Colombia
Universidades públicas colombianas, donde el pensamiento crítico se asesina

Cuando tenía 18 años, Cristian Leyva fue detenido acusado de tenencia, suministro y tráfico de explosivos. Le enviaron a prisión preventiva. Al tercer día en la cárcel, mientras los reclusos miraban la televisión, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, apareció en el informativo y anunció que Leyva había sido detenido por ser el comandante de los sicarios de Medellín desde hacía cuatro años. Leyva no había pisado nunca esa ciudad y cuatro años antes, solo tenía 14. Su militancia política había empezado en primero de tecnología mecánica en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, contra la reforma universitaria conocida como Ley 30. 

Esto ocurrió en 2012. Ahora tiene 27 años y el tribunal que le juzgó a él y a otros seis estudiantes les comunicará la sentencia el próximo 29 de julio. Desde hace cuatro meses vive en un pueblo de Bizkaia, donde la ONG Mundu Bat le presta vivienda y desde donde está terminando a distancia sus estudios de Ciencias Sociales en la Universidad Pedagógica Nacional.

Aquellas palabras del expresidente de Colombia le valieron dos cosas: ganó estatus entre los presos —“a este no lo roben, a este no lo peguen”, dijeron estupefactos sus compañeros de la hacinada prisión— y la aversión del pueblo de campesinos de la familia de su madre. Cuando fue de visita tras su salida de la cárcel, “las puertas y ventanas se cerraron a mi paso”. Se le tuerce el gesto, sus labios dibujan una mueca inconsciente. Habla del estigma y de cómo una sociedad rota por décadas de violencia aún no está preparada para la contestación política, ni tampoco para hablar de ella. Aunque enumera con esperanza las localidades de la periferia de Bogotá —el Portal de la Resistencia, Bosa, Suba, Usme—, donde jóvenes de barriadas populares han abandonado el hartazgo inmóvil e impulsan desde el 28 de abril el Paro Nacional, creando espacios comunitarios como Al calor de la olla, donde ofrecen un plato caliente a quien tiene hambre. “Como ellos dicen, pensaban que nos iban a enterrar y no se dieron cuenta de que éramos semillas”.

Al lado de la ría de Bilbao, junto con la profesora de la Universidad del País Vasco María Ruiz Aranguren, charlan sobre la investigación que les ha unido: Universidades públicas bajo S.O.Specha, represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019), impulsada por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (un profesor asesinado) y apoyada por el Colegio de Abogados de Bizkaia y la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, además de diversos colectivos de abogados y sindicatos colombianos (ASPU y Asojua).

“No fui guerrillero ni comandante de sicarios, fui parte del movimiento estudiantil que peleó contra la Ley 30”, destaca Cristian Leyva sobre la detención por la que la fiscalía solicita entre 22 y 30 años de cárcel

“Soy de izquierdas”

“No fui guerrillero ni comandante de sicarios, fui parte del movimiento estudiantil que peleó contra la Ley 30”, destaca sobre la detención por la que la fiscalía solicita entre 22 y 30 años de cárcel. Pero deja algo claro: “Soy de izquierdas”. Posicionarse políticamente es un desafío en un país que sistemáticamente represalia a la disidencia y el pensamiento crítico. El estudio indica que en veinte años, al menos 140 estudiantes, profesores y sindicalistas han sido asesinados por fuerzas militares y paramilitares en las cuatro universidades públicas de Colombia —Nacional, Pedagógica, Distrital y del Atlántico—. 

Y tipifica las violencias que llevan a cabo: desaparición forzosa y ajusticiamiento extrajudicial, brutalidad policial, infiltración, montajes policiales y judiciales, estigmatización, persecución y exilio, además de destacar el rol que ejercen los medios de comunicación, señalando al disidente, acusándolo y realizando un juicio previo.

Cuando Cristian Leyva y sus compañeros fueron detenidos en 2012, en el conocido como Caso Lebrija, se empezaban a negociar los acuerdos de paz firmados en 2016. Leyva considera que el Estado necesitaba presentar al público una guerrilla derrotada y para eso le venía bien cualquier estudiante detenido. Judicialmente, nunca fueron imputados por pertenecer a las FARC, pero mediáticamente sí. “Los estudiantes de químicas eran responsables de fabricación de explosivos, los de informática de captación de redes, etc.”. Aunque indica que ya firmados los acuerdos, la represalia no ha terminado ni cambiado. “Tras el Paro, han aparecido bolsas con cuerpos picados de jóvenes; a políticos que han mostrado su solidaridad con el Paro, se les está investigando y judicializando”, apunta. Otra mueca asoma a su rostro. “Ser de izquierdas es suficiente como para que te declaren la muerte y que el resto de la sociedad valide que si le pasó eso, es porque usted se lo buscó”.

“Mis compañeros dejaron de militar tras mi detención”, explica Cristian Leyva, que pasó tres años en prisión provisional y espera la sentencia el próximo 29 de julio

Todos eran peces

Sigue las noticias de su tierra desde la distancia y “la calma”. “La he descubierto aquí, no tengo la sensación de que nadie me persigue o que al torcer la esquina me puedan apalear”. Un infiltrado de un grupo de élite fue el artífice de la detención de estos siete jóvenes, tal y como relató el propio infiltrado ante el tribunal. Se calcula que en cada una de las cuatro universidades públicas colombianas trabajan entre cinco y diez infiltrados de la policía, el ejército y los grupos paramilitares, por indicación estatal. “El infiltrado reconoció que las universidades son un objetivo militar y de inteligencia desde una orden que dio Álvaro Uribe”, añade el joven.

