Congreso de los Diputados
El PP apela al comodín de ETA para incendiar el debate por la convalidación de penas que apoyó durante meses

“El señor Feijóo ha venido a utilizar su comodín favorito, ETA, como si la banda siguiera viva y lo que hace así es negar la victoria de los demócratas. Les da igual negarnos la realidad que vivimos y disfrutamos. Ya no nos matan por pensar distinto, no tenemos que llevar escolta, y ustedes quieren decirnos que ETA... ¿qué derecho tienen para robarnos la victoria?”, dijo ayer, 9 de octubre de 2024, un enardecido Patxi López, portavoz del grupo Socialista.

En el pleno de este miércoles, el fantasma de ETA volvió a recorrer innecesariamente el hemiciclo de la soberanía popular. La comparecencia monográfica era sobre migración y solicitada por el Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, el nuevo eje de derechas que arrincona al Gobierno en el Parlamento. Sin embargo, el protagonista de la escena era otro e inesperado tema.

Esto fue así porque en la víspera, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que, con la entrada en vigor de una ley de trasposición de una directiva de la Comisión Europea sobre convalidación de penas para sentencias del mismo delito, se iba a acabar beneficiando a 44 etarras condenados. La organización hasta se tomó el trabajo de calcular la cantidad de años que en conjunto se podrían ahorrar todos los reclusos.

La irrupción en los medios del microcosmos madrileño, olla de crispación y maniqueísmo permanente, asustó a la cúpula de Génova que decidió salir a cometer un acto que el tiempo dirá si fue de locura, de suicidio o de torpeza

Eso fue demasiado. La irrupción en los medios del microcosmos madrileño, olla de crispación y maniqueísmo permanente, asustó a la cúpula de Génova que decidió salir a cometer un acto que el tiempo dirá si fue de locura, de suicidio o de torpeza. O quizás, sencillamente, como dijo Pedro Sánchez, “de hipocresía e incompetencia”.

A diferencia de su socio de ultraderecha, que calló astutamente al ver la reacción acomplejada y culposa del PP, los de Núñez Feijóo se desmarcaron de un proyecto de ley que aprobaron sin miramientos ni quejas, que estuvo en trámite parlamentario desde el invierno pasado y que tiene inspiración en una medida impulsada en tiempos de Mariano Rajoy. No solo votaron a favor sino que se encaminaban a darle el sí final en el Senado, hasta que forzaron a su presidente a posponer el debate hasta el 14 de octubre.

El impacto mediático entre los medios de derecha y ultraderecha fue brutal, los descolocó y entonces se prestaron a un show que entrará posiblemente en los anales de las democracias parlamentarias: sería difícil encontrar un caso en un régimen libre de Occidente en el que el principal partido de la oposición vota sin quejas un proyecto, lo defiende e incluso cuestionan sus portavoces al Ejecutivo por la demora, para luego, minutos antes de convertirse en ley, se quejan por él, piden dar marcha atrás y, no conformes con ello, acusan de las siete plagas de Egipto al partido del Gobierno por querer aprobarlo. Un hecho inédito que tenía a más de un corresponsal parlamentario y a varios legisladores anonadados.

La foto no podía exhibir más desesperación: llevar a una víctima del terrorismo para esconder el error propio

Con todo esto, el pleno fue rocambolesco (ya comenzó insólito con el desplome sobre sí mismo de un diputado del PP a quien se le rompió la silla del escaño a los dos minutos de estar hablando Sánchez). Otra cosa muy poco frecuente: Génova planificó que a los diez minutos de la intervención del presidente del Gobierno entrara de forma sorpresiva al hemiciclo la senadora Marimar Blanco (hermana del exconcejal asesinado por ETA Miguel Angel Blanco). Se dirigió a abrazar a Feijóo y se sentó a su lado, con una ovación de pie que interrumpió repentinamente a Sánchez. La foto no podía exhibir más desesperación: llevar a una víctima del terrorismo para esconder el error propio.

Una cascada de bulos

El sainete de los conservadores en el pleno (que acabó yendo menos sobre migración y más de hostias discursivas entre los dos partidos mayoritarios) fue particularmente bronco porque Feijóo salió con una virulencia inusitada para un texto que ellos habían aprobado. Dijo que fue un “error injustificable” y que entendía que muchos españoles estuvieran “decepcionados” con él pero aseveró que él se arrepentía y que Sánchez, sabiendo de las consecuencias, mostraba su verdadero ser por querer seguir con el proyecto adelante.

Más allá de las diatribas verbales (con una agresividad que va creciendo mes a mes en el Congreso), el Partido Popular basó su defensa en un esquema de bulos que parece una estafa piramidal de las fake news, con tres pilares principales: que la ley es producto de un pacto espurio entre el PSOE y EH Bildu a cambio de apoyo a los Presupuestos; que el proyecto reduce penas y que Sánchez lo “ha colado de tapadillo”, como dijo Feijóo.

La telaraña de inexactitudes es tan fácil de verificar que parece una trampa de autoflagelación del PP. Empezando por el proyecto en sí mismo: bajo ningún punto de vista reduce penas no solo a los exmiembros de ETA sino a ningún condenado. Quien tenga una sentencia de 30 años, por ejemplo, y haya cumplido diez en una cárcel de algún país de la Unión Europea, volverá a territorio español y hará los 20 años restantes. Eso es taxativo y está en el texto de la ley aprobada el 18 de septiembre por unanimidad.

