Centros sociales
La Sareb desahucia tres centros sociales del País Valencià en una semana

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha intentado desalojar tres centros sociales en una misma semana. En un contexto de creciente especulación por parte de la sociedad destinataria de los activos tóxicos de la anterior crisis, estos espacios okupados se están viendo particularmente amenazados. La Sareb proyecta, en el caso de estos inmuebles, viviendas de lujo en espacios urbanos afectados por la turistificación y la gentrificación.

Esta vez, La Trinxera, Cals Flares y Ca La Caixeta han sido los tres espacios vecinales que han tenido que reunir fuerzas durante la pasada semana para afrontar la alerta de desahucio. Pese a la resistencia popular, solo el último de los centros (Ca La Caixeta) ha conseguido frenar el desalojo. Los tres espacios han sido proyectos sociales y políticos que se definen por luchar contra las dinámicas de gentrificación y turistificación que se dan en su entorno.

Estos proyectos se definen como espacios de resistencia a la especulación que intentan evitar la desintegración del entorno comunitario. Y han desarrollado estos espacios pese a la amenaza constante de la Sareb, que “parece tener como principal objetivo la imposibilidad del acceso a la vivienda”, tal y como hipotetizan desde los sindicatos de vivienda que habitan estos espacios. 

Cals Flares cierra sus puertas

“Caurà la nit, però hi ha la llavor!”, dejó escrito Vicent Andrés Estellés. Así despedía Cals Flares el que ha sido el gran espacio cultural de Alcoi durante casi dos décadas. Diecisiete años de proyectos sociales que favorecían la cohesión vecinal no han sido suficientes para demostrar la necesidad de frenar el desalojo del espacio situado en la calle Forn del Vidrio.

A grito de cánticos como “No podréis desalojar la cultura popular”, el pasado jueves 26 de septiembre el vecindario de Alcoi y los municipios de alrededor se concentraron para defender el proyecto, pero al cuarto intento de desahucio en cuatro años la Sareb ha conseguido su objetivo de desalojar el inmueble. “Hemos protestado a las puertas de la calle Forn del Vidrio por la llegada de la comitiva judicial, los representantes de Sareb y todo su séquito: Securitas Direct, electricistas y cerrajeros, que lo tenían todo preparado para blindar una casa vacía que nadie piensa habitar”, explican desde el colectivo dinamizador del centro en un comunicado. 

Un despliegue policial que desde Cals Flares definían como “desproporcionado” y “pagado por todo el mundo solo para asegurar los beneficios de una empresa que no aporta nada a la sociedad y se beneficia de dinero público”

El desalojo se produjo cerca de dos horas antes de lo que, según aseguran los miembros de la asociación vecinal, les habían hecho constar desde los juzgados del municipio de Alcoi. La información proporcionada aseguraba que el desalojo se produciría a las 10h de la mañana, por lo que habían convocado una protesta previa. Sin embargo, alrededor de una veintena de antidisturbios se personaron a las 8h de la mañana, sin la presencia del abogado de la asamblea de defensa del centro y con la ayuda de la Policía Local, que cortó calles y desvió el tráfico para facilitar el desahucio.

Un despliegue policial que desde Cals Flares definían como “desproporcionado” y “pagado por todo el mundo solo para asegurar los beneficios de una empresa que no aporta nada a la sociedad y se beneficia de dinero público”. Las personas que se concentraron frente al centro denuncian malos tratos recibidos por los antidisturbios e incluso llegan a asegurar que uno de los representantes policiales amenazó sentenciando: “Susto o muerte”.

También reportan tirones de pelo, patadas y retenciones por parte de la policía durante el desarrollo del desalojo del centro. Fuentes del vecindario explican que el espacio “revitalizaba una zona en peligro de degradación turística”. Pese a ello en el comunicado desalojo, la comunidad del centro no deja la esperanza de lado y aseguran: “No nos vamos con las manos vacías, todos estos años nos han dado las enseñanzas para seguir construyendo pueblos más habitables y el aprecio por toda la gente que ha sido Cals Flares”.

El único fracaso de la Sareb, Ca La Caixeta

Un macrohotel puede ser un gran proyecto para un gran fondo buitre y una gran pesadilla para una comunidad vecinal que se ve amenazada desde hace décadas por la turístificación. Es el caso de Ca La Caixeta, un centro social okupado situado en Ciutat Vella, un caramelo para grandes especuladores que se dediquen a construir viviendas de lujo. Paralelamente, para el vecindario habitual del barrio, el “lujo” es ejercer su derecho a la vivienda.

Ante esta situación, en 2020 un grupo de vecinos respondió creando un espacio comunitario alejado de la especulación inmobiliaria. El resultado fue la okupación de un bloque abandonado en la calle Caixers, que tras meses de trabajo y esfuerzo colectivo, se transformó en Ca La Caixeta, un centro social autogestionado referente para la comunidad.

