Contaminación
Vivir al lado de una cementera incineradora

Un polvo fino, y cada vez más negro, cubre la terraza de tu casa. El aire lo mueve, te impregna la ropa, la piel. Lo respiras, te lo tragas. Vives en el barrio de Can Sant Joan, en el municipio de Montcada i Reixac, a quince minutos del centro de Barcelona. Y a ciento cincuenta metros de una cementera que, desde el 2008, también usa residuos urbanos como combustible, pese a las movilizaciones de la Plataforma Anti Incineración, a día de hoy en un laberinto para revocar una dudosa licencia ambiental. Es la factoría LafargeHolcim, la multinacional francesa aposentada en este municipio del Área Metropolitana. Los vecinos abren un nuevo episodio de reivindicación esta misma semana en el Parlamento Europeo, de la mano de una veintena de entidades contra la incineración. Más de cien años de Lafarge en Montcada parece que son suficientes.

Antonio de Pedro García, vecino de Can Sant Joan, desarrolla los porqués en el pequeño local de la Asociación de Vecinos, en la calle Batería de este barrio periférico: “Nos cuesta muchísimo respirar, nos pasamos el día con los ojos llorosos. Cada día hay más problemas de bronquios y se disparan las alergias. Y aunque la fábrica está en el centro del municipio, como vivimos en un valle, si no corre el aire casi todo se concentra aquí”.

José Luis Conejero, portavoz de la Plataforma Anti Incineración, creada en 2006, asegura que “Lafarge durante años ha quemado productos mezclados con muy poco control”. Una actividad que provoca “emisiones que pueden contener dioxinas, furanos, metales pesados, mercurio y decenas de compuestos que los filtros no retienen y que contaminan el aire, el suelo y el agua”, explica Mercè Girona, del Centro de Ecología y Proyectos Alternativos (CEPA). Partículas ultrafinas en suspensión que “se inhalan y pasan a la sangre”, puntualiza Girona.

El sector del cemento argumenta que “valorizar energía”, que es como llama sofisticadamente a quemar residuos con alto valor calorífico para hacer combustible, limita las emisiones de CO₂ del carbón de coque, el combustible clásico de las cementeras. No obstante, diversos estudios apuntan una contrapartida poco agradable. Entre ellos, destaca un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid de 2013 que señala que los habitantes que viven en un radio de cuatro kilómetros de una incineradora tienen más riesgo de padecer algunos tipos de cáncer, tesis que fue apoyada por un catedrático de la Organización Mundial de la Salud un año más tarde. Un riesgo que corren los vecinos de Montcada, Nou Barris, Sant Andreu del Palomar, La Llagosta, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès y Ripollet. Casi 600.000 personas.

Hoy, en Catalunya, cuatro de las seis plantas cementeras procesan residuos: Lafarge, Cementos Molins, Portland Valderrivas y Cemex España

En 2016, el Grupo de Estudios sobre Incineración y Salud del País Vasco, integrado por 25 profesionales del ámbito de la salud, solicitó una moratoria en la construcción de la incineradora de Zubieta por estos mismos motivos. Actualmente, el CSIC y la Agencia de Salud Pública de Catalunya investigan la relación entre las dioxinas que emite la incineradora de Sant Adrià del Besòs y el riesgo de padecer cáncer en sus entornos. Un primer estudio asegura que no es posible hacer una relación de causa-efecto entre las emisiones y la mortalidad, que no supera la media de la ciudad. Sin embargo, puntualiza que tampoco se sabe con certeza cuántas dioxinas se concentran en la zona del Fòrum, por lo que se realizará un segundo estudio.

El Convenio de Estocolmo, en vigor desde 2004, asegura que la contaminación química ambiental produce un impacto claro contra la salud, señalando la necesidad de regular las emisiones de los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), entre los que se incluyen dioxinas y furanos.

Hoy, en Catalunya, cuatro de las seis plantas cementeras procesan residuos: Lafarge, Cementos Molins, Portland Valderrivas y Cemex España. En el año 2016, se utilizó un 26,3% de combustible alternativo en cementeras catalanas y un 25% en las plantas de todo el Estado, señala el último informe de la Fundación Laboral del Cemento y el Medio Ambiente, formada por la patronal Oficemen, UGT y CCOO. El 30% del combustible de Lafarge de Montcada proviene de residuos urbanos y biológicos, según datos de la empresa.

La Plataforma Anti Incineracion de Montcada i Reixac se reunirá estos 3 y 4 de abril en el Parlamento Europeo, junto con entidades del resto del Estado y de países como México, Eslovenia (donde se consiguió cerrar una planta de Lafarge), Italia, Grecia y Serbia. El Movimiento contra la incineración pide “que no se fabrique nada que no sea pueda reutilizar-reciclar y que, por lo menos, se etiqueten las bolsas de cemento para saber qué productos contienen, pues no todo lo que se quema sale por las chimeneas. También hay una parte que queda en el cemento que se fabrica con ese combustible”, explica el portavoz de la plataforma.

