Segovia
Agarrarse a un clavo ardiendo: comprar unas llaves

Selena y David recuperaron una casa hace cinco años, una vivienda vacía de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), del grupo Banco Santander y BNP (Paribas). Aunque su deseo era alquilar, no les dejaron otra opción. Como pudieron, fueron arreglando todos los desperfectos para convertirla en un hogar.

Lo primero que tuvieron que conseguir es que los empadronaran (aunque por ley deberían hacerlo, el Ayuntamiento de Segovia no lo cumple). Una vez empadronados, intentaron negociar con la entidad, los interlocutores (hablamos con varios) siempre daban la misma respuesta: “UCI no negocia alquileres sociales con ocupas”.

Las personas que recuperan viviendas vacías, porque de otra manera no pueden solucionar su problema habitacional, son castigadas con su no inclusión en el Registro de demandantes de vivienda

Al mismo tiempo, intentaron que se les incluyera en el Registro Permanente de Solicitudes de Viviendas Municipales (tiene el nombre tan largo como la lista de espera para acceder a una). Pero se encontraron con la sorpresa de que las personas que recuperan viviendas vacías, porque de otra manera no pueden solucionar su problema habitacional, son castigadas con su no inclusión en el Registro. Bonita solución: perpetuar su vulnerabilidad y aumentar la lista del sinhogarismo.

Cuando gritamos “Hay niños en la calle y no le importa a nadie”, lo hacemos porque es la realidad de lo que vivimos cada día. Esta familia tiene dos menores que se quedarían sin hogar, Adara de cuatro años, es el segundo año que va a su cole, y Manuel, un año. Por ahora, no han sido desahuciados porque les ampara el escudo social del RDL 8/2023, pero este tiene fecha de caducidad (el 31 de diciembre de 2024), si no se prorroga se verán en la calle.

La banca siempre gana

Pilar, con 65 años, viuda, en situación de vulnerabilidad residencial y económica, perdió su vivienda en propiedad al avalar con ella a su hija para que comprase la suya, que también se quedó el banco con ella. Después de años de lucha, se consiguió que Bankia le diese un alquiler social de 100 euros a mes por 5+3 años, que se ha cumplido hace cuatro meses. Está solicitada a Caixabank una prorroga indefinida del alquiler social, puesto que ya les ha pagado más que suficiente con su vivienda. Esperamos su respuesta positiva cuanto antes. Si no es así, y no continua el escudo social, en enero, estará en la calle.

Marta lleva 30 años en la misma vivienda. El propietario, un gran tenedor en Segovia capital, no quiere renovar su contrato de alquiler aún con un informe de vulnerabilidad presentado. Está inscrita en el Registro de Solicitudes de viviendas municipales pero, según ha manifestado la Trabajadora Social a la afectada, el Ayuntamiento no tiene suficiente vivienda social para atender todas las demandas.

Selena y David no han sido desahuciados porque les ampara el escudo social del RDL 8/2023, pero este tiene fecha de caducidad (el 31 de diciembre de 2024), si no se prorroga se verán en la calle

El Registro permanente de solicitudes de viviendas municipales de carácter social de Segovia, a 1 de mayo de 2024, era de 95 personas/familias. El mismo Ayuntamiento en su Reglamento de adjudicación de viviendas dice “La asignación de las familias a las viviendas municipales existentes ha venido determinada por la disponibilidad de viviendas, siempre muy por debajo de las necesidades existentes y la premura de la reubicación de las familias”.

En este caso, si en la tramitación que está en curso en el Órgano de Mediación del Servicio Territorial de Segovia no se llega a un acuerdo con la propiedad o las instituciones no le proporcionan una alternativa habitacional, será el juez quien decida, según establece la disposición 5ª de la Ley 9/2010 de Castilla y León, en base a la ley de vivienda estatal 12/2023.

Estos son algunos ejemplos de las consecuencias de que el derecho a la vivienda, en estos casos en Segovia, se haya dejado al arbitrio del mercado y la consecuente especulación

El Parque Público de alquiler social es de 152 viviendas alquiladas, cinco disponibles, 14 pendiente de obras desde hace años y una irregular/recuperada, según datos facilitados por la Concejala de Servicios Sociales en reunión mantenida el 15 de abril de este año.

Esperemos que la aplicación del Escudo Social, que tiene que prolongarse, al igual que a Selena y Pilar, les siga protegiendo y, aunque sea de momento, no se queden en la calle.

Estos son algunos ejemplos de las consecuencias de que el derecho a la vivienda, en estos casos en Segovia, se haya dejado al arbitrio del mercado y la consecuente especulación, al no existir una regulación que lo impida.

