Galicia
Las calles gallegas exigen un freno inmediato al negocio de rentistas y fondos de inversión con la vivienda

Los sindicatos de inquilinas de las grandes ciudades y la mayor parte de los colectivos de la sociedad civil en Galicia consiguen convocar unas movilizaciones abundantes en las grandes urbes.
Manifestación vivenda Galicia Vigo 5A - 3
Cabecera de la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas de Vigo. Juancho Everman

“La vivienda no es un negocio ni un bien con el que especular: es un derecho”. Así ha arrancado el manifiesto que el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo ha leído en el contexto de la mayor movilización de Galicia durante esta jornada de manifestaciones en todo el Estado español. “Rentistas y fondos de inversión siguen acumulando beneficios mientras miles de personas son desahuciadas, expulsadas de sus barrios o condenadas a vivir en condiciones indignas. Y todo esto con la complicidad de los diferentes gobiernos. Del Estado, de la Xunta y de los Concellos”, han denunciado.

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Varios miles de personas han recorrido las calles de la ciudad más grande de Galicia en número de habitantes para reclamar medidas “reales e inmediatas” que limiten de una vez por todas el mercado de la vivienda: “La emergencia habitacional nos atraviesa cada vez a más personas. Jóvenes, mayores y en muchas diferentes circunstancias vitales”, han gritado los activistas durante la lectura del manifiesto en Porta do Sol. Aunque la punta de lanza ha sido el Sindicato, casi un centenar de organizaciones civiles por toda Galicia ha apoyado y secundado la movilización.

El nutrido grupo de activistas ha señalado que los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de “empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda”. Pero no solo eso. También han señalado la falta de oferta de vivienda habitual, “frente las más de 21.000 viviendas vacías y el crecimiento exponencial de las viviendas de uso turístico que ya han alcanzado las más de 2.200 ofertas regladas (a lo que hay que sumarle las ilegales)”. “Esto es una fórmula ultra especulativa que no solo reduce la oferta y contribuye a aumentar el precio, sino también expulsa el vecindario de sus barrios”, han denuncian.

Las sensaciones y reivindicaciones de las manifestantes durante la marcha han sido, en esencia, comunes. Por un lado, varias personas, en conversación con El Salto, señalan la necesidad imperiosa de un parque público de vivienda, tanto en alquiler asumible como de vivienda social: “Hay una lista de más de 5.500 demandantes de vivienda pública a la que se le está dando la espalda. Es una decisión política”. 

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Por otra parte, también desde A Coruña, donde la manifestación además de esquivar la lluvia convocó a cerca de 5.000 personas durante la mañana de este domingo para hacer el recorrido desde la plaza de Ourense a la plaza de Maria Pita donde está la sede del Ayuntamiento que, este viernes y tras la presión vecinal, solicitó a la Xunta que declare al conjunto de la ciudad como zona residencial tensionada tal y como recoge la nueva ley de vivienda debido al aumento exponencial en el precio de los alquileres sufrido en los últimos años.

Precisamente, en ambas ciudades, tanto en A Coruña como en Vigo, el movimiento vecinal ha venido denunciando también las evidencias en la propia calle. Por un lado, el aumento de las personas sin hogar y la falta de inversión en recursos para atenderlas y, por otro, la absoluta desprotección jurídica de los contratos de temporada, que son usados por los rentistas para reducir los derechos de las inquilinas. Esto desemboca, según los sindicatos, en dificultades de acceso con estrictos requisitos y garantías adicionales como seguros de impago, avales, altas nóminas y la discriminación, especialmente la personas racializadas, familias con hijos e hijas o mascotas.

Las reivindicaciones de las y los manifestantes

El Sindicato de Inquilinas lanza un mensaje claro y urgente: la situación de la vivienda es insostenible y necesita cambios estructurales inmediatos. Los precios del alquiler, completamente desbocados, están ahogando a miles de personas, por lo que exigen una bajada drástica de las rentas y una regulación efectiva que impida nuevas subidas abusivas.

Denuncian que la inestabilidad contractual provoca expulsiones constantes de sus hogares cada cinco o siete años, generando miles de desahucios invisibles. Reclaman contratos de alquiler indefinidos que permitan a las personas desarrollar sus proyectos de vida sin la amenaza constante del desalojo.

También alertan sobre el uso turístico de las viviendas, al que consideran una forma de especulación extrema que vacía los barrios y expulsa a las vecinas. Proponen frenar esta dinámica dejando de otorgar licencias y avanzando hacia su prohibición.

En paralelo, denuncian que cientos de miles de viviendas permanecen vacías o se destinan a alquileres de temporada o turísticos, mientras se habla de escasez de vivienda. Reclaman su recuperación para que cumplan con su función social y puedan ser habitadas de forma estable.

Una de sus principales exigencias es el aumento del parque público de vivienda, tanto para alquiler social como asequible, con el objetivo de alcanzar al menos un 15% del total de viviendas construidas.

También exigen el fin de la compraventa especulativa. Denuncian que la vivienda se ha convertido en un producto financiero en manos de fondos buitre o grandes rentistas, y reclaman que se prohíba la adquisición de inmuebles si no es para vivir en ellos.

Por último, señalan la proliferación de grupos de desokupación, a los que describen como matones contratados por propietarios para desalojar viviendas mediante coacciones y amenazas. Consideran que estas prácticas violentas deben ser perseguidas y prohibidas.

Esta no es solo una movilización más: es un paso firme en la construcción de un movimiento que no se detendrá hasta acabar con el negocio de la vivienda. Porque la vivienda no es un producto para especular, es un derecho y una necesidad vital. Hay que defenderla.

