Trabajo sexual
Trabajadoras sexuales de València reivindican su derecho a la libre autodeterminación

En vísperas del 8M, la semana pasada el espacio Ca Revolta (València) acogió el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales de València en el marco de las Jornadas Feministas Pro Derechos. El evento pretendía servir de espacio para debatir la Ley de Libertades Sexuales y el Nuevo Plan contra la Trata, contando entre sus participantes el colectivo (N)O.M.A.D.A.S, Carmen Cabrera —abogada especialista en trata— y el Comité de Apoyo a Trabajadores Sexuales (CATS). 

Linda Porn, trabajadora sexual de origen mexicano, actriz y activista de CATS defendió que el abolicionismo las infantiliza cuando se trata, defiende, “de una guerra y una lucha de clases, para que no tengamos los mismos derechos que ellas”. Para ella, alguien que ha tenido que realizar “un periplo migratorio de más de 10 años, en el que en cada frontera son violentados sus derechos humanos”, no debe ser considerada una víctima, sino “personas luchadoras con una fuerte autonomía”. Si bien sí han sufrido violencias, expone Porn —haciendo mención a las compañeras que han muerto migrando—, para ella las trabajadoras sexuales “no somos víctimas, somos deudoras de las personas que nos ayudaron a llegar a Europa”.

Porn, también protagonista de la obra “La llorona”, que relaciona la leyenda popular mexicana con las quitas de custodia de las y los hijos por parte de Servicios Sociales a madres, padres y a trabajadoras sexuales “por el simple hecho de ser pobres”, asegura que ni al Estado, ni a las abolicionistas les interesan las víctimas de trata: en lugar de eso, en su opinión se trata de un chivo expiatorio, y lanza un cuestionamiento al respecto: “Si las madres no se definen como víctimas de trata, entonces ¿por qué no nos ofrecen alternativas dignas?, la respuesta es, porque realmente no les interesa”.

Nacho Prado denunció los chantajes que funcionarios de hacienda y policía de extranjería realizan en las redadas, obligándolas a mentir respecto a que son víctimas de trata o de estar bajo la explotación de un proxeneta, para evitar ser multadas o encerradas en un CIE

Por su parte, Nacho Prado, de CATS denunció los chantajes que funcionarios de hacienda y policía de extranjería realizan en las redadas, “obligándolas a mentir con respecto a que son víctimas de trata o de estar bajo la explotación de un proxeneta, para evitar ser multadas o encerradas” en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), o para facilitar información a cambio de supuestamente tramitarles la documentación necesaria para su residencia. Así ocurrió en el caso del club Cat Evans, en el que las grabaciones muestran que la policía, tras retener varias horas a las trabajadoras sexuales, pudieron verificar que “no se estaba produciendo ningún delito relacionado con la trata de seres humanos, es decir, ninguna de las prostitutas estaba coaccionada”. Por su lado, los inspectores de Hacienda interrogaron a algunas de ellas buscando pruebas de esa supuesta relación contractual. Interrogatorios que, según la denuncia posterior que pusieron algunas de estas mujeres, “no estaban autorizados por el juzgado que permitió la operación”.

Linda Porn, asegura en este sentido que el Estado “activa todo un sistema de persecución y criminalización hacia las sexotrabajadoras bajo un disfraz de seguridad y protección”, lo que para la activista se traduce en una mayor clandestinidad, desprotección y estigma. El dispositivo de poder al que hicieron referencia durante sus intervenciones ha sido estudiado en profundidad por la antropóloga Laura Agustín, quien defiende que “es parte de la necropolítica, que hace caso omiso de la agencia de las mujeres, desprecia desde un enfoque racista sus vidas y, asegura una serie de beneficios económicos”. 

Para Carmen Cabrera es necesario que la forma de abordar la trata trascienda la perspectiva policial y de persecución del delito y se centre en la protección de la víctima

La abogada especializada en trata y derechos humanos Carmen Cabrera señalaba la falta de perspectiva de derechos cara al Plan Estatal contra la trata 2021-2023, y reivindica “trabajar para que el único marco legal aceptable para combatir esta explotación sea el marco de los derechos humanos”. En su opinión, se necesita que la forma de abordar la trata “trascienda la perspectiva policial y de persecución del delito y se centre en la protección de la víctima”. Para la jurista, es preocupante que las personas en situación de trata deban denunciar a la red que les extorsiona, ya que se les instrumentaliza, defiende, en lugar de protegerlas. 

