Derecho a la vivienda
La PAH estalla en el Congreso contra la nueva Ley de crédito inmobiliario

Faltaba poco para el final del pleno del Congreso de los Diputados cuando varios militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentes en la tribuna de invitados en el hemiciclo, han protestado visiblemente contra la aprobación del Proyecto de Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario, cuyo envío al Senado para tramitación final ha sido validado hoy por una mayoría del Congreso.

“No tenéis vergüenza” ha sido el grito de una de las asistentes que ha dado comienzo a las protestas que ha terminado con la expulsión de los activistas por el derecho a la vivienda. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha solicitado a los servicios de seguridad de la cámara que expulsaran a la media docena de personas movilizadas, que han lanzado octavillas a la bancada del Partido Popular, debajo de la tribuna de invitados.

Paco Morote, portavoz de la PAH, explica que, junto a otros dos compañeros, ha visto cómo se le impedía el paso al Congreso en las horas previas a la votación, ya que se encontraba “fichado” por aplaudir cuando en septiembre el hemiciclo aprobó la toma en consideración de la Ley de Vivienda. 

Morote critica la ley aprobada hoy con el voto de los partidos “de derechas” del Congreso: PP, Ciudadanos, PNV y PdeCAT han unido sus votos al PSOE, para sacar adelante un proyecto “totalmente continuista con el proyecto de De Guindos”, en referencia al anterior ministro de Economía. La propuesta contó con 77 votos en contra, entre ellos los de Unidos Podemos, ERC y EH Bildu.

Según este portavoz, la norma no introduce la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) y del propio Supremo en aspectos como las cláusulas suelo, consideradas abusivas en varias sentencias. “En lugar de prohibirlas, lo que comprometen es al notario a que certifique que el firmante del crédito es conocedor del contenido”, explica Morote.

Otros aspectos criticados por la PAH son la nueva norma de vencimiento anticipado, modificada para “suavizarla”, pero que “la jurisprudencia dice que debe estar no puesta”, o los intereses de demora, que son, explica Morote, “abusivos, usurarios, ya que se sitúan por encima del 15%”. Para este portavoz, “lo peor es el hecho de que una ley que avala el PSOE permite que se mantengan las mismas circunstancias que provocan los desahucios”. Así, finaliza, es una “lamentable pérdida de oportunidad para una ley con estándares europeos, con un gobierno teóricamente progresista”.