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Catalunya
Del discurso electoral a la propuesta: qué plantean los partidos catalanes en vivienda
El Sindicat de Llogateres y las PAH de Catalunya plantearon en la mañana de ayer un debate electoral más pragmático que los de las televisiones públicas: cuáles son las propuestas de los principales ocho partidos catalanes en materia de vivienda. De los cinco bloques, destacó el que planteó las siguientes preguntas: ¿De qué manera tiene pensada tu formación disponer de más vivienda pública en Catalunya? ¿Cómo pensáis terminar con el colapso de las mesas de emergencia y dar respuesta a las personas en situación de exclusión social? La pregunta a futuro fue respondida por todos, sobre la que atañe al presente solo contestó un partido.
El parque público de viviendas en Catalunya es del 1,5%, muy lejos del 15% europeo. Hasta 2010, la Generalitat apostó por la vivienda protegida de compra, cuya protección caducaba. Antes del estado de alarma, Catalunya lideraba el ranking de desahucios del Estado, con el 23%. El turismo, Airbnb y los fondos buitre llevan años establecidos en el territorio, pero son unos vecinos que no acuden a las reuniones de la comunidad ni pagan derramas. Con este marco, en orden de intervención y quitando toda la paja —y casi todas los dardos envenenados que se lanzaron los representantes políticos— estas son las palabras que vertieron durante sus tres minutos para responder, o evitar, dos preguntas complejas con propuestas concretas.
Ciutadans, Sonia Rodríguez: Apostamos por un plan autonómico catalán con medidas reales para hacer frente y fomentar que se incentive un parque de vivienda, con una dotación de 1.000 millones para construir vivienda. Es importante establecer unos alquileres con una renta inferior al 90% establecido por el índice de precios de alquiler. También hay que coordinar las administraciones de los municipios, ya que muchas veces no tienen los recursos técnicos ni económicos, sobre todo los pequeños.
PDeCAT, Marc Rodés: Es imprescindible que se aumente el parque social de alquiler y alquiler asequible. Para ello proponemos cerrar un pacto en la próxima legislatura entre la Generalitat y los ayuntamientos con el sector de la construcción y social de la vivienda para una construcción plurianual de vivienda en un marco jurídico estable. Se determinarían las tipologías de viviendas a construir: libres, de precio asequible y sociales, con especial atención al alquiler social. Por otra parte, es necesario mejorar la bolsa de alquiler social para evitar una mala utilización, como las viviendas okupadas o las gestionadas por jóvenes que llevan muchos años en ellas y han dejado de tener cierta precariedad económica por la que entraron. También hay que darle una vuelta a los edificios de propiedad municipal de Barcelona que aún están vacíos y esperan ser rehabilitados. Por último, creemos que hay que dotar de financiación pública a las nuevas promociones públicas y privadas de viviendas en alquiler. Para ello el Estado tiene que hacer sus deberes: tiene que incrementar las transferencias que llegan a la Generalitat para políticas de vivienda. Los fondos estatales deben situarse en la media europea, un 0,6% del PIB. También la Sareb, de quien el Estado es el primer accionista, debería ceder viviendas a la Generalitat y a los ayuntamientos, así como impulsar la cesión de las casas cuartel de la Guardia Civil que están en desuso para cederlas a alquiler social. Planteamos la reducción del IVA de terrenos destinados a la construcción de pisos de alquiler social, que ahora es del 21% a un tipo reducido del 10%, y revisar la fiscalidad de sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario con el objetivo de vincularlas a la promoción de viviendas de alquiler asequible.