Para Amnistía Internacional, la identificación de las víctimas de trata “es un primer paso fundamental para garantizar su asistencia y protección, acceso a la justicia y derecho a la reparación”. Y por eso el Convenio de Varsovia y la Directiva europea de 2011 exigen a los Estados que sean identificadas por autoridades competentes y por personas formadas y cualificadas en prevención, lucha contra la trata y asistencia a las víctimas, especialmente si son menores. “Pero la realidad española dista mucho de adecuarse al marco legal existente, al no estar garantizando un enfoque de derechos humanos”. Pese a que las autoridades tienen la obligación de identificar y proteger a todas las víctimas de trata con independencia de su estatus migratorio y de su capacidad para colaborar en la persecución de un delito, “en España prima su persecución y control”.

Durante la elaboración del informe Cadenas invisibles: identificación de víctimas de trata en España, se pudo constatar la dificultad de documentar casos recientes por la deficiente labor de identificación, la especial vulnerabilidad de las víctimas y la escasa coordinación entre autoridades y organizaciones expertas en trata. “Al no existir datos desagregados, unificados y sistematizados que muestren la verdadera magnitud de este problema, solo se sabe que 1.000 de las al menos 75.000 personas que, según el gobierno estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual, fueron identificadas finalmente como víctimas entre 2013 y 2019”.

“Victimizan a las compañeras para poder actuar sobre ellas, para quitarles autonomía y para tener beneficios económicos. El Estado controla porque hay un negocio, así recupera beneficios, atacando los espacios de autonomía de las trabajadoras sexuales”, defiende Navarro

Para Viktor Navarro, activista de (N)O.M.A.D.A.S, la cuestión de los beneficios económicos y el control por parte del Estado es clave, pues “victimizan a las compañeras para poder actuar sobre ellas, para quitarles autonomía y para tener beneficios económicos”. En esta línea, y para contextualizar el proyecto organizativo del Bloque Pro derechos País Valencià, Martina señaló que ella y otras compañeras, fueron víctimas de un escrache, por parte del Front Abolicionista PV, integrada por más de 30 entidades que, al grito de “Fuera puteros de nuestros barrios”, se concentraron fuera del hotel en el que trabajaba Martina sin ningún tipo de coacción, con el argumento de la proliferación de burdeles camuflados de hoteles. Martina asegura que las abolicionistas del Front acudieron “para señalar nuestro lugar de trabajo y criminalizarnos, cuando no le hacemos daño a nadie”.

Linda Porn también hizo un llamamiento a que el abolicionismo profundice en problemas como el problema de acceso a la vivienda, refiriéndose al racismo presente en cuestiones como el alquiler. “Con la nueva Ley de Libertad Sexual, pueden echar a las migrantes de sus pisos, únicamente por la sospecha de que sean trabajadoras sexuales, lo sean o no lo sean”. En materia de legislación injusta, Nacho Prado de CATS cargó contra la nueva ordenanza municipal en Murcia, la cual criminaliza la pobreza y el trabajo sexual, obligando a las trabajadoras “a alejarse de los sitios de trabajo seguro a espacios donde son todavía más vulnerables”.

También apunta a que en los Servicios Sociales, estas mujeres son abordadas directamente como víctimas, dando por hecho que ya no pueden atender correctamente a sus hijas e hijos. Además, asegura el activista, “se implementan campañas que equiparan prostitución a la trata, se exageran los controles policiales, se da información no cotejada y sobre todo se discrimina a las compañeras como interlocutoras no válidas para explicar su propia realidad”.

Nacho Prado de CATS aprovechó para cargar contra la nueva ordenanza municipal en Murcia, la cual criminaliza la pobreza y el trabajo sexual, obligando a las sexoservidoras a alejarse de los sitios de trabajo seguro a espacios donde son todavía más vulnerables

Para Andrea Corrales, activista de (N)O.M.A.D.A.S, el proyecto de Ley de Libertad Sexual no tiene “ni pies, ni cabeza, es absurdo, tanto en las bases como en el plan de ejecución”. Entre las principales críticas se encuentra la inclusión de la prostitución como violencia sexual, que impide abordar violencias específicas en el ejercicio del trabajo sexual, lo que genera, defienden, desprotección. En la misma dirección, Corrales insistió en el problema de “la negación del consentimiento en el ámbito de una actuación policial, y la hipocresía de proteger el de unas mujeres, mientras se anula el de otras”. 

Si la ley sale aprobada, remata la activista, se facilitará que los cuerpos de seguridad e inspectores “puedan acceder con una orden, al domicilio de las trabajadoras sexuales, violando el derecho a la inviolabilidad del domicilio consagrado en la Constitución, solo bajo el pretexto de la prevención”. Además, concluye, se dificultará el acceso a la vivienda de un colectivo de personas “enormemente afectado por el sinhogarismo y la pobreza, además de aumentar la dificultad de acceso a la salud y a la protección jurídica por el marco de criminalidad que va a imponerse en el caso de que esta ley vea la luz”.