Derecho a la vivienda
“Sareb desahucia, Arganzuela se levanta”: historia íntima de un bloque que no quería dejar a nadie atrás

Veinticinco metros habitables. Eso dice la escritura del bajo interior que ocupa Marcela Cuadro, de 70 años, y que la Sociedad de Gestión de Archivos procedentes de la Reestructuración Bancaria (la Sareb) reclama vía judicial. Los retratos enmarcados de tres niños y de una familia en verano sobresalen en una estantería del diminuto salón. “Así éramos cuando venimos a vivir aquí”, cuenta la mujer que llegó a Madrid desde Jaén, con veintipocos años. La foto feliz que muestra en el salón fue tomada hace unos 30 años. Su esposo ya no está con ella, murió hace 15 años, y sus dos hijas se casaron y se marcharon. El piso en litigio lo comparte ahora con su hijo varón, su nuera y su nieto de dos años. Todos ellos dependen de la pensión de 900 euros que cobra tras sus años de trabajo como portera en la misma finca. El último aviso de desahucio llegó entre la Navidad y la Nochevieja y no hubo mucho que festejar. La nueva fecha fijada para el desalojo es el 3 de febrero, según los papeles enviados por el juzgado de primera instancia número 32 de Madrid.

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Cientos de habitantes de las viviendas de la Sareb denuncian que el banco malo vulnera la ley de alquileres estatal para dar “seguridad jurídica” a los fondos de inversión y a las inmobiliarias frente al incierto futuro de esta sociedad semipública.

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Diecisiete familias —50 personas, diez menores de edad— que viven en el número 7 de la calle Cáceres, distrito de Arganzuela, corren el riesgo de perder sus viviendas el próximo 3 de febrero a pesar que se amplió la suspensión de los desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables hasta el 28 de febrero de 2022.

El último intento de echar a la calle a estas personas ocurrió en julio pasado, pero se movilizaron y la Sareb les ofreció contratos de alquiler social. Sin embargo, esa oferta se concretó para nueve de las 17 familias y solamente planteaba una reducción temporal del alquiler. Los vecinos que leyeron los contratos dijeron que solo les ofrecían una bonificación durante el primer año.

El último intento de echar a la calle a estas personas ocurrió en julio pasado, pero se movilizaron y la Sareb les ofreció contratos de alquiler social. Pero esa oferta se concretó para nueve de las 17 familias

Además, les exigían el pago imposible de una fianza equivalente al valor de un alquiler normal en la zona. “Nosotros los llamamos contratos trampa”, dice Carlos Castillo, abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del Sindicato de Inquilinos de Madrid. “Están basados en criterios totalmente opacos que seguimos desconociendo”. Un portavoz de la Sareb, que atendió el pedido de información de este medio, dijo desconocer las condiciones particulares de cada contrato, pero aseguró que los contratos eran de alquiler social, que se hicieron tras estudiar caso por caso, y que no fueron aceptados. “Me consta que estos contratos fueron rechazados y que pedían una solución para todos”, puntualizó.

Cuarenta y cinco metros habitables. Esa es la extensión del piso donde vive Julián de las Mozas, su esposa, su hija y su nieto de nueve años. A diferencia de otros pisos, aquí hay espacio para una pequeña mesa de comedor donde el hombre, de 69 años, que ha tomado la batuta del reclamo colectivo, asienta una carpeta de plástico azul y muestra la caterva de papeles que les ha llegado desde que la Sareb inició el proceso de desahucio. Enseña la última notificación y cuenta que tuvo que dar la mala noticia casa por casa, en medio de las fiestas de fin de año. “Esto me ha quitado mucho de mi vida, porque llevo mucho sufrimiento”, dice el hombre que lleva poco más de una década en el edificio y espera que le ofrezcan un contrato de alquiler social. “Yo era autónomo, tenía un camión y repartía carne, pero desde los 55 años que no doy palo al agua. Vine aquí y encontré este pisito. Yo estaba cobrando el paro y mi mujer también, entonces entre los dos juntamos y pagamos esto, pero ahora vivo de las ayudas que me dan, no encuentro nada de trabajo. A uno le dije que si teníamos que pegarnos un tiro porque a los mayores, desde que tenemos 50 años, ya no nos dan trabajo en ningún sitio”.

