Derecho a la vivienda
Bajos turísticos en Valencia: la gota que colmó el vaso de la turistificación

Al principio eran los ruidos de las maletas a diario, las fiestas entre semana a todo volumen en un piso de la finca de la esquina o las discotecas para los turistas en los barrios residenciales. Más tarde comenzaron a aparecer negocios de autoservicio de lavadoras, bares y restaurantes con precios desorbitados y cartas en inglés. En cada vez más barrios se veía como expulsaban a vecinos por no poder pagar los alquileres y como bajaban para siempre las persianas de los negocios orientados hacia ese público que dejaba sus casas.

Ese proceso denominado gentrificación, turistificación, que viene siendo la venta de la ciudad al mercado, al sector económico del turismo. Dentro de toda esta problemática ha habido algo que ha colmado el vaso y que ha terminado por poner en pie de guerra a la ciudad de Valencia: el auge descontrolado de los apartamentos y bajos turísticos de este año. Demasiado visible para ser ignorado.

Datos alarmantes para un problema previsible

Según datos del registro del Turismo de la Generalitat en la ciudad de Valencia hay 5.800 viviendas turísticas, pero en los portales turísticos se ofertan alrededor de 10.000, lo que significa que sólo la mitad de ellas son legales. Del informe de la Fundación de Turismo Municipal, Visit Valencia, y el Servicio de Licencias Urbanísticas y de Actividades del Ayuntamiento se obtienen los siguientes datos: en la ciudad de Valencia, desde abril del 2023 hasta el mismo mes de este año, las viviendas de uso turístico se han incrementado en un 33%, actualmente son alrededor de 8.000.

En cinco meses de este 2024 se han realizado más solicitudes y declaraciones presentadas de viviendas turísticas, un total de 733, que las viviendas de uso público que tiene el ayuntamiento

En cinco meses de este 2024 se han realizado aún más solicitudes de este tipo de viviendas, sobre todo en bajos, que llegaron a 411 licencias, siendo la suma entre solicitudes y declaraciones presentadas un total de 733; a día de hoy son más que las viviendas de uso público que tiene el ayuntamiento. Los estudios en los que se basa la moratoria son claros, este crecimiento “conlleva un riesgo cierto de desbordamiento de la capacidad de acogida del turismo que tiene València”, además de sus consecuencias a nivel socioeconómico sobre el entramado social de los distintos barrios. De entre las más importantes son la contribución al aumento del precio del alquiler, la expulsión de vecinos con arraigo, la desaparición de comercios locales, la perdida de gobernanza de los ciudadanos sobre su propia ciudad y la terciarización de la economía.

Pero no hay que olvidar el contexto en el que como la mala hierba han crecido rápidamente las viviendas turísticas. En Valencia a día de hoy solo hay 2.000 viviendas de alquiler ofertadas en las principales plataformas digitales. Su precio llegó al máximo en mayo, ya es superior a la media de las cuotas hipotecarias y supera el salario mínimo interprofesional, obligando a muchas familias a gastar hasta el 80% de sus ingresos en alquiler.

El informe de la Cátedra Observatorio de Vivienda de la Universitat Politécnica de València apunta a que en los últimos cuatro años ha aumentado en un 64% el precio por metro cuadrado de compra y alquiler

El precio medio de alquiler de un piso más que modesto está en 1600 euros y - según qué distrito – el alquiler de una habitación es de 500 euros. El informe de la Cátedra Observatorio de Vivienda de la Universitat Politécnica de València apunta a que en los últimos cuatro años ha aumentado en un 64% el precio por metro cuadrado de compra y alquiler, dejando a Valencia como la ciudad del estado donde más se han incrementado los precios. Los más afectados son los jóvenes que ven cómo se retrasa o directamente nunca llega la emancipación, los inmigrantes y las mujeres con hijos a cargo que sufren la discriminación inmobiliaria.

Cronología de las normativas sobre los bajos turísticos en la ciudad de Valencia

Antes de la llegada del gobierno del Botànic no había ningún tipo de regularización para los pisos turísticos, aunque ya en 2019 la ley estatal de arrendamientos urbanos se modifica e impone los primeros requisitos: “...la reforma del régimen de propiedad horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad económica…”, de donde surge parte de la actual autodefensa vecinal.

