Energía nuclear
¿Qué hay detrás de las presiones para evitar el cierre de Almaraz?

Sigue corriendo el calendario de cierre de la nuclear de Almaraz y, conforme se va consumiendo el tiempo de espera, se incrementan las presiones para revertir el compromiso de apagado definitivo de los dos reactores, fruto de un acuerdo entre las empresas propietarias y el Gobierno. Almaraz, la central más antigua de España, comenzó su producción el 1 de mayo de 1981 y su autorización de explotación está caducada desde 2020, permaneciendo operativa tras acogerse a una prórroga concedida por el Ministerio de Transición Ecológica durante la pasada legislatura. Produciendo aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida en el país, constituye un negocio cuyo volumen alcanza una magnitud que lo coloca en el centro de importantes tensiones, convirtiendo el proceso de cierre en un camino convulso y lleno de incógnitas. Los movimientos que, provenientes del lobby pronuclear y sus terminales políticas, institucionales y mediáticas, se vienen sucediendo de un modo progresivamente más intensificado, indican que la cuestión de su final no se puede dar por cerrada.

El bulo de una orden de cierre inexistente e innecesaria

Así, este martes 26 de noviembre, el periódico El Español ofrecía un llamativo titular en el que se anunciaba, literalmente, que “Teresa Ribera se despide del Gobierno de España emitiendo la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz”. Una noticia sin indicación de fuente y sin concreción alguna del cómo o del cuándo de dicha “orden”. Quizás porque ésta, sencillamente, ni ha existido ni resulta en absoluto necesaria. Y no lo es porque los trámites normativos, administrativos y técnicos para llegar a la parada nuclear ya están en marcha desde hace meses y no requieren de confirmación ninguna, de instrucción ministerial al respecto o de “órdenes” que los validen.

Empieza la cuenta atrás para el cierre de Almaraz

Manuel Nogueras

Centrales nucleares

Cerrar Almaraz Empieza la cuenta atrás para el cierre de Almaraz

Manuel Nogueras

Enresa saca a licitación los servicios de ingeniería para el desmantelamiento de Almaraz, que deberá cerrar su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028. La Junta de Extremadura cierra filas en defensa de la central nuclear.

El propio Ministerio salía al paso del polémico titular afirmando a distintos medios que “el MITECO no ha emitido ninguna orden de cierre para la central de Almaraz. Si acaso, puede entender la información a la que se refiere como algo metafórico. El plazo de autorización de operación de los dos reactores de la central quedó reflejado en el año 2020, cumpliendo el protocolo de cierre”.

¿Cuál es el sentido, entonces, de la publicación de este tipo de informaciones? ¿Qué elementos incorpora en el proceso de apagado de la central la aparición de bulos? La respuesta parece evidente: volver a colocar el foco mediático en el calendario de cierre, cuestionarlo, resituar posiciones de los agentes sociales, poner sobre la mesa la posibilidad de reversión del acuerdo que pone fecha al fin de Almaraz y, como ha quedado demostrado, servir de banderín de enganche al despliegue mediático y comunicativo del lobby pronuclear.

Si el titular [...] se pasara a considerar, directamente, un bulo, habría que concluir que se lo han tragado sin problemas desde la popular María Guardiola, presidenta de Extremadura, hasta Miguel Ángel Morales, presidente socialista de la Diputación Provincial de Cáceres

Basta con echar un vistazo a las declaraciones de distintos liderazgos a izquierda y derecha del espectro político extremeño (e incluso estatal) para entender la situación. Porque lo cierto, en cualquier caso, es que la “noticia” ha cosechado una respuesta rápida y contundente. Si el titular era “metafórico”, no parece haber sido entendido así, y si se pasara a considerar, directamente, un bulo, habría que concluir que se lo han tragado sin problemas desde la popular María Guardiola, presidenta de Extremadura, hasta Miguel Ángel Morales, presidente socialista de la Diputación Provincial de Cáceres, pasando por Esperanza Aguirre (!), por la secretaria general de la consejería extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, María Concepción Montero, y por Elena Nevado, eurodiputada. La titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ya se había adelantado clausurando a finales de octubre una jornada titulada “La Sociedad Civil frente al cierre de la Central Nuclear de Almaraz” donde ya reivindicaba estar “radicalmente en contra del cierre de la Central Nuclear de Almaraz”.

Sintonía en las declaraciones a favor del mantenimiento de la central nuclear

Las declaraciones emitidas, perfectamente sintonizadas en contenido no dejaban lugar a dudas. Así, para Guardiola, tuiteando en la red X, la cosa quedaba clara: “¡Almaraz no se cierra! Ni vamos a callar ni vamos a acatar el sectarismo medioambiental de la señora Ribera. Si en Europa defiende la nuclear, aquí también. De ello dependen miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo un país”. Montero, en la misma línea, señalaba por su parte que “no se entiende que el Gobierno central esté empecinado en cerrar la Central Nuclear de Almaraz (CNA)”. Elena Nevado, europarlamentaria cacereña, menos comedida, daba un paso más clamando en su Facebook, en referencia a Ribera: “Serás la comisaria del Sanchismo, pero no con nuestro voto. Ribera miente a Europa con su apoyo a la nuclear mientras nos cierra Almaraz”...

