Unión Europea
La Comisión presenta su calendario para volver a aplicar los límites de déficit y deuda

La Comisión Europea ha recordado hoy a los Estados miembros que la barra libre fiscal se acaba: las llamadas cláusulas de escape del Plan de Estabilidad que se activaron desde la pandemia y se prorrogaron por las consecuencias de la invasión de Ucrania dejarán de poder aplicarse en 2024. Esto ya se sabía. Lo que recuerdan hoy los responsables del ejecutivo europeo son dos cosas: que en abril los Gobiernos ya tienen que mandar sus previsiones de gasto y de ingresos para 2024; y que estas previsiones deberán incluir sendas creíbles de reducción del déficit y de la deuda pública, en especial aquellos países con problemas “sustanciales o medios” en estos dos apartados.

De no hacerlo, o de no presentar una senda creíble (la terminología es literal), la Comisión recuerda que el actual Pacto de Estabilidad, y sus políticas de sanciones y retiradas de fondos europeos, siguen en activo. En noviembre, la Comisión presentó su propuesta para la flexibilización del Pacto, que será debatida por los ministros y ministras de Economía el 14 de marzo. Pero hasta que esa propuesta “para un nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea” no esté cerrada y adoptada, lo que hoy le dicen el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, a los socios comunitarios es: cumplan o habrá palo.

Según la Comisión, 16 países tendrán en 2023 un déficit superior al límite del 3% marcado en el Pacto de Estabilidad, entre ellos, el Estado español

La advertencia es relevante porque esos mismos socios todavía estarán recibiendo los próximos años los fondos europeos postcovid (y el resto de fondos ordinarios como el Fondo Social Europeo), y el procedimiento por déficit o deuda excesivo del Pacto de Estabilidad prevé la retirada de estos fondos en caso de incumplimiento. Según la Comisión, 16 países tendrán en 2023 un déficit superior al límite del 3% marcado en el Pacto de Estabilidad, entre ellos, el Estado español (que cerrará este año con un déficit del 3,9%, según el Gobierno, y del 4,2%, según Bruselas).

El Gobierno español, que mandó su último avance a Bruselas en el mes de octubre, espera que la buena evolución de los ingresos (desde las cotizaciones en un todavía estable mercado laboral, hasta los distintos impuestos, incluidos los extraordinarios) y la resistencia de la economía a la recesión permitan acercarse a esa cifra a finales de año y posibiliten acercarse al 3% del PIB en 2024 sin recortar o sin nuevas subidas impositivas. En cuanto a la deuda, esta sigue, incluso en las previsiones del Gobierno, muy lejos del 60% exigido por la UE: cerró 2022 en más del 115% del PIB y rondará el 112% a finales de este año. Hoy avisan los comisarios que España y el resto de socios tienen hasta abril para mandar un plan sobre cómo piensan poner el déficit por debajo del 3% y seguir bajando la deuda pública para acercarla al 60% del PIB.

La Comisión aprieta, pero no ahoga

La buena noticia es que la Comisión quiere ensayar, en la fijación de criterios objetivos sobre el cumplimiento de esta “senda creíble” de ajuste, algunas de las medidas de flexibilización que llevan discutiéndose desde noviembre. Los objetivos de deficit y deuda no desaparecerán, ni las sanciones y recortes de fondos, pero según la Comisión estos se incluirán en un marco mejorado de supervisión económica.

En la práctica, y hay debate en foros europeos sobre esto, esto implicaría (según la propuesta de noviembre y según el documento-guía difundido hoy por la Comisión europea), que gastos no imputables a la acción del Gobierno, como los estabilizadores automáticos en caso de desempleo masivo (los distintos subsidios y prestaciones, pero no solo), o el coste del interés de la deuda, quedan fuera del cálculo. O, más exactamente, que los Gobiernos podrán, si quieren, presentar estas cifras de gasto neto (net expenditure) sin incluir estas partidas. Esta acotación es relevante dadas las previsiones de estancamiento económico -si no de recesión técnica en los países centroeuropeos- y el posible aumento en el interés de la deuda pública.

Lo siguiente, tras la actualización de los planes de estabilidad que cada país tendrá que mandar en abril, serán las recomendaciones específicas por Estado miembro que publicará la Comisión un més después. La última parada será en otoño, cuando los Gobiernos presenten sus presupuestos para 2024. Entre medias, el seguimiento sobre cómo están ejecutando los gobiernos sus cuentas de 2023 tendrá lugar tanto en la Comisión como en el Consejo (compuesto por los presidentes de cada Gobierno además del presidente de la Comisión y del propio Consejo).