Hemeroteca Diagonal
"Queremos recordar que la lucha de la COPEL era legítima"

Daniel Pont entró en la cárcel a los 17 años y pasó tras las rejas buena parte de su vida. Allí se convirtió en uno de los fundadores de la Coordinadora de presos españoles en lucha (COPEL), organización que luchó desde dentro de las cárceles para conseguir cambios en el sistema penitenciario. Hoy, es una de las personas que ha impulsado el documental COPEL: una historia de rebeldía y dignidad, para el que se ha lanzado una campaña de micromecenazgo.

Han pasado 40 años desde la lucha de la ​COPEL, ¿por qué hacer ahora un documental sobre esta organización?
No es precisamente ahora, llevamos como diez años con este proyecto, superando muchísimas dificultades. Las razones para hacer este documental se basan en la necesidad de recuperar nuestra lucha, que durante tres años tuvo en jaque al Estado, años en los que era fundamental pacificar los conflictos sociales. Las cárceles no funcionaban, el sistema punitivo no funcionaba. Y es fundamental para constituir una nueva forma de dominación, como fue la transición de la dictadura a la democracia, que las cárceles y el sistema penal funcionasen.

Por otro lado, la necesidad de recuperar la memoria histórica, de reescribir la historia del pueblo, de las luchas sociales. Y también para recordar, tras 40 años justos transcurridos, que la lucha del colectivo de presos sociales a través de la COPEL, como tantas luchas en aquellos años, era legítima. Confiamos en terminar con éxito el crowdfunding y poder acabar este documental. Tenemos decenas de entrevistas con expresos, algunos compañeros también fundadores y militantes de la COPEL, abogados y abogadas de la época, periodistas, familiares y militantes de organizaciones anarquistas que apoyaron esta lucha de COPEL. Confiamos en que salga a la luz el documental para la primavera del año que viene.

Habéis retomado la lucha. Esta vez para que el Estado español reconozca la deuda que tiene con tantas personas que estuvieron en prisión por la Ley de Vagos y Maleantes, ¿cómo va esta campaña?
Desgraciadamente, en esta campaña se han unido muy pocas personas, quizás cuatro o cinco más. Ten en cuenta que la Ley de Vagos y Maleantes se sustituyó por la Ley de Peligrosidad Social en 1970, que continuó hasta 1996, y que la extracción social de la mayoría de presos que sufrimos la ‘Gandula’ era bastante baja. Había un nivel muy alto de analfabetismo, una falta de conciencia y de unidad absoluta, y los años han pasado una factura muy fuerte en este colectivo de expresos sociales. Hablamos de heroína, de condiciones muy precarias en las cárceles de la dictadura y primeros años de la transición. Han debido de morir miles de personas afectadas por esta ley.

Estamos presentes en la querella contra la dictadura. El relator especial de Desapariciones Forzadas de la ONU tiene un dossier muy completo sobre nuestro caso. Es un caso bastante grave de agravio comparativo si tenemos en cuenta la justicia y reparación que tuvo otro colectivo de afectados por estas leyes, el de homosexuales. El PSOE, como buen partido político oportunista que es, se dio cuenta de que en este colectivo tenía bastantes votantes y aprobó una ley en la que se reconocía la necesidad de hacer justicia y reparación con este colectivo. Pero olvidando al resto.

La primera vez que estuviste en la cárcel fue bajo esta Ley de Vagos y Maleantes, ¿qué pasó?
Me detuvieron la primera vez en plena dictadura, en 1967, cuando tenía 17 años. Era prácticamente un mocoso y me aplicaron la Ley de Vagos y Maleantes con tres años de prisión, sin derecho a ningún tipo de beneficio penitenciario, indulto o libertad condicional, y con el agravante de que, si la dirección de la cárcel informaba de que tenía mala conducta, podrían ampliarlo a cinco años. Me fui dando cuenta de cómo funcionaba la cárcel, de cómo había un clasismo bastante claro entre determinados presos y cómo la dureza de las leyes castigaba especialmente a los pobres. Salí con otra conciencia, más madura, pero no del todo política. Salí con un odio social bastante fuerte porque entendí que había sufrido la dureza de una ley criminal. Entré como un raterillo y salí convertido en un atracador.