Por parte del PSOE regional, las declaraciones más rotundas llegaron, de nuevo, de Miguel Morales, Presidente de la Diputación Provincial cacereña. El mismo martes que comenzara la ofensiva mediática y declarativa se encontraba casual pero oportunamente reunido en el Palacio Provincial de Cáceres con Juan Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Municipios en Área de Centrales Nucleares (AMAC) y con los 12 alcaldes de los municipios del área de Almaraz. Allí aprovechó para reafirmar su posición favorable al mantenimiento de Almaraz al señalar cómo, desde el Gobierno, nadie la había “trasladado nada sobre el proceso de cierre”, momento en el que, de producirse, apostillaba, mostraría “una vez más su rechazo absoluto”. Una comunicación gubernamental, cabe señalar, tan inhabitual como innecesaria, habida cuenta de que la fecha de cierre de Almaraz está oficialmente señalada en el propio Boletín Oficial del Estado, del que se supone puntual conocedor en razón del cargo que desempeña. El secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Borrego, aprovechó por su parte para recordar que únicamente aceptaría el cierre de Almaraz de verse “totalmente colmadas” las expectativas de empleo y desarrollo en la zona. Nada fuera del argumentario original del socialismo extremeño, que se resume en las palabras del anterior presidente de la comunidad autónoma, Guillermo Fernández Vara, pronunciadas en el día de la región de 2022: “Si dentro del PNIEC se puede aplazar la vida de la Central Nuclear, nosotros encantados”. Dentro de los márgenes del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), sí, pero a favor del aplazamiento del cierre.

Presiones para una prórroga

Almaraz no está previsto que se cierre por una decisión unilateral del Consejo de Ministros, Almaraz tiene los días contados en virtud del pacto suscrito entre el Gobierno y los dueños de la central (Iberdrola como titular del 52,7%, Endesa del 36% y Naturgy del 11,3%) y sustanciado en el protocolo de 23 de julio de 2020, publicado en el BOE. A esa situación se ha llegado tras argumentarse, por parte de las empresas, que las actuales condiciones de explotación y sus gastos no les permitían cubrir sus objetivos económicos. Una situación formalmente idéntica a la registrada con la central de Garoña, que incluso adelantó su cierre unos meses antes de lo previsto, paralizando la actividad en diciembre de 2012. En ese momento, Nuclenor señaló que la causa de su renuncia era la presión impositiva derivada de la reforma energética aprobada por el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Todas las presiones mediáticas y políticas perseguirían, pues, un único objetivo: conseguir una prórroga en la vida de Almaraz intentando que el Gobierno modifique sus requerimientos fiscales

Todas las presiones mediáticas y políticas perseguirían, pues, un único objetivo: conseguir una prórroga en la vida de Almaraz intentando que el Gobierno modifique sus requerimientos fiscales. Sería necesario, además, conseguirla rápidamente por dos razones. La primera, normativa, porque el reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, recogido en el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, establece plazos claros para que las empresas soliciten renovar la autorización de explotación, establecidos en noviembre de 2026 para la Unidad I y octubre de 2027 para la Unidad II. La segunda, técnica, radica en que, para poder continuar en activo, los dos reactores necesitan combustible, un combustible cuya petición ha de ser cursada con unos márgenes previos que rondan los dos años. Si no se solicitan pronto, en el próximo trimestre, no estarán disponibles en el momento necesario. Todo lo que sea pasar de marzo de 2025 sin realizar el pedido de uranio enriquecido que Enusa elabora en Juzbado (Salamanca), hará imposible cualquier continuidad, desconectándose definitivamente en noviembre de 2027 la Unidad I y en octubre de 2028 la Unidad II de la central.

Como colofón, y para acabar de entender aún mejor las prisas y la oportunidad de la ofensiva pronuclear, basta con leer el capítulo “Desmantelamiento y clausura de instalaciones” del Plan General de Residuos Radiactivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde se señala como imprescindible “asegurar un tiempo suficiente antes del cese de operación de la central nuclear, durante al menos los tres últimos años de explotación, para diseñar y planificar adecuadamente el desmantelamiento teniendo en cuenta los plazos de evaluación del Consejo de Seguridad Nuclear e iniciar las actividades de vaciado de las piscinas”. Tres años, el exacto tiempo que queda hasta noviembre de 2027.

Las razones mercantiles de un cierre. De nuevo, es la economía...

Al margen del debate medioambiental, si las centrales nucleares cierran en España es porque no hay acuerdo económico de las empresas que las gestionan con el Gobierno central. Dicho de otro modo: sin ayuda pública no resultan rentables, y mucho menos frente a la competencia de las renovables que, en marzo de 2024, alcanzaron una producción récord con la generación de 14.591 GWh, el 65,2% del total del mix energético.

