Derechos reproductivos
La dejadez de las autoridades convierte el aborto en una prestación sanitaria de segunda

Raquel Romero, consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030 de La Rioja, se comprometió el 1 de marzo a garantizar que las riojanas puedan abortar de forma voluntaria sin tener que desplazarse a otra comunidad autónoma, una propuesta que tres días después quedaba en agua de borrajas con el rechazo a la propuesta en el pleno del miércoles 4 de marzo.

Romero se pronunciaba así tras la denuncia en el reportaje  ‘Prohibido abortar en La Rioja, publicado por Pikara Magazine, donde se explicaba quelas riojanas son derivadas a otras comunidades autónomas debido a que todo el personal de ginecología de La Rioja ha firmado la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que provoca retrasos de al menos dos semanas en un proceso en el que los plazos son clave.

Pero La Rioja no es la única comunidad autónoma que deniega esta prestación sanitaria en la Sanidad Pública pese a que esta prestación queda recogida en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que indica que la protección del derecho al aborto se hará “mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva”. De hecho, hasta ocho provincias no han practicado abortos en 30 años como recoge esta investigación de Newtral.

La ley que regula el derecho al aborto en el Estado español dice muy claramente que nace con el objetivo de proteger a las mujeres tal y como reclaman Naciones Unidas: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, incluidos los que se refieren a la planificación familiar”. La actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo dice que esta protección de los derechos se hará “mediante la actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención de la salud sexual y reproductiva”.

Silvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius resaltan que las principales carencias no se dan por el texto de la ley, sino su aplicación sobre el territorio

“Cada vez que rascamos en un sitio, sacamos más problemas”. Podría ser un buen resumen de lo que ocurre en España con la ley del aborto, ya que sobre el papel parece clara y garantista pero en la práctica surgen más y más barreras que ponen en duda que se respete el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo. En concreto, estas palabras son de Silvia Aldavert, coordinadora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Esta entidad trabaja desde hace 1982 en Barcelona haciendo hincapié en la prevención y fomentando la educación sexual. Pese a que su ámbito es el catalán, realizan estudios a nivel estatal para saber cómo se accede y en qué condiciones a los mecanismos para elegir continuar o no con un embarazo. Precisamente en su último estudio se resaltan que las principales carencias no es el texto como tal, sino su aplicación sobre el territorio.

Pongamos el caso de una mujer, de 23 años, que trabaja a tiempo parcial y vive con sus padres en La Palma. Se queda embarazada y decide que, por su situación actual, no quiere continuar con su embarazo. Lo detecta a las siete semanas. ¿Qué hace? ¿Qué pasos hay que dar? “La información es la primera barrera porque ni siquiera sabemos qué dice la ley, a dónde recurrir o incluso si es gratuito”, explica Silvia Aldavert, con la experiencia de ver de diariamente a mujeres y chicas en esta misma situación. Si lo primero que hace esta mujer del caso figurado es buscar en internet, las posibilidades son muy altas de que los primeros resultados sean de asociaciones contrarias al derecho a decidir. Esto se debe, en parte, al vacío que deja la información institucional, inexistente en muchas comunidades.

Saltar de isla en isla

Por suerte, son muchas las mujeres que toman la decisión de ir a los centros de planificación si existen en su localidad o al médico de cabecera, como un servicio sanitario más que es. Esta problemática terminaría ahí, pero nuestra protagonista canaria tiene en su contra la insularidad. “Canarias —continúa Aldavert— es una de las comunidades con más barreras porque no todas las islas tienen clínicas y las mujeres deben saltar de isla a isla”. A esto, añade, hay que sumarle que las mujeres aquí están obligadas a tener varias citas antes de empezar el circuito para someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Un circuito muy menguado, ya que solo en dos islas (Tenerife y Gran Canaria) se puede elegir el método por el cual se realiza la intervención. “Como en todas las prestaciones sanitarias, hay que respetar a la paciente y ofrecer todas las técnicas disponibles”, explica la doctora Francisca García, presidenta de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo), que añade que “si no hacemos eso, estamos considerando las IVE como una prestación de segunda clase”.

En el caso planteado más arriba, someterse a un aborto inducido con medicamentos no es una opción. Vive con sus padres porque su economía no es suficiente para independizarse y la relación no es buena. Tomarse la llamada ‘pastilla abortiva’ supone tener que estar en casa en el expulsivo y no cuenta ni con la tranquilidad ni con los cuidados que una paciente debe tener. El aborto instrumental en su caso, por las circunstancias sociales más que médicas, sería el apropiado. De hecho, no es raro que el 78% de las mujeres preguntadas por ACAI en este estudio prefirieran el aborto instrumental al medicalizado. Además de estar en todo momento acompañadas, en una clínica, es mucho más resolutivo que el farmacológico, que en ocasiones debe repetirse e incluso finalizar con es instrumental. “Las mujeres —apunta Aldavert— debemos tener el derecho a elegir. Hay muchas situaciones donde no se pueden tener las condiciones necesarias, como sería el caso de una chica tutelada o una víctimas de violencia machista”.

