La Xunta ha anunciado la licitación de 51 derechos mineros correspondientes a permisos que han caducado, con el objetivo de posibilitar su eventual explotación tras una etapa de análisis e investigación del terreno. Esta iniciativa, aprobada este lunes en el Consello de la Xunta, es parte de la primera fase de un plan diseñado para “fomentar la investigación de materiales minerales esenciales para sectores estratégicos”, según ha informado el Gobierno gallego de Alfonso Rueda.

Los señores de la mina: así paga la Xunta el ‘greenwashing’ del lobby minero

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Una red de empresarios, políticos y asesores a sueldo de mineras extranjeras recibe cientos de miles de euros de la Xunta para fomentar la minería metálica en Galicia.

En cuanto a su distribución provincial, Lugo y Pontevedra concentran la mayoría de los derechos en licitación, con 17 cada una; mientras que en Ourense se ponen a concurso diez y en A Coruña, siete. Originalmente, estos derechos mineros estaban destinados principalmente a la extracción de materiales como caolín y arcilla en A Coruña; caolín, feldespato, cuarzo, losa, baritina, hierro y mica en Lugo; arcilla, losa y granito ornamental en Ourense; y caolín, arcilla y cuarzo en Pontevedra.

Los contratos otorgarán, en primer lugar, la posibilidad de realizar estudios y análisis para determinar el potencial del subsuelo. Posteriormente, si el solicitante lo decide y cumple “todos los requisitos técnicos y ambientales exigidos”, podrá llevar a cabo la explotación de los recursos.

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Javier H. Rodríguez

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El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia corta de raíz los intentos de la minera canadiense Strategic Minerals y de la Xunta de tratar de anular la suspensión de la mina de Penouta en el Ayuntamiento ourensano de Viana do Bolo.

Según un comunicado del Gobierno autonómico, al menos el 40% de los criterios de evaluación en estos concursos estará basado en aspectos relacionados con “calidad ambiental y ética, así como en el impacto socioeconómico de los proyectos en las áreas donde se ubiquen las explotaciones”.

Desde Ecoloxistas en Acción lamentan la decisión y los métodos de la Xunta: “Censuramos la falta de transparencia y participación, así como el sometimiento de la Administración al lobby minero. Ilustra eso la expulsión ilegal de los colectivos ecologistas del Consello da Minaría de Galicia y el enorme volumen de subvenciones que reciben tanto las organizaciones patronales como las empresas amigas, a pesar que que carezcan de actividad”, explica uno de su portavoces Joam Evans. También denuncian el uso de las caducidades como herramienta para librar a determinadas empresas de tener que ejecutar la restauración, “dándole de este modo una patada hacia adelante a la bola que siempre acaba con el abandono de las minas y teniendo que sufragar las restauraciones entre todos”.