No es la primera vez que los vecinos de Montcada i Reixac se enfrentan a la incineración de residuos. En los 2000, conseguían a golpe de movilización el cierre de la primera incineradora de residuos de Catalunya, en el polígono de La Ferrería

Según Mercè Girona, la alternativa a la incineración pasa por ir hacia “la estrategia Residu Zero, que implica una recogida selectiva de calidad. Ahora mismo, en Catalunya estamos apenas en un 34% de reciclaje selectivo. La mayoría de residuos van a vertederos y un 25% a incineración”. La portavoz de CEPA también asegura que “es necesario regular cómo se fabrican los productos del mercado, porque muchísimos son de un solo uso, y aplicar lo que la directiva de la Unión Europea nos dice: ampliar la responsabilidad al fabricante, que tiene que pagar el impacto del producto cuando se pone en el mercado. Si una botella es reutilizable quizás no tiene que pagar nada”.

Los datos de la Agencia de Residuos de Catalunya señalan que en 2017 se generaron 3,8 millones de toneladas de residuos municipales, con un incremento de un 3,2% respecto el año anterior, y 3,7 millones de toneladas de residuos industriales de las empresas declaradas. De estos últimos, 290.458 toneladas de residuos están considerados peligrosos, entre ellos, los plásticos. 8.017 toneladas de los cuales pasaron por la técnica de la valorización energética.

La incineración por la puerta de atrás

No es la primera vez que los vecinos de Montcada i Reixac se enfrentan a la incineración de residuos. A comienzos de los 2000, conseguían a golpe de movilización el cierre de la primera incineradora de residuos de Catalunya, en el polígono de La Ferrería. En funcionamiento desde 1974, la planta tenía efectos sobre los municipios de Montcada, Barberà del Vallès y Ripollet. A cambio de su desmantelamiento, tolerarían el Ecoparc II de Montcada, que actualmente trata alrededor del 30% de los residuos del Área Metropolitana de Barcelona, según estimaciones del Ayuntamiento. El trueque, sin embargo, no sería limpio.

Con la crisis inmobiliaria, la industria del cemento —un oligopolio condenado en 2016 por el Tribunal de Competencia por pactar precios durante quince años— veía reducida su producción en más de un 80%. Había que encontrar otra vía de negocio y la idea latía desde hacía años en los despachos: el tratamiento de los residuos en las cementeras, que cobran por cada tonelada que hacen desaparecer, en un momento en el que cada vez se generan más residuos, y al mismo tiempo que se ahorran parte del combustible fósil.

El planteamiento de la “valorización de residuos” se armaría posteriormente con el Plan de Energías Renovables 2011/2020 y la Ley de residuos y suelos contaminados de 2011. La Ley de Control y Prevención Medioambiental de Catalunya de 2009, modificada en 2011, ya agilizaba los trámites para conceder licencias.

Unos años antes, en 2006, la Asociación de vecinos de Can Sant Joan se enteraba de que la Agencia Catalana de Agua (ACA) y la cementera Lafarge habían firmado un acuerdo para quemar lodo de depuradora. Tras una moratoria de dos años, la incineración regresaba a Montcada por la puerta de atrás. Y hasta hoy, pese a las decenas de manifestaciones, doscientos actos públicos, siete encuentros nacionales, cuatro cumbres internacionales contra la incineración, y la campaña Juicio a la cementera.

Montcada i Reixac actualmente es uno de los 40 municipios de la Zona de Protección Especial de Ambiente Atmosférico de los alrededores de Barcelona. Según el Anuario Estadístico de Catalunya (Idescat), el municipio mantiene un valor medio de 52 sobre 100 en Índice de Calidad del Aire.

En un laberinto contra la licencia ambiental

En estos momentos, la Plataforma Anti Incineración por un lado, y el Ayuntamiento, gobernado por ICV-EUIA, ERC y Círculo, por otro, mantienen un batalla judicial con Lafarge para revocar la licencia ambiental, concedida en 2008. Entre otros motivos, denuncian que la Generalitat de Catalunya, de mano del entonces consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar (ICV), otorgó la licencia sin poner a disposición pública una declaración de impacto ambiental que debía avalar los permisos. Una licencia que se daba al mismo tiempo que se recibía el informe, sin abrir el periodo de alegaciones. El documento fue publicado años más tarde pero los vecinos aseguran que ya ha caducado.

Este defecto de forma, que la empresa considera un mero fallo burocrático, los ha llevado a diversos recursos para que no se renueven los permisos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y el Tribunal Supremo fallaran a favor de los vecinos.

