Análisis
La fiebre del gas

La fiebre del oro fue el hype del siglo XIX al XX. Por la búsqueda de este material y la promesa de la riqueza instantánea, miles de personas trabajadoras y sus familias migraron sobre todo a la zona de California (EEUU). Realizaron grandes inversiones. Muchas de ellas se arruinaron. Curiosamente (o no tanto) pocos mineros se hicieron ricos, mientras que los proveedores, los propietarios de las instalaciones y los comerciantes encontraron la fortuna. La misma fiebre, esta vez por el gas, está asolando el mundo desde mediados del siglo XX con la búsqueda de nuevos yacimientos, técnicas insalubres, explotación de recursos, contratos o construcción de infraestructuras. ¿Habremos aprendido la lección de la fiebre del oro?¿O nos dejaremos arrastrar por esta nueva burbuja en una carrera sin fin?¿Qué sucederá cuando la burbuja estalle y la fiebre desaparezca?¿Llegará una nueva fiebre esta vez ligada al hidrógeno verde?

La carrera por el gas de la Unión Europea

En los últimos meses, los dirigentes europeos han anunciado una serie de acuerdos para aumentar la producción y las exportaciones de gas, entre ellos con Egipto, Israel, Senegal, Angola, la República del Congo y Estados Unidos. Esta nueva carrera por el gas está provocando que haya países que tengan complicado el acceso al suministro de Gas Natural Licuado (GNL) —como Pakistán que recientemente anunciaba cortes de suministros para los hogares de más de 16h— y que otros se vean en la tesitura de explotar sus recursos para venderlos a la insaciable Europa. Este último es el caso de Egipto que vuelve a quemar mazut, un combustible pesado muy contaminante, para poder exportar más GNL a Europa.

En el pasado, muchas economías productoras de petróleo y gas en África esperaban que las exportaciones de gas aportaran entradas de capital extranjero e ingresos presupuestarios. En realidad, la parte de la renta del gas rara vez supera el 1 % del PIB. El aumento de la producción de gas no se ha traducido en un mejor acceso a la energía ni en un mayor crecimiento para las poblaciones locales. En cambio, sí que ha resultado en más impactos para las comunidades y más inseguridad energética y también social.

Muchas de estas inversiones en petróleo y gas pueden quedar protegidas a través de los tratados de comercio e inversión de los que forman parte los países receptores y ejecutores de estos flujos financieros

Gran parte de la infraestructura de exportación de gas africana existente es actualmente propiedad de empresas extranjeras de petróleo y gas, que exigen condiciones fiscales favorables y elevados cánones mientras dejan a los países africanos sin beneficios y ponen en riesgo su propia transición energética. Según un análisis de la organización E3G, de media tres quintos de las infraestructuras de exportación de GNL está en manos de capital extranjero, mientras que son los países africanos los que acaban asumiendo los riesgos de estas inversiones.

En este mismo sentido, son más que deplorables las declaraciones del responsable de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, animando al gobierno de Mozambique a acelerar un programa de explotación de gas que ha provocado el desplazamiento de miles de personas y alimentado la insurgencia violenta y el conflicto.

Semanas previas a la COP27, que se celebró en Sharm El Sheikh (Egipto) del 7 al 20 de noviembre, un gran número de organizaciones sociales de todo el continente africano se organizaron bajo el paraguas de una coalición llamada Don’t Gas Africa. Durante la Cumbre realizaron acciones para exigir el fin del gas fósil en sus territorios, así como otros sistemas energéticos sucios, peligrosos y obsoletos. Solicitaban que se ponga fin al apartheid energético inducido por los combustibles fósiles en África, que ha dejado a 600 millones de personas africanas sin acceso a una energía limpia. Asimismo, exigían la ampliación de la energía renovable, descentralizada y rentable como la mejor manera para acabar con la exclusión energética y satisfacer las necesidades de la población africana.

Un nuevo estudio titulado ¿Quién financia la expansión de los combustibles fósiles en África? ha revelado que empresas de petróleo y gas están explorando y desarrollando nuevos proyectos e infraestructuras fósiles, como terminales de GNL, oleoductos y centrales eléctricas de gas y carbón en África. Y la cantidad invertida entre 2019 y 2022 por 352 bancos asciende a más de 98.000 millones de dólares.

Pero la historia no acaba aquí. Muchas de estas inversiones en petróleo y gas pueden quedar protegidas a través de los tratados de comercio e inversión de los que forman parte los países receptores y ejecutores de estos flujos financieros, encadenando a los países a décadas de combustibles fósiles y la posibilidad de recibir demandas multimillonarias. ¿La razón? Los inversores y empresas de combustibles fósiles tienen el poder de demandar a los Estados, ante tribunales privados, cuando consideran que han legislado en contra de sus beneficios económicos. Esto es posible gracias al mecanismo ISDS presente en estos acuerdos. A día de hoy existen más de 1.000 demandas conocidas, de las cuáles el 42% fueron interpuestas por la industria fósil.

