Crisis energética
Frente social contra la gasificación de España

Apertura de la regasificadora del puerto de El Musel (Gijón); posible reanudación del gasoducto Midcat que conecta España con Francia; nuevos contratos con Estados Unidos para el suministro de gas; recuperación del debate sobre el fracking, prohibido por la Ley de Cambio Climático, o sobre la extracción de hidrocarburos en el Mediterráneo y en Canarias… Muchas son las señales que apuntan a que Europa y España, frente al rumbo que parecía claro hasta hace apenas unos meses, están apostando por un resurgimiento de las infraestructuras fósiles, y, en concreto, de las gasísticas.

La Guerra de Ucrania, la escalada de precios de los combustibles fósiles y la crisis energética actual han traído a primera línea el debate sobre cómo dejar de depender del gas ruso, que constituye hoy en día el 40% del consumo europeo de este combustible fósil. Pero frente a lo que parecía una línea recta hacia la descarbonización, estipulada por una transición energética que se basase en el impulso a las renovables y la eficiencia energética para hacer frente a la emergencia climática, los combustibles fósiles, lejos de estar aún muertos, parecen resurgir, al menos temporalmente.

35 organizaciones sociales —entre las que se encuentran sindicatos, partidos políticos, confederaciones ecologistas y cooperativas del sector energético— han lanzado una carta abierta a la sociedad civil este miércoes, promovida por la red Gas no es solución, en la que exigen que la guerra de Ucrania no se convierta en la excusa para incrementar la dependencia de los combustibles fósiles.

Vuelta al pasado

La red promotora del texto, formada por decenas de organizaciones de la sociedad civil y nacida en 2017, principalmente como respuesta a los proyectos de fractura hidráulica (fracking) planteados entonces, ha permanecido sin actividad en los últimos años. Sin embargo, sus impulsores han considerado retomar la actividad ante “el cariz que está tomando la situación, en la cual se vuelve a hablar debates que parecían prácticamente superados, como el desarrollo de más infraestructuras gasísticas”, señala la responsable de la campaña Gas no es solución en Ecologistas en Acción, Marina Gros.

La publicación de la carta ha ido acompañada de una acción de protesta frente al Congreso de los Diputados en la que los activistas han desplegado un dinosaurio hinchable de 10 metros de ancho y siete metros de alto, formado por piezas de distintas infraestructuras fósiles. Con la imagen, pretendían “simbolizar que los combustibles fósiles son una reliquia del pasado y ni ellos ni cualquier forma de lavado verde tienen cabida en la transición energética”, según han señalado en un comunicado las organizaciones convocantes. Asimismo, han querido remarcar además que la modernización del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), la nueva propuesta sobre la taxonomía verde de la UE (por la que el gas y la nuclear podrían ser catalogadas como energías verdes y sostenibles) y la expansión de infraestructuras gasistas son “tres piezas de un mismo puzle”.

Gros lamenta el “papel preponderante” que el gas ha tomado en el debate público y recuerda que el posicionamiento de la red sobre el gas no viene solo de los últimos movimientos, sino que “es una situación heredada de una mala gestión y una mala perspectiva de la UE a la hora de enfocar su política energética, que nos ancla todavía más en este combustible, no olvidemos, fósil”.

El documento pone de relieve el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en el que la comunidad científica deja muy claro que las emisiones deben tocar techo en 2025 y deben reducirse a la mitad en 2030 si no queremos que el aumento de la temperatura media global sobrepase los 1,5ºC. De hecho, como resalta la carta, el propio informe reafirma la necesidad de un cambio sistémico como única forma de lograr las reducciones rápidas requeridas.

Las 35 organizaciones remarcan que, si bien es necesario reducir la dependencia de carbón, gas, petróleo y uranio rusos, “no se debe hacer a costa de aumentar las explotaciones fósiles de otras partes del mundo, ya que, además de las consideraciones climáticas, muchas veces financian otros regímenes autocráticos”. De hecho, la red alerta de que los instrumentos de los que se está dotando la UE —la hoja de ruta REPowerEU y el acuerdo con EE UU Task Force on Energy Security, por el que Estados Unidos se compromete a incrementar sus exportaciones de gas natural licuado a la UE hasta los 50.000 millones de m³—, si no se aplican adecuadamente, podrían consolidar la dependencia de los combustible fósiles.

