Derecho a la vivienda
El movimiento de vivienda presiona para salvar la ley del Gobierno en el periodo de enmiendas

La primera ley de vivienda en 44 años de democracia ya está lista para entrar en el Congreso después de ser aprobada por el Consejo de Ministros este 1 de febrero, un año después del plazo comprometido entre PSOE y Unidas Podemos (UP) para destrabar los presupuestos de 2021. La polémica por el informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha marcado la última semana, pero no ha tenido consecuencias prácticas hasta ahora: el texto presentado es el mismo que salió del Consejo de Ministros el 26 de octubre pasado, según indicó Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y encargada de la negociación de la ley por parte de UP. 

“Hoy empezamos a dejar atrás el país de las burbujas inmobiliarias, la especulación y el pelotazo urbanístico con la Ley de Vivienda. No será fácil pero no dejaremos de insistir”, declaraba Belarra para celebrar la aprobación de una ley que “pone las primeras piedras para dejar atrás las burbujas inmobiliarias”. Aunque se trata de “hito”, en palabras de Alejandra Jacinto, una de las principales portavoces de UP en materia de vivienda, el proyecto de ley solo puede entenderse como un “buen punto de partida para cambiar el paradigma de especulación inmobiliaria en el que llevamos sumidos desde hace varias décadas”.

Los principales cambios que proponen los sindicatos de inquilinos pasan por ampliar los supuestos de bajada de precios a todos los caseros y no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más, como prevé el texto actual

La diputada madrileña reconocía en una entrevista en 20 Minutos que la ley tiene “margen de mejora y que en el proceso parlamentario tienen cabida enmiendas para su mejora y ampliación”. En concreto, Jacinto apunta la reducción de los plazos de la aplicación de la regulación de los alquileres, actualmente de 18 meses, “cuando la emergencia habitacional la estamos viviendo ahora”. Además, señala una posible ampliación de los plazos de la suspensión de los desahucios “hasta contar efectivamente con una alternativa habitacional” y la inclusión en el texto de la dación en pago, que aseguraría una segunda oportunidad a los hogares hipotecados que pierden su vivienda.

En redes sociales, Jacinto añadía que la ley “tendrá que ser complementada con todas las aportaciones de colectivos sociales y socios de investidura hasta conseguir proteger el derecho a la vivienda en nuestro país”. Al respecto, declaraba que ERC y EHBildu “tienen muy claro que esas mejoras tienen que estar en el texto legal”.

Las enmiendas de los colectivos sociales

Los sindicatos de inquilinos han aprovechado la aprobación definitiva de la ley de vivienda por el Consejo de Ministros para volver a mostrar su rechazo al actual texto, una regulación “que no sería efectiva para bajar los precios de los alquileres”. Los principales cambios que proponen desde el Sindicat de Llogaters de Catalunya y otros sindicatos de inquilinos pasan por ampliar los supuestos de bajada de precios a todos los caseros y no solo a las empresas propietarias de diez o más viviendas, como prevé el texto actual. Además, consideran imprescindible desarrollar un régimen sancionador y hacer menos restrictivos los criterios para la declaración de zonas tensionadas y asegurar la aplicación inmediata de la norma, sin “periodos de gracia”. Entre las principales exigencias de estos sindicatos figura la protección de la ley catalana de alquileres, que actualmente va más allá de lo dispuesto en el proyecto de ley estatal de vivienda, y que ha demostrado en su largo año de existencia su utilidad para contener y en algunos casos bajar los precios de los alquileres. 

Otros cambios que deberían incluir las enmiendas presentadas son para los sindicatos de inquilinos la repercusión de los honorarios en las inmobiliarias, contratos que se renueven de forma automática y unos aumentos del alquiler por el IPC limitado al 2%. Si no se incorporan estas modificaciones, estos sindicatos “no consideran que merezca la pena aprobar esta ley”. En la ronda de contactos que inició la semana pasada Ione Belarra con distintas organizaciones sociales, los sindicatos de inquilinos le trasladaron estas críticas y volverán a hacerlo el 11 de febrero en una reunión con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Estos sindicatos también se reunirán con los partidos que apoyaron la ley alternativa de vivienda —ERC, EH Bildu, CUP, Más País, Compromís, BNG, Nueva Canarias y Unidas Podemos-En comú Podem— “para que hagan suyas las propuestas de las organizaciones inquilinas y condicionen la aprobación del proyecto de ley a la incorporación de estas enmiendas”. 

Los sindicatos de inquilinos piden a los socios de izquierda del gobierno “que hagan suyas las propuestas de las organizaciones y condicionen la aprobación del proyecto de ley a la incorporación de estas enmiendas”

Desde la Coordinadora de Vivienda y la PAH, la portavoz Laura Barrio considera que aunque el proyecto de ley de vivienda es “muy tímido e incluso cobarde en algunos términos establece un tablero de juego muy interesante con los principales elementos que podrían garantizar el derecho a la vivienda” y sobre los que habrá que trabajar en las enmiendas parciales para que la ley tenga “efecto sobre la vida de las personas”. Entre los principales cambios que deberían incluir estas enmiendas figura un régimen sancionador para quienes no cumplan con esta ley de vivienda y una serie de compromisos “en materia de evaluación, presupuesto y resultados”. Además, para estas dos organizaciones, es vital garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, en especial los que se refieren a la prohibición de desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional, garantizando que no haya desalojos hasta que se pueda facilitar una vivienda a estas familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler o de la hipoteca. 

En el proyecto de ley actual no se prohíben este tipo de desahucios sino que suspenden entre dos y cuatro meses hasta que las comunidades autónomas proporcionen una vivienda alternativa. La realidad de un inexistente parque público hace que en términos prácticos esta disposición se quede en papel mojado. Por ello, desde la Coordinadora de Vivienda  y la PAH exigen que se incorpore al texto la posibilidad de administraciones de aumentar el parque público mediante los recursos de tanteo y retracto y que se traspase el patrimonio inmobiliario de la Sareb, recientemente nacionalizada, al parque público de vivienda. Por último, exigen que la regulación de los alquileres se amplíe utilizando la ley catalana como referencia y una “equiparación de los derechos de la vivienda” en todo el Estado, sin importar en qué comunidad autónoma resida una persona.