En enero de este mismo año, la Plataforma Anti Incineración ha presentado “una nueva denuncia contra la Generalitat por prevaricación por dejar que la cementera emita durante años Monóxido de Carbono, Amoniaco y Ftalato”

No obstante, la Generalitat continúa renovando los permisos, pues estima que el error ha sido subsanado y que la fábrica supera los controles actuales. La última renovación se produjo a finales de 2017, contra la que el ayuntamiento presentó un nuevo recurso contencioso administrativo en marzo de 2018. Según el consistorio, se aprovechó una revisión de la autorización para renovar la licencia, sin resolver dos contenciosos anteriores. Fuentes de la dirección de la empresa aseguran que tienen “constancia del último contencioso pero no sabemos los motivos”.

En noviembre de 2018, el Ayuntamiento exigió nuevas sanciones a la Generalitat para Lafarge por haber vertido fuel al río Besòs, episodio que, según los vecinos, ya ha ocurrido en diversas ocasiones. La planta contesta que fue una fuga puntual de una tubería rota. En enero de este mismo año, la Plataforma Anti Incineración ha presentado “una nueva denuncia contra la Generalitat por prevaricación por dejar que la cementera emita durante años Monóxido de Carbono, Amoniaco y Ftalato, cuando son sustancias que no están dentro de los permisos”, explica José Luis Conejero. Tanto la administración local como los vecinos coinciden en que la comunicación con la fábrica es nula.

La presidenta del comité de empresa de Lafarge, Conchi Jiménez, considera que hay “una persecución hacia la planta”. Y añade: “entendemos perfectamente que a nadie le guste vivir al lado de una cementera pero hay que comprender que aquí somos 70 personas en plantilla y 300 puestos de trabajo, entre directos e indirectos”. Jiménez asegura que los trabajadores “no queremos trabajar a cualquier precio, nosotros le exigimos a la fábrica que cumpla con unos requisitos y controles. Lafarge hace estudios cada dos años que acreditan que no hay más riesgos que los habituales de cualquier otro entorno urbano similar”.

En la misma línea, desde la dirección de Lafarge afirman que en la factoría “se utilizan exclusivamente lodos de depuradora, harinas cárnicas y combustibles derivados de residuos (cdr), que fundamentalmente son una facción de los residuos que no se puede reciclar de plásticos, cartones y maderas. Además, pasamos controles anuales de entidades acreditadas por la Generalitat y la fábrica está totalmente pavimentada. La valorización energética es una técnica utilizada en países como Holanda y Alemania, no la hemos inventado nosotros”.

Según Mercè Girona, “en general, no se hacen estudios muy contrastados sobre impacto en el medio de la incineración de residuos a medio y largo plazo pues son muy costosos. Dos controles al año de la administración es una supervisión mínima, se acaban fiando de los datos que proporcionan las mismas empresas. Además, hay compuestos que no somos capaces de medir”.

“En 1974 montamos la primera manifestación contra Asland (actual LafargeHolcim). Éramos más de mil vecinos caminando por la carretera de la salida norte de Barcelona hasta la puerta de la fábrica. Liamos una con el tráfico, un colapso…”, rememora Manuel Gómez

Discrepancias sobre las emisiones aparte, el sonido es otro de los grandes problemas de la factoría, “pues se pasa las 24 horas en marcha”, comenta Conejero. “El año pasado, conseguimos multar a Lafarge con 900 euros por sobrepasar los límites de emisiones acústicas, que es donde tenemos competencias, en vibraciones y sonidos”, explica Pepe Domínguez, regidor de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

En 2011, el polémico exalcalde de Montcada i Reixac, Cesar Arrizabalaga (PSC), declaró como imputado en un presunto delito de atentado contra la salud pública, prevaricación ambiental por omisión y tres delitos de lesiones, junto con el exdirector de la factoría, Oswaldo Pereda, y la exregidora de Medio Ambiente, Eva Gonzalo, por el sonido de la fábrica. El proceso, a día de hoy, aún está en marcha.

30 años de lucha contra la cementera

La incineración de residuos es uno de los grandes frentes de estos vecinos, pero no el único. “Esto no empezó en 2007, llevamos 30 años cortando carreteras”, apunta Antonio de Pedro García. Porque el problema, para parte de los vecinos, también es la cementera, en sí misma.

