Coronavirus
El Gobierno prorroga un “escudo social” que deja fuera a decenas de miles de familias

“Este Gobierno ha construido un escudo social, seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país”. Con estas palabras el vicepresidente social del Gobierno, Pablo Iglesias, anunciaba una prórroga de las principales medidas sociales para las personas más afectadas por la crisis del covid-19.

Estas medidas, justificó el líder de Unidas Podemos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este 7 de julio, no solo “responden a un criterio de justicia social sino también a necesidades de eficacia económica, de que la demanda se pueda sostener en nuestro país”. 

¿Un índice de precios para regular los alquileres o solo “un mapa de los alquileres abusivos”?

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

¿Un índice de precios para regular los alquileres o solo “un mapa de los alquileres abusivos”?

Martín Cúneo

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El Gobierno presenta el primer índice estatal de precios del alquiler, una iniciativa que debería servir, según el pacto de Gobierno, para regular el precio de la vivienda en las zonas declaradas como tensionadas. Los sindicatos de inquilinos exigen que este índice se actualice con la crisis sanitaria y social y que se aplique para garantizar el acceso a la vivienda.

Entre las iniciativas prorrogadas hasta el 30 de septiembre figura la moratoria en el pago de la hipoteca de vivienda habitual en los casos de especial vulnerabilidad, una ayuda que fue concedida hasta la fecha a 200.000 personas, el 83% de los hogares que la solicitaron, según datos aportados por Iglesias. Otra de las medidas prorrogadas, los créditos al consumo, han sido concedidas hasta ahora a 364.000 personas. Ambas ayudas se podrán solicitar hasta el finales de septiembre con una duración de tres meses.

Las medidas “no responden solo a un criterio de justicia social sino también a necesidades de eficacia económica, de que la demanda se pueda sostener en nuestro país”, dijo Pablo Iglesias

Las ampliaciones también afectan a las ayudas del alquiler. La prórroga de seis meses en los contratos de arrendamientos de vivienda habitual se podrá solicitar hasta el 30 de septiembre. También se podrán pedir hasta esa fecha una moratoria en el pago de la renta o la condonación total o parcial del alquiler cuando el casero sea un gran tenedor, es decir, tenga más de diez viviendas.

Las ayudas al alquiler se quedan cortas y no terminan de llegar

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Las ayudas al alquiler se quedan cortas y no terminan de llegar

Martín Cúneo

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Los grandes bancos siguen sin firmar el convenio para distribuir los microcréditos del ICO para la familias más afectadas por la crisis social y sanitaria. Mientras, en la Comunidad de Madrid las ayudas directas al alquiler se agotan en la primera semana.

En el tercer paquete de medidas, dedicado a garantizar el acceso a los suministros básicos, el Gobierno prorrogará “temporalmente la garantía de suministros de agua y energía” hasta finales de septiembre. A estas medidas se le une, según palabras de Iglesias, “la paralización de los desahucios, que va a estar vigente, de momento, hasta el 2 octubre de 2020”.

Avance insuficiente

El anuncio ha sido respondido desde las organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda con una aclaración —"los desahucios continúan”—, una exigencia —un decreto que paralice todo tipo de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021— y una acusación: “El Gobierno puede hacerlo cuando quiera, pero de momento no quiere”.

Desde la PAH, los sindicatos de inquilinos y otras asambleas de vivienda recuerdan que durante el estado de alarma los desahucios se paralizaron sobre todo por la suspensión de los plazos procesales decretada el 4 de junio y no tanto por las medidas adoptadas del Gobierno de coalición. Una vez que los trámites judiciales se han reanudado, también han vuelto los desahucios. Según denuncian los colectivos de vivienda, las moratorias dejan fuera a las familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la crisis del covid-19 y que la nueva situación les impide salir adelante, así como a las personas en situación irregular o las que viven en pisos sin contrato.

El anuncio ha sido respondido con una aclaración —“los desahucios continúan”—, una exigencia —un decreto que paralice todos los desahucios hasta finales de 2021— y una acusación: ”El Gobierno puede hacerlo cuando quiera pero de momento no quiere"

"Existimos para trabajar, para limpiar sus casa y para cuidar a sus abuelos pero para cobrar una ayuda o pedir un techo no existimos"

Paraules de lluita de #MarleneSeQueda, acabem amb la llei d'estrangeria i els densonaments, hem donar valor a la vida #LHospitaletTrinxera https://t.co/OmKDUj19sb

— Júlia (@chilcana_) June 23, 2020

“Hay muchas personas que no saben dónde acudir, que no saben a dónde pedir refuerzos, dónde pedir respaldo, y se sienten acosados, por eso hay familias en la calle, porque los Servicios Sociales no quieren o pueden ayudar”, decía emocionada Marlene el 23 de junio, en L’Hospitalet de Llobregat, después de que la solidaridad vecinal y del sindicato de inquilinos consiguieran impedir su desahucio. “Las personas indocumentadas no existimos, pero sí para trabajar, sí para limpiar sus casas, sí para cuidar a sus abuelos, pero para cobrar una ayuda, para pedir un techo no valemos, no servimos”, decía ante los vecinos y activistas que apoyaban su caso.