Al principio no teníamos ninguna identidad política, aunque en esos años hicimos amistad con algunos presos políticos y esto influyó en el cambio de conciencia. Pero los atracos a bancos que hicimos en esos años no tenían carácter político. Me detuvieron en 1972, al año y poco de salir en libertad, en un atraco con tiroteo en Madrid, y me aplicaron los dos años que quedaban de mi expediente de la Ley de Vagos. Estaba haciendo la mili, tenía un consejo de guerra pendiente, estaba también pendiente del Tribunal de Orden Público por tenencia ilícita de armas y me acusaban de la comisión de dos atracos. Al margen de esto, me pusieron dos años más de Peligrosidad Social. En esta campaña carcelaria estuve seis años y aquí sí que di el salto definitivo a la toma de conciencia política.

¿Cómo fue el nacimiento de la COPEL?
En 1976, cuando llevaba ya unos cuatro años de prisión, a raíz de la muerte del dictador y la apertura del inicio de la transición, en la cárcel de Carabanchel nos organizamos como la Coordinadora de Presos en Lucha. Fue una etapa muy intensa, muy larga. Tres años de muy intensa actividad, de autolesiones, de huelgas de hambre, motines, de muchos compañeros muertos… En fin, de confrontación directa con el Estado. Muchas cárceles terminaron destrozadas. Ya no aceptábamos el funcionamiento de las cárceles sumisamente. Los antidisturbios estaban dentro de las prisiones y el régimen carcelario cotidiano estaba sometido a una disciplina plenamente militar.

Tras tu experiencia en la COPEL y los años que estuviste en la cárcel te lanzaste a denunciar la prática de la torturas bajo custodia en 1980. ¿Crees que ha cambiado algo desde entonces respecto a este tema?
Yo creo que se ha tecnificado. Por un lado, el Estado ha tecnificado los instrumentos de tortura y, paralelamente, se ha aceptado de una forma sumisa por parte de la sociedad, bien mirando para otro lado o bien creyendo la versión del Estado sin confrontarla con informes de Amnistía Internacional, el Comité internacional contra la tortura, las diversas asociaciones contra la tortura… Los medios de comunicación oficiales han sido un eficaz coro para negar la existencia de la tortura en el Estado en estos años de democracia.

Yo salí en libertad en 1979 y durante un año estuve muy activo denunciando la existencia de tortura en las cárceles españolas. Fui uno de los fundadores de la Asociación contra la tortura en las primeras jornadas que se organizaron en Madrid, en Conde Duque en 1980. La tortura en la actualidad es más profesional, más técnica, más psicológica. En estos 30 años se han suicidado cientos de presos y presas, que se han visto obligados a acabar con su vida por las condiciones tan duras y tan penosas que sufren. En muchos casos son presos y presas muy jóvenes, sin la madurez necesaria para enfrentarse a la dureza carcelaria. El informe de la Asociación contra la tortura en el Estado español año tras año detalla la comisión de torturas en cárceles, comisarías, cuartelillos. Bien es cierto que en los últimos años parece que ha disminuido, se siguen produciendo casos de malos tratos.

Han pasado 40 años y parece que desde entonces no ha vuelto a surgir un movimiento tan intenso sobre la situación en las cárceles.
En estos años ha habido varios intentos de organización por parte de los presos sociales. La lucha contra el FIES, el sistema de catalogación de presos en ficheros de especial seguimiento, sometidos a condiciones muy duras, casi peores que en la dictadura: en condiciones extremas de aislamiento, de control, de despersonalización, de provocación, palizas etc.. Durante unos años tuvieron una confrontación bastante clara y decidida contra el Estado en las cárceles. Y luego surgió también una asociación de presos que se llamaba el APRE [Asociación de Presos en Régimen Especial] que también tuvo bastantes confrontaciones contra la dirección de las cárceles y el sistema judicial.