Por otro lado, el acuerdo entre la UE y EE UU para el comercio de 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural (bcm) de GNL también ha dado bastante de qué hablar en los últimos días. En la pasada reunión del 7 de noviembre de la Task force, el acuerdo entre ambas potencias para la seguridad energética, los participantes se congratularon de haber superado el compromiso asumido por los presidentes von der Leyen y Biden, de aumentar el suministro de GNL a Europa en 15 bcm en 2022 en comparación con 2021.

Solo este año, entre enero y octubre, se exportaron aproximadamente 48 bcm de GNL desde los Estados Unidos a la UE, lo que supone 26 bcm más que en todo el año 2021. Sobre la base de esta tendencia, los participantes se comprometieron a trabajar para mantener un alto nivel de suministros de GNL a Europa en 2023 de aproximadamente 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural adicionales en comparación con 2021. Las partes también debatieron cómo el Grupo Operativo contribuirá a garantizar la seguridad del suministro y el llenado del almacenamiento en 2023 a precios que reflejen los fundamentos económicos y el impulso compartido por la estabilidad del mercado energético. Este esfuerzo se verá respaldado por el establecimiento de la Plataforma Energética de la UE como instrumento para la agregación de la demanda y la compra conjunta de gas.

El análisis que Food & Water Action Europe ha realizado sobre estas declaraciones concluye que esta política equivocada de la UE podría generar 400 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes al año (tCO2eq), costar más de 64.000 millones de euros hasta 2025 y generar una infraestructura que nos ate a los combustibles fósiles durante décadas.

Estas declaraciones de intenciones son especialmente relevantes dado que la práctica totalidad de las exportaciones de gas de EEUU es gas procedente de fracking o fractura hidráulica. Una técnica con altas repercusiones ambientales y sobre la salud para las comunidades cercanas a las zonas de extracción. Cabe recordar que esta técnica está prohibida en la totalidad del territorio del Estado español y en muchos otros países de la UE.

Activistas desde Texas y Luisiana en EE UU hasta comunidades indígenas en Sudáfrica, Fridays For Future de Polonia, junto con Ecologistas en Acción, se movilizaron el pasado 10 de noviembre en la COP27 bajo un único lema: “No a los combustibles fósiles, ni aquí ni en ninguna parte”. Ecologistas en Acción ha denunciado en Egipto la gravísima situación que vive la población de Huelva por culpa de la importación de gas. Huelva es una de las provincias que más han sufrido durante décadas las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias de ser una “zona de sacrificio”, con industrias contaminantes altamente dependientes de las importaciones gasistas.

“La probabilidad de tener un cáncer en Huelva es mucho mayor”

Raquel Castizo Esther Garrido

Salud

“La probabilidad de tener un cáncer en Huelva es mucho mayor”

Raquel Castizo ,  Esther Garrido

Organizaciones como Greenpeace o Mesa de la Ría hablan del Polo Químico de Huelva como causa determinante.

La COP 27 y el gas, una historia de amor bajo la luz verde

Durante las dos últimas semanas, todos los ojos han estado puestos en la Cumbre del Clima en Egipto. Las expectativas de la sociedad civil, que esperaba una resolución oficial para el abandono de combustibles fósiles en un horizonte cercano, se vieron frustradas en la declaración final, y ven con mucha preocupación el cariz que está el gas fósil en estos marcos de negociación.

Previamente a la Cumbre, el 25 de octubre se realizó la 24ª reunión del Foro de los Países Exportadores de Gas (GECF) en Cairo. Según el resumen oficial de las conversaciones, los 17 países del Foro —incluido Egipto, anfitrión de la COP27— afirmaron que “la COP27 y la COP28 representan una gran oportunidad para defender el gas en la transición energética”. Por su parte, el presidente de Egipto, Abdel Fatah el-Sisi, subrayó “la necesidad de utilizar el gas natural para [garantizar] un transporte justo de energía“. Asimismo, el ministro de Asuntos Exteriores que preside la COP27, Sameh Shoukry, ya había calificado el gas como ”fuente de energía transitoria". Pero eso no es todo, en febrero la Comisión Europea dijo lo mismo a través del controvertido Acto Delegado de la taxonomía verde europea.

Argumentan que la contribución del gas al potenciamiento del cambio climático es la mitad que el carbón. Sin embargo, el venteo de metano y las fugas de las infraestructuras de gas pueden provocar un impacto muy elevado que no está cuantificado, ni hay interés en que se haga. Las organizaciones medioambientales señalan que hay un bloqueo para realizar análisis de ciclo de vida de las importaciones de gas fósil y que, justamente en las discusiones de la Unión Europea sobre el Reglamento de Metano, se está obviando la responsabilidad de los países miembro sobre dichas emisiones.

Mucho camino y trabajo queda por delante para mantener vivo el compromiso del Acuerdo de París de establecer el aumento de temperatura a un máximo de 1,5 °C y evitar algunos de los impactos más importantes del cambio climático. Pero para ello debemos encontrar una cura para la epidemia de la fiebre del gas. Las prescripciones, marcadas por la sociedad civil son claras: decrecimiento, un sistema energético renovable y democrático. Construir un sistema que, en definitiva, ponga la vida y el bienestar de las personas en el centro.