Ley Montoro
Gestionar la austeridad: el pulso de Montoro a Madrid

La semana pasada, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, exigía al ayuntamiento de Madrid la congelación de 238 millones de los presupuestos previstos para este año. Según Montoro, el consistorio madrileño habría infringido la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, rompiendo el techo de gasto dispuesto en la norma. A partir del aviso el equipo de gobierno tiene 15 días para dar una respuesta, y no caben muchas opciones: recusar las demandas del ministerio o, siguiendo a pies juntillas el procedimiento legal, firmar un “acuerdo de no disponibilidad” por una ingente suma decretada de forma unilateral.

A nadie se le escapa lo que supone firmar este acuerdo: congelar una partida tan grande implicará suspender la mayoría de proyectos e inversiones dispuestos por el ayuntamiento para 2017. Todo un recorte que, pese a no afectar a los sueldos de los funcionarios ni a los servicios esenciales de la administracion, se cebará con el gasto social presupuestado por la corporación municipal.

Junto con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, la Ley de Estabilidad no es más que la materialización de la reforma del artículo 135 de la Constitución en la escala municipal: una reforma que somete a las administraciones locales –pero también a las Comunidades Autónomas y a la Seguridad Social– a la jaula del déficit y a la prioridad absoluta del pago de la deuda, mermando sus recursos y, por tanto, su capacidad de intervención económica en medio de la crisis. Más allá de la retórica sobre la “sostenibilidad” y la “estabilidad” mencionadas en el rótulo de la ley, estos términos deben entenderse aquí –en buena ortodoxia neoliberal– como sinónimos de austeridad. Se trata, en definitiva, de subordinar el despliegue de posibles planes de empleo, inversiones sociales o medidas para atajar la desigualdad a una implacable tenaza financiera.

Las contradicciones del gobernismo

El pulso del ministro al ayuntamiento de Madrid no es nuevo, ya vivimos un escenario de tensión muy similar en noviembre del año pasado, si bien el tono actual del mismo parece haber adquirido el carácter de un ultimátum. El hecho de que el consistorio registrase en 2016 un superávit de 1.022 millones no ha sido suficiente para eludir la intervención del ministerio, que ha pasado de las disposiciones correctivas contenidas en la ley de estabilidad a la aplicación de su lado más coercitivo. La amenaza de Montoro se saldó la última vez con un enfrentamiento interno entre Carlos Sánchez Mato, concejal de Hacienda, y la alcaldesa, Manuela Carmena.

Finalmente el procedimiento siguió su curso y se elaboró un Plan Económico-Financiero (PEF) con calendario y objetivos precisos para cumplir la regla de gasto, siempre acompañado de la negación tajante por parte de alcaldía de asumir ningún recorte. Esta vez, sin embargo, la situación parece haber cambiado: aunque Carmena sostenga punto por punto el mismo discurso, señalando a un tiempo que cumplirá con la ley y no habrá recortes presupuestarios, sus declaraciones resultan poco creíbles y contradictorias.

Mientras el PEF permitía cierto margen de maniobra respecto del gobierno central, el acuerdo de no disponibilidad exige –de forma imperativa– recortes por un total de 238 millones de euros en el presupuesto del municipio madrileño. Por tanto, “cumplir la ley” aquí no resulta inocuo: firmar el acuerdo es aceptar la pérdida de numerosas partidas e inversiones que impedirán aplicar el programa político de Ahora Madrid, convirtiendo la administración en una máquina gestora de miseria y precariedad.

Por supuesto, la decisión de Montoro ha generado tensiones y conflictos en el seno de la candidatura madrileña, en cuyo interior ha vuelto a escenificarse la división entre un sector movimentista y opuesto a los recortes, el algutinado en torno a Ganemos Madrid, frente al perfil gestor –valdría decir también tecnócrata– de la alcaldesa y Podemos. Aunque se sostenga ante las cámaras que esta reestructuración de las partidas no es homologable a los “recortes”, la ley de estabilidad es nítida y no admite exégesis barrocas. Quizá con un acondicionamiento contable pueda amortiguarse la cantidad, pero ello significará seguir aceptando las reglas de la austeridad.

Llegados a un punto crítico como el actual, los límites del “gobierno para todos” y la “gestión responsable” de Carmena se hacen cada vez más patentes: no hablamos ya de una visión excesivamente pragmática o institucionalista de la política, sino de quebrantar –bajo la excusa del cumplimiento de la ley– uno de los principios básicos que defendieron tanto el 15M como la ola municipalista, esto es, la lucha contra la austeridad, la desigualdad social y la crisis. Toda una línea roja.

Un golpe al municipalismo

Si interpretásemos la intervención de Montoro sobre las cuentas madrileñas de manera localista, estaríamos cometiendo un grave error. En la actuación del ministerio debe leerse toda una declaración de guerra contra las candidaturas municipalistas forjadas a lo largo y ancho de este ciclo político. La situación parece clara: si Madrid cede ante la presión del Ministerio, no sólo habrá caído una de las plazas centrales conquistadas por la política del cambio, su desplome reverberará en todo el campo del municipalismo. A partir de este momento, las presiones de Hacienda sobre los municipios se intensificarán, menoscabando aún más su autonomía –ya de por sí limitada– y las potencialidades de sus democracias de proximidad. Esta injerencia centralista no busca más que la debilitación y fractura del archipiélago trazado por el nuevo municipalismo, una red que sigue suponiendo un verdadero desafío para las políticas austeritarias del Partido Popular.

Frente al “sano” cumplimiento de la ley y el respeto de procedimientos jurídicos de dudosa legitimidad –¿de quién es la deuda que se nos obliga a pagar?–, siempre cabe la resistencia, es decir, negarse a aplicar unas medidas que minarán los derechos del pueblo de Madrid y agrandarán sus brechas sociales.

Es cierto que la correlación de fuerzas existente en Ahora Madrid, fuertemente condicionada por la figura de Manuela Carmena, no favorece en absoluto la audacia política, sino más bien la adopción de un marco de orden que, enrocado en una gestión vestida de técnica y legalista, muestra ahora un espíritu verdaderamente conservador. Sin embargo, en vista de la gravedad de la situación, quizá podría probarse algo nuevo, algo sólo practicado hasta ahora en las instituciones por la derecha madrileña –aunque con fines muy distintos–: la desobediencia. Pero forzar un gesto de este calibre requerirá una buena dosis de antagonismo tanto fuera como dentro de las instituciones municipales. Todo un desafío para la ciudad.

La cuestión es ¿hacia que lado inclinarán las contradicciones a la candidatura madrileña? ¿Hacia el respeto de una ley sinónimo de austeridad? ¿O hacia la desobediencia y la defensa de las líneas rojas de un ciclo político montado contra los recortes? ¿Qué legitimidad podría tener una alcaldesa que firmara la capitulación del municipio a la primera de cambio? ¿Y qué papel quiere desempeñar Podemos en esta coyuntura? ¿Permanecerá al margen –tal y como sucedió recientemente con la campaña #MadridNoRecorta– o defenderá los derechos de los municipios y la ciudadanía? Si no se articula un conflicto en diversas escalas, perder esta batalla podría significar el principio del fin de un ciclo que ya acusa un severo desgaste. O algo peor: la consagración de la nueva política como eficaz gestora de los recortes.