ERC, José Rodríguez: En Catalunya hay que movilizar políticas públicas para llegar a 1.000 millones y estamos bastante lejos. Más que para construcción, que también se deberá construir, para el tanteo de adquisiciones. Nosotros apostamos más por la adquisición por tanteo y retracto, la rehabilitación del parque existente, la compra de vivienda por parte del sector público y la inversión pública directa. Si la cesión al tercer sector y sectores que construyen vivienda de alquiler social no creemos que la apuesta deba ser de cooperativas de viviendas a precio de mercado, como en la ciudad de Barcelona. Por otro lado, tenemos la iniciativa que presentamos en el Parlament para intentar el retorno social de las viviendas de Sareb. No es una promesa ni una idea vacua. La hemos plasmado en una iniciativa legislativa donde solicitamos la modificación del reglamento de Sareb para llevarla al Congreso de los Diputados y, aprovechando esta vía, intentaremos modificar el reglamento para que los pisos vacíos de la gran banca que acabarán en manos de Sareb pasen a propiedad de los municipios.
PSC, Rosa Ibarra : Es evidente que el incremento del parque público de vivienda pasa por nuevos recursos y por incrementar de forma sustancial estos recursos, pero también por tener una estructura que los gestione adecuadamente y en este sentido proponemos la creación del Servicio Catalán de Vivienda, que refundiría Incasòl y la Agència Catalana de l’Habitatge. Este organismo generaría nuevas promociones de viviendas de alquiler protegido en aquellos municipios que tienen demanda, priorizando acuerdos con el tercer sector para favorecer la consolidación de un sector profesionalizado de la vivienda protegida de alquiler y creando también una línea de financiación a través del Institut Català de Finances para que se puedan construir viviendas en suelo municipal. Promoveremos una legislación urbanística que garantice en las áreas de alta demanda acreditada de vivienda la reserva obligatoria de suelo de protección oficial en los nuevos desarrollos urbanísticos para que se destinen completamente a la construcción de viviendas en régimen de alquiler socia y alquiler asequible, siempre que no sea construida por motivos de regeneración urbana, y que las viviendas públicas resten en el patrimonio público durante toda su vida útil. También transformaríamos antiguas viviendas de protección oficial en venta en viviendas de protección oficial en alquiler. Por último, proponemos una propuesta muy ambiciosa como la recuperación de la ley de barrios para que en el entorno privado, con un fondo reembolsable de los fondos europeos de reconstrucción de 200 millones anuales, se rehabiliten 5.000 viviendas en barrios donde haga falta. Por último, pondríamos ayudas para jóvenes para la compra de viviendas que no superen el precio del metro cuadrado de las viviendas oficiales y que su precio sea inferior al 30% del sueldo. La ayuda deberá devolverse antes de 50 años. Creemos que es una propuesta realista para los jóvenes que no pueden encontrar vivienda.
Catalunya en Comú, Susana Segovia: Recuperaríamos el decreto 17/19 para presentarlo como ley para garantizar que la protección oficial sea a perpetuidad. Tenemos un plan territorial intersectorial para llegar al 15% de vivienda social que hace un año que está parado y prácticamente muerto porque el Gobierno de JxCat y ERC no han sido capaces de tirarlo hacia adelante. Hay que blindar el presupuesto para vivienda alcance el 0,6% del PIB, que es la media europea. Proponemos que la Generalitat cree un organismo recuperador de vivienda pública, que reconvierta al Incasòl para que su prioridad sea la construcción de vivienda pública de alquiler con mecanismos de cofinanciación y corresponsabilidad con los inversores privados para que lleguemos como mínimo a duplicar el número de promociones de viviendas en alquiler público. Que Incasòl no siga vendiendo suelo, que lo destine a vivienda, que no sigan subastando vivienda que se podrían destinar a vivienda social. Que el nivel de construcción de Incasòl, que es de risa, con 27 promociones en toda Catalunya (1.152 viviendas), cuando en Barcelona, ya que al representante de ERC le gusta tanto hablar de Barcelona, ahora mismo se están construyendo 2.000 viviendas y otras 1.500 se encuentran en fase previa de licitación. Ampliar y aplicar la reserva del 30% de todas las grandes promociones de vivienda en toda Catalunya, esto ya es un hecho en Barcelona pero se tiene que extender al resto de Catalunya. Para las mesas de emergencia, clarísimamente movilización de pisos vacíos: convenios de verdad con fondos de inversión que les obliguen a ceder. Eso se consigue con inspecciones, con expedientes sancionadores y con expropiaciones en caso de incumplimiento reiterado. Hay pisos vacíos que tienen que pasar a alquiler social y la Generalitat tiene que poder obligar. Aumentar el presupuesto para la compra de pisos con tanteo y retracto y la apuesta de viviendas de proximidad de emergencia. Pero sobre todo, lo más importante es obligar a los grandes propietarios a ofrecer alquiler social en los casos que no haya alternativa habitacional.
