Infancia
Infancia Libre se puso a disposición de la Fiscalía un mes antes de que la Policía entregara su informe

La asociación Infancia Libre registró el 24 de junio un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid en el que se pone a su disposición para “aportar la información que se estime oportuna tanto desde la perspectiva de la asociación como a título particular”.

El documento fue registrado un mes antes de que la Unidad Adscrita de la Policía Nacional de los Juzgados de Plaza Castilla diera por finalizada la instrucción previa que investiga a esta asociación al entregar a la Fiscalía un informe en el que establece cinco parámetros que, considera, podrían constituir indicios de que esta asociación era utilizada de manera ilícita para retirar la custodia de menores a sus padres con la complicidad de distintos profesionales.

El escrito de Infancia Libre refleja la preocupación de las firmantes —María Sevilla, presidenta de la asociación, y Rocío de la Osa, vicepresidenta— por la “constante exposición en los medios” de la asociación, exposición que ha derivado en un “acoso mediático instigado por la Unidad Adscrita” y “sin control judicial alguno”.

La asociación considera y así lo hace saber a la Fiscalía que hay un intento de “aglutinar artificialmente a los simpatizantes de la asociación en una trama criminal increíble e inexistente, buscando coincidencias en los asuntos judiciales en los que a título particular somos parte”.

Infancia Libre asegura en el mismo escrito que la asociación es totalmente legal, que su acta fundacional está fechada en el 30 de agosto de 2015 y que su fin ha sido hacer visible la problemática de los abusos sexuales a menores en las instituciones, especialmente los abusos en el ámbito familiar. Además, aseguran que Infancia Libre “no cuenta con profesionales que la asesoren desde un punto de vista jurídico, médico o de otra índole”.

CARTA a responsables de la policía

En la carta piden una reunión urgente y expresan su preocupación por la actuación de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, a la que señalan por “emitir informes con falsedades” y con “información sesgada”.

El escrito apunta al inspector jefe de esta unidad, Pedro Agudo, a quien la asociación responsabiliza de haber “mediatizado” las detenciones y de “filtrar a los medios en tiempo real la información de nuestros hijos”, lo que ha derivado en una vulneración del derecho a la intimidad de los menores, aseguran.