Desahucios
"No queremos vivir gratis, estamos aquí solicitando un alquiler social"

“Lo único que le dije a la mediadora de Fidere es que nos dejaran por lo menos hasta que terminara el período escolar de los niños; me dijo que de ninguna manera. Se portaron fatal", explica Lidia Romero en la puerta de una de las tres tiendas de campaña que desde mediados de junio son su hogar.

Impresiona el orden y pulcritud en el entorno de las tres tiendas que componen la acampada de Lidia y su compañero, Santiago Ruiz. No es solo su disposición, sino también el cuidadoso tendido de las sábanas, que se escruta desde los accesos, semiabiertos para posibilitar la ventilación. El espacio de implantación, barrido y limpio. Impecable. Un atado de sillas, bien apiladas, se oculta en un intersticio de ese conglomerado. Nos ofrecen sentarnos y así comienza la charla con Lidia. Su compañero permanece a su lado, callado, quién sabe por timidez o tal vez por la confianza en la solvencia expositiva de su pareja.

Lidia rezuma determinación y firmeza, no exenta de la contundencia cortante que suelen exhibir aquellos a los que nada les ha sido dado fácilmente. Y también una angustia contenida que la mirada y el rictus de su boca delatan.

De cinco años a esta parte ha visto cómo la vida del núcleo familiar se deterioraba, al compás de la crisis que se instaló en la sociedad. Preguntada por los responsables de este deterioro, su respuesta es vaga: “No lo sé, quizá los políticos, los bancos…”. 

Lidia y Santi han trabajado durante toda su vida, hasta que la crisis los arrojó al paro. Han llegado a pagar alquileres de hasta 700 euros. Ella estuvo empleada en Carrefour, Caprabo, Ahorra Más y como dependienta de tienda de ropa. Él, de montador de andamios, repartidor de bebidas y soldador. Actualmente cobran una Renta Mínima de Inserción (RMI) de 655 euros. Tienen cuatro hijos, de 13, 10, 8 y 3 años. 

La situación del grupo familiar se tornó más crítica cuando recibieron el primer intento de desalojo del piso que ocupaban –según manifiesta “hartos de esperar por una vivienda pública”– actualmente bajo titularidad del fondo buitre Fidere - Blackstone. El inmueble forma parte del paquete de vivienda social de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) negociado por Ana Botella, operación que el Ayuntamiento intenta revertir por la vía legal. Sucedió el 2 de junio a las 10.00h de la mañana. Se pudo parar gracias a la PAH y a los vecinos que acudieron en su apoyo; pero solo obtuvieron 11 días de prórroga, que utilizaron en intentar detener la segunda acción. De nada valieron las gestiones de Lidia ante el fondo especulativo. 

El lanzamiento se concretó el 13 de junio a las 9.30h cuando, bajo la cobertura de catorce lecheras, la Policía Nacional les tiró la puerta abajo y los expulsó de la vivienda, con posterior identificación y cacheo. Los dejaron en la calle. Por mediación de los Servicios Sociales del Ayuntamiento ingresaron al Samur Social bajo el plan Estancias Breves, permaneciendo en el hostal Welcome –irónico nombre por lo que cuenta Lidia– en el Polígono Industrial de Vallecas. Un ambientazo que solo delata la frecuente impotencia de las administraciones para atender situaciones singulares de sectores sociales con diferentes tipologías y grados de exclusión. La familia tuvo que convivir durante esos días con toxicómanos, alcohólicos y una variada gama de afectados por “patologías sociales”, como si todos formasen parte de una misma y homogénea categoría administrativa.

Ante semejante experiencia, el día 19, apoyados por la Asamblea del 15M de Carabanchel, decidieron acampar frente a la Junta Municipal del Distrito del barrio, para intentar despertar la sensibilidad de los poderes públicos. La Comunidad Autónoma de Madrid y el Ayuntamiento, son las instancias con potestad para administrar dotaciones de vivienda pública. ¿Su demanda?, no se cansa de repetirla: “No queremos vivir gratis, estamos aquí solicitando una vivienda pública y un alquiler social acorde a nuestros ingresos”.

