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Unión Europea
¿Giro soberanista en Alemania?
La inconstitucionalidad parcial de la política del Banco Central Europeo abre escenarios inéditos en la Unión Europea.
“Parcialmente anticonstitucional”. Así calificó el Bundesverfassungsgericht (el Tribunal Constitucional federal alemán) este martes la política del Banco Central Europeo (BCE) de los últimos cinco años. La sentencia del Tribunal Constitucional alemán se ha vivido como un doble terremoto político en la Unión Europea (UE). Primero, se sanciona la política del BCE que se tradujo en la inyección de ingentes cantidades de dinero en los mercados financieros como acelerador para la salida de la recesión. Esta política del Quantitative Easing (QE), inspirada y amparada por el whatever it takes (“haremos lo que haga falta para salvar al euro”) de Mario Draghi, ha mantenido a flote la zona euro en los últimos cinco años.
En la explicación de la sentencia, el Tribunal aduce que el BCE se extralimitó en sus funciones al comprar deuda de los Estados, teniendo un papel más de política económica que monetaria. ¿Qué consecuencias ha tenido esto en Alemania según este tribunal? Que se ha mermado la capacidad de ahorro de la población, privándola de posibles beneficios en el ahorro al mantener tasas de interés bajas. ¿Qué implicaciones tendrá esta sentencia? ¿Es posible que el Estado alemán esté dispuesto a dar por perdido al BCE? La incertidumbre que desprende la sentencia ha hecho que a más de una y de uno le haya venido el Brexit a la cabeza.
¿Qué consecuencias ha tenido esto en Alemania según este tribunal? Que se ha mermado la capacidad de ahorro de la población, privándola de posibles beneficios en el ahorro al mantener tasas de interés bajas
La preocupación por las bajas tasas de interés ha sido un tema que ha gozado de un eco cada vez mayor en Alemania en los últimos años. El pasado mes de noviembre, el semanario Der Spiegel publicaba un reportaje que, bajo el título Wenn Sparen arm macht (“cuando ahorrar empobrece”), daba muestra de ese desasosiego. El reportaje en sí establecía una relación entre familias que correspondiesen con diferentes representaciones de la clase media y actores del capital financiero global. Al establecer esta conexión del capital financiero con una categoría social a la que se llama “clase” pero que ante todo es un artefacto ideológico establecido como norma, permite difuminar cualquier antagonismo de clase. Poco importa que un tercio de la población alemana no llegue a final de mes, ni que, en sociedades como la española, la griega o la italiana la propia noción del bajo rendimiento del ahorro suene a una marcianada. De manera indirecta, el reportaje estaba planteando algo que el tribunal constitucional ahora dice de forma más abierta: que la política monetaria del BCE les estaba robando dinero. Esta sensación, sumada a la intolerancia con respecto al endeudamiento público —no así la deuda privada—, constituyen los dos pilares de la ortodoxia defendida por el Bundesbank.
El soberanismo gana enteros en Alemania
Tanto la derecha de la CDU, como la extrema derecha de la AfD, quienes además habían puesto la denuncia ante el Tribunal Constitucional, han celebrado el veredicto. No hay muchas dudas que el BCE será capaz de justificar su política en los próximos tres meses, y que el Bundesbank seguirá formando parte de los programas que se vayan proponiendo. Eso sí, ahora las reglas han cambiado. A pesar de que se asegure que la sentencia no afecta al programa del BCE de inyección de fondos para hacer frente a la pandemia del covid-19, sí que será una baza utilizada por los representantes alemanes en las negociaciones. Si el BCE se plantease pasar de una cierta cantidad en sus compras de deuda, los representantes alemanes presentarán con toda probabilidad su veto. Esto preocupa a los mercados financieros (el antiguo miembro del comité ejecutivo del BCE Lorenzo Bini Smagh se quejaba en el Financial Times diciendo que Alemania “atentaba a la independencia del BCE”), pero es ante todo una declaración de que ninguna mutualización de riesgos medianamente importante será posible.
A pesar de que se asegure que la sentencia no afecta al programa del BCE para hacer frente a la pandemia del covid-19, sí que será una baza para los representantes alemanes en las negociaciones
Recordemos que las políticas del BCE nunca han sido particularmente de izquierdas. Es más, el BCE es en sí una institución ilegítima y antidemocrática, cuya función es la de defender el dogma neoliberal, cuyos programas de austeridad han asolado a las sociedades europeas. La política del QE no ha hecho más asegurar el negocio del sector bancario con la deuda soberana, así como alimentar las burbujas financieras, y sostener a la parte zombie de la economía privada. Pero, además, la decisión del Tribunal Constitucional desdice al Tribunal de Justicia de la UE (que declaró que el programa PSPP del BCE era legal). Esto sienta un precedente con respecto a la posibilidad de recurrir nacionalmente otras sentencias de este tribunal. Los gobiernos de Hungría y Polonia, sancionados respectivamente por criminalizar la ayuda a las personas refugiadas y por promover reformas que acabarían con la independencia del poder judicial.
La última década ha demostrado cómo la UE tenía un margen para integrar a fuerzas cada vez más a la derecha. La crisis de legitimidad de la propia UE y la voluntad de neutralizar a movimientos sociales han empujado a reproducir sin cesar un marco de polarizaciones entre “eurofilia” y “euroescepticismo”. Este marco, en el que se evacuaba el debate sobre el carácter antisocial de la salida de la crisis de 2008, le ha abierto un espacio cada vez mayor a la extrema derecha. Desde entonces, la búsqueda de une nueva legitimidad ha acelerado las mutaciones hacia una UE cada vez más abiertamente reaccionaria. Las diferentes fuerzas de la derecha reaccionaria han demostrado tener la capacidad de marcar la agenda de los gobiernos desde la oposición. En el caso alemán, han demostrado tener la capacidad de poner en jaque el modelo de integración europea, en este caso con un formato lawfare marcadamente autoritario.
Cualquier salida a la crisis actual que piense en la mayoría social de abajo tendrá que pasar necesariamente en un momento u otro por la desobediencia a los tratados
En definitiva, cualquier salida a la crisis actual que piense en la mayoría social de abajo tendrá que pasar necesariamente en un momento u otro por la desobediencia a los tratados. No se trata de ver esta desobediencia como un fin estratégico en si mismo, sino que se plantea como inevitable a la hora de defender derechos tan básicos y necesarios como la sanidad pública y universal. A título de ejemplo, la propuesta de un Fondo de recuperación propuesta por el Gobierno español y reformulada por la Comisión Europea, sobre la cual ya advertimos junto con Daniel Albarracín de sus límites, caducará si Alemania decide de hacer uso de su veto. Por ello, cualquier estrategia de salida de la crisis que favorezca a las y los de abajo no podrá realizarse dentro del marco de la UE.
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Nos encontramos a la mayor crisis que el capitalismo haya podido encontrar en su funcionamiento. Entendemos que el proponer soluciones en el seno de la UE, por mucho que quieran mutualizar el esfuerzo entre los países para la recuperación económica, harán recaer su coste prioritariamente sobre las y los de abajo.
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