Según el INE (1/1/2021) en España hay 26,6 millones de viviendas, de las cuales 3,8 millones se catalogan como vacías y 2,5 millones de uso esporádico (datos según grado de utilización a partir de datos del consumo eléctrico). En Segovia ciudad, hay 4.678 vacías, en la provincia 35.253 y en Castilla y León 360.000.

“La Sareb es nuestra y sus viviendas también, ya están pagadas por todos”. Partiendo de esta frase, desde PAH Segovia hemos estado insistiendo ante nuestros representantes en el Ayuntamiento para que se adoptasen medidas y poder llevar a cabo esta demanda. El 16 de febrero de 2023, en su sesión ordinaria, la Junta de Gobierno Local adoptó el siguiente acuerdo: “Aprobación de declaración institucional para conversión de la Sareb en un instrumento para garantizar el derecho a la vivienda y los mecanismos de cesión a los Ayuntamientos”.

No conocemos las actuaciones ejecutadas por el Ayuntamiento de Segovia para cumplir el acuerdo, pero están a tiempo, tanto de informar como ejecutar lo acordado. Es necesario y urgente dado el número de viviendas sociales y asequibles del exiguo Parque de Vivienda Pública en la ciudad de Segovia.

Algunos datos de viviendas de Sareb en nuestra provincia: 366 en total, 13 en Segovia capital, 36 en La Granja de San Ildefonso, 64 en Bermuy de Porreros, 27 en Cantimpalos, 19 en El Espinar.....

Los casos señalados son situaciones de vulnerabilidad residencial y económica pero, en general, es imposible para muchos el acceso a una vivienda habitual con los precios y las condiciones del mercado inmobiliario (seguros, contratos fijos, nóminas de mínimo 2.000 euros, avalistas, varios titulares, sin niños...).

La consecuencia de estos precios es la expulsión de la gente de sus barrios, así como impedir el acceso a una vivienda asequible, sustituyendo viviendas para hogares en favor de alojamientos turísticos

Algunos de los precios de alquiler en Segovia, por barrios y zonas, antes del verano, que seguro con la llegada de los estudiantes se habrá incrementado. En euros y metros cuadrados: Avenida de la Constitución, 475 euros por 32m2; zona de la Casa de los Picos, 1.300 euros por 120m2, San José, 63 euros por 60m2 (un segundo piso sin ascensor); Zona Centro, 3.000 euros por 240m2; San Esteban, 2.490 euros por 195 m2; c/Escudero, 1.000 euros por 57 m2...

La consecuencia de estos precios es la expulsión de la gente de sus barrios, así como impedir el acceso a una vivienda asequible, sustituyendo viviendas para hogares en favor de alojamientos turísticos, muchos en situación ilegal, así como favorecer a los grandes tenedores de Segovia y a las personas con mayor poder adquisitivo, como son los estudiantes de la Universidad privada, con contratos de temporada, que además de encarecer los alquileres residenciales, en muchas ocasiones incumplen la Ley de Arrendamientos Urbanos. En nuestro país, es legal acaparar viviendas para especular y defender la propiedad privada es un bien mayor que está por encima de que todo el mundo tenga donde vivir.

Es de suma urgencia que la Junta asuma la obligación de declarar la ciudad de Segovia como zona tensionada, puesto que se cumplen con creces los requisito

La quimera de alquilar una vivienda seguirá incrementándose si la Junta de Castilla y León no adopta las medidas establecidas en la Ley 12/2023 sobre los índices de precios para regular el alquiler y que exista un sistema de referencia homogéneo para todo el Estado, con un rango de precios que establecen una renta mínima y máxima según las características de la vivienda. La oferta en Castilla y León es un 32% más cara de lo que estipula el baremo ofrecido por el Ministerio de Vivienda (según Adicae).

En cuanto a la Declaración de Zonas Tensionadas en Segovia-ciudad, es de suma urgencia, igualmente, que la Junta asuma la obligación de llevarlo a cabo, puesto que se cumplen con creces los requisitos, según la Ley de Vivienda Estatal, con un riesgo de oferta insuficiente para la población, de manera que su acceso en condiciones de mercado no resulta asequible. Tienen que cumplirse dos requisitos: que el coste medio del alquiler o la hipoteca, con los suministros básicos de la vivienda, superen el 30% de la renta media de los hogares que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya tenido en los últimos cinco años un crecimiento acumulado tres puntos porcentuales superior al del crecimiento del IPC de la Comunidad Autónoma.

Si se aplicase la regulación de precios en Segovia, los alquileres se podrían reducir hasta 300 euros.