Lidia se prodiga en todos los frentes imaginables: atención y cuidado de los hijos que permanecen en la acampada y tienen su poso de estabilidad en los hogares de los padres y suegros. Administra la vida de la acampada y de la –no poca– gente que por allí circula. Recibe a periodistas, políticos, artistas y a la gente que se acerca a darles apoyo y solidaridad. Y no se doblega ante los vericuetos y dificultades procesuales que le antepone la administración pública, específicamente Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.

"NO HAY VIVIENDAS"

Ambas instancias comparten el mismo mantra: “No tenemos viviendas disponibles”. En la Comunidad de Madrid, donde estuvo en las primeras semanas de julio, le pidieron actualizar la documentación para solicitar una vivienda social, un expediente que según le dijeron, empezarán a mirar en tres o cuatro meses.  Con el Ayuntamiento la experiencia fue agridulce. Empezando por la parte dulce, relata que se presentó en el Palacio Cibeles pidiendo ser recibida por la alcaldesa y tuvo éxito. Manuela Carmena la atendió. Pero “me dijo que no había viviendas y que el principal problema nuestro es que no tenemos trabajo, que teníamos que buscar trabajo ya, ponernos a trabajar y que en el momento en que lo tuviéramos ya nos cambiaría un poquito la vida”.

Ante su alegación de que mientras continúan buscando empleo necesitan imperiosamente un techo donde vivir, la alcaldesa le habría ofrecido la –ya experimentada– alternativa del Samur Social, bajo el plan Estancias Breves, en el local situado en Puerta de Toledo. Al mismo tiempo, la exhortaba a abandonar la acampada frente a la junta de Carabanchel.

Lidia reflexiona: “Yo le dije que el Samur Social no era una alternativa adecuada para mis hijos, no lo veo yo como una alternativa. Además, te lo dice la palabra: “Estancias breves”. Te ponen ahí y luego ¿qué pasaría con nosotros después de esa 'estancia breve'? Cuando pasas allí una semana o dos, luego otra vez lo mismo, a la calle”.

¿Y todas las de los bancos que están vacías? Sí hay viviendas vacías, y todas cerradas”, dice Lidia

Y se rebela ante la respuesta unitaria de la Comunidad y del Ayuntamiento de que no tendrían viviendas disponibles: “Sí que hay viviendas, ¿y todas las de los bancos que están vacías? Y así ayudáis a las familias con alquileres sociales, que sí hay viviendas vacías, y todas cerradas”.

Diferente es la respuesta que ofrecen David Campo Acosta y Gustavo García Espejo, asesores de Esther Gómez, concejala de Carabanchel, quienes aseguran que el Ayuntamiento hace todo lo que está a su alcance para atender la situación de Lidia y Santi: “Hemos tratado de echarles un cable para sacarlos de la situación de calle pero el problema es que no tenemos recursos de viviendas, o están agotados, mejor dicho. Para una familia con seis miembros es muy difícil articular una solución habitacional”.

Alejandra Jacinto Uranga, abogada de la PAH, responde a ese argumento: “Nos consta que sí tienen viviendas aunque no sean suficientes, teniendo en cuenta los convenios que han suscrito con SAREB por ejemplo y además sabemos que han adjudicado viviendas en los últimos meses a personas desahuciadas por falta de pago". explica. "Lo que parece es que en este caso hay una penalización por haber okupado el piso, actualmente en manos del fondo buitre Fidere-Blackstone".

Aunque los asesores municipales se excusan en que "Fidere ni siquiera coge el teléfono", la abogada es tajante: "No se puede consentir que no haya mecanismos de reacción inmediata ante estas situación y eso no puede pasar por ofrecer ir cinco –o quince– noches en un albergue”.

Además, resulta difícil de comprender el argumento de los asesores que ser una familia numerosa constituye una circunstancia agravante, como si fuera una anomalía, cuando se trata de un número mayor de personas en riesgo de exclusión.

Según Jacinto, deberían realizar una política de vivienda contundente que permita –mediante fórmulas como la cesión de uso– el acceso a viviendas vacías en manos de entidades financieras, como propone la Iniciativa Legislativa Popular Madrileña”. "Apelamos a que el Ayuntamiento tenga una política de vivienda eficaz y cooperadora entre administraciones", insiste.