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Análisis
La recesión, autoinfligida, que se avecina
La Comisión Europea lanzó una señal de alerta a principios de semana a diversos países miembro, entre ellos España, por su elevada deuda pública, privada y externa. En el caso español el aviso estuvo sazonado con otra advertencia alrededor del elevado desempleo. Bruselas ha decidido prolongar la clausula de salvaguardia del pacto de estabilidad un año más, de manera que no va a sancionar a los países que superen los límites de déficit y deuda, a la vez que sugería que el aumento del gasto público de los países altamente endeudados, como España, esté por debajo del crecimiento previsto de la economía. Obviamente, de balanzas sectoriales los burócratas de Bruselas saben relativamente poco. Se corre el riesgo de forzar de nuevo una austeridad pública absurda que nos lleve a una recesión intensa y prolongada.
Pero vayamos por partes. El problema más grave de los expuestos gira alrededor de la deuda privada, especialmente en un contexto de enorme fragilidad de los balances de empresas y familias, con un nivel excesivo de préstamos dudosos. Los sectores privados pueden quebrar. Por el contrario, los gobiernos que emiten sus propias monedas no tienen que financiar su gasto, ya que los gobiernos emisores de moneda nunca pueden quedarse sin dinero.
El problema más graves gira alrededor de la deuda privada, especialmente en un contexto de enorme fragilidad de los balances de empresas y familias, con un nivel excesivo de préstamos dudosos
Sí, es cierto, España no goza soberanía monetaria, pero desde 2012 se ha utilizado un subterfugio que se le parece mucho: el Banco Central Europeo, mediante la expansión cuantitativa (QE), ha estado financiando en secundario a los Tesoros de los distintos gobiernos europeos sin ningún problema. Ello nos ha permitido gozar de un amplio período de expansión económica y creación de empleo, a la vez que se suavizaban las consecuencias de la Covid-19.
El BCE ha optado por provocar una recesión, y de paso alguna que otra quiebra
Lo único que ha mantenido intacta la Unión Monetaria ha sido la actuación del BCE, al margen de las estructuras legales establecidas por los tratados, financiando (indirectamente) los déficits fiscales de los Estados miembro a través de sus programas de compra masiva de activos. El último de ellos, el Programa de Compras de emergencia PEPP, culminó en marzo de este año. Con la tasa de inflación muy por encima de su definición de estabilidad de precios (2%) la ortodoxia presionó para que el BCE abandonara sus diversos programas de compra de bonos. El argumento, otra fake news, era que la liquidez bombeada en las cuentas de reserva de los bancos a través de los diversos programas de compra de bonos era inflacionaria -el llamado mito de “imprimir dinero”-.
Pensábamos, ingenuamente, que el BCE no iba a retirar sus programas de compra de bonos a corto plazo, independientemente de la evolución de la inflación, ya que ésta no tenía nada que ver con el Banco Central –de ello ya hemos hablado largo y tendido-. Argumentábamos que sencillamente no podía, a menos que quisiera mandar a la recesión e insolvencia a unos cuantos Estados miembros, y asumir las consecuencias políticas. Es lo que al final han decidido. Todo ello mezclado en un coctel donde se añadirán gotas de un elixir en forma de subida de tipos de interés oficiales.
Ninguno de los factores que han provocado el repunte de precios es sensible a los tipos de interés
El argumento, el de siempre, hacer frente a la inflación. Pero resulta que ninguno de los factores que han provocado el repunte de precios es sensible a los tipos de interés. La única manera de que las subidas de los tipos de interés reduzcan la inflación es que se lleven a niveles tan altos que la economía entre en una profunda recesión y eso ahogue la capacidad de las empresas para ampliar sus márgenes. Pero para entonces el desempleo masivo se elevará a niveles altos y se habrá generado de nuevo una tragedia humana que se cebará, sobretodo, con los más débiles.
Austeridad fiscal a partir de 2023
No contentos con todo ello, pelillos a la mar, Bruselas ha decidido dar un empujoncito más. Conmina a los Estados miembros a reducir el déficit público de manera que se sitúe por debajo del crecimiento económico, para, si nada y nadie lo remedia, a partir de 2023 volver a exigir las absurdas reglas de déficit y deuda.
Pero el contexto importa y mucho. No podemos olvidarnos de las balanzas fiscales. La reducción del déficit público del 7% al 3%, unido a una desaceleración del resto del mundo, de manera que se elimine el superávit por cuenta corriente que, en términos de flujos de gasto, haga que el sector exterior empiece a drenar gasto neto de la economía nacional, solo es posible si el sector privado nacional empieza a gastar más y a acumular una deuda todavía mayor. Y aquí, sin que sirva de precedente, sí coincido con Bruselas, la deuda privada importa y mucho.
Es cierto que el stock de deuda del sector privado patrio se ha ido reduciendo desde la Gran Recesión, siendo la contrapartida el aumento del stock de deuda pública. Pero en el escenario actual de futuros repuntes de tipos de interés, subida de costes de materias primas -vía burbujas en los mercados de derivados-, exacerbado con la guerra de Ucrania, y una posible recesión global sincronizada, los balances de las familias, especialmente de menos recursos, y de una gran parte de nuestra pequeña y mediana empresa, serán más que vulnerables.
Llama la atención que en plena desaceleración se hayan sincronizado el final de la expansión cuantitativa, el anunciado repunte de tipos de interés oficiales, y una vuelta a los absurdos límites fiscales y de deuda de Maastricht. Si las condiciones económicas se ralentizan más bruscamente de lo esperado, no quedará otra que revertir todo este proceso.