América Latina
Los principales escenarios de América Latina en los próximos meses

Tras las elecciones argentinas y en medio de crisis políticas en Bolivia y Perú, América Latina afronta un semestre de importantes comicios que definirán el rumbo de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Panamá y México, reconfigurando políticamente a Centroamérica y definiendo en mayor medida el cambiante equilibrio de orientación ideológica en el continente. Estas elecciones, con sus particularidades nacionales, se hallan en un contexto de radicalización de las derechas latinoamericanas y de reformulación de los liderazgos y las estrategias de las izquierdas regionales. El rumbo de Latinoamérica, atravesado siempre por clivajes como “integración regional vs. alineamiento con Estados Unidos” o como “desarrollo autocentrado vs. periferización”, se verá en mayor medida definido por los siguientes procesos electorales.

Guatemala, al borde de un golpe

Guatemala albergó unas importantes elecciones el pasado 20 de agosto, en las que el socialdemócrata Bernardo Arévalo constató su sorprendente victoria al imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales a la derechista Sandra Torres. Con una participación inferior al 50%, la contundencia del triunfo del Movimiento Semilla (61% de los sufragios frente a 35% de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) inauguró una profunda crisis política en el país centroamericano que da forma a la primera incógnita electoral de los próximos meses en América Latina. Bernardo Arévalo y Karin Herrera deberían asumir como presidente y vicepresidente respectivamente el 14 de enero de 2024; el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de mandatarios latinoamericanos así lo aprueban.

De lograrlo, Semilla tomaría control del ejecutivo guatemalteco atravesado por una compleja relación con el poder legislativo, de mayoría derechista. No obstante, esta toma de posesión, pese a la firmeza de la victoria del candidato socialdemócrata y pese al apoyo de múltiples actores a la transición de poder, está en condicional. El 1 de septiembre, Bernardo Arévalo  denunció ante la comunidad internacional que en Guatemala estaba teniendo lugar un “golpe de estado” dirigido por “políticos y funcionarios corruptos”, en referencia a las “fuerzas golpistas” que intentaron -en primer lugar- suspender la personalidad jurídica del partido para evitar que concurriera al balotaje y -en segundo lugar- robar las actas electorales que custodiaba el Tribunal Supremo Electoral. Las movilizaciones en defensa de Arévalo y en contra de actores del “pacto de corruptos” como la fiscal general Consuelo Porras han continuado y la resolución del proceso electoral permanece abierta. El TSE reafirmó recientemente la inamovilidad de la victoria de Bernardo Arévalo, pero la influencia en la estructura estatal del Ministerio Público y otros sectores antidemocráticos abren la puerta a la concreción del golpe que denunció el presidente electo.

El Salvador, cinco años más de Bukele

El Salvador elegirá nuevo presidente el 4 de febrero en unos comicios marcados por la decisión de la Corte Suprema de avalar la reelección de Nayib Bukele. Varios partidos -ARENA, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) o Nuestro Tiempo- ya han designado candidatos en sus respectivas primarias, pero el escenario está desbalanceado de antemano. Todas las encuestas confirman que existe una autopista electoral en favor del presidente Bukele, que revalidará su mandato con una contundencia que probablemente supere los 70 puntos en los comicios para el ejecutivo. El “método Bukele”, consistente en una gestión “de mano dura” de la lucha contra el crimen organizado y en una persistente campaña narrativa punitivista, funciona electoralmente. Ni las denuncias por violaciones constantes a los derechos humanos en su “trazo grueso” a la hora de luchar contra las bandas ni la polémica constitucional por su pretendida reelección ponen en riesgo su victoria. Bukele seguirá gobernando El Salvador y su influencia regional permanecerá, al menos, hasta 2029.

Venezuela, crisis o injerencia

El de Venezuela es un escenario electoral enormemente complejo. Oficialismo y oposición reanudaron recientemente en octubre sus atropelladas negociaciones en Barbados, con un texto firmado por ambos sectores pero interpretado en formas antitéticas: desde la posición del gobierno de Nicolás Maduro, las elecciones del próximo año se celebrarán sin que tengan lugar exenciones legales en favor de figuras políticas inhabilitadas previamente. La victoria de la dirigente liberal María Corina Machado en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática contradice esta lógica -las mismas que no fueron reconocidas por el organismo público electoral y fueron dejadas “sin efectos” por el Tribunal Supremo. Apoyada por Juan Guaidó y Leopoldo López, Machado promete “enterrar el socialismo para siempre”, privatizar PDVSA (la empresa estatal del crudo venezolano) y alinear Caracas con la agenda internacional estadounidense. Sin embargo, su candidatura está en “veremos”, por cuanto está inhabilitada para ejercer cargos públicos durante quince años y el chavismo se niega a intervenir la Contraloría General para revertir dicha inhabilitación.