De hecho, por eso los medios, cogidos por sorpresa en este tema, comenzaron a informar con la palabra “conmutar” y luego la amplia mayoría cambió al término jurídicamente más correcto de “convalidar”. El primer concepto significa que se sustituyen castigos por unos menos graves, mientras que en realidad aquí es que los tiempos de reclusión estarán a cuenta, sin beneficio.

Un inciso jurídico para entender la necesidad de esta ley: como señalaba Patxi López en su turno en el atril del Congreso, en el invierno pasado hubo una llamada de atención de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia Europeo al respecto. La AN había alertado de la “grave desproporción punitiva” por el “estado actual que mantiene la legislación española” al estudiar el caso de la etarra Soledad Iparaguirre.

Fue la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional —entonces presidida por el magistrado José Antonio Mora— la que se dirigió en diciembre de 2023 al tribunal superior europeo sobre este asunto después de que el Supremo anulase la absolución a Iparaguirre por un atentado cometido en 1997.

Además, fuentes del bloque de investidura explicaban este miércoles que el Estado español se había convertido, por su demora, en el único país de la Unión que no tenía esta trasposición al día y estaba en falta con la directiva de la Comisión. Pero esta necesidad de homogeneización con la normativa europea, como ocurre en cientos de asuntos, no es nueva. Un diputado recordaba en los pasillos ayer que la primer persona en llevar este tema al Congreso había sido Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia del PP.

Para más inri, la ley no ha sido colada (como sí ha hecho el PSOE con otras propuestas) sino que viene siento trabajada desde comienzos de año. Ha habido seis meses enteros de tratamiento legislativo, con dictamen de comisión y una extensión del período de enmiendas prorrogado nada menos que 11 veces.

Un diputado de Sumar confirmaba a El Salto que la enmienda sugerida por ellos al proyecto inicial, que incorpora la convalidación a un texto que hablaba del intercambio de información entre Estados de la Unión y que derivó en todo esto, fue debatida y se advirtió a los diputados de las derechas sobre el efecto que tendría en las sentencias de todos los presos españoles en la UE. “Nadie se quejó en su momento”, aseguran.

El otro pilar de los bulos es que el origen de todo esto es parte de una transacción con la izquierda abertzale. No solo varias fuentes de Sumar han confirmado que la enmienda fue idea de ellos y en eso nada tuvo que ver EH Bildu, sino que la necesidad de llevarla adelante había sido ya expresada por la AN y la Comisión.

Una fuente de la cúpula de EH Bildu, de indudable cercanía con la dirección, también respondía ante la pregunta de El Salto que este proyecto no ocupó nunca un lugar en las conversaciones con el PSOE ni con gente del Gobierno. Desde hace tiempo que la coalición abertzale no pide por los presos de ETA (enmarcado en el movimiento que lidera la organización Etxerat) porque ya han sido todos acercados a cárceles dentro de Euskadi o Navarra.

Truenos sobre Génova

Todos los dirigentes del PP nacional y también del madrileño han aseverado esta mentira sobre los PGE y ayer machacaron constantemente con ello. “Ya tiene seis votos más para sus presupuestos”, le dijo el lenguaraz Miguel Tellado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda ayer en su turno de pregunta de control, en alusión a los diputados de Bildu. Un argumento desesperado.

El bochorno del PP deja en evidencia no solo la facilidad con la que ha lanzado bulos e inexactitudes sino que es un partido que está atrapado entre su propia trampa, preso de su táctica de agitación y crispación, y atemorizado de los medios de derechas

La situación dentro del grupo parlamentario Popular y en la cúpula de Génova era incendiaria: fuentes consultadas señalan que los tiros están yendo en la dirección de González Pons, el eurodiputado que además es vicesecretario de Justicia. “Todo lo que se aprueba o rechaza en esos temas lo revisa su área”, explicaban. También los ojos miran a la ponente en la comisión de Justicia, María Jesús Moro, quien ha tenido que coger la brasa porque sustituyó a la diputada Vázquez que estuvo de baja. Algunos en el partido dicen que Moro advirtió a Pons y que este no le dio importancia.

Otro señalado es el legislador José Velasco Retamosa, quien paradójicamente es profesor universitario de derecho. En el debate de comisión previo a aprobar la ley, había dicho: “Es una directiva que debería haber sido traspuesta hace dos años y que llega con dos años de retraso, cuando era una cosa relativamente sencilla y que lo único que hace es demostrarnos una vez más que el Gobierno de Sánchez está más ocupado en ir contra jueces y medios de comunicación que en activar normas y tener una normalidad legislativa en esta Cámara. Eso sí, salvo que esté en juego el sillón de Sánchez”.

Lo cierto es que el bochorno del PP deja en evidencia no solo la facilidad con la que ha lanzado bulos e inexactitudes sino que es un partido que está atrapado entre su propia trampa, preso de su táctica de agitación y crispación, y atemorizado de los medios de derechas. Mientras tanto, Sánchez, en un momento de debilidad, logra ganar oxígeno. “Nadie al volante en la oposición”, disparó ayer. Y el PP solo sabe darle la razón.