Un año antes, en 2018, es en la modificación de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana donde se regula de manera específica que es una vivienda turística, sus características, y la necesidad de una compatibilidad urbanística. En el caso de Valencia la normativa del Plan General se modificó y permitió la apertura de viviendas turísticas en las primeras plantas de los edificios siempre que no hubiese otros pisos no turísticos y en las plantas bajas siempre que no hubiese otros bajos con actividades comerciales.

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Derecho a la vivienda

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Después de la pandemia, y con la excusa de revitalizar la economía y los comercios que se habían cerrado, se realiza otra modificación del PGOU, encabezada por Sandra Gómez del PSPV y en el gobierno encabezado por Joan Ribó, que permite compatibilizar los bajos turísticos con bajos con otras actividades comerciales. En ninguno de los casos se realiza ningún tipo de regularización, más allá de leyes creadas ad hoc.

Otros casos aparte son el del Cabanyal y Ciutat Vella, en el primero se aprueba el PEC (Plan especial del Cabanyal) donde ya se apuesta por un máximo de un 10% de la vivienda de uso turístico, y en el segundo el PEP (Plan Especial de Protección) donde se hizo un intento de moratoria para la vivienda de uso turístico, que el TSJ de la CV tumbó a favor de interpretaciones más proclives a la liberalización. Medidas que han creado la oposición de los vecinos y vecinas del barrio, por considerarlas excesivas en cuanto a la permisibilidad de tanta vivienda turística e insuficientes mecanismos legales para frenarlas. Tampoco han contado con su participación. Al llegar a este punto, se ha demostrado que no han sido eficaces: se han desbordado las cifras de apartamentos turísticos tanto legales como ilegales.

Moratoria del gobierno de Català: otro parche más sin una solución a futuro

La moratoria a las viviendas turísticas - que acaba de presentar el nuevo gobierno formado por el PP y la extrema derecha, y que ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos, - llega tarde y es insuficiente; además solo se refiere a viviendas de uso turístico ubicados en bajos o en primeras plantas, sin contar con hoteles o bloques de apartamentos turísticos. No se realiza ninguna regularización a futuro, ya que es de un año prorrogable a solo uno más. Excluye a los dos barrios más afectados: Ciutat Vella y al Cabanyal por tener ya regularizaciones, a pesar de que no hayan funcionado. Tampoco incluye a las pedanías como la Torre, Benimamet, Carpesa, Poble Nou, La Punta, El Palmar, El Saler y El Perellonet.

La moratoria no se aplicará a las viviendas que hayan solicitado la licencia o las declaraciones presentadas anteriormente a la fecha de su publicación, lo cual implica que van a legalizar cientos de apartamentos turísticos más

Por último, la moratoria no se aplicará a las viviendas que hayan solicitado la licencia o las declaraciones presentadas anteriormente a la fecha de su publicación, lo cual implica que viendo el número tan elevado de solicitudes del mes de mayo se vayan a legalizar cientos de apartamentos turísticos, tensionando aún más los barrios.

Ferran Puchades, regidor del Grup municipal Compromís en l’Ajuntament de València afirma que han votado por coherencia, pero que su propuesta es “que seguiremos proponiendo la redacción de un Plan de ordenación de todos los recursos turísticos: apartamentos, bloques de apartamentos, hoteles, albergues y hostales, que defina los límites que puedan ocupar en los diferentes barrios de la ciudad, poniendo como máximo un 5% de las viviendas de cada manzana y una tasa turística acorde a la existente en las ciudades turísticas europeas”.

Valencia, una ciudad organizada barrio a barrio frente a la turistificación de la ciudad

Los barrios más afectados son, sin lugar a dudas, el Cabanyal y Ciutat Vella, seguido de la Saïdia, pero también otros barrios que anteriormente no se habían afectado: Benicalap, Ciutat Fallera, que ha pasado de 76 a 157 viviendas registradas; Rascanya, Torrefiel, donde han aumentado un 69%, Olivereta y Patraix con una subida del 65%; seguidos por La Isla, L’Amistat y Algirós.

