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“Los hechos no son terrorismo”, ha defendido Amaia Izko, primera de las defensas en intervenir en la sala, que ha pedido la libre absolución de sus defendidos. La abogada de Jokin Unamuno y Ainara Urquijo —para los que la Fiscalía pide 50 años y 12 años y seis meses respectivamente— ha afirmado que los delitos que se les imputan no pueden ser calificados de “delitos graves”. También que los hechos fueron “fortuitos” y “aislados”, y que las lesiones que presentaban los guardias civiles y sus parejas son “de menor entidad”.
Izko ha rechazado la calificación de los delitos como “terroristas” ya que ninguno de los jóvenes están acusados de pertenencia a ETA y solo en el caso de Jokin hay una vinculación con el movimiento Ospa, que “ni es, ni se define, ni se ha calificado como organización terrorista”.
La abogada subraya que los “hechos se han magnificado” con el objetivo de considerarlos como delito de terrorismo, aunque no haya para ello los “elementos objetivos” necesarios. Destaca que el testimonio de diversos testigos, entre los que se incluyen agentes de la Policía Foral y ciudadanos que vieron los hechos, confirman que Jokin no agredió a nadie.
Tras la intervención de Izko, ha llegado el turno de Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, que se enfrenta a 62 años de cárcel. El abogado ha comenzado destacando la falta de credibilidad de la identificación de Oihan como agresor en la pelea. “No es rubio, y no lo era en el momento de los hechos”. “Lo confunden con otra persona”, reitera.
En declaraciones ante la juez de instrucción, María José, la pareja del teniente de la Guardia Civil agredido, describió al agresor como “un chico rubio con ojos azules”, sin decir su nombre, a pesar de que eran vecinos.
Por su parte, el abogado de Julen Goikoetxea, Manuel Ollé, ha comenzado recordando que la Audiencia Nacional ha rechazado a todos los testigos propuestos desde la defensa. También ha apuntado a las dudas en cuanto al reconocimiento fotográfico de Goikoetxea como uno de los agresores. “El resto eran latinoamericanos, con tez oscura”, señala, y que después estos reconocimientos no fueron corroborados durante el juicio. Ollé ha puesto en duda la imparcialidad de la prueba principal presentada contra los ocho jóvenes de Altsasu, el informe elaborado por la Guardia Civil. “Los instructores eran guardias civiles, ellos mismos han fabricado la prueba de inteligencia”, señala el abogado.
El juicio contra los jóvenes de Altsasu comenzó el pasado 17 de abril. Durante las dos semanas que ha durado la vista, los acusados han defendido su inocencia y la Fiscalía ha mantenido su petición de cárcel, sumando además cargos por violencia de género por las agresiones sufridas por las parejas de los guardias civiles.
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