Tribuna
Por qué no vamos a denunciar al alcalde (ni tampoco a rectificar)

A algo más de un kilómetro de la ciudad de Cáceres una empresa australiana quiere explotar una mina de litio. Desde que se tuvo noticia hace ya casi 10 años, la ciudadanía se organizó para oponerse por sus gravísimas consecuencias medioambientales, sanitarias y económicas. El PSOE y el PP, los partidos en el gobierno tanto del ayuntamiento como de la Junta, han ocultado su postura tras apelaciones genéricas a “lo que digan los técnicos”, mientras apoyaban a la empresa minera en numerosos foros y jornadas y le facilitaban todos los trámites al declarar la mina este mismo verano como proyecto de interés regional (PREMIA).

La mina del agua o el futuro de Cáceres

Santiago Márquez Durán

Minería

Mina en Valdeflores La mina del agua o el futuro de Cáceres

Santiago Márquez Durán

Todo proyecto minero requiere de lo que da en llamarse “mina del agua”. A continuación se desgranan las afecciones, riesgos e impactos de la que correspondería al proyecto extractivista de litio de Valdeflores, en Cáceres.

Unidas Podemos, a través de su portavoz Consuelo López Balset, hizo pública el pasado 20 de septiembre la existencia de informes técnicos elaborados por los funcionarios municipales en los que explícitamente se señalaba la incompatibilidad de la mina con la normativa vigente. Estos informes se han ocultado durante dos años. En su lugar, el ayuntamiento ha enviado a la Junta para la declaración de impacto ambiental otros informes realizados por personal no funcionario. En vez de dar explicaciones, tanto el PP como el PSOE han pedido a Unidas Podemos que nos retractemos o que presentemos una denuncia. No es sólo que en Podemos sepamos bien cómo funciona el poder judicial en este caso; además, creemos que en el marco legal vigente la denuncia no prosperaría.

Decidir que un informe exhaustivo firmado por tres técnicos funcionarios del ayuntamiento (incluyendo al Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo y al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Planeamiento y Gestión Urbanística) es un informe interno se debe simplemente a que se decidió hacer otro informe. 

El artículo 70. 4 de la Ley de procedimientos administrativos (LPACAP) estipula que “No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento”.

Creemos que si el alcalde sostiene que el Informe Técnico es un informe interno cualquier denuncia que presentáramos se estrellaría contra el muro del artículo 70.4. Ahora bien, recurrir a este artículo no hace sino multiplicar la responsabilidad política del alcalde: no es una decisión legal, es una decisión política.

1. El alcalde engañó a los ciudadanos cuando afirmó que la decisión estaba en manos de los técnicos porque la decisión de qué informe se ha utilizado, en este caso como marco para la Declaración de Impacto Ambiental, no ha sido una decisión técnica, sino política.
2. Decidir que un informe exhaustivo firmado por tres técnicos funcionarios del ayuntamiento (incluyendo al Jefe de Servicio Técnico de Urbanismo y al Jefe de la Unidad de Medio Ambiente, Planeamiento y Gestión Urbanística) es un informe interno se debe simplemente a que se decidió hacer otro informe. No fue una decisión técnica, sino política.
3. Afirmar que se trataba de un informe subjetivo (a diferencia del que elabora una persona que no es funcionaria, aunque sí una técnica competente, y cuyo cargo depende de la voluntad del alcalde) es extraordinariamente grave. El alcalde es quien desautoriza el trabajo de los técnicos municipales. No es una decisión técnica, sino política.
4. El alcalde afirma que ha sido transparente y nos ha entregado los documentos. Rafael Mateos tiene una concepción muy Luis XIV de la administración: “El ayuntamiento soy yo”. No, él no nos ha entregado nada, ha sido el ayuntamiento cumpliendo la ley y después de pedirlo en tres ocasiones. De no haberlo hecho sí que le hubiéramos demandado. En este caso no ha sido una decisión política, sino técnica.
5. El PP ha intentado responsabilizar al PSOE de la ocultación de los informes, pero ha sido Rafael Mateos quien ha enviado un informe de “no incompatibilidad” a la Junta de Extremadura sin justificar su rechazo al informe de los funcionarios municipales. Esa no ha sido una decisión técnica, sino política.

