Armamento policial
El Gobierno Vasco compra portagranadas a la empresa del exagente del Mossad israelí y refuerza la seguridad público-privada

El Gobierno Vasco acaba de firmar un contrato para el “suministro de porta-granadas de aturdimiento y distracción” con la empresa Guardian Defense & Homeland Security S.A., del exagente del Mossad Ilan Arzooan. Como ha podido saber Hordago-El Salto, se trata de un contrato menor adjudicado de forma directa por un valor de 3.569,5 euros, formalizado este 11 de noviembre. Continúa así el aprovisionamiento militarista en Euskadi gracias a empresas relacionadas con la inteligencia israelí. 

Este contrato se firmó un día después de que Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, apelara a la colaboración público-privada  “para responder a la demanda, cada vez mayor, de una seguridad pública integral, cohesionada y moderna”. Lo comentaba en Bilbao, el pasado 10 de noviembre, en el V Congreso de Seguridad Privada, sin tener en cuenta que la criminalidad en Euskadi ha disminuido en el último año, según la propia Ertzaintza y las policías locales.

Armas de letalidad encubierta

Las relaciones entre Guardian Defense & Homeland Security S.A., empresa que comercializa armamento y entrena a Mossos d’Esquadra y Ertzaintza en situaciones de fuego real, y las instituciones públicas vascas no son nuevas. En total, según los datos a los que ha accedido Hordago-El Salto, las instituciones vascas ya han entregado más de 1.66 millones de euros a esta empresa y sus distribuidoras.

No obstante, este último contrato levanta enormes dudas sobre los planes en materia de seguridad del Gobierno Vasco. Por un lado, si bien se ha hecho pública la compra de estos portagranadas, se desconoce cuántos se han comprado. Además, también existe una falta de información pública notable sobre cuándo se han comprado las granadas y qué empresa las ha vendido. No existe en las plataformas públicas de contratación y transparencia información que demuestre qué empresa ha aprovisionado de las propias granadas a la Seguridad vasca.

Según un manual de la policía de Bolivia para las operaciones de “restablecimiento del orden público”, las granadas de distracción explotan provocando un gran efecto de aturdimiento asociado a una nube de un polvo blanco (sin agresividad química) “lo cual produce pánico y dispersión en la multitud violenta, pudiendo ser aprovechado por el grupo policial antidisturbios para desalojar espacios tomados por la multitud o ganar terreno en determinados sectores urbanos o rurales”.

El Physicians for Human Rights y otras organizaciones por los Derechos Civiles consideran a las granadas de aturdimiento como “armas de letalidad encubierta”

Parece que las fuerzas de seguridad presagian con cierta certeza un invierno caliente en las calles de Euskadi. Las granadas de aturdimiento ya dejaron sin visión a un joven estudiante en Canadá en una manifestación de 2012 y  un informe de Physicians for Human Rights (PHR) y diez organizaciones de la Red Internacional por los Derechos Civiles (INCLO, International Network of Civil Liberties Organizations) las declaró “armas de letalidad encubierta”.

Otro estudio, publicado por ProPublica en 2015, recogió más de 50 casos de lesiones graves y muertes desde el año 2000 por el uso de granadas de aturdimiento por parte de las fuerzas policiales, solo en los Estados Unidos. Muchos de estos casos sucedieron al lanzar las granadas en interiores. Un hecho calificado como “particularmente grave” por PHR fue el de un bebé de 18 meses que sufrió una herida en el tórax cuando una granada de aturdimiento cayó en su cuna durante una redada. 

Las críticas a las instituciones vascas por aprovisionar a las fuerzas de seguridad no son pocas. “El gobierno de la CAV dedica cada vez más partidas de dinero público a la compra de material de combate a empresas que se lucran con la violación de derechos humanos”, expone a Hordago-El Salto Taher Ali, integrante del colectivo palestino Al-Yudur (Juventud Palestina). Para Ali, Guardian Defense & Homeland Security “es una empresa israelí del ramo que cuenta con la garantía ‘testado en combate’, eufemismo para referir que gracias a la ocupación y los continuos ataques a la población civil, sus materiales han sido probados y desarrollados contra seres humanos”. 

