Derecho a la vivienda
Talayuela: gente sin casa, casas sin gente

Ahora que todos los partidos y políticos del sistema han celebrado con una intensa campaña propagandística las virtudes y beneficios de los cuarenta años de la Constitución del 78, a la que da la impresión que consideran como una escritura sagrada y creada para la eternidad, conviene recordar que algunos artículos de la misma son papel mojado, bonitas letras y frases vacías de contenido.

Así las cosas, los problemas de la vivienda siguen presentes y muchas personas echan de menos el cumplimiento efectivo del art. 47 de la Constitución: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

En el caso de Extremadura, los presupuestos regionales para 2019 siguen sin contemplar una política de viviendas que tenga por objetivo prioritario hacer frente a las necesidades que tienen los sectores sociales más desfavorecidos

En el caso de Extremadura, los presupuestos regionales para 2019 siguen sin contemplar una política de viviendas que tenga por objetivo prioritario hacer frente a las necesidades que tienen los sectores sociales más desfavorecidos. En estos últimos años, los planes estatales dedicados al fomento de viviendas escasean y llegan tarde, y lo que podría ser un paliativo, como las ayudas al alquiler, no están funcionando con rapidez, ya que la burocracia los entretiene hasta límites insoportables.

Las cosas se agravan puesto que al elevado número de familias sin casas se suman los desahucios, que en esta legislatura están muy próximos a los 1.300. Las amenazas de lanzamiento continúan y no se cumple lo prometido por el presidente Vara de que no se echaría a nadie por impago de las viviendas sociales.

La falta de ingresos por diferentes motivos como el paro, pensiones ridículas, o por cualquier otra circunstancia determinan que haya familias que están pasando por unas condiciones de vida tan precarias que la extrema necesidad las obliga a tomar decisiones excepcionales, de tal manera que para resguardarse de la intemperie o no vivir hacinados con otras unidades familiares tengan que proceder a la recuperación de viviendas de la Junta de Extremadura o de otras Entidades Estatales que están cerradas o sin utilizar, como es el caso de las viviendas de la Guardia Civil en Suerte de Saavedra (Badajoz) o algunas viviendas en Talayuela.

El rasgo que las define es la carencia de recursos materiales, principalmente, a consecuencia del desempleo

Miembros del Campamento Dignidad mantuvimos un encuentro en Talayuela con un grupo de personas de las 14 familias que habitan en viviendas recuperadas, propiedad de la Junta de Extremadura. La descripción de las circunstancias vitales que rodean a estas familias son muy parecidas a las que caracterizan a las que están en los pisos de Suerte de Saavedra, en Badajoz, y a otras personas de diferentes localidades de la Comunidad.

El rasgo que las define es la carencia de recursos materiales, principalmente, a consecuencia del desempleo. La esperanza y el deseo de todas estas personas jóvenes es conseguir la legalización de su vivienda, abonando las cantidades mensuales correspondientes, y aspirando a un trabajo digno que les saque de la situación actual. En la mayoría de los casos están obligados a trabajos puntuales, de muchas horas y salarios precarios, sin estabilidad alguna, o recibiendo unas ayudas sociales muy insuficientes para un mínimo bienestar que, a veces, la legalidad les impide. Hace unos 5 años comenzaron a realizar una recuperación de viviendas que llevaban más de 10 años construidas y abandonadas, con el dato anecdótico de que hasta la fecha nadie se acordaba de ellas.

Maite, es madre de una menor, sobrevive con los trabajos esporádicos que le salen. No recibe ningún tipo de colaboración económica de carácter institucional. Cuando solicita la Renta Mínima de Inserción, se le indica que no tiene derecho a ella, y la justificación que recibe es que tiene que estar sin cobrar, nada más y nada menos que durante los 6 meses anteriores a la solicitud.

En el caso de Saray, madre de cuatro menores de 15, 11, 7 y 5 años, los ingresos que tiene son los que le llegan por violencia de género. La incompatibilidad de estos ingresos con la mal llamada Renta Básica de Inserción extremeña es lo que le impide poder cobrar un incremento de unos 200 y pico de euros de más que le corresponderían si no hubiera tal incompatibilidad.

Mª. Yolanda, es madre de dos menores, percibe la Renta Mínima de Inserción, pero nos indica que con esa cantidad tan pequeña es imposible que pueda hacer frente a los recibos de luz y agua

Mª. Yolanda, es madre de dos menores, percibe la Renta Mínima de Inserción, pero nos indica que con esa cantidad tan pequeña es imposible que pueda hacer frente a los recibos de luz y agua, y alimentación. Al igual que el resto de las familias, suelen acudir con cierta frecuencia a los servicios municipales para que les cursen las ayudas de los Mínimos Vitales, con escasa atención.