Otro dato que evidencia que la situación de nuestra protagonista canaria no es atípica son los tiempos. El reloj avanza y se sabe que el 70% de las IVE se hacen antes de llegar a la octava semana de gestación. Eso le gustaría también a nuestra protagonista y por eso, por la rapidez, la inmensa mayoría de los embarazos sin complicaciones que se quieren interrumpir se hacen en los centros privados de manera extrahospitalaria —el 85,6% de los producidos en 2019 y el 91% desde 2010—. Ambos datos son del ministerio de Sanidad, que más allá de ofrecer estas estadísticas de manera anual, no hace más valoración de la ley y de su implementación.

La propuesta de Sanidad de generalizar el aborto farmacológico “es una forma fácil de solucionar estos problemas sin molestar a los médicos”, según la presidencia de ACAI, Francisca García

“Podemos decir que, en muchos sentidos, es una buena ley. Casi 100.000 mujeres abortan en condiciones de calidad, pero está claro que hay que seguir avanzando desarrollando la ley de 2010”, comenta la doctora García. Desde su asociación, ACAI, reclaman en esa lucha por seguir teniendo calidad de la prestación y que no se tomen “atajos” en este sentido. La presidenta de la asociación de clínicas se refiere al atajo que supondría la imposición del aborto farmacológico o incluso telemático, lo que de entrada podría interpretarse como la solución al problema de que la inexistencia de centros que hagan intervenciones —como ocurre en Ceuta y Melilla— o la rutina de que existan comunidades que deriven a otras a las mujeres a abortar a otras —ya sea por la objeción de conciencia de los médicos o la falta de infraestructura—

“Parece que lo último que está proponiendo Sanidad es una forma fácil de solucionar estos problemas sin molestar a los médicos”, opinan desde la Associació de Drets Sexuals i Reproductius. “Son salidas rápidas que no garantizan la calidad y le hacemos un flaco favor a las mujeres y a sus derechos”, coinciden desde ACAI. El resultado: depende de la suerte que tenga cada mujer al residir en una u otra comunidad, así será respetado su derecho.

Abortar sola o irse a Madrid

En el caso de Galiza, la infraestructura sanitaria fuerte no es el problema. Sí lo es la falta de interés en aplicar la ley. Pongamos otro caso: una mujer de 41 años con un hijo ya a su cargo que decide no continuar con el embarazo no deseado. Entre sus razones, el riesgo de que algo no vaya bien, además de no estar planificado. Acude al SERGAS (Servizo Galego de Saúde), donde las opciones son muy limitadas. En 2017, si eras de Lugo, no tenías ni siquiera acceso al aborto farmacológico, pero solo se tomaron medidas cuando un caso puso de relieve las consecuencias de esta carencias sobre la salud de las mujeres. En 2016, una mujer fue derivada a Madrid: recorrió 500 kilómetros en su propio coche con 32 semanas de embarazao al necesitar intervención por un feto inviable. Las complicaciones médicas de todo el proceso hicieron que tuvieran que extraerle el útero y no pudiera tener hijos biológicos nunca más. Después de esto, laXunta decidió que las lucenses tenían que contar con algún recurso para abortar y no ser derivadas a Coruña o Madrid.

Con mejor desenlace pero idéntico patrón vivió hace unos años una pareja de A Coruña. “A los cinco meses de embarazo —cuenta de forma anónima la pareja de la mujer— encontraron una grave cardiopatía al bebé y nos pintaron la situación muy mal, con muy poca calidad de vida y una esperanza de vida corta”. Recuperados del shock inicial, acudieron a la red pública y se encontraron —igual que en el caso de Lugo— con la barrera de la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería. “Nos propusieron hacerlo en casa. Que se tomara la medicación y al cabo de 48 horas, cuando se hubiera puesto de parto, ir al hospital”, comenta, en referencia al expulsivo.

