Energía nuclear
A vueltas con el ATC: la resistencia contra el cementerio nuclear

El 30 de diciembre de 2011, en el segundo Consejo de Ministros del primer mandato de Rajoy, se designó a Villar de Cañas (Cuenca) para alojar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) que preferimos llamar cementerio nuclear. Casi 2 años antes, Ecologistas en Acción impulsa la creación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que ha sido clave para visibilizar la oposición ciudadana a este proyecto. El trabajo continuado durante más de 6 años y medio ha sido fundamental para poner encima de la mesa los aspectos que muy probablemente den al traste con el proyecto: lo inadecuado de la ubicación, la pésima gestión, la ocultación y las mentiras de sus responsables políticos.

Cuando se designó Villar de Cañas, quedó claro que las dificultades para parar (una vez más) esta instalación iban a ser muy elevadas. Villar de Cañas es una zona no nuclear, con población dispersa, envejecida y sin articulación social.

La Comisión Interministerial creada ad oc para la búsqueda de un emplazamiento, puntuaron Villar de Cañas en 4º posición, por detrás de Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara). Sin embargo, el Gobierno de Rajoy eligió Villar de Cañas, una decisión estrictamente política (según reconoció en su momento el ministro del ramo José Manuel Soria) al llegar éste a un acuerdo con María Dolores de Cospedal, la número dos del PP y en ese momento presidenta de Castilla-La Mancha. A cambio (en cuanto a los aspectos conocidos) de controlar todo el proceso de licenciamiento y construcción, colocando sus personas de confianza en puestos clave: Francisco Gil Ortega, exalcade de Ciudad Real, al frente de Enresa y Fernando Martí Scharfhausen, compañero de negocios de López de Hierro (marido de Cospedal y responsable de la designación de Villar de Cañas como secretario de estado de energía) al frente del CSN. De esta manera, Iberinco, la empresa de ingeniería de la que es directivo López del Hierro, ha conseguido, hasta ahora, más de 34 millones de Euros en contratos para el ATC.

La Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca

La lucha contra el cementerio nuclear en Cuenca no se puede entender sin conocer la exitosa Plataforma ciudadana, tremendamente dispar y plural que se ha mantenido activa y unida a pesar del tiempo y de los cambios políticos.

En febrero de 2010, tras un atropellado comienzo, conseguimos poco a poco aglutinar a medio centenar de organizaciones representado todo el tejido social y político de Cuenca y Castila-La Mancha (sindicatos de clase y agrarios, asociaciones de vecinos, organizaciones ecologistas, ayuntamientos, partidos políticos...) excepto CEOE-Cuenca y el PP. Conseguimos consensuar un manifiesto y llegar a una posición antinuclear en un territorio en el que la mayoría de sus habitantes no se habían planteado tal debate.

Según reconoció José Manuel Soria, la elección por el Gobierno de Rajoy de Villar de Cañas fue una decisión estrictamente política.

Una de las primeras acciones fue dar charlas por todos los pueblos del entorno, excepto en Villar de Cañas, donde la secretaria del ayuntamiento nos lo impidió a pesar de habernos citado en un salón del ayuntamiento. En dichas charlas, licenciados en ciencias e ingenieros explicaron con rigor al vecindario que la gestión de los residuos es un grave problema de la energía nuclear y que cualquiera que intentase construir un cementerio nuclear se enfrentaría a graves problemas sociales y políticos.

Desde el momento que conocimos la candidatura de Villar de Cañas a albergar el cementerio nuclear, comenzamos las movilizaciones. Realizamos una de las manifestaciones más grandes de Castilla-La Mancha en Guadalajara, numerosas movilizaciones en Cuenca y provincia, concentraciones en las sedes de Enresa, CSN y Ministerio de Industria y nuestra tradicional marcha a Villar de Cañas, que este año ha cumplido su novena edición.

Nuestra lucha

En nuestro trabajo sobre el terreno nos encontramos con la compra de voluntades de Enresa y la promesa de una lluvia de millones en la zona. La Plataforma estima en más de 100 millones de euros los gastados en contratos, incluidas varias carreteras que nada tienen que ver con la ruta de los residuos y varios edificios de los que nunca han dado explicaciones convincentes de para qué sirven. Incluso sabiendo que puede estar incurriendo en ilegalidades, Enresa ha continuado con las licitaciones hasta hoy. Tanto es así que inició la del edificio principal por 217,76 millones de euros (sin IVA) y que se paralizó a falta de la apertura del tercer sobre, que contenía las ofertas económicas, ante la denuncia pública de Ecologistas en Acción y el anuncio de acciones legales. Tras estas irregularidades y dada la nefasta gestión del proyecto, Gil-Ortega fue forzado a dimitir.