Desde la Associació Veïnal Cuidem Cabanyal-Canyamelar, que, junto con el Sindicat de Barri Cabanyal y el Sindicat d’Habitatge de València, están mapeando las viviendas turísticas tanto legales como ilegales, protagonizaron una acción conjunta señalando viviendas turísticas mediante pintadas en el suelo de los bajos turísticos con el lema “Alerta Vivienda Turística” y convocaron a una asamblea abierta para organizarse. “Negoci de pocs, misèria de molts” (Negocio de pocos, miseria de muchos) - afirman desde los sindicatos y la asociación, que denuncian el aumento del 40%, más de 1.000 viviendas dedicadas al turismo en el último año, que, por supuesto, supera el 10% que se preveía en el PEC. Además, desde la asociación, se ha montado un punto de información vecinal para asesorar y denunciar las viviendas turísticas en el barrio.

Desde la asociación remarcan que hay otro tipo de vivienda turística camuflada en residencias de estudiantes llamadas Flexy living (alojamiento flexible) o el coliving donde se alquilan pequeñas habitaciones y que se están utilizando también como uso vacacional

Cuidem Cabanyal criticó fuertemente la moratoria del 10% mediante alegaciones, porque además de ser excesiva, había que sumar la oferta hotelera, temporal y las residencias de estudiantes con las que ya lo superaban, denunciado la propuesta urbanística como un paso más en la terciarización y turistificación. Desde la asociación remarcan que hay otro tipo de vivienda turística camuflada en residencias de estudiantes llamadas Flexy living (alojamiento flexible) o el coliving donde se alquilan pequeñas habitaciones y que se están utilizando también como uso vacacional.

El caso de Ciutat Vella, el barrio más afectado, se han comenzado a llamar popularmente “jaulas para turistas” o cadafals de bous (cadalsos de toros), a los bajos turísticos con rejas y una salida al exterior. El precio del alquiler se ha visto incrementado en un 10% por el impacto de la vivienda turística, según el informe Cátedra Modelo Económico Sostenible València y Entorno (MESVAL). La asociación Amics del Carme alerta sobre la situación extrema del barrio y de que “se está vulnerando la legislación urbanística vigente, y el ayuntamiento mira hacia otro lado”, junto a Veïnat en Perill d'Extinció están denunciando la situación de expulsión de vecinos como consecuencia de los apartamentos turísticos.

La Saïdia Comuna: “los mecanismos de supervisión de la legalidad de los apartamentos turísticos son ridículos, con una falta de formación por parte de la policía y una saturación de los medios administrativos que tienen que llevarla a cabo"

La Saïdia Comuna es otra de las organizaciones que están luchando en contra del auge de planes urbanísticos como el PRI y el proyecto del macro hotel, además del incremento de los apartamentos turísticos. Es el barrio donde más denuncias se han puesto en contra de la ilegalidad de los bajos y que aun así para la asociación, “los mecanismos de supervisión de la legalidad de los apartamentos turísticos son ridículos, con una falta de formación por parte de la policía y una saturación de los medios administrativos que tienen que llevarla a cabo. Además, la ilegalidad de los pisos turísticos es algo a solucionar, pero no es una solución a la problemática. Se tiene que replantear el modelo de ciudad, la limitación de todo tipo de uso turístico”.

Desde Entrebarris nos explican que “…la moratoria de Català es fruto de un rechazo y una presión social que se estaba acumulando en todos los barrios y estaba a punto de explotar, y de muchas acciones directas con gran apoyo vecinal, esto ha obligado al ayuntamiento a posicionarse. De hecho, en la exposición de motivos del acuerdo se afirma que se ha creado un malestar social que podría provocar una fractura social. La medida consiste en tapar una olla a presión de lo que es claramente la venta de la ciudad al capitalismo y al mercado. El informe y el acuerdo reflejan lo que llevamos denunciando desde 2015 y ahora se acepta como realidad empírica. Por otro lado, tampoco toca los intereses de los empresarios hoteleros, es una medida que no habla de reducir ni de paralizar a un futuro la turistificación ni la gentrificación. Por lo que es necesaria una reversión de este proceso de expropiación por parte del mercado de la ciudad para reapropiarnos las clases sociales de su gestión…”

María José Broseta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), también lleva tiempo alertando de la desaparición del pequeño comercio, ya que actualmente es más lucrativo convertirlo en un apartamento turístico