En la dirección de Guardian Defense & Homeland Security S.A figura, como indican los documentos de la propia empresa, figuran distintos nombres relacionados con la inteligencia isrelí. Además de su CEO y administrador único, Ilan Arzooan, quien fuera general del ejército israelí, Yom Tov Samia, también aparece como presidente y fundador Ariel Mazoz, agente retirado del Servicio General de Seguridad de Israel. Guardian Defense & Homeland tiene su sede en Trinidad y Tobago, territorio opaco fiscalmente que la Unión Europea considera “no cooperador” en su listado de paraísos fiscales. La junta directiva de esta sociedad está formada por empresarios vinculados con actividades económicas en Islas Caimán y Jamaica, así como centros financieros offshore.

Cabe recordar que la empresa del exagente del Mossad ha sido señalada por el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (NOVACT) y por el Centre Delás (Estudios por la Paz), entre otros, por probar técnicas y armas en territorio con población civil. Tanto la empresa proveedora Emtan como Guardian Defense & Homeland Security están contribuyendo activamente a la remodelación de la “seguridad” en España y a las formas de violencia estatal, indica Alys Samson, experta en Derechos Humanos y movimientos sociales. 

Solo en Estados Unidos, desde el año 2000, ha habido más de 50 casos de lesiones graves y muertes por el uso policial de granadas de aturdimiento que quiere utilizar la Ertzaintza

Si bien se desconoce la cantidad de portagranadas que el Gobierno Vasco ha acordado en concepto de suministro en material de “seguridad” y a qué cuerpo policial pretenden reforzar, queda patente, una vez más, la línea política marcada por Iñigo Urkullu y la consejería de Seguridad y vicepresidencia que detenta Josu Erkoreka. Un incremento de la fuerza que también han solicitado desde ayuntamientos como el de Bilbao, liderado por Juan Mari Aburto, que ha pedido “contundencia policial” durante toda la pandemia para aplacar, por ejemplo, los botellones. Plasmar ese espíritu autoritario también ha requerido de una enorme campaña para legitimar la militarización de la vida social vasca. Por ejemplo, cuando Aburto anunció un refuerzo policial “importante” para atajar botellones también lanzó mensajes para que fuera la propia sociedad quien actúe de forma “coral” como autoridad.

A la estela de la Guardia Civil

En octubre de este año el fabricante israelí de armas pequeñas Guardian Defense & Homeland Security, así como su proveedora Emtan, firmaron un contrato para proporcionar 6.000 pistolas semiautomáticas a la Guardia Civil española por un valor estimado de 1.952.000 euros. Las pistolas de 9mm, de nombre Ramon, cuestan 269 euros la unidad. El órgano de contratación es, en este caso, la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. El CEO de la proveedora Emtan, Reuven Zada, dijo en relación a esta adjudicación que están “orgullosos de que la Policía Federal española haya escogido la pistola Ramon”. Estas palabras sentaron mal en los cuerpos de policía, quienes tuvieron que aclarar que España no es una “autoridad federal,” tal y como había afirmado el CEO de Emtan.

Por otro lado, gracias a una investigación del diario Público se ha difundido que los legionarios se entrenan para el “control de masas” con la ayuda de policías y guardias civiles.  Este medio cita un artículo del último número de la revista oficial de la Legión Española —editada por el Ministerio de Defensa— donde el capitán Carlos Ramos Fiol sugiere también la participación de los cuerpos de seguridad del País Vasco. “Tras más de 15 años, la Compañía sigue contando con el asesoramiento de instructores de la Guardia Civil, Policía Nacional, Municipal, Ertzaintza, instructores de Krav Maga y expertos en materia sanitaria”, destaca Ramos en su artículo. A este respecto, fuentes de la Ertzaintza consultadas por Público negaron que la Policía Autonómica del País Vasco haya participado en el encuentro de este año.

Asimismo, la propia Benemérita, a través del Instituto Armado, ha emprendido la total renovación de su armamento, acordando que comprará al menos 3.500 fusiles de asalto en los próximos meses, tratándose de la tercera licitación de este tipo en año y medio. Aún se desconoce quién se llevará los 5.920.000 euros previstos. Sí se sabe que también se han reforzado, entre otras, las áreas de ciberinteligencia (84.000 euros) y de reconocimiento facial (12.000 euros), la provisión de cuatro patrulleras (dos de alta velocidad, por 8.900.000 euros) y de cargas explosivas (14.025 euros).

El camino  que marca el Ministerio de Defensa español es el de la renovación y preparación ante un posible aumento de la delincuencia o la inseguridad. Una línea que  la Consejería de Seguridad del Gobierno Vasco que lidera Erkoreka sigue a rajatabla. Todo ello a pesar de que a día de hoy se están dando los índices más bajos de la secuencia histórica en delincuencia y criminalidad en toda España.