Especulación urbanística
Ecologistas en Acción denuncia “un tremendo acoso mediático” y exige que se pidan responsabilidades a los culpables del fiasco de Valdecañas

“Ecologistas en Acción está sufriendo un tremendo aluvión de críticas y descalificaciones desde todos los estamentos por hacer lo que le correspondía a la Junta de Extremadura y que nunca hizo: defender la legalidad urbanística en el caso de Marina de Valdecañas”. La respuesta del establishment al último y definitivo capítulo del largo proceso judicial abierto sobre la urbanización de lujo construida sobre terrenos protegidos que fueron recalificados para su urbanización está siendo tremendamente dura, según denuncia la confederación ecologista.

La historia del fiasco de Marina Isla de Valdecañas, a la que el Tribunal Supremo puso punto y final el pasado 8 de febrero al ordenar su demolición por completo, es “una interminable serie de despropósitos”, tal como señalan desde el colectivo, una organización a la que ahora empresarios y políticos pretenden culpabilizar por ser, junto a la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex), impulsora del proceso para frenar el complejo de lujo junto al embalse de Valdecañas desde 2004.

Sentencia tras sentencia, la ley ha ido dando la razón mayoritariamente a los ecologistas, señalando que el proceso para construir 180 viviendas de lujo con una playa privada, un hotel y un campo de golf, entre otras infraestructuras, era ilegal desde el principio.

Recalificar zonas protegidas

La recalificación para su construcción de unos terrenos protegidos y calificados como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) por la propia Junta de Extremadura y como Red Natura 2000, algo que imposibilitaba inicialmente la construcción de viviendas, ya auguraba que el proyecto tenía claras expectativas de fracasar. El cambio de la ley de suelo de Extremadura en contra de normas de rango superior, realizada ex profeso para dar luz verde al  complejo, fue declarada inconstitucional, entre otro varapalos judiciales contra Junta y promotores.

Hoy, el complejo es conocido como “el Algarrobico extremeño” —o como la Marbella extremeña, por la cantidad de políticos y directivos de grandes empresas que se encuentran entre sus propietarios— y debe desaparecer para dar paso a lo que era antes de la fiebre del ladrillo: una zona protegida de alto valor ecológico. Pero, como denuncian desde Ecologistas en Acción (EeA) —única organización que queda como demandante en el proceso tras la retirada de Adenex en 2020 por “el alto coste emocional y económico para la asociación”— nadie en la Junta de Extremadura ha asumido ninguna responsabilidad política.

“Continuamente desvían la atención hacia la acción de los colectivos ecologistas, Adenex y Ecologistas en Acción, que iniciaron este proceso judicial. Estos días se ha llegado incluso a cuestionar por parte de Guillermo Fernández Vara la utilidad de la Red Natura 2000, volviendo a discursos que no se escuchaban desde los peores años del desarrollismo”, señalan fuentes de la confederación ambientalista.

El presidente extremeño ha llegado a señalar que la sentencia supone “un traspiés” pero no un “obstáculo insalvable”, y propone ahora recortes y modificaciones de la normativa medioambiental para dar luz verde no solo al polémico proyecto, sino a otros similares en el futuro.

Fernández Vara se obstina en su apoyo a Marina Isla de Valdecañas

Redacción El Salto Extremadura

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Redacción El Salto Extremadura

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Guillermo Fernández Vara reitera su apoyo a Isla de Valdecañas y propone recortes y modificaciones en la normativa de protección medioambiental para posibilitar el proyecto.

El TSJEx, en el centro de la polémica

La organización ecologista también ha cargado contra el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que indultó, frente a una sentencia anterior, los edificios terminados en la urbanización. Además, “después de varias resoluciones en contra del proyecto, sentenciaron en marzo de 2011 la nítida ilegalidad del mismo. Pero pusieron las condiciones para que las obras siguieran adelante al exigir una fianza de 41 millones de euros para que se paralizaran los trabajos, algo inalcanzable para organizaciones sin ánimo de lucro como Adenex y Ecologistas en Acción”, remarcan desde EeA.

La declaración de la “imposibilidad material” de demoler lo construido, “incluso retorciendo las conclusiones del estudio que había hecho el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que concluía que la mejor opción para la recuperación el espacio natural era la demolición”, apuntan, también es reseñable para el colectivo.

Marina Isla de Valdecañas: en defensa de “los ecologistas”

VV.AA.

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VV.AA.

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Respuesta a los ataques contra el movimiento ecologista tras la sentencia del Tribunal Supremo ordenando la demolición de Marina Isla de Valdecañas.

El informe del CSIC era muy claro al respecto: “Mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la ZEPA, solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional. Por tanto, al plantearse la pregunta como una dicotomía, la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla […]. Desde el punto de vista global, la huella ecológica de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del complejo”.

Desde el principio

Desde EeA señalan que la mayor parte de los propietarios conocían la sentencia que declaraba la ilegalidad del proyecto antes de proceder a la compra. “Así lo demuestra una de las escrituras de compra-venta en poder de Ecologistas en Acción —y similar a la del resto de propietarios, como se destaca en la propia escritura— en la que se advierte de esta situación”, sostienen. 

Por último, denuncian que se les está responsabilizando de la falta de empleo en la zona, pero responden: “Mientras se inflan las cifras de empleados en la urbanización, la realidad es muy diferente: el propio alcalde de Berrocalejo acaba de reconocer que hay tres personas contratadas en su municipio. Pero estas cifras engrosadas sirven para hacer demagogia con la falsa dialéctica de los empleos versus la protección del entorno. Y, de paso, se oculta la responsabilidad de las administraciones que no han sabido promover un verdadero desarrollo sostenible con empleos de calidad en la zona”.