En este marco, “injerencia” y “crisis política” pueden ser dos conceptos que se apropien de la ruta electoral en el país. Estados Unidos ha aprobado alivios temporales -de seis meses- sobre las sanciones con las que presiona al sector petrolero venezolano a cambio de “elecciones libres y justas”; en última instancia, este pedido se resume en la efectiva participación de Machado en los comicios. De lo contrario, Washington retomaría la senda de la injerencia y podría intensificar su guerra económica contra Venezuela. La oposición, por su parte, podría verse empujada a una crisis interna en la que su frágil equilibrio entre partes saliera a relucir. Si Machado no logra solventar su situación de inhabilitación, otros candidatos podrían exigir su retirada en favor de un dirigente reconocido legalmente para competir contra el PSUV.

Panamá, giro a la derecha

Panamá votará también en mayo de 2024 en un escenario ciertamente pesimista para la izquierda nacional. La movilización sindical y social contra la concesión minera a la empresa canadiense First Quantum marca la actualidad política del país. El presidente Laurentino Cortizo y su partido -el Partido Revolucionario Democrático (PRD)- han empeorado sus perspectivas electorales como consecuencia de su errática gestión del asunto minero y de las manifestaciones y cortes de carretera en contra de la concesión. El candidato del PRD será José Gabriel Carrizo, actual vicepresidente y el único con alguna posibilidad de evitar el triunfo de Ricardo Martinelli  -según el grueso de las encuestas.

Realizando Metas (RM), el bloque personalista que acompaña al ex presidente y empresario Ricardo Martinelli, parte con seria ventaja en los sondeos. A pesar de la fuerza de las movilizaciones anti minería y de sindicatos como SUNTRACS, la izquierda panameña no aspira a ser competitiva en los comicios del 2024, en beneficio de Martinelli. Quien ya fuera presidente del país está condenado por lavado de dinero y ya en su momento escoró al país centroamericano hacia posiciones de enorme peso: su adscripción al bloque estadounidense fue total, sus relaciones con Venezuela fueron caóticas -el gobierno de Nicolás Maduro incluso suspendió las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países- y su admiración por la mandataria italiana Giorgia Meloni nos da pistas de lo que podría significar un segundo mandato de Martinelli al frente de Las Garzas. Aunque se define como “perseguido político”, lo cierto es que su condena difícilmente impedirá su candidatura, teniendo en cuenta la lentitud que está acompañando al procedimiento. De hecho, de alzarse como presidente, la ejecución de la sentencia podría quedar en stand by.

México, todo a favor para Morena

Los de México en junio de 2024 son los principales comicios del próximo año en América Latina. Con la totalidad de las encuestas augurando una holgada victoria del oficialismo, la oposición se ha agrupado en una particular coalición para intentar evitar el triunfo de Morena. El Frente Amplio por México -ex Va por México- agrupa a los históricos PRI, PAN y PRD tras la figura de Xóchitl Gálvez. La crisis de los partidos históricos de México, cuya máxima expresión es la hecatombe electoral del Partido Revolucionario Institucional tras la presidencia de Peña Nieto, se refleja en las encuestas. En las elecciones del año 2012, el PRI obtuvo un 38%, el PRD un 32% y el PAN un 25%; entre los tres, cerca del 95% de los sufragios; de cara a las elecciones de 2024, las encuestas dan un margen amplio pero que en ningún caso supera el 45% para la coalición que conforman los tres bloques. Entre tanto, el desempeño electoral de Movimiento Ciudadano se presume cercano al 10% y la ultraderecha nacional agrupada en torno a la figura de Eduardo Verástegui todavía intenta hacerse un hueco en la política mexicana y obtener las firmas necesarias para hacer viable su candidatura independiente.

Con el éxito electoral que se le presume a Morena, las primarias del partido fueron uno de los asuntos de mayor relevancia en la política mexicana de los últimos años. En aquel procedimiento interno, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, se impuso. La combinación de su arrastre electoral propio como dirigenta política y el del presidente Andrés Manuel López Obrador colocan a Sheinbaum por encima del 50% e incluso del 60% en algunas encuestas de cara a las presidenciales. Morena ha trastocado por completo el mapa político mexicano hasta tal punto que, de desarrollarse con cierta normalidad los acontecimientos políticos en los próximos meses, es difícil imaginar algo distinto a que el país se encamine a un sexenio de Sheinbaum como presidenta, con el objetivo declarado de continuar la senda de la “Cuarta Transformación” inaugurada por AMLO. La revalidación de un ejecutivo no derechista en el segundo país más poblado de América Latina habrá de ser un aspecto central del equilibrio ideológico regional en un contexto de radicalización de las derechas en el continente y de reconfiguración de las izquierdas y los movimientos populares.