de 2020 la Comisión Europea presentó su Plan de Acción para la Democracia Europea, este incluía también medidas para proteger y promover la participación pública a través de la protección de organizaciones sociales y de defensores de derechos. 

“Son avances conceptuales muy importantes porque ponen encima de la mesa que la protección de la libertad de expresión e información estaba muy centrada en la prensa oficial pero ya hace tiempo que tenía que ampliarse y ahora Europa ya reconoce que académicos, asociaciones de vecinos, ONG y otro tipo de tejido social también ejercen esta función democrática”, explica Laia Serra

“Yo lo relaciono con la directiva sobre whistleblowers”, explica la abogada Laia Serra en relación a la normativa sobre protección a filtradores de casos de corrupción que la Comisión Europea aprobó en 2019 y que sigue sin estar trasladada a la normativa del Estado español. “Son avances conceptuales muy importantes porque ponen encima de la mesa que la protección de la libertad de expresión e información estaba muy centrada en la prensa oficial pero ya hace tiempo que tenía que ampliarse y ahora Europa ya reconoce que académicos, asociaciones de vecinos, ONG y otro tipo de tejido social también ejercen esta función democrática”, continúa.

Por lo pronto, la iniciativa de la Comisión Europea, titulada EU action against abusive litigation (SLAPP) targeting journalists and rights defenders, se configura como una propuesta de directiva que ya ha pasado por una consulta pública —entre octubre de 2021 y enero de 2022— en la que han participado 146 entidades entre ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamentales, autoridades públicas y sindicatos, entre otros. La aportación más interesante posiblemente sea la de la organización británica Civil Liberties, que ha planteado un texto base para la futura directiva con una serie de herramientas, sobre todo a nivel judicial, con las que proteger a periodistas y activistas frente a litigios abusivos.

“Uno de los elementos clave que plantea Civil Liberties es un mecanismo de ‘desestimación temprana de reclamaciones slapp’”, explica García Berrio. “Una ‘moción de desestimación’ que podría ser utilizada por las víctimas de los slapp cuando consideren que hay motivos suficientes para creer que la demanda que se les ha interpuesto es abusiva”, continúa.

¿Cómo funcionaría esta herramienta? En el texto de Civil Liberties proponen que, ante una denuncia que pueda ser abusiva, el periodista o activista demandado pueda presentar ante el juzgado una moción de desestimación del supuesto litigio abusivo que será aceptada —poniendo fin, por tanto al litigio abusivo— si la acusación no tiene base jurídica, es manifiestamente infundada o hay elementos que indiquen de que ha abusado de las leyes procesales. Pero el juzgado también tendrá que tener en cuenta otra serie de elementos como la desproporción de la reclamación —véase como ejemplo el caso de Iberdrola y El Confidencial o la petición de prisión preventiva para periodistas que publicaron sobre el caso Gürtel—, que el denunciante haya impulsado litigios contra la misma persona u organización por temas similares, el desequilibrio de poder entre el demandante y el demandado, que el demandado haya sufrido intimidación, acoso o amenazas por parte de demandante —como en el caso de Rivera, el Sindicat de Llogaters, Pamela Palenciano y tantos otros— y, sobre todo, el efecto inhibidor real o potencial sobre la participación pública en el asunto de interés público en cuestión. Y será el demandante del litigio abusivo quien tendrá que probar que no se dan estos elementos para que el juzgado no archive su causa.

La propuesta de Civil Liberties contempla también que los periodistas o activistas demandados tengan apoyo económico para asegurar su defensa legal, acceso a servicios de apoyo psicosocial y que terceras partes, como organizaciones no gubernamentales, puedan participar en el proceso judicial, presentando informes sobre el caso que tendrán que ser tenidos en cuenta por el juzgado. También propone que el demandado pueda ser sustituido en el proceso, como responsable de los actos por los que ha sido denunciado, por otra entidad y la creación de un registro de entidades que presenten litigios abusivos contra periodistas y activistas y la imposición de multas cuando lo hagan repetidamente.

Desde las organizaciones que han participado en la iniciativa apuntan los últimos días de abril como la fecha en la que Comisión Europea se pronunciará sobre cómo se desarrollará esta posible futura directiva. Será entonces cuando se verá si ésta se convierte en una herramienta que suponga una protección real para colectivos sociales y periodistas. Por lo pronto, han reconocido que existe un problema. “Lo más interesante es que se hace un llamado a considerar que existe litigación abusiva y se insta al poder judicial para que tenga mecanismos para acortarlo, para que no pase lo que le ha pasado a Iñaki y a tanta gente”, concluye Serra.