En un contexto marcado por el aumento de los alquileres, la turistificación y la especulación inmobiliaria, La Trinxera ofrecía una respuesta organizada desde la base vecinal en un barrio ubicado en una de las zonas más turistificadas de València

Lo que antes era la librería asociativa Sahiri se convirtió en un refugio para Teresa o Paloma, personas en situación de vulnerabilidad que han residido en este espacio cuando no tenían una alternativa habitacional. En un contexto marcado por el aumento de los alquileres, la turistificación y la especulación inmobiliaria, La Trinxera ofrecía una respuesta organizada desde la base vecinal en un barrio ubicado en una de las zonas más turistificadas de València próxima a la Ciutat de les Arts i de les Ciències.

Sin embargo, tal y como afirman “la lógica mercantilista y neoliberal pretende convertirlo en centros de ocio para el turismo y el consumo” primando la especulación sobre los derechos humanos y la vivienda digna. Las amenazas y las “prácticas de mobbing y extorsión” del fondo buitre Good Capital Investment impulsaron una campaña de resistencia en el número 2 de la Calle Caixers, respaldada por los movimientos Veïnat en perill d'extinció y Entrebarris.

Esa unión vecinal es la que ha conseguido que, una vez más, la resistencia popular evite el intento de desahucio de la Sareb en el BSO Ca Caixers. Una orden paralizada gracias a la movilización popular y la presión ejercida desde diferentes frentes. La determinación de los colectivos locales ha sido clave para seguir manteniendo este espacio abierto y al servicio de la clase obrera que forma el barrio.

Años de resistencia en La Trinxera

Una suerte que no han podido compartir en el caso de la Trinxera. El desahucio de este espacio clave de lucha contra la precariedad habitacional en el barrio de Montolivet, marca el fin de un centro comunitario que ha resistido dos años de presión inmobiliaria en València.

Entre las paredes de un antiguo inmueble en el número 1 de la calle Atzeneta una de las zonas más turistificadas de València próxima a la Ciutat de les Arts i de les Ciències nacía La Trinxera. Un espacio autogestionado creado con el fin de desafiar las presiones inmobiliarias y la creciente turistificación.

La Sareb vendió el edificio a una mercantil de Gandía del empresario Miguel Ángel Cuquerella Gomar y planea convertirlo en un bajo turístico. Un acuerdo que se realizó, tal y como informan los sindicatos, sin notificar que el local estaba ocupado.

Escenario de la primera asamblea plenaria del Sindicat d'Habitatge de València, así como de muchos otros actos internos y externos de la entidad, la Trinxera ha sido un espacio fundamental en el desarrollo y consolidación de este colectivo de lucha por la vivienda. En este espacio, además de celebrar sus asambleas semanales, el sindicato asesoraba a familias en riesgo de perder su hogar y brindaba un acompañamiento integral en la defensa de sus derechos.

No obstante, desde que Lesan Consultancy SL. adquirió el inmueble, se desencadenó un conflicto que ha culminado en su desahucio. La Sareb vendió el edificio a la sociedad limitada administrada por Cuquerella Asesores Tributarios, la cual es a su vez una mercantil de Gandía del empresario Miguel Ángel Cuquerella Gomar y planea convertirlo en un bajo turístico. Un acuerdo que se realizó, tal y como informan los sindicatos, sin notificar que el local estaba ocupado.

Los intentos de desalojo ilegales han sido constantes. Cambio de cerraduras, carteles y amenazas verbales o empresas especializadas en desahucios forzados han sido algunas de las medidas a las que ha recurrido la empresa

A raíz de ello, los intentos de desalojo ilegales han sido constantes, según narran los sindicatos. Cambio de cerraduras, carteles y amenazas verbales o empresas especializadas en desahucios forzados han sido algunas de las medidas a las que, según miembros del casal popular, ha recurrido la empresa desde que se adueñó del local.

Como respuesta, La Trinxera interpuso una denuncia e inició un proceso penal por los presuntos delitos de allanamiento de morada, ejercicio arbitrario del derecho propio, coacciones y amenazas pero, pese a que el juicio todavía no se ha celebrado y la fecha de este no parece que vaya a fijarse pronto, el desahucio cautelar se ha llevado a cabo.

“Solo nos tenemos a nosotros. Los que nos defendemos de bancos, ricos, fondos buitre y rentistas” lamentan desde el Sindicat de Barri de Montolivet. Tras el desalojo, sus miembros han reiterado su compromiso en la defensa de los derechos de la clase trabajadora frente a la especulación inmobiliaria y han señalado que seguirán buscando espacios donde continuar su labor de organización y resistencia. A medida que los intereses privados avanzan, los barrios resisten como muestra de que la solidaridad vecinal sigue siendo una herramienta clave para enfrentar las dinámicas especulativas que amenazan la vida cotidiana de las clases populares.

Estas tres situaciones, que transforman barrios enteros, son un simple retrato del panorama actual en el País Valencià. La lucha por la vivienda digna se ve amenazada por los crecientes desahucios de centros sociales okupados que nacen contra la especulación. La comunidad observa cómo los alquileres se disparan y los desahucios aumentan, mientras los espacios comunitarios desaparecen. “Está claro que nos encontramos bajo una ofensiva violenta del estado contra todas las personas que nos organizamos”, han asegurado desde el Sindicat d’Habitatge de València.