Derecho a la vivienda
La lluvia fina de las órdenes de la ONU contra los desahucios en España

“¡Som gent de pau! ¡Som gent de pau!” eran los gritos de los vecinos que intentaban evitar que Bankia echara de su casa a una pareja y tres niños menores de edad en la localidad valenciana de Oliva el viernes 13 de julio. El grupo iba ‘armado’, además de con las camisetas verdes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca de La Safor, con una notificación que ordenaba la paralización del desahucio.

Pero esta no la firmaba un trabajador social, los vecinos de la escalera, el turno de oficio o la propia PAH. La firmaba desde Ginebra el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, y su decisión es vinculante para los tribunales españoles. Al menos sobre la letra. Aún así, los vecinos y miembros de PAH Safor se las tuvieron que ver con al menos una quincena de agentes de la Guardia Civil que habían cortado la calle. El desahucio se pararía in extremis con varias identificaciones, incluido el cámara de la televisión autonómica valenciana À Punt que se había desplazado para cubrir la noticia. 

Hay un gran desconocimiento por parte de la judicatura del sistema internacional de derechos humanos. Esto de momento hace que esta posibilidad la esté activando sólo el movimiento de vivienda

El de Oliva es uno de los 167 desahucios registrados de media diariamente en los juzgados españoles, uno de los que ha provocado que, desde el año pasado, la oficina del Comité Desc en Ginebra esté ordenando a algunos juzgados españoles que detengan determinados procedimientos de desahucio cuando quede acreditada la situación de necesidad de los afectados y la falta de alternativas por parte de la administración. En el caso de la pareja de Oliva, habían tenido que entrar en una casa vacía de Bankia después de perder su vivienda anterior por un incendio, según explica a El Salto Joan Cogollos, de PAH La Safor.

La paralización definitiva del desahucio de otra pareja y sus hijos en el barrio madrileño de San Cristóbal en el mes de abril fue la que motivó las esperanzas de los afectados organizados en la PAH. Y con ella, los faxes con las peticiones de paralización, a menudo entregados a última hora. Dicho comité tiene sobre la mesa actualmente 25 casos contra España, de los cuales 22 se han presentado este año y 18 incluyen medidas cautelares. La cifra no incluye los procedimientos que se han rechazado por defectos de forma o de otro tipo, según precisa a El Salto el equipo de comunicación del Comité.

“El 50%, que yo tenga conocimiento, de las medidas cautelares [del comité desc] por desalojos, son seguidas por los tribunales españoles”, señala Javier Rubio, abogado de PAH Madrid y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). “Pero está costando un poco más que se recoja explícitamente que la paralización es por el recurso [al Comité Desc]”. El letrado calcula en unos 15 desahucios los que ha podido paralizar la PAH a través de este recurso sólo en el último año.

Laberinto de papeles

Dos meses después, otro lanzamiento, el de la vecina de Lavapiés Pepi Santiago, atraería a decenas de medios de comunicación y a un par de centenares de vecinos, rompiendo una significativa racha de al menos dos años de invisibilización del problema por parte de la prensa de Madrid. También de relativa indiferencia vecinal, aupada por los últimos coletazos del efecto Carmena-ha-parado-los-desahucios. Pero ni Richard ni Josefina podían contar entonces con semejante atención.

La pareja ya había hecho todos los trámites para solicitar vivienda social sin resultados. Tras detener en dos ocasiones el desahucio, la notificación del tercero les llegó con apenas una semana de plazo. El día 8 de marzo, un día antes del desalojo, y con el fax ya enviado a Ginebra, se presentaron en el denominado Servicio de Atención a la Emergencia Residencial (Saer), uno de los dispositivos antidesahucios de la política de contención del problema impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. “En el coche [antes de entrar ]tuvimos una explosión llorando”, recuerda Bermúdez por teléfono.

Lo que vieron dentro no mejoró la situación, y es un buen ejemplo de los criterios que el Desc tiene en cuenta para verificar la condición más importante para que ordene la paralización del desahucio: que la administración no haya puesto ninguna alternativa. Tras más de una hora de espera, “la funcionaria nos dijo que le diéramos las gracias por estarnos atendiendo”, señala el miembro de la Asamblea de Vivienda de Usera (ese día se desarrollaba la huelga general de mujeres) y ofreció a la pareja como toda alternativa un albergue municipal. La empresa autonómica de vivienda, la AVS, excluye de las solicitudes a las personas que hayan usurpado vivienda. 

La fecha del desahucio llegó “sin que ninguna de las tres partes [Ayuntamiento, BBVA y juzgado] hubiera hecho nada por detenerlo”, se queja Bermúdez. El comité Desc ya había emitido su orden cautelar de paralización el día 8, pero como recuerda el letrado Javier Rubio, “se la comunica a las autoridades españolas en Ginebra y a los interesados, pero no al juzgado”, una de las dificultades prácticas a las que se están encontrando los grupos antidesahucios para hacer efectivas las órdenes.  

Como en tantas otras ocasiones, fue la presión en la puerta y las llamadas al BBVA las que consiguieron la suspensión ese día. Hasta un mes después, el juzgado número 50 de Madrid no dictaría la suspensión definitiva del procedimiento, basándose en las órdenes de Ginebra: Richard, Josefina y sus hijas podrán permanecer en su casa mientras las administraciones no encuentren una alternativa adecuada.

 “Con el recurso al comité Desc tenemos un arma jurídica muy potente”, resume Rubio, que elevó el requerimiento por el que este organismo de la ONU emitiría el dictamen de 2017 que sentó las bases para estas medidas cautelares. El problema, señala, es que la judicatura —desde el turno de oficio hasta los propios jueces todavía lo desconoce—: “hay un gran desconocimiento por parte de la judicatura del sistema internacional de derechos humanos. Esto de momento hace que esta posibilidad la esté activando sólo el movimiento [por el derecho a la vivienda]”, se lamenta. 

En el caso del desahucio de Oliva, el activista de PAH Safor valora que para la suspensión pudo tener peso el hecho de que el desahucio fuera mediático —gracias a la resolución del Desc—, pero destaca que el juzgado no hizo referencia en ningún sentido al documento del comité, que estaba en su poder dos días antes del desalojo.

“El defensor del pueblo que hasta ahora no tenía un discurso de derechos humanos a raíz del dictamen ha asumido su faceta de institución nacional de derechos humanos”, señala Rubio como otro de los efectos positivos de esta vía. En todo caso, concluye, “hay por delante una batalla en el plano normativo y judicial” para que la vía abierta en Ginebra sea tenida en cuenta por los jueces.