Euskal Herria
Una ejecución silenciada y 40 años de impunidad: el Gobierno Vasco reconoce por fin a las víctimas de Pasaia

“El tiroteo se originó al tratar los efectivos policiales de detener al referido grupo”, publicaba El País el 23 de marzo de 1984, un día después de que las Fuerzas de Seguridad del Estado dispararan 113 veces, varias de ellas a bocajarro, contra cuatro miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Dionisio Aizpuru, Pedro Mari Isart, Rafael De las Izura y José Mari Izura fueron asesinados en lo que se justificó como una acción policial. Según la nota oficial difundida por el Ministerio del Interior, y recogida por el mismo medio, la policía había interceptado al grupo tratando de entrar en “territorio español”, “para cometer diversos atentados, entre ellos la colocación de un coche bomba y un secuestro”. Joseba Merino, el único superviviente, lleva más de 40 años tratando de desmentir el relato oficial, defendiendo que quienes empezaron la matanza fueron los propios agentes, en una emboscada con más de 20 activos. 

El pasado 18 de marzo, el Gobierno Vasco reconoció oficialmente a los asesinados, más de 40 años después, como víctimas de violencia policial, asumiendo que lo ocurrido en Pasaia no fue solo un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad del estado y miembros de los CAA. Así lo refleja un informe encargado por el Ejecutivo vasco, que, basándose en un análisis forense y las trabas judiciales, determina que los asesinados fueron víctimas de una ejecución extrajudicial. 

El Estado español, cuyo Gobierno presidía Felipe González, no llevó a cabo ninguna investigación diligente

El antropólogo forense Francisco Etxeberria Gabilondo constató un total de 113 orificios de balas, entre los que se encontraron diferentes trayectorias, tipos de impactos, munición y balas, como postas, un tipo de proyectil de caza cuyo uso estaba prohibido. El documento subraya también los obstáculos en la investigación judicial, así como la falta de acceso a documentación relevante y la imposibilidad, ya entrados los 2000, de identificar a los agentes implicados. El Estado español, cuyo Gobierno presidía Felipe González, no llevó a cabo ninguna investigación diligente, y la causa fue archivada el mismo año. La instrucción, según el informe, se cerraba sin determinar si el uso de fuerza letal estaba justificado y sin ni siquiera aclarar si los cuatro fallecidos llegaron a emplear armas. 

En febrero de 2023, un juzgado español ordenó una rueda de reconocimiento con siete policías que podrían haber estado implicados en la emboscada, aunque Merino no llegó a identificar a ninguno de los acusados. A pesar de lograr el reconocimiento como víctimas de violencia policial, aún no se ha conseguido justicia en los tribunales. 

Pasaia, uno de tantos

El último informe de la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco, elaborado entre julio de 2023 y junio de 2024, constata que este organismo ha conseguido avanzar en su labor de reparación y reconocimiento de las víctimas en Euskadi entre 1978 y 1999, resolviendo un total de 96 expedientes. De los casos reconocidos, 75 corresponden a torturas y malos tratos, disparos de bala y agresiones en disturbios y manifestaciones. Se registraron, a su vez, cuatro heridos por impactos de humo y pelotas, con consecuencias como la pérdida de visión o lesiones estéticas; dos personas heridas de gravedad en atentados bomba perpetrados por grupos parapoliciales y ocho fallecidos –dos de ellos bajo custodia policial– en atentados policiales, sumadas a otras cinco que lo hicieron por disparos de agentes de seguridad.

La responsabilidad de estas acciones, según la propia Comisión, recae en su mayoría sobre la Guardia Civil y la Policía Nacional, con 41 y 42 casos atribuidos respectivamente, mientras que 3 fueron obra de la Ertzaintza. Además, reconoce seis casos de violencia ejercida por grupos parapoliciales: el Batallón Vasco Español, los GAL, Grupos Armados Españoles y la OAMAS, grupos vinculados a la extrema derecha española que operaron en el Estado —incluso, en ocasiones, con el respaldo de este— tras la muerte de Franco.

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El  caso más reciente en ser reconocido como violencia policial ha sido el de Rosa Zarra, en el que se ha constatado que su muerte, en 1995, fue a causa del impacto de una pelota de goma lanzada por la Ertzaintza. Zarra se encontraba en las inmediaciones del estadio de Anoeta de Donostia de camino a una manifestación cuando se produjeron incidentes entre la ertzaintza y los manifestantes. Dos policías se acercaron a ella y a otros manifestantes mientras disparaban pelotas de goma a escasos seis metros, causándole heridas internas que 8 días después le provocaron la muerte. 

La familia de Zarra interpuso una denuncia, pero la Audiencia de Gipuzkoa la archivó, argumentando que su fallecimiento se debió a causas naturales y no al impacto de la pelota, versión que mantendría posteriormente el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Juan Maria Atutxa. Tras el estudio del caso, la Comisión de Valoración ha determinado que la muerte de Zarra fue consecuencia directa de la actuación policial y la familia de la víctima recibirá el dictamen oficial este próximo lunes, en una acto privado.

El número de expedientes resueltos por la Comisión desde su creación asciende a más de 200, pero quedan al menos otros 400 pendientes de análisis. Con el ritmo actual de trabajo, su estudio podría alargarse hasta cuatro años más. Las víctimas y familiares ya han expresado su preocupación en torno a la lentitud de estos procesos, además de demandar mayor control parlamentario sobre el organismo, reformas legales en las indemnizaciones y una mayor difusión en su trabajo y derecho a la verdad.