Unos días antes, el 18 de junio, también en L’Hospitalet, la PAH impedía el que se conoció mediáticamente como el primer desahucio tras el confinamiento, que iba a dejar en la calle a Liliana y sus dos hijos de siete y 13 años. Según su propio relato, Liliana había alquilado una habitación a un “estafador”, que no era el propietario. Cuando ya no pudo seguir limpiando casas por la crisis del covid-19, le cortaron la luz y se vio viviendo como una “ocupa”, sin papeles ni posibilidad de buscar ni pagar otra vivienda. La casuística es enorme, denuncian desde la PAH, y hace que miles de casos no entren en las estrechas definiciones de la ley. Solo en Barcelona, durante el estado de alarma se suspendieron 788 desahucios, que ahora vuelven a estar activos.

Han vuelto los desahucios y también las acciones para pararlos. Ese 18 de junio, unos 200 activistas de la PAH impidieron que el propietario, el fondo de inversión Cerberus, echara a Liliana y a su familia de la que había sido su casa durante un año y medio.

“El Gobierno progresista tiene la opción de decidir de qué lado está, si de las familias y los derechos humanos, o del lado de la derecha y las políticas que están expandiendo en las comunidades donde están gobernando, como Andalucía, Castilla y León, Madrid, o Murcia”, dice esta organización en un comunicado lanzado este 7 de julio. 

Más allá de las palabras, la PAH pide medidas concretas: “Tienen que demostrar que son ciertas sus afirmaciones de que ‘no quieren dejar a nadie atrás’ rectificando errores que dejan a miles de familias sin protección”.

El portavoz de la PAH Paco Morote califica la prórroga de avance, pero un avance insuficiente: “Celebramos que nos escuchen, pero queremos que nos escuchen mucho más”, dice a El Salto

Según denuncian, las medidas del Gobierno “solo protegen a una parte de las nuevas familias vulnerables debido al coronavirus, deja a otra parte atrás y se olvida plenamente de las miles de familias que ya vivían en extrema vulnerabilidad previamente al estado de alarma y lo seguirán estando en esta nueva y vieja normalidad”. 

Los mil obstáculos para acceder a las ayudas de vivienda

Martín Cúneo

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Asociaciones de consumidores y el movimiento por la vivienda denuncian que el “escudo social” frente al covid19 no está funcionando como debería. La burocracia, las dificultades añadidas en tiempos de confinamiento, la brecha digital y unos requisitos “excesivos”, según denuncian, hacen que buena parte de las personas que las necesitan no puedan acceder a las ayudas.

El portavoz de la PAH Paco Morote califica la prórroga de avance, pero un avance insuficiente: “Celebramos que nos escuchen, pero queremos que nos escuchen mucho más”, dice a El Salto. 

Desde la PAH reclaman, explica Morote, que se “homologuen las situaciones de vulnerabilidad”. Las medidas incluidas en los reales decretos, explica, solo afectan a personas que han “caído en situación de vulnerabilidad en la pandemia, pero a la gente que venía con la vulnerabilidad de casa no lo protege”. Tampoco protege a la gente vulnerable forzada a ocupar viviendas vacías de los grandes tenedores, como bancos y fondos de inversión, señala Morote, que “mantienen fuera del mercado para subir los precios”. En España, hay más de 3,4 millones de viviendas vacías, recuerda Morote, y el parque público de vivienda español se encuentra entre los más pequeños de los países del entorno. “La vivienda es un bien social. Y si había alguna duda, la situación del estado de alarma lo ha confirmado, también es un bien de carácter sanitario”, dice Morote.

Un estudio cifra en 684.385 los desahucios desde 2008 y concluye que la crisis se ha hecho crónica

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Un estudio cifra en 684.385 los desahucios desde 2008 y concluye que la crisis se ha hecho crónica

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Entre 2008 y 2019, más de 1,7 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares, según un reciente informe del Observatori DESC, una muestra de un “modelo que no funciona” y que se ha convertido en permanente.

Muchos lanzamientos iniciados antes del estado de alarma, se han reactivado tras el 4 de junio y no hay leyes que protejan a sus habitantes. No es cierto que no hay desahucios. Ahora estamos parándolos en Andalucía, Aragón, Catalunya, Comunidad de Madrid, Murcia o País Valencià”, dice este activista de la PAH que habló el pasado 5 de junio en el Comisión de Reconstrucción del Congreso.

“Disponen del poder y de mayoría suficiente para hacerlo, así que esperamos que no nos fallen otra vez”, advierten desde la PAH

La propuesta de la PAH, que se va a reunir este 10 de julio con el secretario general de Vivienda, David Lucas, es un Real Decreto que “no discrimine el origen de las vulnerabilidades” a la hora de paralizar los desahucios y que suspenda todos los desalojos de familias vulnerables que “carecen de una alternativa habitacional digna”, según Paco Morote, hasta el 31 de diciembre de 2021. Hasta entonces, este colectivo se ofrece a colaborar en la redacción de una ley estatal de vivienda que reconozca la vivienda como un bien social.

Según un comunicado de la PAH, las reuniones con los grupos políticos dan pistas de una “amplia mayoría parlamentaria que daría soporte a este Decreto urgente antidesahucios que el Gobierno progresista podría hacer efectivo en cuanto quiera, pero que de momento no ha querido”. 

“Disponen del poder y de mayoría suficiente para hacerlo, así que esperamos que no nos fallen otra vez”, dicen desde la PAH.