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Fronteras
Los jefes de la UE viajan a Grecia sin perspectivas de solucionar la crisis fronteriza
El Gobierno de Nueva Democracia sigue tensando la cuerda del derecho internacional y recibiendo con disparos disuasorios y gases lacrimógenos a los refugiados que llegan desde Turquía. La UE respalda al Ejecutivo de Kyriakos Mitsotakis y no descarta la intervención del Frontex.
Un día después de que un niño de cuatro años muriera frente a las costas de Lesbos, convirtiéndose en la primera víctima de la peor crisis en las fronteras europeas desde 2016, los presidentes de la Comisión el Consejo y el Parlamento europeo viajan hoy a la frontera entre Grecia y Turquía tras la crisis iniciada este fin de semana con la supuesta política de puertas abiertas que el Gobierno de Tayip Erdogan impulsa desde el domingo.
El ejecutivo de Nueva Democracia calcula que entre mil y diez mil personas han tratado o están intentando cruzar a Grecia desde el pasado viernes, motivo por el que ordenó una decisión sin precedentes: suspender la convención de Ginebra durante un mes para no aceptar ninguna solicitud de asilo.
La Agencia de Refugiados de la ONU (ACNUR) ha intervenido para criticar la decisión, que contraviene la legislación internacional y la europea, pero Grecia se acoge al artículo 78.3 del Tratado de la UE. El Gobierno de Nueva Democracia tratará estos días de justificar que se cumple lo estipulado en dicho texto: “Si uno o varios Estados miembros se enfrentan a una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países, el Consejo podrá adoptar, a propuesta de la Comisión, medidas provisionales en beneficio de los Estados miembros afectados”.
Además, Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Nueva Democracia, ha ordenado al ejército griego inicie maniobras militares con munición real en el paso del Mar Egeo por el que transitan las personas refugiadas y solicitantes de asilo que tratan de alcanzar las costas griegas. Asimismo, las fuerzas armadas y policía están recibiendo a los llegados con disparos disuasorios y lanzamiento de gases lacrimógenos. Como en otras ocasiones, Grecia ha recurrido a la supuesta “organización” de migrantes para justificar su respuesta represiva, que incluye también la detención de 183 de las personas llegadas a sus playas y la imposición de penas de cárcel y cuantiosas multas.
La crisis en la frontera griega ha sido agravada por la pasividad de las fuerzas de seguridad griegas ante los ataques por parte de grupos de fascistas que se producen contra quienes llegan al país y contra las organizaciones de apoyo y solidaridad con los refugiados.
El viaje de los principales mandatarios de la UE se interpreta como un gesto de respaldo al ejecutivo de Nueva Democracia, que ha achacado a Bruselas la responsabilidad ya que, según el ministro de Exteriores, Grecia ha advertido repetidamente que la situación con Ankara corría riesgo de complicarse.
El ejecutivo de Mitsotakis pide que la agencia Frontex se despliegue inmediatamente por la zona —y mientras realiza operaciones con fuego real con fines “disuasorios”— y las soluciones duraderas o temporales —como el reparto de cuotas de refugiados en terceros países— parecen difíciles de llevar a cabo en este momento.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, se ha alineado con la línea seguida por Nueva Democracia y con el Gobierno búlgaro, igualmente afectado por el nuevo movimiento de presión ejercido por Erdogan: “Estamos listos para brindar apoyo adicional, incluso a través de Frontex en la frontera terrestre”, tuiteó la dirigente de la Comisión Europea.
Del otro lado de la frontera, Erdogan mantiene su pulso con la Unión Europea asegurando que Turquía no puede “alimentar” a los refugiados, procedentes en su mayoría de la guerra de Siria, recrudecida en la zona de Idlib durante las últimas semanas, lo que ha expulsado de sus hogares a un número de personas cercano a las 800.000. Erdogan ha calculado que son entre 18.000 y 30.000 las personas que se encuentran en las fronteras terrestres de Turquía a la espera de asilo desde que el pasado 27 de febrero su Gobierno anunciara que iba a dejar de impedir que los refugiados tratasen de alcanzar la frontera europea. La UE mantiene que el acuerdo firmado en 2016 —llamado por ONG y sociedad civil “el acuerdo de la vergüenza—sigue vigente y que Turquía debe cumplir con su compromiso.