Por otro, el alineamiento de los medios de comunicación con la industria nuclear nos imponía una cortina de silencio. El nulo talante democrático de los impulsores del ATC en la zona también se hizo notar: se negaban a realizar debates e informar con objetividad a los vecinos de Villar de Cañas. Solo se pudieron celebrar dos debates (en Villaescusa de Haro y Tarancón) que se saldaron con la apabullante victoria de la Plataforma.

Además de los problemas genéricos del ATC, desde la Plataforma investigamos sus problemas geológicos y descubrimos que eran enormes e insalvables. También el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le exigió a Enresa una serie de estudios ante la constatación de los problemas del subsuelo de Villar de Cañas. Además, la consultora independiente URS realizó un informe en el que se detallan los graves problemas geológicos del emplazamiento y se califica el terreno como “inadecuado” ante “la imposibilidad de efectuar una cimentación estable para la vida útil de estas estructuras”. Todo esto confirma nuestra afirmación de que Villar de Cañas es “el peor de los emplazamientos para el ATC”. Los riesgos se pueden resumir en 3 aspectos, según una empresa de geotecnia contratada por la Plataforma: posibilidad de karstificación ante la existencia de yesos masivos en el subsuelo, presencia de arcillas expansivas que podrían agrietar el edificio en caso de cambio brusco en la humedad de estos materiales, así como la presencia de un acuífero cercano a la superficie que podría facilitar la migración de radioisótopos en el caso de fuga.

La consultora independiente URS realizó un informe en el que se detallan los graves problemas geológicos del emplazamiento.

Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (ahora Ministerio para la Transición Ecológica) está realizando la Declaración de Impacto Ambiental. Mientras llega, que esperemos que llegue, los retrasos ponen de manifiesto las enormes dificultades de un proyecto sobre terreno inestable y con un importante valor en especies esteparias y hábitats de especial interés.

La situación actual

A pesar de haber demostrado que los terrenos no eran aptos, la maquinaria de la administración impulsada por el lobby nuclear parecía imparable. Por eso, a principios de 2015 planteamos una estrategia a medio plazo en el ámbito político. Conocíamos (y así lo pusimos de manifiesto en múltiples alegaciones) que los terrenos donde se pretendía albergar el ATC era de alto valor ecológico. Así estaba incluida dentro de una “Área Importante para las Aves” (IBA en ingles) denominada “Laguna de El Hito” y con el nº 192 dentro del catálogo europeo, delimitada por un estudio de SEO BirdLife de 1998. Pero esta circunstancia decidimos no publicitara y por el contrario invitar a todas las formaciones políticas que se presentaban a las elecciones regionales de mayo de 2015 en Castilla-La Mancha a que se comprometieran a parar la instalación del ATC. Para ello, escenificamos el compromiso ante la prensa el 9 de marzo, Equo, IU, Partido Castellano, Podemos, PSOE y UPyD firmaron, Ciudadanos se echó atrás solo 2 minutos antes de la firma y el PP fue el único partido que declinó su firma.

Tras las elecciones se constituye en CLM un gobierno formado por el PSOE y Podemos. Es en ese momento cuando ponemos las cartas encima de la mesa y solicitamos al gobierno entrante la ampliación de la ZEPA de El Hito hasta los límites de la IBA 192. El inicio del procedimiento supuso un frenazo del proyecto, pero no impidió que un día antes (el 27 de julio de 2015) el CSN emitiera un informe favorable a la autorización previa o de emplazamiento, lo cual supuso un tremendo escándalo y el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona. Además, el gobierno de Rajoy ha recurrido la ampliación de la ZEPA de El Hito y el procedimiento se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Después de 6 años y medio de que el gobierno de Rajoy pusiera el dedo en Villar de Cañas, solo existe un informe favorable del CSN (ha anunciado recientemente que vuelve a retrasar su 2º informe) pero ninguna de las 3 autorizaciones, ni la declaración de impacto ambiental. Ahora, el nuevo gobierno puede dar el carpetazo de forma inmediata y sin más trámites a este nefasto proyecto y platearse de una forma sensata y democrática el destino de los residuos nucleares. Pero los colectivos antinucleares no están dispuestos a negociar la solución menos mala para gestionar el combustible nuclear gastado (puesto que no hay solución a día de hoy) hasta que no exista un calendario de cierre de las centrales y por tanto se conozca su volumen y características.