Las orígenes de estas personas están en Andalucía o Extremadura, y en sitios más lejanos como Marruecos o República Dominicana. Casi todos superan los 50 años y han trabajado como conductores, repartidores, cocineras, empleadas de hogar. Coincidieron en el edificio de Arganzuela, que fue construido en 1926, y que ofrecía pisos de renta antigua. Siempre fueron puntuales con el pago de sus alquileres; primero a la propietaria original de los pisos y luego a la empresa catalana, la inmobiliaria Gir Building Group Corporación, que compró 30 viviendas del edificio y mantuvo los contratos antiguos. El problema surgió cuando la inmobiliaria catalana quebró, a principios de 2015 y el administrador de la entidad, que ocupaba uno de los bajos y se encargaba de recibir los pagos, desapareció. Las familias no supieron dónde ingresar las rentas y pronto tuvieron que lidiar con la presión del desalojo.

“Son muchos años allí y les quieren dejar fuera de su casa sin ofrecerles ninguna solución razonable”, comenta Diego González, parte de la Asamblea de Vivienda de Arganzuela

Hasta septiembre del 2021 —último dato conocido del Consejo General del Poder Judicial—, se produjeron 21.889 lanzamientos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago de alquiler. El número de lanzamientos a nivel nacional —hasta septiembre—, que incluye los procesos por ejecuciones hipotecarias, fue de 31.191. Cataluña, Andalucía, el País Valencià y Madrid son las comunidades con mayor cantidad de desahucios.

Naima Firas Lutfi no sabe cuánto mide el piso donde vive, pero asegura que lo remodeló con su marido. Ahora tiene paredes blancas y las estancias están divididas con las típicas cortinas de terciopelo rojo que se trajo desde Marruecos. Un verso del Corán que dice que hay que ser bueno en la vida y no hacer sufrir decora una de las paredes y en otra hay un retrato de su juventud. Sus circunstancias ya no son las mismas de cuando llegó a este piso, hace más de diez años. Ya no cuenta con su marido, no tiene una buena salud, padece una discapacidad que le impide retomar el trabajo de cocinera que siempre tuvo, y vive de una pensión muy pequeña. “No podemos comer ni vivir tranquilos, yo vivo por los medicamentos entre lo de la rodilla, la espalda, más la pastilla para dormir. Todo el día lo mismo y lo mismo. Ya son más de tres años sin una solución”.

Esta semana, las familias que viven con la amenaza del desahucio colgaron carteles por todo el barrio para anunciar que resistirán una vez más: harán una manifestación el 29 de enero y un plantón el 3 de febrero. En el encabezado del afiche se lee: “Sareb desahucia. Arganzuela se levanta” y en el texto cuentan que la solución del alquiler social es parcial e insisten en la negociación colectiva. Apelan a la solidaridad de sus vecinos tal y como hicieron en el verano pasado. “Son muchos años allí y les quieren dejar fuera de su casa sin ofrecerles ninguna solución razonable”, comenta Diego González, parte de la Asamblea de Vivienda de Arganzuela.

“La Sareb lo que hizo fue decidir que a nueve familias les daban un alquiler y que a las ocho restantes no se lo daban y tenían que abandonar sus viviendas sin ningún tipo de explicación”

El abogado de las familias, Carlos Castillo, se queja de la falta de respuestas. “La Sareb lo que hizo fue decidir que a nueve familias les daban un alquiler y que a las ocho restantes no se lo daban y tenían que abandonar sus viviendas y ni siquiera se ha parado a explicar por qué a esas familias no les dan ningún tipo de alquiler. Hemos intentado contactar con ellos para explicarles la situación de cada familia y contarles por qué creemos que todas las familias tienen derecho. Para nosotros es una táctica más de esa entidad de dividir a las familias para que unas firmen y otras no, y poder expulsar a algunas familias”. El portavoz de Sareb, sin embargo, adelantó que en los próximos días se concretará esa reunión.

Milagros Martínez, dominicana de 57 años, no conoce la extensión del piso. Lo cogió hace unos cinco años, le venía bien en ese tiempo. Tenía un trabajo y podía cubrir los 450 euros que costaba. Por estos días está colocando en cajas sus pertenencias, por si acaso llegan a sacarla. “Voy echando lo más necesario y quitando alguna cosa de verano que tenía ahí”, dice y añade que no sabe qué hará ahora que solo vive del Ingreso Mínimo Vital que percibe porque le ha sido imposible emplearse. “No tengo ningún plan, pienso llevar algo donde una amiga, no quiero tener ese montón de cosas en la puerta. Si pasa imagino que llevaré las cosas a un trastero o donde sea que me salga barato coger una habitación”.