“En 1974 montamos la primera manifestación contra Asland (actual LafargeHolcim). Éramos más de mil vecinos caminando por la carretera de la salida norte de Barcelona hasta la puerta de la fábrica. Liamos una con el tráfico, un colapso…”, rememora Manuel Gómez, vecino del barrio de La Ribera, fronterizo con Can Sant Joan. “Y a raíz de ahí hicieron los primeros controles y pusieron los primeros filtros porque con las calles sin asfaltar imagínate cada vez que llovía lo que ocurría. Con esas medidas empezamos a medio respirar, pero tampoco es que hicieran demasiado”, añade. “Antes tapábamos los coches, porque se creaba una capa de cemento que era imposible conducir. Incluso en la gasolinera había una técnica especializada para limpiar cemento. Vivir con una cementera no es ninguna broma”, puntualiza José Luis Conejero.

El Teniente de Alcalde y Presidente del Área Territorial del Ayuntamiento, Jordi Sánchez, coincide en la preocupación: “Independientemente del combustible, no queremos una cementera a 80 metros de un colegio, en medio del casco urbano de Montcada, algo que es bastante singular. No tiene sentido tenerla aquí. Para montar una cementera necesitas una inversión muy fuerte pero luego barreras tecnológicas no tienes y la producción ha disminuido muchísimo, puedes asumirla en otras cementeras. Debemos sentarnos a negociar con todas las partes y buscar una solución”.

El grupo LafargeHolcim es uno de los dos principales productores de cemento del mundo, con cinco plantas en el Estado español, junto a Cemex. En Montcada i Reixac, la factoría es el producto de la unión en 1984 de Lafarge y la antigua Companyia General d'Asfalts i Portland (Asland). Esta última, fue creada en Castellar de n’Hug en 1901 por el conde y empresario Eusebi Güell, vinculado a la Liga Regionalista de Catalunya. La segunda planta se construiría en Montcada en 1917 y sigue hasta el momento, manteniendo una relación de ambigüedad con un municipio al que, según sus propios datos, destinó 18 millones de euros en 2016, incluidas donaciones y subvenciones a clubes de fútbol, asociaciones de excursionistas y otras entidades.

En 2014, la multinacional Lafarge se unió a la compañía suiza Holcim, otro de los grandes carteles del cemento, creando la mayor alianza mundial del sector. Una tendencia oligopólica de una industria con relaciones históricas con el poder, agravada por la persistente resaca de la crisis inmobiliaria.

Según los últimos datos de la patronal Oficemen, las 29 fábricas de cemento del Estado actualmente están operando a un tercio de su capacidad, tras haberse desplomado en un 85% la demanda de cemento. Desde Oficemen y Ciment Català achacan la caída a una falta de inversión en infraestructuras por parte de la administración pública y la escalada del precio de la luz. El año pasado, nueve empresas, entre ellas las nombradas, formaban la Asociación Global del Cemento y Hormigón para promover “el desarrollo sostenible”.

Nuevas propuestas metropolitanas

Más de una docena de infraestructuras atraviesan Montcada i Reixac que, al ser la entrada norte de Barcelona, dan servicio a la ciudad, sin apenas retorno para el propio municipio. Entre ellas, la autopista C-33, que lo cruza sin entrada ni salida del mismo. Según Jordi Sánchez, esa “situación estratégica y potencialidad del territorio se debe valorar, algo que hasta ahora no ha ocurrido”. Actualmente, el Área Metropolitana de Barcelona está redactando el nuevo Plan Director Urbanístico que sustituirá al Plan General Metropolitano de 1976, una ordenación que definirá una decena de espacios de nueva centralidad. Uno de ellos, alrededor de la estación de tren del barrio de Can Sant Joan, justo al lado de Lafarge.

“El crecimiento del Área Metropolitana de Barcelona se debe entender de forma global. Se está trabajando para que haya una capitalidad solidaria con el territorio, una descentralización de equipamientos y una nueva movilidad. Que las áreas de centralidad sean otras aparte de, por ejemplo, Plaza Catalunya de Barcelona. Y en esa visión más global no cabe mantener una cementera que es contaminante”, explica Sánchez. “No obstante, podemos ser propositivos y darle otros usos. La fábrica en sí, más que amortizada, tiene un gran valor patrimonial, arquitectónico e industrial. En Berlín y en Mánchester, los antiguos centros fabriles son museos de ciencia y tecnología. No hace falta seguir el ejemplo del museo, pero aquí se podría utilizar el edificio de Lafarge para hacer otro equipamiento que de servicio al municipio, como espacio estratégico”, propone el edil.

Posiblemente, dentro de unos años, alguien lleve a sus hijos a visitar una antigua cementera reconvertida en un espacio que hayan escogido sus vecinos, decisión que hasta la fecha se les ha negado en un conflicto complejo con sensibilidades dispares. Y al mirar hacia las torres, pueda explicarles que hubo un tiempo en que un polvo negro cubría las terrazas del barrio de Can Sant Joan, mezcolanza de cemento y desechos del Área Metropolitana de Barcelona. Quizás, algún día, alguien lo cuente en pasado.