Coronavirus
Mª Dolores Jacinto: “La regularización no es una cuestión de solidaridad sino de justicia social"

María Dolores Jacinto Nieto es empleada del hogar y migrante, lo cual hace comprensible que defina el confinamiento como una situación “que se está haciendo insostenible”. Necesitan salir a trabajar ya, sostiene. De hecho, fue la precariedad a la que se ven sometidas las profesionales del hogar la que hizo que, hace dos años, empezara a funcionar en el País Valencià la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC), de la cual Jacinto forma parte. 

Este colectivo está integrado por profesionales de todas las nacionalidades y condiciones contractuales (internas, contratos por horas, medias jornadas...), y en él se pretende prestar apoyo a mujeres que necesitan y quieren conocer sus derechos y obligaciones, tal y como explica la portavoz, tengan o no una situación en regla. Jacinto Nieto, que también es portavoz en València de la campaña por la regularización de las personas migrantes en el Estado español, incide en este aspecto: “Para nosotras [las integrantes de la asociación] es importante que todas conozcan cuáles son sus derechos aunque algunas no estén en circunstancias de poder reclamarlos”

Alude a la ley de Extranjería, un documento que “no permite reglamentar tu situación hasta pasados tres años en situación irregular”. Con independencia del plazo, la asociación se enfoca en asesorar a estas mujeres para que, cuando puedan reclamar legalmente sus derechos y se decidan a hacerlo, puedan llevar a cabo este proceso por ellas mismas. 

La situación de emergencia por el coronavirus ha puesto sobre la mesa multitud de fallos del sistema y diversas situaciones de vulnerabilidad, ¿cómo está afectando la crisis sanitaria a vuestro sector y a la población migrante en general? 
Nunca habíamos pensado que pudiera suceder una situación así. Muchas compañeras están en una situación muy difícil por no tener la tarjeta de residencia o no estar cotizando. Otras que sí tienen papeles en regla pero a las que sus empleadores no les habían hecho contrato o las han despedido se encuentran en situación similar. Muchas de estas mujeres son madres, cabezas de familia monomarentales con hijos.

El gobierno aprobó una subvención para el empleo de hogar pero no todo el mundo puede acceder a ella: se debe contar con un contrato anterior al 14 de marzo, que muchas obviamente no lo tienen, y hay quienes sí lo tenían pero sus empleadores les han dado de baja en medio de esta crisis. Tampoco se han creado los portales electrónicos para presentar la documentación y poder acceder a la ayuda, el plazo de solicitud vence el el primero de mayo.

Así que muchas estamos sin ingresos, tirando de ahorros quien los tiene y en una situación más que precaria. El Estado se ha preocupado por las empresas y autónomos pero a las personas que no estamos en situación legal en el país se nos invisibiliza. 

De hecho, estas trabajadoras invisibilizadas contribuyen a la economía del país en gran medida.
Históricamente ha existido una invisibilización del trabajo de hogar y los cuidados. Siempre se ha dicho que es un trabajo no cualificado y sin embargo se necesitan muchas aptitudes para desempeñarlo. El empleo de hogar y de cuidados genera una economía que es la que menos se mueve y la que más aumento tiene porque la mayoría de las compañeras accede a estos empleos sin tener la documentación en regla, y pasan así tres años hasta que pueden comenzar su proceso de regularización.

El primer contrato que obtenemos es uno en el que nosotras pagamos nuestra seguridad social porque generalmente el empleador no quiere hacerlo. Una vez regularizadas, mantenemos la cotización. De este modo siempre estamos contribuyendo al Estado pero eso no nos proporciona ninguna garantía de desempleo ni derechos por riesgos laborales. De todo lo que las empleadas del hogar cotizan para el Estado, no recibimos nada.

Por eso pensamos que la ayuda que se ha establecido ahora por la emergencia sanitaria no debería ser momentánea sino definitiva, y que se ha de garantizar una protección cuando alguna se quede sin empleo. También sostenemos que no se debería permitir nos puedan despedir de un día para otro, cuando en cualquier otro sector esto es ilegal. Tenemos muchas cosas por reclamar.

¿Cómo ha surgido esta campaña por la regularización de las personas migrantes?
Son más de cien colectivos y asociaciones de todo el Estado los que se han unido a esta iniciativa. Surge, en parte, a raíz de la regulación que ha llevado a cabo el gobierno de Portugal para que nadie se quede desprotegido en esta crisis. El gobierno español debería hacer lo propio y permitir una regulación masiva. Mucha gente va aquedar expuesta cuando esto termine y va a necesitar ya no un trabajo digno, sino condiciones dignas de trabajo. Es necesario garantizar derechos para todos, y no que los derechos sean un privilegio al que nosotras no podamos aspirar.

En ocasiones, este tipo de campañas en la que se reclaman derechos para colectivos más vulnerables se acogen desde la izquierda con cierto paternalismo... Un “vamos a ayudar a esta gente” en vez de enfocarlo como una cuestión de justicia.
Exactamente. No se trata de caridad, no queremos que se nos revictimice de nuevo. Más allá de lo que España puede darnos, nosotras aportamos mucho más, no sólo a la economía sino también a la cultura, a la gastronomía, aportamos muchos saberes en muchos campos, somos parte de esta sociedad y de su historia. Lo que estamos pidiendo es una cuestión de derecho y de justicia. 

En este sentido, ¿cuáles son vuestras reivindicaciones concretas?
Pedimos que se regularice a las personas migrantes sin requisito de tiempo de arraigo y que se concedan permisos de trabajo sin necesidad de que exista un contrato u oferta laboral. Queremos que se priorice el derecho a la vida familiar y los trámites de reagrupación y que se aprueben las solicitudes de refugio y tramite de forma inmediata. También exigimos que se libere a la gente de los CIE y los CETI de Ceuta y Melilla, se anulen los expedientes de deportación y se agilicen los pasos peninsulares, y solicitamos el cierre definitivo de estos centros.

Otra demanda es que se eliminen cualquier tipo de acciones policiales y de seguridad basadas en el perfil racial y se concedan permisos de trabajo para menores migrantes y para quienes hayan cumplido la mayoría de edad para que no queden en situación de desamparo.

Para todo ello nos acogemos al artículo 127 de la Ley de extranjería que concede la “autorización de residencia por circunstancias excepcionales, colaboración con las autoridades públicas por razones de seguridad o interés público”. La regularización, más que una necesidad, es una urgencia dada la situación de emergencia que existe.

Ante una pandemia como la que estamos viviendo a día de hoy, es importante proteger no sólo a los autóctonos sino a toda la población que vive dentro del mismo territorio. Es responsabilidad de las autoridades fortalecer a los colectivos más vulnerables si es verdad, como se dice, que para salir de esta crisis tenemos que hacerlo todos juntos. La regularización es cuestión de justicia social.