Fronteras
PSOE y Junts no tienen los números para su acuerdo de gestión policial de la migración en Catalunya

La proposición de ley para la transferencia de competencias en materia de control migratorio que PSOE y Junts han anunciado esta semana después de rubricar un acuerdo bilateral no cuenta, a fecha de 5 de marzo, con los votos necesarios para pasar el trámite parlamentario. El Partido Popular, Vox y los cuatro diputados de Podemos no ven, por distintos motivos, posibilidades de que el texto salga adelante. Mientras, el PSOE intenta amarrar al PNV, uno de sus socios prioritarios, con un pacto de similares características. 

La derecha ve en el texto una muestra más de la ruptura de España. Para el PP, da “rango de Estado a Cataluña” y para los de Abascal es una nueva traición. Sus votos están descartados de entrada.

Presentada como una delegación de competencias, el acuerdo de 32 páginas, explicita que los Mossos d'Esquadra podrá proponer expulsiones de personas y gestionará el centro de internamiento de extranjeros de Zona Franca, por el que pasan tres de cada diez internos en los CIE de todo el Estado.

Además, la Generalitat será la competente en materia de trata y tráfico de personas y recibirá información Policía Nacional y Guardia Civil en el control de fronteras. En todo caso, como han subrayado los expertos, la ley seguirá siendo estatal, aunque se abren algunas incógnitas como en lo que respecta a las exigencias que pueda introducir la Generalitat a la hora de autorizar permisos.

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El deseo recién cumplido de Junts se basa en dos vertientes: ganar terreno a Alianza Catalana y a Vox, que no olvidemos también acumula votantes en el territorio, y manejar los fondos vinculados a la migración.

En la mañana del 5 de marzo, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, explicó que el acuerdo también incluye una nueva potestad para que el Govern solo autorice permisos de residencia a las personas solicitantes que sepan catalán. Nogueras se ha felicitado por un acuerdo que, a juicio de los independentistas, “es el mayor traspaso de poder que se ha hecho”.

Desde Junts se ha resaltado asimismo que, desde la aprobación del texto, “todo lo que tiene que ver con la vida de un extranjero que llega a Catalunya” pasará por la Generalitat. El texto, no obstante, no hace una referencia explícita en el articulado de la ley a la cuestión lingüística y se acoge a un marco más amplio que es el del Estatut, que detalla los derechos lingüísticos.

Sobre permisos, lo que dice textualmente el acuerdo es que “se delega en la comunidad autónoma la ejecución de la normativa del Estado en materia de iniciación, instrucción y notificación de la resolución de las solicitudes, presentadas ante los órganos competentes, de las autorizaciones de residencia temporal”. Catalunya podrá expulsar migrantes y realizar otros “procedimientos sancionadores en materia de extranjería” cuando no requieran un expediente. En el caso de un proceso por vulneración de la Ley de Extranjería, la Generalitat llevará el proceso, pero será el Ministerio de Interior quien resuelva las órdenes.

Equilibrio parlamentario negativo

Nogueras ha empleado preventivamente la táctica de colocar a Podemos en la tesitura de votar lo mismo que Vox ante la negativa de los morados de bloquear la proposición de ley. Los morados, dirigidos por Ione Belarra, han rechazado por “racista”  el acuerdo desde el comienzo y han resaltado que ni PSOE ni Junts se han puesto en contacto con ellos para recabar su opinión ni explicar el acuerdo.

El portavoz de los morados, Pablo Fernández, ha declarado que “no puede ser que el PSOE pacte con un partido anti inmigración, un partido que está pugnando con Alianza Catalana por ver quién es más racista. Desde Podemos tenemos muy claro que los derechos humanos no se negocian y votaremos en contra de este acuerdo. Desde aquí continuamos pidiendo la regularización extraordinaria y que se tramite en las Cortes esa ILP que el PSOE lleva un año aparcando”.

En una entrevista en Cadena Ser, Jordi Turull, secretario general de Junts, ha deslizado que es posible asociar la negociación de la ILP de regularización a cambio de un giro en la postura de los de Belarra en el traspaso competencial. Turull se ha avenido a modificar cualquier expresión de la proposición de ley que sea interpretable como racista.

Grupos como EH Bildu, BNG o Coalición Canaria aun no se han definido en un acuerdo que, a priori, amplía las cotas de soberanía y autonomía de las nacionalidades históricas, pero que conlleva también un abordaje de las fronteras sujeto a un endurecimiento de las condiciones de la población trabajadora migrada.

En el caso del PNV, parece haber menos dudas. Los nacionalistas vascos ya han asumido las políticas de integración de migrantes y los Ertzainas controlan la seguridad de los aeropuertos y se exploran más competencias en materia de asilo, pero en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca no hay centros de internamiento.

Los distintos grupos en el Gobierno han dado el visto bueno al acuerdo anunciado ayer. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y líder de Sumar ha subrayado que “respeta el marco constitucional” y favorecerá una gestión más eficaz. Para Díaz, el acuerdo “cumple con las garantías de legalidad y no altera el reparto competencial vigente”.