Tuberías enterradas

La expansión de infraestructuras de combustibles fósiles, como el gasoducto Midcat, “nos alejará de la última oportunidad de evitar el caos climático”, defienden. El caso de esta tubería, abandonada definitivamente a medio construir en 2019 tras años de movilización ciudadana en contra, y que contó además con un informe en contra de la Comisión de la Regulación de la Energía francesa, es paradigmático.

A pesar de su abandono en 2019 tras varios intentos del Gobierno por finalizarlo, cuatro años después el Ejecutivo español vuelve a apostar por ella y ha llegado a afirmar que, en el futuro, podría servir para transportar hidrógeno, algo dudoso dado el estado de desarrollo de esta tecnología, su escasa eficiencia energética actual y la falta de seguridad climática de esta, pues para conseguir hidrógeno verde y sin emisiones debería poder producirse con un excedente de energía renovable, algo que no se espera conseguir en España en al menos una década.

“El hidrógeno renovable no debe convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas fósil y la inversión en más infraestructuras innecesarias”, señala la carta hecha pública este miércoles

A pesar del interés español, como señala Marina Gros, el Gobierno francés, por el momento, parece que está en contra de la finalización de los más de 200 km pendientes del Midcat, e incluso la red Gas No es Solución ha recibido informaciones por las que la Comisión Europea “parece que no le ve mucho sentido”. En cualquier caso, la carta publicada hoy enfatiza que “el hidrógeno renovable no debe convertirse en una falsa coartada que fortalezca el papel del gas fósil y la inversión en más infraestructuras innecesarias”.

Pero el Midcat no es el único proyecto sobre la mesa. Tal como remarca Sara Pizzinato, responsable de Proyecto de la Alianza Mar Blava, una plataforma multisectorial de más de 120 entidades centrada en la protección del Mediterráneo y la detención de cualquier proyecto petrolífero en la región, existen movimientos “más sutiles” de apoyo al gas, como la renovación en enero de las concesiones a Naturgy para el almacenamiento de gas en el subsuelo de la zona cercana al Parque Nacional de Doñana. “No podemos aceptar ni la guerra ni el chantaje de la reducción de las importaciones de gas o de petróleo de otros países como una excusa para relajar tanto los criterios ambientales como una estrategia energética 100% renovable, eficiente, inteligente y en manos de la gente para poder salir de esta crisis y no meternos en la siguiente, que es la del cambio climático”, enfatizaba Pizzinato.

Fin del 'greenwashing'

Así, en lugar de apostar por el gas fósil, las entidades de la red defienden promover la resiliencia energética mediante la reducción de la demanda, la eficiencia energética y la aceleración de la generación renovable. Tambiñen por aumentar la ambición climática, reforzando iniciativas legislativas como el paquete Fit for 55 de la UE, que pretende reducir las emisiones de los 27 un 55% para el año 2030 respecto a los niveles de 1990.

Asimismo, en el documento hecho público hoy abogan por prohibir la publicidad y los patrocinios de las empresas de combustibles fósiles. “No por nada se llamaba antes Gas Natural la mayor gasista de España. Hay que revertir 30 años de campañas de combustible ‘ecológico’”, señala por su parte Francisco del Pozo, responsable de la campaña de combustibles fósiles de Greenpeace España, organización firmante de la carta.

“Hace falta una reforma del sistema eléctrico y del modelo marginalista”, apunta Ismael Morales, de la Fundación Renovables

Proteger a las personas en estado de vulnerabilidad mediante una tarifa social para la energía y los suministros básicos; además de implementar un cambio masivo de calderas de gas por sistemas renovables y la inversión en eficiencia energético en los edificios, sería otra de las claves de este proceso para las organizaciones firmante de la carta hecha pública hoy.

Por último, como señala Ismael Morales, de la Fundación Renovables, ante un modelo marginalista que beneficia a las grandes energéticas, que no acaba con la energía fósil y que incluso podría plantear una pérdida de rentabilidad de las infraestructuras renovables a medio plazo —lo que ralentizaría su desarrollo—, hace falta una reforma del sistema eléctrico, tanto en Europa como en España. Y habla de una reforma más allá de que la Comisión Europea haya aceptado la propuesta hispano-portuguesa de poner un tope al precio del gas, lo que implicará sumar al sistema marginalista de subastas actual, por el que la energía más cara marca el precio final, una segunda subasta para evitar que el resto de la UE compre energía subvencionada.

“Hace falta una reforma del sistema eléctrico y del modelo marginalista. En algún momento vamos a tener que sacar nuevos mercados o subastas para que vayan las inframarginales: la nuclear, las renovables, con un precio mucho más bajo”, sentencia Morales.