Sergi González, militante de Sindicat d’Habitatge de València y del Sindicat del Cabanyal afirma que, el gobierno de izquierdas no ha hecho ninguna medida para revertir esta situación, pero que además su acción política entra en contradicción con el modelo económico basado en el turismo y con la mercantilización de un derecho que es el de la vivienda y esto se ha traducido en la expulsión de vecinos debido principalmente a la subida del precio del alquiler. Para los sindicatos la vía de lucha es la acumulación de fuerzas de la clase trabajadora como opción para presionar a sectores privados ligados al turismo en casos concretos para que se vean obligados a respetar los derechos de la vivienda. Su propuesta pasa por gestionar la vivienda por parte de la clase trabajadora mediante la herramienta del sindicato y no en manos del mercado ni del estado.

María José Broseta de la Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV), también lleva tiempo alertando de la desaparición del pequeño comercio, ya que actualmente es más lucrativo convertirlo en un apartamento turístico, y de la subida del precio de los alquileres, que se demuestra en que últimamente se están viendo habitaciones pequeñas compartidas entre varias personas. Desde su web se ha pronunciado rotundamente al respecto: “Queremos conocer y debatir la hoja de ruta para frenar la emergencia habitacional y la burbuja inmobiliaria creada alrededor de la especulación turística con la vivienda”.

En lo que coinciden todas las asociaciones y sindicatos en en el efecto destructivo para el entramado social de los barrios, debido a que los nuevos residentes tienen un carácter temporal y vienen a consumir y no a establecer vínculos de otro tipo como sociales económicos o laborales.

La MataObras: Autodefensa vecinal

María Alandes y su equipo de LaMataObras han recorrido en los últimos meses la ciudad dando conferencias por todas las asociaciones de barrio, algunas que apenas estaban funcionando, explicando cómo defenderse desde las comunidades de vecinos de edificios afectadas o cómo hacer para impedir que se instale un bajo turístico. Con una comunicación sencilla pero directa explica cómo funciona el proceso en tres partes.

Primero la prevención, en el caso de que aún no haya pasado: en la comunidad de vecinos es posible mediante el voto de 3/5 partes de cuota de propietarios prohibir la posibilidad de instalación de un bajo turístico. Segundo, ¿qué pasa si tenemos ya una obra en marcha?: antes que nada, la documentación de la obra tiene que estar en la fachada y puedes llamar a la policía para que lo compruebe. Lo que nos encontramos es que, la gran mayoría de veces, el permiso está denegado o sólo hay una solicitud, aun así, es necesario notificar al ayuntamiento, que se pude hacer a través de las juntas de distrito u online.

También recomiendan realizar fotos por si hay irregularidades de cualquier tipo y denunciarlas, en este caso ya se trataría de probar por todos los medios. Si se paraliza la obra, están a tiempo de cambiar los estatutos e impedir la vivienda turística. Pero si ya se ha hecho la obra y está en funcionamiento, se puede investigar si tiene la licencia o no, mediante el registro de viviendas turísticas en Conselleria o el Ayuntamiento. Si no la tiene, la Conselleria pone multas, con un máximo de 3.000 euros (a veces las incluyen en el presupuesto de la propia obra), y otra vez estarían a tiempo de cambiar los estatutos. En el peor de los casos si tiene licencia y está generando molestias e impidiendo vivir dignamente a los vecinos ya sería similar a cuando una discoteca genera ruido o molestias, se trataría de llamar a la policía para acumular partes y poder denunciar.

Sus tutoriales y conferencias han recorrido la ciudad rápidamente, incluso se ha hecho un acuerdo con los trabajadores riders que trabajan con Glovo, principalmente población racializada gravemente afectada por la subida de los alquileres provocada por los pisos turísticos, para repartir publicidad sobre cómo defenderse. Cientos de comunidades de vecinos han comenzado a hacer frente al turismo descontrolado.

Nacho Collado Gosálvez de la cooperativa El Rogle, despacho de abogados/as, investigadores/as sociales y mediadores/as especializados en estos casos reafirma lo que los testimonios de afectados nos cuentan: “Los fondos buitres e inversores no dudan en utilizar el acoso inmobiliario y amenazar con denuncias falsas a comunidades de vecinos y a particulares para conseguir lucrarse con la vivienda turística”.