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Competencia respalda las peticiones de Uber contra la normativa vasca

Uber anunció su salida de Barcelona y de València el 31 de enero y 31 de mayo del pasado año, respectivamente. Las normativas autonómicas forzaron la marcha de la compañía estadounidense que defiende un sistema de trabajo precario en el que los conductores son autónomos en vez de asalariados, a pesar del control que ejerce la empresa sobre ellos. El Gobierno vasco se inspiró en los decretos catalanes y valencianos para elaborar el suyo propio ante el desembarco de Uber en diciembre en las calles de Bilbao, con veinte conductores. Hoy la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha hecho público que impugnará la normativa vasca, amparando las peticiones de Uber.

La Comisión asegura que “no cuestiona la norma en su conjunto”, solo los preceptos que en su momento motivaron la salida de Uber en Catalunya y el País Valencià: la exigencia de un periodo mínimo de precontratación de 30 minutos, la prohibición de circular por vías públicas cuando no se esté prestando servicio, la obligación de no visibilizar la disponibilidad del vehículo Uber cuando esté aparcado y la prohibición de geolocalizar los coches disponibles. 

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La empresa Uber, a la que algunos inversores han llegado a llamar "estafa piramidal", se financia gracias a fondos de inversión y otras empresas tecnológicas, tras las que también se encuentra Arabia Saudí.

En su justificación, la CNMC considera que “tales preceptos restringen la competencia y no están suficientemente justificados desde la óptica del bienestar general”. 

El decreto vasco debía entrar en vigor el 21 de diciembre de 2019 pero, horas antes, el Tribunal de Justicia del País Vaco paralizó la normativa a petición de la asociación Unauto VTC, por lo que el requisito de contratar un vehículo de Uber con 30 minutos de antelación no llegó a ponerse en marcha y los conductores de vehículos de transportes con conductor siguieron trabajando.

En febrero, la Comisión requirió al Gobierno vasco que revisara la normativa, una petición que rechazó el Ejecutivo autonómico. Este recurso contencioso-administrativo presentado por la CNMC contra la normativa del Gobierno vasco ha contado con el voto particular de dos consejeros de la Comisión.