El miedo a ponerse con contracciones en casa, con el feto ya fallecido o a que la atención en el hospital dependiera de la suerte de quién toque que te atienda, hicieron que esta pareja aceptase la otra alternativa: ir a Madrid. “En esa situación tienes que coger el coche, marcharte, además de que solo te pagan los gastos de la persona que va a abortar, sin infraestructura ni logística ninguna”, denuncia este hombre. Su pareja fue ingresada en una clínica privada autorizada para estas intervenciones al día siguiente de llegar a Madrid. “Estás asistido, con ginecólogos y enfermeros que te atienden durante todo el proceso”, resalta.

El caso de la mujer luguesa o la coruñesa que se vieron forzadas a ir a Madrid apunta hacia dos barreras concretas: la objeción de conciencia y el aborto en los embarazos avanzados

El caso de la luguesa o la coruñesa apunta hacia dos barreras concretas: la objeción de conciencia y el aborto en los embarazos avanzados. En el primer caso, las activistas por los derechos de las mujeres recuerdan que es una obligación de la administración de Sanidad tener recogidos los objetores y ofrecer una estructura de servicio que garantice ese servicio siempre. Y también dentro del sistema público. “La objeción de conciencia debe regularse de una manera más estricta”, comenta la presidenta de ACAI, que incide en el aumento de ataques que las clínicas sufren y denuncia que los derechos de las mujeres son de “segundo nivel” frente a los que las instigan. “Cómo se puede autorizar esas concentraciones a escasos metros de la puerta de las clínicas, poniendo los derechos de la mujer por debajo. No entendemos que este gobierno, cuyos partidos lo llevaban las zonas de seguridad en sus programas, no sean capaces de garantizar esta prestación sanitaria con la intimidad de la paciente”. “Siempre pierden las mismas, las mujeres”, lamenta García.

En el caso de los embarazos de más de 22 semanas, el problema surge de la redacción de la ley. Mientras que normativa dice que un comité en cada comunidad autónoma confirmará el diagnóstico que hace legal el aborto, en la práctica significa que ese comité decida si la mujer puede o no abortar. Además, señalan las plataformas en defensa de los derechos reproductivos, la opacidad sobre quién constituye esos comités y sus criterios es muy grande. De nuevo, la falta de información también juega en contra de la mujer: mientras que se podría asistir al comité de otra comunidad si hemos recibido la negativa de uno, muchas acaban o llevando a término el embarazo con todo lo que supone o abortando en el extranjero. “Tuvimos el caso de una mujer que además era médica y le acompañamos para poder contrarrestar los argumentos del comité. Todo esto con una situación tremendamente difícil, con un embarazo deseado pero no viable y en una situación temporal límite”, recuerda Silvia Aldavert.

Menores de edad y mujeres sin la tarjeta sanitaria

Hay colectivos para los que el derecho a decidir está aún más mermado. Es el caso de las chicas de 16 y 17 años y de las mujeres sin tarjeta sanitaria. “Cuando salen casos —explican desde la Associació de Drets Sexuals i Reproductius— de chicas o chicos que tiran al bebé al río, sabemos que son casos en los que se pidió abortar y no lograron la autorización”. Situaciones límite que se explican por la situación de desarraigo, de desestructuración familiar, donde la religión no permite que su decisión se respete, hogares donde hay violencia o es el propio agresor quien tiene que dar el consentimiento para que la mujer pueda abortar. “Sabemos que estas chicas que si no pueden acceder a esta autorización por multiples motivos, acceden a abortos clandestinos. Es vox populi y quien dice que no, miente. Estamos poniendo en riesgo sus vidas”, concluye Aldavert.

Esta normativa —introducida en 2015—, por la que las menores deben tener un consentimiento expreso y presencial de los tutores es una anomalía dentro de la Ley de Autonomía del Paciente, ya que las personas de 16 y 17 años pueden decidir si quieren o no recibir quimioterapia, someterse a una intervención, parir de una manera u otra pero no pueden decidir por sí mismas si abortan o participan en ensayos clínicos. “Está claro que la moral y el control al cuerpo de las mujeres es evidente”, apunta Aldavert y coincide con la presidenta de ACAI en que “debe cambiarse la parte de la ley referida a las menores”. Y esa es la promesa del actual Ministerio de Igualdad, modificar la ley. “Una gran diversidad de normas legales establecen que a esa edad las mujeres pueden tomar decisiones de manera responsable y autónoma, y no hay motivos basados en la salud y las evidencias para que no puedan ejercer ese derecho”, replican desde la Federación de Planificación Familiar Estatal.