Cristian Leyva no solo conoce la represión y las represalias, sino su utilidad política: “Mis compañeros dejaron de militar tras mi detención”. Aquella madrugada de septiembre de 2012 en la que fue detenido por un comando policial de alto nivel su vida cambió para siempre. Explica que tampoco es que fuera un líder destacado del movimiento estudiantil —era su primer curso—, si no que “tengo la sensación de que la operación fue como pescar en río revuelto”. Y él era un pez. Todos eran peces. 

El 29 de julio conocerá la sentencia y prefiere no revelar qué hará a partir de entonces. Solo tiene clara una cosa: “A la cárcel no vuelvo”.

La investigación sistematiza los diferentes usos de violencia que ejerce el Estado de Colombia a través de fuerzas militares y paramilitares y alerta de cómo los medios de comunicación ejercen de jueces

Judicializar y disciplinar la libertad de cátedra

Miguel Ángel Beltrán es profesor de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido judicializado dos veces. Ha pasado dos años (2009-2010) y otro año (2015) en prisión preventiva. También ha sido sometido a un proceso disciplinario en la facultad, de donde fue expulsado, y posteriormente readmitido. Él fue presentado por el expresidente Ávaro Uribe como un terrorista. Los medios de comunicación realizaron su propio juicio condenatorio. En el de verdad, resultó absuelto en última instancia. Su delito fue criticar “la mal llamada Ley de Seguridad Democrática, en la que se criminalizaba el pensamiento crítico y toda expresión que cuestionara el statu quo”. Le incautaron un ordenador y sus textos se convirtieron en “pruebas”.  

Él es uno de los tres autores del informe. Enumera tres conclusiones: “El Estado tiene una larga trayectoria histórica en el ejercicio de prácticas violentas contra aquellas personas que piensan de manera distinta, en este caso, estudiamos las prácticas violentas ejercidas en las universidades; la segunda es que establece las diversas modalidades de violencias, y la tercera, que describe el papel de los medios de comunicación”. Pero añade una cuarta característica, que le parece muy importante: “Recupera los nombres y las fotografías de los estudiantes, profesores y trabajadores asesinados. Más allá de citar las cifras, existe la necesidad de recuperar la memoria de esas personas que tuvieron proyectos de vida alternativos para crear una sociedad mejor”. 

Durante más de 100 páginas, sus nombres, sus fotos y sus historias quedan impresas en este libro que va por la segunda edición y que la delegación internacional que se ha formado para su escritura presentará próximamente en Irlanda y otros países. Esperan llamar la atención a la comunidad internacional. Ya lo han presentado en la Jurisdicción  Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad, organismos creados tras la firma de los acuerdos de paz.

El profesor Miguel Ángel Beltrán dejó sin responder la última pregunta mandada por Whatsup para este reportaje, le habían retenido de nuevo en México

Retenido durante 17 horas en el aeropuerto

La entrevista con Miguel Ángel Beltrán para este reportaje se realizó mediante audios de Whatsup cuando él se encontraba de trabajo en México, con su esposa, también docente, y sus dos hijos menores de edad. No contestó a la última pregunta. Al día siguiente, la profesora vasca María Ruiz explicó que Beltrán había sido retenido durante 17 horas en el aeropuerto, junto con su familia, “en condiciones degradantes de hacinamiento”.

Un día después, el 8 de julio, 23 organizaciones colombianas emitieron un comunicado denunciando “la arbitrariedad de los estados de México y Colombia” con la que realizaron la retención, “en la que les sometieron a maltratos y condiciones indignas de privación de libertad”. Acusaban a Beltrán de tener antecedentes penales, en referencia a los procesos por los que fue absuelto. “Hoy los estados colombiano y mexicano muestran de nuevo sus credenciales represivas y censuradoras, ya no solo contra Miguel Ángel Beltrán, sino contra toda su familia. Por eso expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas genocidas de ambos países, que prefieren callar las voces disidentes mientras alzan la voz cínicamente enarbolando la bandera de los Derechos Humanos frente a la comunidad internacional”, destaca el comunicado, que fue recogido por los medios de comunicación críticos de Colombia.

“A través de las voces propias de las víctimas hemos sistematizado una violencia histórica que ha sacudido a un sector crítico y diverso dentro de las universidades públicas de Colombia. Personas que defienden el pensamiento crítico, la libertad de cátedra y la libre elección de los cargos representativos en el interior de las universidades, y lo hemos acompañado con un capítulo dedicado a los medios de comunicación, que se han ocupado de construir un imaginario del enemigo interno que ha jugado un papel fundamental, que es especialmente sangrante en los montajes policiales”, concluye María Ruiz, doctora en periodismo y coautora de este libro editado por Desde Abajo. Espera que este trabajo llegue a la comunidad internacional, con esperanza de que las universidades públicas colombianas dejen de ser un lugar donde ser asesinado o represaliado en cualquiera de las formas que la investigación tipifica.