CUP, Maria Sirvent: Sobre las mesas de emergencia: muy en contra de todos esos mecanismos que hacen que sea la gente que no tiene vivienda la responsable de acreditar su situación de pobreza para acceder a una. Si alguien se tiene que volver loco presentando papeles es el gran propietario. Mientras tanto, renta básica universal para que el 20% de los más ricos donen el 9,3% de su riqueza para acabar con la pobreza. 735 euros al mes para todos como mínimo. Para ampliar el parque público de viviendas: la CUP defendemos sin complejos expropiaciones sin compensaciones de viviendas vacías en manos de los grandes propietarios y la banca. Quizá alguno de vosotros nos dirá “eso no es posible”. Evidentemente que es posible. 60.000 millones de euros de rescate vergonzoso a las entidades bancarias fueron posible. Si no es posible expropiar pisos a los bancos cuando es una propuesta de sentido común, cuando hay miles de fondos de inversión que están echando de casa a gente cada día, plantearos en qué tipo de sistema vivimos y cómo hemos de romper ya. Tenemos que hacer un proceso de transformación urgente para que esto no siga pasando. Y mirad, como dicen en muchos barrios populares, mientras tanto, Chacón, la solución es la okupación [en referencia a la líder del PDeCat, Àngels Chacón].
PP, Alvaro Benejam: Lo que hay que hacer son nuevas promociones de vivienda en alquiler y, para ello, destinar presupuesto. Nosotros proponemos sacarlo de otras cuestiones que ahora mismo no son prioritarias ni necesarias. Presupuesto para hacer vivienda social de venta y alquiler. Y en este caso para nosotros es muy importante, como decía la representante dels Comuns, en que estamos completamente de acuerdo, en que la colaboración público-privada, podría dar solución en parte al problema de la vivienda social, ¿por qué no? Hay muchos municipios que lo querrían hacer pero la normativa está muy acotada para poderlo hacer y muchos municipios que, por sus políticas de izquierda no lo quieren hacer.
JxCat, Elena Fort: Con el tiempo hemos visto que lo que la gente nos demanda que el régimen en propiedad vaya a menos y se fomente el alquiler. Para ello en primer lugar tenemos que hacer unas políticas públicas que fomenten la construcción de viviendas, por tanto desde JxCat nos comprometemos a realizar los cambios legislativos necesarios. Nos comprometemos hacer un pacto para construir hasta 5.600 viviendas protegidas anualmente. Ampliaremos el parque público con las compras de viviendas con entidades financieras y exigiremos —exigiremos—, haremos todo lo posible, como Jose Rodríguez comentaba, para el traspaso del patrimonio de la Sareb, cifrado en más de 3.000 viviendas en Catalunya. Para incentivar el alquiler, es necesario un replanteamiento. Discrepo con la CUP sobre la expropiación que no se puede expropiar sin compensación. Seamos valientes y pongamos un presupuesto para expropiar a fondos buitres y entidades financieras. Creo que sí nos tenemos que plantear esa promoción de viviendas en alquiler desde la colaboración público-privada. Recordemos que el 70% del presupuesto de la Generalitat es salud y educación y si vivienda es prioritaria, allá donde no pueda llegar el presupuesto porque se tiene el dinero que se tiene, tiene que llegar el sector privado. En este sentido, también solicitamos unas alianzas público-privadas para tratar de incentivar a los agentes privados, que también tienen derecho de alquiler y de alquiler protegido. Facilitar líneas con bonificaciones con los promotores y promover un mercado de alquiler seguro.