El tercer caso que nos encontramos es el de una mujer recién llegada a España, con una situación administrativa aún irregular que reside en Almería. Para Alicia Bosch, de Médicos del Mundo, es un caso muy familiar, que atendió hace poco. “Trabajamos con personas migrantes y además con víctimas de trata. En concreto en Almería tenemos mucha suerte porque la sanidad es realmente universal”, explica. Desde la ONG solo tuvieron que poner en marcha la red de apoyo que tienen entre trabajadores sociales y la Atención Primaria para que un médico de cabecera la atendiera y derivara sin coste a una clínica autorizada que cuenta hasta con . Pero se trata de un panorama que incluso dentro de la misma comunidad autónoma no es así. “No sé explicar por qué lo que ocurre en Almería no ocurre en Sevilla o Málaga, por ejemplo”, responde Pablo Iglesias, técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo.

Desde el cambio en la ley de Sanidad de 2012 muchas personas se quedan fuera de la cobertura tan solo por la interpretación que algunos políticos hacen de la ley, dejando a las mujeres migrantes sin acceso al aborto

Desde REDER—red a la que pertenece Médicos del Mundo junto con otros colectivos que defienden la sanidad universal— denuncian que desde el cambio en la ley de Sanidad de 2012 muchas personas se quedan fuera de la cobertura tan solo por la interpretación que algunos políticos hacen de la ley. Algo que deja en especial vulnerabilidad a las mujeres migrantes con un embarazo no deseado o de riesgo. “En 2003 cuando se aprueba la ley que regula el sistema nacional de salud ya se reconocía que en todo caso se debe atender la situaciones más vulnerables, como es las mujeres embarazadas, las urgencias y los menores de edad independientemente de su situación administrativas”, comenta y explica que con la reforma del PP quedó redactada de una manera confusa los criterios para acogerse a este mandato. “Antes bastaba con estar un día empadronado para tener la tarjeta sanitaria, ahora no está determinado”. Por eso algunas comunidades como Madrid destacan por tener peor acceso y otras como Asturias como mejor, ya que se negaron desde un principio a la exclusión sanitaria.

En el caso de las mujeres migrantes en situación irregular estar embarazada y querer ponerle término es un situación contrarreloj. Si en la comunidad en la que viven les piden un mínimo de tres meses de residencia comprobable para poder tener la tarjeta y entrar en el itinerario para abortar, muchas veces es directamente imposible. "Les deja sin posibilidades”, admite Iglesias, que explica que desde REDER, desde agosto de 2018, se han contabilizado 112 casos de mujeres embarazadas que habían sufrido alguna barrera para ejercer su derecho a la salud, incluido el acceso al IVE por su situación administrativa. Una negación que muchas veces sucede por la falta de formación o información de los trabajadores de la atención primaria. Por eso, desde Médicos del Mundo y otras instituciones piden que en el actual anteproyecto de ley que regulará la Sanidad incluya que el derecho a la atención sanitaria no se vincule a un tiempo si no a una permanencia efectiva. “Solo que se demuestres que vive aquí, que no es turista y que se deje claro que las situaciones de especial vulnerabilidad tengan acceso inmediato a las prestaciones sanitarias”, concreta.

La radiografía de la ley, una garantía de calidad

Además de subsanar todas estas problemáticas en la aplicación de la ley, los movimientos feministas y de derechos sexuales inciden en que desde Sanidad hagan una radiografía de cómo está funcionando la normativa. Hasta ahora solo se tienen las estadísticas, pero no recoje problemáticas, abortos clandestinos, en el extranjero o embarazos a término sin opción para la madre. En la educación sexual, la prevención o el acceso a medidas contraconceptivas tampoco España destaca. Desde Pocas comunidades hacen un trabajo en este sentido, tienen disponible online información rigorosa que ayude a las mujeres y sigue existiendo un oscurantismo d prestigio profesional que hace que cada vez sean menos el personal médico o enfermero que se forma para los IVE. Una vez más, desde la ONU, en concreto la plataforma CEDAW, recuerdan que no respetar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas es violencia machista.

“Que el Estado español tenga una de las leyes más progresista y que tenga un acceso más seguro y de calidad del mundo —menos mortalidad y menos morbilidad— es gracias a todos los movimientos feministas que desde los 70 hasta hoy han luchado por ello”, comentan desde la Associació | Drets Sexuals i Reproductius y recuerdan que ante cualquier intento de recortar los derechos de las mujeres, estas se movilizan. Solo hay que recordar la campaña ‘Nosotras decidimos’ o Tren de la Libertad que evitó uno de los mayores retrocesos que pudo darse en 2014 con el ministro Ruiz-Gallardón. “El derecho al aborto —finaliza Silvia Aldavert— es uno de sus objetivos primero porque saben que la soberanía de los cuerpos de las mujeres es el pilar para derribar el sistema patriarcal”.