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Ley de Vivienda
As rúas galegas piden un freo inmediato ao negocio de rendistas e fondos de investimento coa vivenda

Os sindicatos de inquilinas das grandes cidades e a maior parte dos colectivos da sociedade civil en Galicia conseguen convocar unhas mobilizacións abundantes nas grandes urbes.
Manifestación vivenda Galicia Vigo 5A - 3
Cabeceira da manifestación convocada polo Sindicato de Inquilinas de Vigo. Juancho Everman

“A vivenda non é un negocio nin un ben co que especular: é un dereito”. Así arrancou o manifesto que o Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Vigo leu no contexto da maior mobilización de Galicia durante esta xornada de manifestacións en todo o Estado español. “Rendistas e fondos de investimento seguen acumulando beneficios mentres miles de persoas son desafiuzadas, expulsadas dos seus barrios ou condenadas a vivir en condicións indignas. E todo isto coa complicidade dos diferentes gobernos. Do Estado, da Xunta e dos Concellos”, denunciaron.

Varios miles de persoas percorreron as rúas da cidade máis grande de Galicia en número de habitantes para reclamar medidas “reais e inmediatas” que limiten dunha vez por todas o mercado da vivenda: “A emerxencia habitacional atravésanos cada vez a máis persoas. Mozos, maiores e en moitas diferentes circunstancias vitais”, berraron os activistas durante a lectura do manifesto en Porta do Sol. Aínda que a punta de lanza foi o Sindicato, case un centenar de organizacións civís por toda Galicia apoiou e secundou a mobilización.

O nutrido grupo de activistas sinalou que os prezos desorbitados dos alugueiros son a principal causa de “empobrecemento da clase traballadora e unha barreira para acceder a unha vivenda”. Pero non só iso. Tamén sinalaron a falta de oferta de vivenda habitual, “fronte ás máis de 21.000 vivendas baleiras e o crecemento exponencial das vivendas de uso turístico que xa alcanzaron as máis de 2.200 ofertas reguladas (ao que hai que sumarlle as ilegais)”. “Isto é unha fórmula ultra especulativa que non só reduce a oferta e contribúe a aumentar o prezo, senón tamén expulsa a veciñanza dos seus barrios”, denuncian.

As sensacións e reivindicacións das manifestantes durante a marcha foron, en esencia, comúns. Por unha banda, varias persoas, en conversa con El Salto, sinalan a necesidade imperiosa dun parque público de vivenda, tanto en alugueiro asumible como de vivenda social: “Hai unha lista de máis de 5.500 demandantes de vivenda pública á que se lle está dando as costas. É unha decisión política”.

Por outra parte, tamén desde A Coruña, onde a manifestación ademais de esquivar a chuvia convocou a preto de 5.000 persoas durante a mañá deste domingo para facer o percorrido desde a praza de Ourense á praza de María Pita onde está a sede do Concello que, este venres e tras a presión veciñal, solicitou á Xunta que declare ao conxunto da cidade como zona residencial tensionada tal e como recolle a nova lei de vivenda debido ao aumento exponencial no prezo dos alugueiros sufrido nos últimos anos.

Precisamente, en ambas cidades, tanto na Coruña como en Vigo, o movemento veciñal veu denunciando tamén as evidencias na propia rúa. Por unha banda, o aumento das persoas sen fogar e a falta de investimento en recursos para atendelas e, por outra, a absoluta desprotección xurídica dos contratos de tempada, que son usados polos rendistas para reducir os dereitos das inquilinas. Isto desemboca, segundo os sindicatos, en dificultades de acceso con estritos requisitos e garantías adicionais como seguros de impago, avais, altas nóminas e a discriminación, especialmente a persoas racializadas, familias con fillos e fillas ou mascotas.

As reivindicacións das e dos manifestantes

O Sindicato de Inquilinas lanza unha mensaxe clara e urxente: a situación da vivenda é insostible e necesita cambios estruturais inmediatos. Os prezos do alugueiro, completamente desbocados, están afogando a miles de persoas, polo que esixen unha baixada drástica das rendas e unha regulación efectiva que impida novas subidas abusivas.

Denuncian que a inestabilidade contractual provoca expulsións constantes dos seus fogares cada cinco ou sete anos, xerando miles de desafiuzamentos invisibles. Reclaman contratos de alugueiro indefinidos que permitan ás persoas desenvolver os seus proxectos de vida sen a ameaza constante do desaloxo.

Tamén alertan sobre o uso turístico das vivendas, ao que consideran unha forma de especulación extrema que baleira os barrios e expulsa ás veciñas. Propoñen frear esta dinámica deixando de outorgar licenzas e avanzando cara á súa prohibición.

En paralelo, denuncian que centos de miles de vivendas permanecen baleiras ou destínanse a alugueiros de tempada ou turísticos, mentres se fala de escaseza de vivenda. Reclaman a súa recuperación para que cumpran coa súa función social e poidan ser habitadas de forma estable.

Unha das súas principais esixencias é o aumento do parque público de vivenda, tanto para alugueiro social como asequible, co obxectivo de alcanzar polo menos un 15% do total de vivendas construídas.

Tamén esixen o fin da compravenda especulativa. Denuncian que a vivenda converteuse nun produto financeiro en mans de fondos voitre ou grandes rendistas, e reclaman que se prohiba a adquisición de inmobles se non é para vivir neles.

Por último, sinalan a proliferación de grupos de desocupación, aos que describen como matóns contratados por propietarios para desaloxar vivendas mediante coaccións e ameazas. Consideran que estas prácticas violentas deben ser perseguidas e prohibidas.

Esta non é só unha mobilización máis: é un paso firme na construción dun movemento que non se deterá ata acabar co negocio da vivenda. Porque a vivenda non é un produto para especular, é un dereito e unha necesidade vital. Hai que defendela.

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