El PSOE, el mismo PSOE que no hace mucho defendía que “en una tramitación limpia el proyecto de la mina iba a caer”, sostiene ahora que no se han ocultado informes negativos sobre la mina y pide a Podemos que se retracte. Resulta sorprendente que digan esto cuando esos informes eran desconocidos para la ciudadanía hasta que Podemos ha hecho pública su existencia casi dos años después de su elaboración. ¿Qué entienden por “ocultar”? ¿Es que no hablamos la misma lengua? ¿De qué debe retractarse Podemos?

La transparencia no es que que haya que sacarle los informes con fórceps a la administración, sino que toda la documentación que genere la administración sea pública, que no haya ni siquiera que pedirla

Aparte de los aspavientos y la indignación fingida, ni el PP ni el PSOE han dado ninguna explicación. Entendemos que los técnicos no son seres de luz y es posible que los informes no estuvieran bien. En ese caso no basta con decir que los informes son subjetivos, que se extralimitan o que son informes internos, el alcalde tiene la obligación de detallar las razones para su exclusión. Nosotros los hemos leído y no encontramos base alguna para esas acusaciones y, por tanto, consideramos que no se ha tratado de una decisión técnica, sino política.

Transparencia

Una de las principales reclamaciones del 15M era la transparencia. Como decía Moreno Yagüe, si los ciudadanos tienen acceso a toda la información, y no sólo a la que la administración considera relevante, el margen para la corrupción se estrecha hasta casi desaparecer. La transparencia no es que que haya que sacarle los informes con fórceps a la administración, sino que toda la documentación que genere la administración sea pública, que no haya ni siquiera que pedirla. Estamos en el siglo XXI y no hay ninguna razón para que los informes que elabora la administración estén guardados en un cajón en lugar de publicados y perfectamente accesibles a través de Internet. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo toma la administración las decisiones. Si la administración decide que el trabajo de sus técnicos no sirve, tiene la obligación de justificarlo públicamente. Eso es transparencia, lo demás son pamplinas.

Reivindicación de la política

Creo que la lección más importante que ha podido aprenderse de esta ocultación de informes es que las decisiones de las administraciones son políticas, y por eso las administraciones públicas están dirigidas por políticos, no por técnicos. Es absurdo pensar que un proyecto tan complejo y con tantas consecuencias puede estar regulado a priori.

Una decisión de este tipo nunca puede ser técnica. La idea de que hay que “despolitizar” este tipo de problemas es naïf, cuando no interesada. Las leyes, como la LPACAP, son herramientas políticas, diseñadas por los mismos que se han repartido el poder desde la transición y que permiten a los responsables tomar decisiones políticas disfrazadas de decisiones técnicas. Así, Guardiola nos pide ahora que dejemos trabajar a los técnicos, cuando ella misma ha ocultado 4.200 páginas del proyecto minero. Me pregunto si la parte de los informes que haga referencia a esas páginas estará también en negro o si puede asegurarnos con algo más que su palabra, que ya sabemos lo que vale, que no hay otros informes técnicos que no le gustan y que oculta.

Cuando una organización ciudadana renuncia a la política, renuncia a sus objetivos. Eso lo saben bien quienes no dejan de repetir que todos los políticos son iguales o que la corrupción es un fenómeno natural. Quienes no participamos en la política para defender los intereses de la clase dominante, la de los rentistas, la de los fondos buitre, la de las multinacionales, sino para defender la justicia y el futuro de nuestros hijos sabemos que las dos herramientas que más temen los políticos disfrazados de gestores son la transparencia y la participación, porque esas son las herramientas con las que los ciudadanos pueden controlar de manera efectiva al poder. Luchar por ello es hacer política.