El lobby pronuclear va lanzando “argumentos” para que el Gobierno revise el acuerdo. Una demanda que, de ser atendida, acarreará que el conjunto de la ciudadanía subvencione, vía factura de la luz o presupuestos del Estado (impuestos), el mantenimiento del negocio que suponen las centrales nucleares

Esa realidad estrictamente mercantil envuelve y enmarca el protocolo de cierre. Y, mientras este llega, el lobby pronuclear va lanzando “argumentos” para que el Gobierno revise el acuerdo. Una demanda que, de ser atendida, acarreará que el conjunto de la ciudadanía subvencione, vía factura de la luz o presupuestos del Estado (impuestos), el mantenimiento del negocio que suponen las centrales nucleares. Y es que éstas, para seguir abiertas, necesitan una fuerte inversión, dado que alargar su vida útil implica tanto mejoras y actualizaciones en seguridad como, fundamentalmente, gestionar sus residuos, cuya previsión de costes futuros es de 20.220 millones de euros, de acuerdo a los datos ofrecidos por el MITECO. Alrededor de esta realidad, situada en el terreno del lucro empresarial y de las cuentas de resultados, orbitan diversos argumentarios, utilizados para presionar una opinión pública tensionada por diferentes factores, siendo la anunciada pérdida de empleo uno de los más importantes.

Cuando una nuclear cierra

Cristina Rois

Centrales nucleares

Nucleares Cuando una nuclear cierra

Cristina Rois

El cierre de centrales nucleares es común, con 213 ya cerradas y solo 60 en construcción. Desmantelarlas es complejo, como en Almaraz I, cuyo proceso iniciará antes de 2027.

Así, en relación a esto último, se apela constantemente a la dependencia de Campo Arañuelo de la C.N. de Almaraz y sus supuestos 2.900 puestos de trabajo (directos, indirectos e inducidos) en juego. No obstante, atendiendo a los datos contrastables, los números se quedan en 337 empleados en plantilla, 400 más de empresas externas especializadas y 1.200 adicionales que se requieren durante un mes, cada año y medio, para los procesos de recarga de combustible. Esas, y no otras, son las cifras de una pérdida de puestos de trabajo que todavía se vería más amortiguada, puesto que, llegado el cese de actividad, son necesarios tres años hasta comenzar un desmantelamiento que viene a ocupar una década, necesitando un fuerte aporte de mano de obra todo ese tiempo. Y todo ello sin contar con que, tras descartarse la opción de un ATC (Almacén Temporal Centralizado de residuos de alta intensidad), la propia central de Almaraz está obligada a mantener parte de sus instalaciones, donde ubicará su propio almacén temporal (con la pertinente dotación de empleo) al menos hasta los años 70 de este siglo.

La energía nuclear no depende de factores ambientales (sol, viento) y, por tanto, es clave para que las eléctricas puedan mantener con beneficios sus tarifas de precio fijo, las tarifas planas sin dependencia horaria que, hoy por hoy, les proporcionan los mejores resultados económicos

La pregunta pertinente es, entonces, por qué las eléctricas persisten en su voluntad de mantener unas plantas obsoletas, caras, poco competitivas frente a las renovables y, además, necesitadas, para no ser deficitarias, de ver aliviada lo que desde fuentes del sector nuclear denominan “fiscalidad asfixiante”. La razón no puede ser más sencilla: la energía nuclear no depende de factores ambientales (sol, viento) y, por tanto, es clave para que las eléctricas puedan mantener con beneficios sus tarifas de precio fijo, las tarifas planas sin dependencia horaria que, hoy por hoy, les proporcionan los mejores resultados económicos. Iberdrola, Endesa y Naturgy, conviene repetirlo, quieren pagar menos, pero lo que abonan cubre unas necesidades indispensables desde el punto de vista del mantenimiento seguro de las plantas y de la gestión de sus residuos. O pagan ellas o paga el conjunto de la ciudadanía, tras Fukushima no hay alternativas.

A la vista de los acontecimientos, quedan todavía por delante meses de intensas presiones. Iberdrola, Endesa y Naturgy, sujetas por voluntad propia al compromiso de liquidación de Almaraz, titulares de la explotación y principales beneficiarios de la misma, callan. Mientras tanto, la Junta de Extremadura, presidida por el PP, aparece volcada en el apoyo al mantenimiento de la nuclear, en tanto que el PSOE extremeño tiene a gran parte de su dirección y cabezas visibles compartiendo, en esta cuestión, argumentaciones indistinguibles de las del Partido Popular. Como complemento, no falta el ruido operado desde la nube dispersa de organizaciones empresariales y grupos de presión de diferentes naturalezas que, con distintos planteamientos aparentes, siempre han resultado funcionales a los intereses de las grandes corporaciones del negocio eléctrico, que si habitualmente mandan mucho, en Extremadura multiplican exponencialmente su influencia. De telón de fondo, una situación por completo inestable en el escenario europeo, con el conflicto en Ucrania abierto y condicionando las exportaciones de gas de Rusia, necesarias para mantener unas estaciones de ciclo combinado que, hoy por hoy, parecen determinantes para completar sin convulsiones de abastecimiento la transición hacia una desnuclearización completa del suministro eléctrico.