Otra familia es la constituida por una señora, madre de tres hijos, con su marido en la cárcel, sin recibir ninguna ayuda social. La grave situación de penuria económica la sobrelleva gracias a la ayuda de alimentos que recibe de instituciones caritativas y lo que le dan otras personas que se compadecen de ella, según nos indica.

La opinión en general de las familias es que a pesar de la escasez de viviendas en la localidad no hay una continua e intensa pelea reivindicativa por parte del gobierno municipal para exigir la construcción de viviendas a la Junta de Extremadura. Entienden que el alcalde toma como referencia en este asunto el dicho de que “es mejor quedarnos como estamos”, ya que en el caso de que se construyeran, el reparto de las mismas podría ocasionar problemas y enfrentamientos entre vecinos por las muchas necesidades de casas que hay en la localidad.

Además, las familias consideran que la actuación de los servicios municipales deja mucho que desear, pues no entienden la subjetividad con la que se les considera y valora cuando sus condiciones sociales y circunstancias económicas de precariedad son tan claras y objetivas. También, como ocurre en el caso del barrio Suerte de Saavedra, en TALAYUELA se niega el acceso al agua y a la luz. La negativa de las compañías suministradoras es alentada por los poderes políticos locales que dan más importancia a la situación administrativa que a los derechos que todo ser humano debe tener.

La actitud de los Políticos que tienen la capacidad o competencia para esta toma de decisiones lo que pretenden es presionar y hacer más difícil las condiciones de vida para para que terminen abandonando las viviendas

La actitud de los Políticos que tienen la capacidad o competencia para esta toma de decisiones lo que pretenden es presionar y hacer más difícil las condiciones de vida para para que terminen abandonando las viviendas, recurriendo a la policía municipal, guardia civil o enviando a representantes de la Consejería de la Vivienda para indicarles el camino que deben seguir.

Las familias, en sus manifestaciones, afirman que reciben llamadas telefónicas en horas intempestivas, y que la policía municipal o/y la guardia civil los visitan periódicamente, llevando a cabo su identificación una y otra vez. No solo les piden la documentación, sino que en alguna de las visitas se han realizado amenazas verbales a menores, y a ellos de que iban a ser detenidos.

En estas últimas semanas, han recibido la visita de representantes de la Consejería de la Vivienda exigiéndoles que en 10 días deben marcharse de allí por las buenas o por las malas. Con anterioridad, la Consejería de la Vivienda había denunciado en cuatro ocasiones a una de las personas de las que allí residen sin que posteriormente la propia entidad regional se presentase a los juicios celebrados.

El comportamiento de los poderes políticos y económicos contra los pobres se reproduce en los diferentes ámbitos y lugares. Cuando no los necesitan para explotarlos y obtener de ellos su fuerza de trabajo, los consideran una molestia para sus equilibrios políticos y sociales, y desde ese punto de vista, de modo regular y con matemática precisión, los hostigan para que se vayan a vivir lejos de su presencia, a no se sabe dónde. La pobreza incomoda. El problema para los dirigentes apoltronados es cuando las necesidades de estos sectores sociales se transforman en reivindicaciones políticas organizadas que complican la tranquilidad de su placentero estar.

La única manera de finalizar con situaciones como las de Talayuela y Badajoz es que la Junta de Extremadura programe urgentemente una política pública de construcción o de adquisición de viviendas

Lo evidente es que la única manera de finalizar con situaciones como las de Talayuela y Badajoz, y que se repiten en otras localidades de nuestra región, es que la Junta de Extremadura programe urgentemente una política pública de construcción o de adquisición de viviendas para los sectores sociales más necesitados. La Consejería que gestiona todo lo relativo a los asuntos de la vivienda debe dar soluciones rápidas a la enorme demanda que en esa materia tenemos en la Comunidad Extremeña.

En otro orden de cosas, queremos aprovechar estas líneas para solicitar que de una vez por todas se acaben los desahucios, y en vez de amenazar y expulsar a los deudores por el impago de mensualidades de las viviendas sociales, se deben arbitrar medidas que recurran a la creación de puestos de trabajo y al empleo de quienes sean insolventes para que se les encuentren posibilidades con las que hagan frente a los pagos atrasados.

La Junta de Extremadura tiene que entender que, en gran medida por su pasividad e incompetencia o por motivos electorales, ha dejado durante muchos años pasar el tiempo para evitar que ocurra lo que ahora ocurre con el impago de los recibos. Por tanto, tienen una gran responsabilidad en que haya personas con un elevado número de recibos impagados, y ahora no puede ni debe culpabilizar totalmente de estas situaciones a las familias castigándolas con la expulsión de las viviendas sociales.

Para finalizar, reclamamos que urgentemente se tomen las medidas efectivas por quienes correspondan para resolver la problemática de precariedad que rodea a todas estas familias en materia de viviendas, luz, el agua y otros tipos de las ayudas sociales.