Ecuador
La crisis del Estado en Ecuador

Ecuador atraviesa una crisis interna de inéditas dimensiones donde lo que está en juego resulta ser la propia supervivencia del Estado. La democracia ecuatoriana enfrenta una situación de excepción como consecuencia de una crisis de seguridad que se torna insoportable a partir del año 2021. Y es que Ecuador en el año 2016 estaba situado como el segundo país más seguro de la región, mientras que para 2023 se ubicaba ya como uno de los más peligrosos del continente.

Este aumento de la inseguridad se manifiesta fundamentalmente en dos niveles: por una parte, la crisis carcelaria que sufre el país, factor que en esta ocasión ha actuado como detonante tras la fuga de Adolfo Macías, alias “Fito”, líder de la banda Los Choneros, de una cárcel en Guayaquil. Esta fuga, que no resulta ser la primera, muestra la debilidad de un sistema penitenciario que arroja unas cifras alarmantes de convictos asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas, ascendiendo a 400 entre los años 2021 y 2022.

Para comprender las causas de esta crisis de seguridad resulta clave entender el creciente papel que ocupa Ecuador como exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa

Por otro lado, la intensificación de la delincuencia y de las actividades relacionadas con el narcotráfico han ocupado una presencia exponencial en el país en un espacio muy breve de tiempo, intensificando la violencia en las ciudades costeras del país y penetrando de forma masiva en el tejido social ecuatoriano, con especial incidencia en Guayaquil, ciudad costera donde conviven más de una decena de bandas criminales vinculadas a la actividad del narcotráfico.

Para comprender las causas de esta crisis de seguridad resulta clave entender el creciente papel que ocupa Ecuador como exportador de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Históricamente, el país no había sido productor o exportador cocaína, sin embargo, las cadenas logísticas del narcotráfico se han alterado convirtiendo al Ecuador en una “autopista” para la exportación de toneladas de cocaína.

Este factor coincide con una gestión política de la mano de los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), que, en un intento por reducir el tamaño del Estado ecuatoriano, han generado en las regiones costeras del país un vacío de poder donde el Estado apenas tiene margen de acción. Y es que América Latina conoce bien que cuando existe debilidad e inoperancia estatal, ese vacío de poder es velozmente ocupado por el narco.

El auge del narcotráfico coincide con los gobierno de Moreno y Lasso: en un intento por reducir el tamaño del Estado, han generado en las regiones costeras un vacío de poder donde el Estado apenas tiene margen de acción

Es ahí donde reside la disputa de poder que está en juego estas semanas y que puede ubicar al Estado ecuatoriano bajo un riesgo existencial. Ante la dimensión de esta crisis, los partidos políticos de la oposición, incluido el correísmo, han mostrado su firme apoyo al decreto aprobado por el presidente Daniel Noboa, donde elabora un plan de acción que reconoce la existencia de un conflicto armado interno, declara el estado de excepción, moviliza a las Fuerzas Armadas e identifica a una serie de grupos del crimen organizado como “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

La aprobación de este decreto generó una respuesta por parte de estos grupos criminales expresada mediante la irrupción armada en un medio de comunicación de la ciudad de Guayaquil, o por medio de balaceras, explosiones o saqueos en las principales ciudades del país. Dichos grupos armados se han convertido, con el nuevo decreto, en objetivos militares, y a partir de ahí queda por ver la capacidad real de las Fuerzas Armadas y policiales ecuatorianas para sofocar esta ola enorme de violencia y reducir lo máximo posible la capacidad de actuación del narco. 

El Estado ecuatoriano parte unido política y militarmente, y un elemento que puede jugar en su favor es la escasa cohesión interna de sus beligerantes, en tanto el enfrentamiento y animadversión entre bandas ha sido una constante en el desarrollo de la actividad del narco en el país. Precisamente esta fragmentación puede ser otro de los puntos fatales para que se produzca un enquistamiento del conflicto. Y es que se sabe que en Ecuador operan una multitud de organizaciones criminales —22 fueron señaladas en el decreto— que muchas de ellas cuentan con un sistema de financiación e instrucción externo procedente fundamentalmente de México, dificultando así la labor de identificación y rastreo de los líderes de estas bandas.

Los partidos políticos de la oposición, incluido el correísmo, han mostrado su firme apoyo al decreto aprobado por el presidente Noboa, donde elabora un plan de acción que reconoce la existencia de un conflicto armado interno

Otra de las dificultades que puede enfrentar el Estado ecuatoriano es la posible vulneración de derechos humanos y la cantidad de víctimas mortales que se pueden dar si se produce un estancamiento en las operaciones. Además, la crisis carcelaria del país no permite concebir a las prisiones como un lugar desde donde se pueda garantizar el cumplimiento de las penas, lo que de nuevo trae a debate la cuestión de la extradición, procedimiento que fue rechazado por la ciudadanía ecuatoriana en un referéndum en febrero de 2023.

Con todo, esta crisis será una prueba relevante para los organismos de integración y cooperación regional que históricamente han sabido dar respuesta a crisis internas, incluso en el Ecuador, pero que actualmente se encuentran en un proceso de reestructuración. De esta manera, se verá en las próximas semanas si organismos como la OEA, UNASUR —recientemente revitalizada— CELAC o la Comunidad Andina serán capaces de realizar una intervención conjunta, o si la ayuda internacional provendrá desde las relaciones bilaterales. En caso de que se consiga dar una respuesta contundente y exitosa donde esté presente la cooperación regional a una cuestión tan sensible y que afecta a toda la región como la del narcotráfico, esta crisis podría generar una dinamización de estos procesos de integración que a todas luces beneficiaría a la región a la hora de abordar los retos que enfrenta América Latina en un contexto de crisis del orden internacional.

La previsión es que este conflicto pueda intensificar también el proceso de militarización que está viviendo la región, con unas Fuerzas Armadas extraordinariamente bien valoradas por la ciudadanía y consideradas como la única institución capaz de garantizar el orden y seguridad de los diferentes países. Esta militarización de la vida pública pone en riesgo las propias democracias y puede acrecentar las derivas autoritarias de algunos líderes latinoamericanos. Sin embargo, en Ecuador, lo que está en juego ahora es el propio Estado, y sin él, no hay espacio para la democracia.